Regional

La atención en el primer semestre del año en los 24 municipios PDET del departamento se centró en los servicios de Primera Infancia que cuenta con 48.284 niños y niñas beneficiados con educación inicial, mientras que en materia de prevención de la desnutrición, a través de 1.000 Días para Cambiar el Mundo, los cupos para la atención de  menores de cinco años, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia llegan a 600 beneficiarios.

Así mismo, se destinaron 6.650 cupos para los adolescentes y jóvenes que se encuentran en estos territorios donde se trabajan estrategias de prevención del reclutamiento, uso, y utilización; construcción de proyectos de vida legales, sostenibles y libres de violencias. Frente a la línea de prevención de riesgos, se dispuso de 5.550 cupos para niños y niñas entre los 6 y 13 años. Así mismo, se trabaja en los municipios donde se tienen alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo con programas de prevención de reclutamiento con 200 cupos para los municipios de Cáceres y Nechí.

Los municipios priorizados en el departamento de Antioquia son: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Anorí, Remedios, Ituango, Briceño, Amalfi, Segovia, Valdivia, Zaragoza, Yondó, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Turbo, Murindó y Vigía del Fuerte.

Las jornadas se desarrollan en varios módulos, un día a la semana con una muestra piloto de 15 beneficiarios que hacen parte del programa Asistencia y asesoría a la familia, en el marco de la estrategia Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes. Estos talleres también se adelantan con los padres de familia, con el objeto de abordar temáticas como prácticas de crianza, educar para la paz, la no violencia, la comunicación en familia y valores.
 
El programa Asistencia y asesoría a la familia, cuenta con una profesional en trabajo social y otra en psicología, encargadas de brindar asesoría individual, realizar encuentros grupales con niñas, niños, adolescentes y padres de familia, visitas domiciliarias y socialización de autoconocimiento; puntos de partida para que los usuarios avancen como personas y den sentido a sus vidas.
 
La estrategia se adelanta con todos los protocolos de bioseguridad y con la autorización de los padres de familia.

Durante el desarrollo de la jornada, el ICBF dio a conocer las acciones que adelanta la entidad para beneficiar a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias de las islas, destacando las bondades de la estrategia Generaciones Sacúdete que promueve el desarrollo de los proyectos de vida de 1.980 adolescentes y jóvenes en esta zona del país.
 
 ‘’Para el primer semestre del año 2021 nos enfocamos en temas fundamentales como la violencia sexual y la prevención de embarazos en adolescentes y violencia de género. Nuestro reto en el segundo semestre es la apuesta para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Actualmente, atendemos a 5.205 usuarios a través de la oferta institucional del ICBF en Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud, Mi Familia y Protección”, expresó el director regional del ICBF en San Andrés, Juan Carlos Bonilla Davis.

Con las mesas públicas se fomenta la transparencia, el gobierno abierto y la participación ciudadana en la gestión de la administración pública.
 

De las 96 unidades de servicio abiertas en los municipios de Gachetá, Ubaté, Facatativá, Cáqueza, San Juan de Rioseco, Pacho, Soacha, Girardot, Villeta y Zipaquirá, 55 hacen parte de la modalidad familiar, 13 modalidad comunitaria y 28 de la modalidad institucional.
 
El director regional del ICBF en Cundinamarca, Leonardo Chaves, destacó que a los niños y niñas que no asisten a las unidades se les ha hecho entrega de 234.786 canastas alimentarias y siguen contando con el acompañamiento virtual con la realización de 651.478 llamadas de acompañamiento a las familias.
 
De igual forma, señaló que en los municipios de Fosca, Gutiérrez, Une, Chipaque, Cáqueza, Ubaque, Paratebueno, Medina, Fómeque y Guayabetal. pertenecientes a la jurisdicción del Centro Zonal Cáqueza, actualmente se están atendiendo a 227 niños y niñas en alternancia en 5 Centros de Desarrollo Infantil y 13 Unidades de Servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad con el uso adecuado del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos.
 
El regreso a la presencialidad tiene un impacto fundamental en la niñez porque favorece el crecimiento y el desarrollo; fortalece funciones sociales, emocionales y cognitivas, y estimula la resolución de conflictos.
 

Esta jornada se logró gracias a un trabajo articulado con la Alcaldía de Soledad en el marco del Comité Departamental del Sistema de Responsabilidad Penal. Esto representa que desde el ICBF y las entidades que componen el Sistema Nacional de Bienestar Familiar se les garantice a los adolescentes y jóvenes su derecho integral a la salud”, manifestó el director del ICBF en el Atlántico, Benjamín Collante.
 
Dentro de 21 días este grupo de adolescentes y jóvenes del SRPA recibirán la segunda dosis para completar su esquema de vacunación. El ICBF, desde el inicio de la emergencia sanitaria, ha seguido todos los protocolos de bioseguridad para mitigar los riesgos de contagio en sus unidades de servicio en el departamento y el país.
 

“Esta es la segunda jornada de este tipo que fue liderada por niñas, niños y adolescentes de los dos países y que se constituye como un valioso espacio para escuchar y recoger inquietudes y propuestas para que sus voces y derechos prevalezcan y las diferentes instancias de ambos Estados acojan sus iniciativas”, apuntó Beatrice López, directora de Infancia del ICBF.
 
Los representantes de la niñez y la adolescencia de Colombia y Perú hablaron sobre la importancia de promover derechos fundamentales como la vida, la educación y la salud e hicieron especial énfasis en la situación de los menores de edad en las zonas rurales de ambos países.
 
“Queremos que la voz de los niños sea escuchada y que podamos ayudar a construir formas para proteger nuestros derechos”, dijo el representante por Colombia, Diego Andrés Rosero. Desde Perú, habló la consejera Azucena López: “Este es un trabajo constante porque siempre hay alguna problemática que nos afecta y debemos estar alerta”.
 
Este encuentro fue realizado en el marco del Programa de Cooperación 2019-2021 entre los gobiernos de ambos países, con el proyecto de “fortalecimiento e intercambio de experiencias de promoción de la participación infantil y adolescente entre Perú – Colombia” y que promueve el ICBF a través del Consejo Asesor y Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de Colombia (CACNNA).
 

El Grupo de Asistencia Técnica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), viene liderando este proceso desde el año 2020, en el marco de la estrategia “Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes”, que aglutina a las diferentes entidades públicas de orden nacional, regional y local, a empresas privadas, academia, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional.
 
La estrategia surgió como una respuesta ante la crítica situación de violencia hacia la niñez y adolescencia en el país. A través de una red de trabajo conjunto y articulado busca erradicarla a partir de una única estrategia de prevención y atención oportuna, integral y de calidad y de una movilización social, en la que todos los actores y sectores de la sociedad puedan participar y aportar desde su cotidianidad.
 
Esta red de trabajo conjunto trabaja de manera integral e interinstitucional, desde un enfoque territorial.

En el desarrollo de estas jornadas se han logrado identificar 28 niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil. De este grupo de menores de edad, a siete se les iniciaron procesos administrativos de restablecimiento de derechos y dos de ellos quedaron bajo protección del ICBF con medida en hogar sustituto.
 
Los demás menores de edad continúan bajo seguimiento del EMPI, con el fin de realizar un proceso de fortalecimiento familiar que les permita superar esta situación a través de intervenciones psicosociales y con el apoyo de la articulación que brinda la oferta de las diferentes entidades que componen el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF).
 
Las entidades que conforman el comité para la erradicación de esta problemática en Santa Marta realizan diferentes acciones, entre ellas, jornadas de búsqueda e intervención en puntos críticos de la ciudad, sensibilización en centros comerciales y otras áreas, así como actividades lúdicas y recreativas que incluyen la entrega de kits escolares a los niños, niñas y adolescentes que han sido identificados en las diferentes jornadas para seguir fortaleciendo su proceso de intervención integral.

“Para nosotros es muy importante conocer de parte de los beneficiarios cuál es su percepción de la atención que les estamos brindando a través de las entidades administradoras del servicio. Por esta razón, he liderado visitas virtuales a hogares sustitutos, internados y unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes; queremos que sepan que estamos presentes para ellos”, señaló el director del ICBF en la Regional Atlántico, Benjamín Collante.
 
A raíz de la emergencia sanitaria y con el fin de prevenir los contagios en las diferentes unidades de servicio, la supervisión por parte del ICBF se está realizando de manera virtual a través de la aplicación de instrumentos y entrevistas de manera permanente que han incluido más de 1.200 llamadas a los usuarios de los servicios de la entidad.
 
Vale la pena resaltar, que el ICBF en el marco de este seguimiento y verificación a sus servicios, les brinda a las EAS asistencia técnica y administrativa para continuar fortaleciendo la calidad de sus servicios en el departamento y el país.

Realizar este encuentro es uno de los resultados del trabajo pedagógico y restaurativo que adelantan los equipos de Defensoría de Familia y el operadordel Sistema de Responsabilidad Penal (SRPA) en Bogotá, en el que se fortalecen las competencias ciudadanas de los beneficiarios.
 
También se promueve en los adolescentes y jóvenes una actitud asertiva y comprometida con su proceso pedagógico, donde encuentran en el diálogo, el respeto y la tolerancia derribar barreras como la estigmatización y la discriminación, logrando un cambio personal en el que se asumen como sujetos de derechos que los lleve a construir un proyecto de vida propio.
 
Además, los participantes refuerzan lazos de amistad y fraternidad en nuevas formas de relaciones sociales frente a sus pares, su familia y la sociedad, encontrando en el modelo pedagógico especializado de justicia restaurativa nuevas oportunidades y alternativas y oportunidades de vida.