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Actualmente, el 98 % de niños y niñas menores de cinco años beneficiarios del ICBF están siendo atendidos en las Unidades de Servicio. El porcentaje que falta por contratar tiene que ver con factores externos al ICBF relacionados con los oferentes.

«Por el momento ya se encuentran seleccionados en su totalidad los operadores que atenderán integralmente a los niños y niñas beneficiarios en los Centros de Desarrollo Infantil, Hogares Infantiles y Unidades Comunitarias de Atención en los 32 departamentos del territorio nacional y en la capital del país», indicó la subdirectora general del ICBF, Astrid Cáceres.

Por otro lado, Cáceres afirmó que en el Gobierno del cambio se ha cumplido la contratación y el inicio de la prestación de los servicios desde febrero; de esta manera se da cumplimiento al marco normativo e institucional que reglamenta la prestación de nuestros servicios a la primera infancia.

Los departamentos con mayor número de cupos para la atención integral de la primera infancia en el país en el 2023 son: Antioquia con 162.177, Bogotá con 105.736, Atlántico con 96.192, La Guajira con 88.549 y Valle del Cauca con 72.794.

Esto garantizará la atención en las modalidades Institucional, Familiar, Hogares Infantiles y Propia e Intercultural en las que se brinda educación inicial, alimentación nutritiva, acompañamiento a las familias, entornos protectores y espacios adecuados para la primera infancia beneficiaria del ICBF.

-Una Defensoría de Familia activó la ruta de orientaciones para la prevención y manejo de situaciones de riesgo de los niños, niñas y adolescentes en las modalidades y servicio de Restablecimiento de Derechos.

- El ICBF solicitó al operador apartar de sus funciones al presunto victimario de manera inmediata y adelantó las denuncias penales ante los órganos judiciales. 

- Un equipo de supervisión adelanta las actuaciones administrativas necesarias. Así mismo, la Dirección Regional, con base en los elementos aportados iniciará el respectivo proceso sancionatorio, sin perjuicio de las acciones penales por parte de la autoridad competente.

El ICBF condena estos casos de violencia hacia los menores de edad y reitera el llamado a denunciar los casos de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes a las líneas 01800 91 80 80 opción 4 y la línea 141, disponibles de lunes a domingo las 24 horas del día.

Durante la primera jornada, la Directora General del ICBF, Concepción Baracaldo Aldana, realizó una presentación sobre los servicios en educación inicial a la primera infancia, la nutrición en comunidades vulnerables, la atención a niñez migrante y el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

“Para nosotros es muy gratificante que el Gobierno de Panamá haya tomado al Instituto como referente en Latinoamérica en los temas de protección. Todas las modalidades y programas que tenemos están encaminadas para garantizar los derechos de lo más sagrado que tiene la sociedad, la niñez y la adolescencia”, manifestó la Directora Concepción Baracaldo. 

Por su parte, Graciela Isabel Mauad Ponce, Directora General de SENNIAF, manifestó que “aunque Panamá es un país más pequeño, los desafíos en la protección de la niñez son similares y es muy valioso conocer cómo trabaja el ICBF y reconocemos sus buenas acciones para garantizar los derechos de los menores de edad”.

La jornada contó con la presentación de la modalidad de Hogar Sustituto, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) y la ruta para el restablecimiento de derechos que utiliza la Entidad en caso de vulneraciones. De igual manera, visitarán las regionales de Magdalena y Atlántico para conocer sus buenas prácticas. 

A la jornada también se sumaron representantes de las oficinas regionales de Unicef en Panamá y Colombia, y la Fundación Lumos Internacional.

«El momento histórico en el que se encuentra Colombia en la consolidación del cambio y la ratificación de una Paz total, exige una transformación social que permita e impulse la participación de la niñez, la adolescencia y la juventud como protagonistas del cambio en sus territorios», sostuvo la directora designada del ICBF, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas.

El ICBF trabaja en la prevención del reclutamiento con diferentes acciones dirigidas a los adolescentes, jóvenes y sus familias para que, a partir de una perspectiva de protección integral, se incorporen herramientas que incidan en los contextos individual, familiar y comunitario.

Asimismo, el instituto trabaja en conjunto con otras entidades, a través de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA) y con organizaciones no gubernamentales como UNICEF, para abordar las causas del reclutamiento forzado y promover soluciones integrales para prevenir este flagelo.

En las jornadas realizadas en Santander de Quilichao (Cauca), Soacha (Cundinamarca) y Arauca (Arauca), los jóvenes presentaron una exposición de sus fotografías tras un taller e intervinieron murales como un pacto para promover entornos seguros y libres de violencia. «La construcción de paz, desde la voz de la niñez y adolescencia, es el camino para garantizar que las condiciones que gestaron la violencia no se vuelvan a presentar y que se prevenga la vinculación de menores de edad a las acciones ilícitas de cualquier índole», finalizó.

Actualmente, el ICBF trabaja en el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de reclutamiento y utilización por parte de grupos armados organizados al margen de la ley. Desde 1.999 a enero de 2023 se han atendido a 7.339 niñas, niños y adolescentes en el programa especializado, restableciendo sus derechos; actualmente se atiende a 192 adolescentes y jóvenes. 

La mayoría de las víctimas atendidas en el ICBF ingresó al programa especializado entre los 17 años (2.718) y los 16 años (2.025); no obstante, hay casos de niños y niñas que se desvincularon a edades más tempranas, incluso a los nueve años. El 70 % de los niños, niñas y adolescentes desvinculados son hombres y el 30 % mujeres. Entre las víctimas hay 924 menores de edad indígenas y 627 afrocolombianos.

En el programa de atención especializada del ICBF, los niños, niñas y adolescentes encuentran condiciones de seguridad, apoyo psicosocial específico y el restablecimiento de sus derechos, además de las herramientas necesarias para retomar su proyecto de vida.

Tras un diálogo y un ejercicio de construcción entre las voceras de SINTRACIHOBI y la directora designada del ICBF, se consiguieron acuerdos en temas que beneficiarán a todas las madres comunitarias del país como el aumento del subsidio pensional entre el 80 % y el 95 % del salario mínimo legal vigente para que en el presente año, se dispongan de cerca de 10.000 cupos para las madres comunitarias de mayor edad.



En el segundo semestre de la vigencia 2023 se aumentará un total de 4.027 nuevos cupos sumados a los 5.973 actuales; cabe resaltar que el aumento de cupos será escalonado de la siguiente manera:
 

Vigencia 2023
Mes	Cupos
Julio	500
Septiembre	800
Noviembre	2.727
Total	4.027

Al finalizar la vigencia 2023 se contará con un total de 10.000 beneficiarias del subsidio pensional. 

Para la vigencia 2024, de manera progresiva, se ampliará a 6.000 nuevos cupos para cerrar la vigencia con un total de 16.000.

 

Vigencia 2024
Mes	Cupos
Enero	500
Marzo	500
Mayo	500
Julio	700
Septiembre	800
Noviembre	3.000
Total	6.000

 

En el 2025 se ampliará a un total de 10.000 nuevos cupos, para la de 2026 será de 10.351 y al finalizar esta última se contará con un total de 36.351 beneficiarias del subsidio pensional.

Los criterios que se tendrán en cuenta para el acceso al subsidio pensional de ex madres comunitarias, en todas sus modalidades, y ex madres sustitutas, se aplicarán de acuerdo con los contenidos en el Decreto 325 de 2022 o los indicados por el Ministerio del Trabajo, que es la entidad competente en la regulación de la materia.

«Estos eran unos compromisos que estaban planteados en el programa de Gobierno del Presidente Gustavo Petro, por eso hemos hecho un gran esfuerzo para que temas como la formalización laboral, se realizara de forma progresiva y así llegar en los 4 años del Gobierno, a la totalidad de las madres comunitarias», indicó Astrid Eliana Cáceres.

 

Se iniciará el proceso de formalización laboral de las madres comunitarias en todas sus modalidades de atención, la cual deberá materializarse en un lapso de 18 meses. Mientras se culmina el proceso de formalización, el ICBF garantizará que la atención y los servicios de primera infancia tengan una transición que no afecte la atención.

 

Se propuso también modificar la canasta de los servicios de Hogares Comunitarios de Bienestar y Hogares FAMI que actualmente están suscritos con las entidades administradoras del servicio hasta el 31 de octubre de 2023 pasando el costeo del componente de alimentación del tipo A al tipo B (más completo y con más componentes nutricionales), con el objetivo de garantizar la mejora en el componente nutricional de las niñas y los niños, acción que se implementará a partir del segundo semestre de la vigencia 2023.

Por otro lado, se logró la ampliación del presupuesto en un 14 % para las canastas alimentarias de los niños y niñas de la primera infancia para fortalecer su componente nutricional; así como la caracterización y priorización de la dotación que requieren las Unidades de Servicio donde el ICBF presta atención a la primera infancia del país y que la contratación de las madres comunitarias FAMI, agentes educativas y madres comunitarias transitadas a otras modalidades de atención, no sea interrumpida y sea efectiva hasta el 31 de diciembre.

Las jornadas que son realizadas gracias a la articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) permitirán que los menores de edad gocen de su derecho a la identidad. Esta primera fase se realiza en los corregimientos de Cabo de la Vela,  Carrizal y El Cardón.

La identidad es un derecho clave en la vida de los niños y niñas, es la llave para acceder a la oferta de bienes y servicios del Estado como salud, protección y en general a todos sus derechos fundamentales.

Por esto los niños y niñas que no estén registrados corren mayor riesgo de ser excluidos y no podrán acceder a los servicios sociales básicos y pueden quedar expuestos a riesgos como la vinculación a  grupos armados ilegales o bandas criminales.

El ICBF y la Registraduría Nacional del Estado Civil continuarán desarrollando este convenio para garantizar los servicios de identificación y documentación de niños, niñas y adolescentes de Uribia movilizando agentes de nivel nacional y territorial.

«Reprochamos este tipo de actos barbáricos; no es justo que la violencia siga arrebatando la vida de las niñas y niños. Insistimos en la necesidad de generar transformaciones para la erradicación de la violencia de género, así como la importancia de encaminar acciones contundentes en la construcción de la familia como entorno protector», sostuvo la directora general del ICBF.
 
Desde las primeras horas de la mañana, profesionales del ICBF participaron con las principales autoridades en un Comité de Orden Público, liderado por el alcalde de Quindío, José Manuel Ríos Morales, en el que entre otros temas, se anunció el acompañamiento por parte de una Defensoría de Familia a la familia extensa de la niña asesinada quien era beneficiaria del ICBF.

«Este crimen es absolutamente inaceptable y nos pone como prioridad trabajar por construir una sociedad igualitaria en la que las niñas y mujeres estemos protegidas ante cualquier tipo de violencia», afirmó la directora Baracaldo.

1. En los últimos meses se han adelantado reuniones de seguimiento y concertación con las 10 agremiaciones sindicales de las madres y padres comunitarios, las cuales contaron con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo para plena garantía de sus derechos.

2. En relación con la formalización laboral de las madres comunitarias con el Estado, propuesta del presidente Gustavo Petro, la directora Concepción Baracaldo sostuvo reuniones con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda para encontrar los mecanismos y las rutas legales que permitan avanzar en ella.

3. Desde el 2013 existe un subsidio pensional para más de 5.298 ex madres y ex padres comunitarios que no reúnen los requisitos para acceder a una pensión de vejez. Respecto a la solicitud de un ajuste a dicho recurso para mayores de 57, 70 y 80 años, la Directora General, Concepción Baracaldo, se comprometió a buscar los mecanismos para lograrlo, en articulación con el Ministerio de Trabajo.

4. Para la vigencia 2023 se aumentó en un 14% el presupuesto para las raciones alimentarias diarias de las niñas y los niños, más de 448 mil millones hasta el 31 de octubre del presente año.

5. El ICBF solicitó a las madres comunitarias informar cuáles son las necesidades primordiales de dotación que se requiere en los hogares comunitarios para que el Instituto inicie este proceso.

6. Desde el ICBF se adelanta un proceso de formación para mejorar las prácticas pedagógicas y de cuidado. Durante los últimos 4 años se formaron a 16.505 madres y padres comunitarios, con una inversión superior a los $51 mil millones de pesos, en tres líneas: 1) Formación inicial; 2) Formación avanzada y 3) Formación de servicio.

7. En 2022 las madres y padres comunitarios en el país atendieron a 554.617 niñas y niños de la primera infancia.

La Directora del ICBF reafirma su compromiso de diálogo y concertación con las organizaciones sindicales y mantendrá abiertas las puertas de la entidad para lograr los consensos que permitan que la atención a la primera infancia no se vea afectada por este cese de actividades.

“Estoy aquí para reafirmar los acuerdos que tenemos desde el Gobierno Nacional con las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. El ICBF está a disposición de la comunidad para generar cambios e incluir las propuestas que resulten de estas mesas en el PND, documento que será la carta de navegación para alcanzar la justicia social en Colombia”, sostuvo la Subdirectora General del ICBF.   

Durante las Mesas de trabajo entre los representantes del Gobierno Nacional y las comunidades, se concertarán temas relacionados con la atención a necesidades en diferentes aspectos que deberán quedar en el Plan Nacional de Desarrollo.

(Fin/wbf/apu)

Astrid Cáceres es licenciada en Educación Infantil de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en Educación y Desarrollo Comunitario de la Universidad Surcolombiana, y cuenta con estudios de maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Ha ejercido como docente, investigadora, asesora pedagógica, experta en educación inclusiva, oficial de proyectos, gestora cultural y tejedora de paz.  
 
Con más de 27 años de experiencia profesional, la nueva subdirectora general ha desempeñado diversos cargos en el sector público y privado; ha sido subdirectora de Calidad para la Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional, consultora del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), contratista en el Fondo Colombia en Paz para el proyecto piloto del servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar en entornos rurales y rurales dispersos en municipios PDET, asesora en la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), subdirectora para la Infancia en la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, docente en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la Pontificia Universidad Javeriana.
 
La nueva subdirectora general viene liderando la tarea encomendada por el Sr. Presidente de la República, Gustavo Petro, al frente de la comisión del Gobierno Nacional que atiende la situación de las niñas y niños indígenas pertenecientes a los pueblos nukak y jiw en el Guaviare. Una de las medidas en proceso de implementación, es el impulso a la declaratoria de interés prioritario de la niñez indígena en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026.
 
Entre los desafíos y retos que tiene la nueva subdirectora general se destacan el fortalecer la atención integral a la primera infancia, contribuir a la implementación del Sistema Nacional de Cuidado, promover las prácticas y estrategias comunitarias para la atención a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias en el marco de la soberanía alimentaria, aportar a la justicia juvenil restaurativa y las acciones que materialicen la Paz Total.