Montería

“Todos los agentes que velamos por la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes debemos tener pertenencia en este plan del 2025”, aseguró la referente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), Gladys Caraballo, al presentar el plan, en la primera sesión del Plan Departamental de Prevención de las Violencias contra niños, niñas y adolescentes para 2025.

El Bienestar Familiar participará en los eventos de socialización de las rutas de atención integral de víctimas de trata de personas que se harán en los 30 municipios, en las jornadas de asistencia técnica sobre la prevención de la violencia como forma de relación y crianza de niños y niñas, en las jornadas de prevención de violencia sexual y de género, como también hará asistencia técnica para la prevención y manejo de situaciones de riesgo con los niños, niñas y adolescentes con derechos amenazados y vulnerados y víctimas de violencia sexual.

De igual manera, brindará asistencia técnica a los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Cieti) municipales y departamentales. Y, en las 31 Mesas de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, socializará los lineamientos técnicos y de operación de la modalidad Atrapasueños.
 
(Fin/jca/)

Este encuentro se enmarca en el objetivo de la Mesa Departamental de generar información que permita atender, prevenir el reclutamientoe identificarlo como un delito distinto al desplazamiento.

Durante la socialización, se aclararon las rutas de cada entidad involucrada, lo que facilitará la construcción de un diagnóstico sobre la situación en el departamento y permitirá establecer un plan de atención para los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento.

Con el fin de que las diferentes entidades, desde su ámbito de acción, colaboren en la prevención del reclutamiento, la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas compartirá con el Bienestar Familiar, las Comisarías de Familia y el Ministerio Público definición de hechos victimizantes producidos en el territorio.
 
 
(Fin/jca/)

El Director Regional (e) del Bienestar Familiar, Carlos Córdoba explicó que fue posible concertar después de varias mesas de diálogo y escenarios para intercambiar inquietudes e ideas en el marco de la institucionalidad y el respeto de las tradiciones culturales y ancestrales. 

“Es importante resaltar que de los 19 Nokos, reconocidos por el Ministerio del Interior, 17 asistieron al espacio de manera libre y espontánea quienes hicieron aportes considerables para la concertación centrando el bienestar de los niños y las niñas como lo fundamental y prioritario; garantizando así el inicio de operación en el menor tiempo posible”, aseguró Córdoba.

Esta decisión unánime entre el Bienestar Familiar y las autoridades indígenas prioriza la atención de los niños y niñas indígenas, el acceso a servicios básicos y la inclusión de todas las familias. Además, promueve el respeto por su identidad cultural, contribuye al fortalecimiento y a la preservación de sus tradiciones. 

El ICBF reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con la comunidad para fomentar el desarrollo de las niñas y niños en un entorno que respete su identidad cultural e invita a las comunidades a que participen de esta iniciativa que busca garantizar el bienestar y el futuro de los niños y niñas

Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Salud a través de Sivigila, de las 30 personas lesionadas con pólvora en Córdoba al cierre del 25 de diciembre, la mitad son menores de edad, lo que representa un aumento del 80% con relación a la temporada anterior cuando niños, niñas y adolescentes lesionados fueron 5.

Los adolescentes de entre 12 y 17 años han sido los más afectados, con 9 casos reportados en los municipios de Lorica, Planeta Rica, Ayapel, Canalete, Cotorra, Montelíbano y Montería. El 88,9% de los lesionados lo han sido por manipulación de pólvora, mientras que el 11,1% como observador. Frente a estos hechos el Bienestar Familiar hace verificación de derechos para tomar las medidas a que haya lugar. 

El Bienestar Familiar también ha realizado campañas de sensibilización en el sector comercial, en el barrio Mocarí y en la invasión El Bongo. Estas actividades han contado con el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia.

La campaña busca llamar la atención de padres, madres y cuidadores para que eviten que niños y niñas entren en contacto con material pirotécnico. Además, se hace un llamado a los niños, niñas y adolescentes abstenerse de usar pólvora, ya que las consecuencias pueden causarles daños permanentes a lo largo de su vida.

En caso de accidente es importante acudir de inmediato a un centro médico en caso de que una niña, niño o adolescente resulte lesionado con artefactos pirotécnicos. La entidad reitera la necesidad de reportar cualquier incidente de manera oportuna a la línea de atención 018000918080
 
(Fin/jca/)
 

Así mismo, se les recomendó que el plan de acción debe contener prevención de riesgos como el consumo de sustancias psicoactivas y el embarazo en adolescentes que también llevan a violentar a los menores de edad.
Bienestar Familiar pidió a los servidores públicos de los entes territoriales, hacer visibles las alertas tempranas en los Consejos de Gobierno, en los Comités de Justicia Transicional y en las Mesas de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia para contar lo que se necesita y pedir ayuda.

Los referentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) de los centros zonales promoverán y harán seguimiento y vigilancia alas acciones que realizan en municipios como Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento que tengan alertas tempranasemitidas por la Defensoría del Pueblo.

El anuncio lo hizo la directora de Primera Infancia de Bienestar Familiar, María Monica Martínez, durante el diálogo que sostuvo con las madres comunitarias de varios municipios de Córdoba. “Uno de los macro cambios que Bienestar Familiar hará a partir del próximo año es que no contratará cupos en los programas de Primera Infancia, sino que hará matrículas, decisión con la cual se busca atacar la corrupción”.
Esta decisión, dijo la funcionaria, también traerá otras modificaciones como la focalización de los niños y niños que se atenderán porque ya no estará a cargo de los operadores, sino que será el mismo ICBF el que entregue la niña o niño matriculado para cada unidad de atención.

A renglón seguido sostuvo que en la práctica se ha visto que se atienden niños que no existen o que hacen parte de dos programas, porque la contratación es por cupos.

“Hoy el país nos da la oportunidad de recuperar la protección de los niños y las niñas. El modelo de tercerizar la atención y protección de los niños y las niñas, al final se vuelve un negocio y la única manera de acabar el negocio es acabar con el modelo de operadores, y en eso desde la dirección general se han iniciado las transformaciones”, manifestó la directora de Primera Infancia del ICBF.

(Fin/jca/pup)
 

Como parte de la estrategia de implementación de la ley 2046 se llevó a cabo un encuentro agroalimentario de compras públicas locales el 16 de mayo en el municipio de Montería, departamento de Córdoba, dónde se reunieron compradores y productores locales, con el fin de generar dinámicas comerciales que permitieran optimizar los circuitos cortos de comercialización, fortaleciendo la economía de los productores locales a través de la compra pública de alimentos para los programas sociales del estado de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF a través de los Operadores ICBF y la Unidad Administrativa especial para la Alimentación Escolar (Alimentos para Aprender - UAPA) y Agencia Logística de la Fuerzas Militares de Colombia. 

Se contó con la participación de 40 organizaciones y productores locales, 43 compradores y se suscribieron 75 acuerdos protocolarios para posibles compras de alimentos como leche, yogurt, huevos, yuca, plátano y queso, entre otros, por valor de $1.029.650.197. 

El equipo de la unidad móvil realizó valoración nutricional (talla y peso) a niños, niñas y adolescentes presentes para identificar su estado nutricional y de esta manera activar ruta de atención por salud en los casos necesarios. De igual forma, hizo el levantamiento de un diagnóstico situacional de la población Embera que se encuentra en la minga indígena.

Bienestar Familiar hizo entrega de alimentos de alto valor nutricional como Bienestarina líquida para niños y niñas, y Bienestarina Más (polvo) para el manejo de las ollas comunitarias.

Además, se brindaron orientaciones a los líderes indígenas sobre medidas de prevención, protección y cuidado de los menores de edad mientras permanezcan en la minga, al bañarse en el río o al caminar durante la noche. Así mismo, realizan actividades lúdicas y pedagógicas con los niños, niñas y adolescentes.

(Fin/jca/pu)

 

Además de redireccionar desde Bienestar Familiar estos casos a las universidades, también se acordó realizar el próximo 1 de noviembre una jornada de conciliación en el Centro Zonal Montería y la sede de la regional, para atender a toda la comunidad que lo requiera.

De igual forma, se van a reagendar las solicitudes de conciliación que están pendientes de ser tramitadas para que sean atendidas en el menor tiempo posible.

En la mayoría de los casos, los asuntos conciliables están relacionados con la  fijación de cuota de alimentos y la reglamentación de visitas, entre otros.
 

Los municipios de Buenavista, Moñitos, Puerto Libertador, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento y Tuchín en Córdoba, son parte de los 426 municipios focalizados a nivel nacional, que enfrentan altos riesgos de vulneración de derechos de las niñas y niños, debido a la violencia, pobreza y otros factores de vulnerabilidad.

A través de los centros de educación inicial
se busca garantizar trayectorias educativas desde la gestación hasta los 6 años de edad y la  inclusión de espacios para mujeres gestantes y madres en periodo de  lactancia. Es decir,  integrar los servicios de Bienestar Familiar y de MinEducación para los ciclos uno (0-2 años, 11 meses, 29 días) y dos (3 a 5 años, 11 meses 29 días) con el objetivo de garantizar que la educación inicial llegue a toda la primera infancia.

Se solicita a los entes territoriales que complementen los aportes de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación con recursos propios para mejorar y mantener las infraestructuras propiedad de los municipios y los equipos de talento humano.

(Fin/jca/pu)