En el auditorio de la Regional La Guajira del Bienestar Familiar fueron presentados los resultados y la estructura del informe de la Comisión Asesora Científica de La Guajira, instancia creada para estudiar las causas estructurales de la desnutrición infantil en el departamento, en cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional y del Auto 1290 de 2023.
El encuentro contó con la participación de comisionados étnicos wayuu y afrodescendientes, agentes territoriales del Sistema Nacional de Bienestar Familiar líderes y lideresas comunitarias, quienes conocieron los principales hallazgos de este proceso investigativo, desarrollado desde un enfoque interdisciplinario, intercultural y participativo.
«Cuando llegamos a La Guajira entendimos que, si queríamos obtener resultados distintos, debíamos hacer las cosas de manera diferente. Nos dejamos orientar por las comunidades para comprender su cultura, porque la desnutrición no puede analizarse solo desde la alimentación, sino desde los determinantes sociales, culturales y territoriales que afectan la vida del pueblo wayuu y de las comunidades afroguajiras», afirmó Astrid Cáceres Cárdenas, directora general del Bienestar Familiar.
La Comisión Asesora Científica destacó que la desnutrición infantil en La Guajira es la manifestación de un entramado estructural de exclusión social, racial, territorial y económica. En este sentido, el informe plantea que la crisis nutricional no puede explicarse únicamente por la falta de alimentos o por condiciones sanitarias inmediatas, sino por la interacción de factores históricos como la pobreza estructural, el acceso limitado al agua, las barreras en salud, la fragmentación del territorio ancestral, el debilitamiento de sistemas tradicionales de cuidado, el cambio climático, el racismo estructural y los impactos del modelo extractivista en el territorio.
Uno de los aportes centrales del informe es el reconocimiento de las voces comunitarias como evidencia válida para comprender la crisis. El proceso incorporó testimonios de niñas, niños, madres cuidadoras, parteras, sabedores, autoridades tradicionales, líderes comunitarios y representantes afroguajiros, con el propósito de articular el conocimiento científico con los saberes territoriales y las experiencias de las comunidades.
«El cuerpo infantil refleja la sequía del entorno. No se puede sanar el cuerpo si el territorio que sostiene la vida permanece enfermo», señaló Iliana Curiel Arismendy, comisionada wayuu.
El documento también advierte que los modelos de desarrollo extractivista implementados en La Guajira han configurado un determinante estructural de la pobreza y de la desnutrición infantil, al incidir en procesos de despojo, fragmentación y transformación del territorio ancestral, especialmente en la Alta y Media Guajira. Estas dinámicas han afectado los sistemas productivos tradicionales, el acceso al agua, la movilidad territorial, las prácticas alimentarias propias y las redes comunitarias de cuidado.
En relación con el pueblo wayuu, el informe señala que la pérdida progresiva del calendario alimentario tradicional, la erosión de saberes ancestrales, la ruptura de redes de parentesco y cuidado, y la transición de una economía de soberanía hacia una economía del rebusque han generado nuevas formas de vulnerabilidad para niñas, niños, mujeres gestantes y familias.
Así mismo, la Comisión visibiliza la situación del pueblo afroguajiro, históricamente poco reconocido en los análisis sobre La Guajira. El informe evidencia que las comunidades afrodescendientes también enfrentan desigualdades estructurales relacionadas con el subregistro estadístico, la inseguridad alimentaria, el déficit habitacional, el acceso limitado al agua, la informalidad laboral, la degradación ambiental y la invisibilización de sus sistemas de cuidado, medicina tradicional y saberes comunitarios.
Entre las recomendaciones entregadas por la Comisión al Estado colombiano se destacan la protección jurídica de los cuerpos de agua; la contención jurídica frente a megaproyectos que puedan afectar fuentes hídricas y territorios vitales; la recuperación y preservación de calendarios agrícolas y alimentarios propios; el fortalecimiento de la soberanía alimentaria; la implementación efectiva de un modelo de salud propio e intercultural; y la incorporación de un enfoque étnico-cultural y de derechos colectivos en los indicadores de seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017.
La Comisión también recomienda reconocer al pueblo wayuu como sujeto colectivo de derechos, con formas propias de organización social, sistemas familiares extensos, autoridades tradicionales, movilidad territorial, prácticas alimentarias y lógicas comunitarias de cuidado. Esto implica garantizar la pertinencia cultural de las intervenciones, la participación efectiva de autoridades tradicionales, palabreros, liderazgos comunitarios, mujeres cuidadoras, niñas, niños y adolescentes, así como el uso de la lengua wayuunaiki y el respeto por los tiempos y modos de relacionamiento propios del territorio.
El informe plantea, además, que superar el Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional exige pasar de respuestas asistencialistas y fragmentadas a transformaciones estructurales sostenidas, centradas en el territorio, el agua, la soberanía alimentaria, la justicia social, el reconocimiento de los saberes ancestrales y la garantía integral de derechos.
Con este estudio, la Comisión Asesora Científica entrega al país un insumo estratégico para orientar decisiones públicas, fortalecer la articulación institucional y avanzar hacia respuestas integrales que reconozcan la dignidad, la cultura y los derechos de niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades de La Guajira.
El informe puede ser consultado en la página web delSistema Único de Información de la Niñez (SUIN) del ICBF.
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