Riohacha

Durante la jornada se entregaron kits para generar un espacio de diálogo e interacción en la promoción de la prevención de vulneraciones, así como la participación de las voces de las niñas, niños y adolescentes,  explorada de diferentes formas con el uso de la pintura y el arte en tela, que resaltaron además sus capacidades artísticas. 

La acción desarrollada en todas las regionales del ICBF en todo el territorio no solo apuntaba al impacto lúdico sino que hacía parte fundamental en el desarrollo de las dimensiones integrales centradas en el fortalecimiento de la construcción personal, social y cultural de la niñez y la adolescencia.

“Ha revivido en La Guajira la función de los comités de control social, la organización de las madres para verificar la calidad de la atención es fundamental para el pilotaje de atención integral que inicia y se lanza este fin de semana en el departamento”, sostuvo la directora general del ICBF, Astrid Cáceres Cárdenas.

Para un acercamiento total con las comunidades, los talleres se realizaron con el apoyo de una intérprete de la lengua wayuunaiki y se incluyeron actividades con manualidades para identificar las prioridades que tienen del cuidado de lo público. Así mismo, mediante conversatorios se mostró cómo conformar y ejercer veedurías, se les informó sobre los canales de atención del ICBF y se resaltó la línea de WhatsApp para que la comunidad informe sobre los casos de desnutrición, se expusieron las modalidades para prevenir la desnutrición y se compartió comida de la región elaborada en ollas comunitarias. 

“Invitamos a las familias de todas las regiones de Colombia a ejercer su derecho al control social y con su apoyo, garantizar la calidad en los servicios ofrecidos a niños y niñas”, dijo Astrid Cáceres Cárdenas, quien resaltó que las familias tienen la palabra y por eso el ICBF escucha sus voces en el ejercicio del control social.

Para la Esap el trabajo interinstitucional permite llegar a la población de manera integral, hace más cercano el Gobierno del Cambio y las entidades del Estado con las realidades de los pueblos indígenas de Colombia. 

Paralelo a las capacitaciones se han estado escuchando los ciudadanos que conforman los comités de control social del ICBF en los municipios de Manaure, Fonseca, Macao y Riohacha, para conocer la percepción de los servicios y hacer los ajustes necesarios para garantizar los derechos de la generación para la vida y la Paz.
 

Tras conocerse el caso, el ICBF designó un equipo de Defensoría de Familia que activó la ruta de restablecimiento y garantía de derechos de los niños de 3 y 5 años. El defensor de familia como autoridad administrativa decidió ubicarlos de manera provisional en Hogar Sustituto en Fonseca.

El ICBF invita a la sociedad a denunciar cualquier caso de violencia a través de la línea 141 y reitera el llamado a los padres sobre el papel que cumplen como garantes de derechos de los niños, niñas y adolescentes.  La generación para la vida y La Paz debe crecer en entornos de amor y protección.

Las sesiones de los diálogos se reanudaron y de manera simultánea se realizaron en Atnamana y Majarramana del municipio de Maicao y Alegua Los Monos en Riohacha, bajo los ejes del enfoque de la soberanía alimentaria, legado de sus usos y costumbres propios de su cultura, cuidado propio y del territorio, así como gestión y articulación. 


A la fecha 102 autoridades y más de 500 miembros de las comunidades han atendido el llamado a la construcción conjunta del modelo propio de atención integral, dentro de los cuales se destacó la participación de lideres y lideresas, voceros, agentes educativos, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres lactantes y gestantes, que a través de sus intervenciones han permitido conocer profundamente su territorio, y su cultura por medio de las prácticas culturales y en juegos tradicionales, dando lugar a la transferencia de saberes y conocimientos que nos permiten entender las características del pueblo Wayuu. 


En un inicio se tenían agendados 30 diálogos en diferentes puntos estratégicos del departamento de La Guajira, número que ha aumentado con el objetivo de escuchar al mayor número de comunidades.


Para el ICBF es fundamental seguir tejiendo de la mano de las autoridades tradicionales y la comunidad en su conjunto, el diseño de este modelo de atención integral, priorizando el bienestar y desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y familias Wayúu.
 

De igual manera, el ICBF aclara que no está requiriendo, ni convocando concertaciones en otros municipios de La Guajira y menos aún, el personal del ICBF está solicitando avales de ninguna clase.
 
En ese sentido, se invita a las comunidades a acompañar los cambios que se están construyendo junta a ellas en el modelo de atención para las niñas y los niños, y a seguir denunciando a través de la línea 141, la línea anticorrupción 018000 918080 opción 4, las sedes regionales del ICBF, página web, todas las anomalías que conozcan frente al uso indebido del nombre del ICBF.

A través del taller "Ruta de atención a niñez y adolescencia no acompañada y/o separada", el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ANCUR), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), UNICEF y el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) propiciaron un diálogo constructivo con integrantes del Sistema de Justicia Familiar, donde se resaltó la importancia de fortalecer y capacitar el talento humano, así como mejorar la articulación con las instituciones para garantizar derechos sin tener que hacer apertura de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD); cómo vincular de manera ágil a un niño o niña al sistema de salud o facilitar su identificación por medio de un registro civil.
 
Desde el ICBF se profundizó sobre la necesidad de implementar el enfoque diferencial a la hora de atender a la niñez y adolescencia indígena migrante con el objetivo de eliminar prejuicios, estereotipos, generar acción sin daño y respetando el principio constitucional de la diversidad étnica cultural. 

También se presentaron conceptos básicos de Derecho Internacional aplicado a los PARD por apátrida, con necesidades de protección internacional y otras características derivadas de la protección de los niños, niñas y adolescentes.
 
Este fue un escenario para que las autoridades administrativas, junto con cooperación internacional, fortalecieran mecanismo que permitan garantizar la adecuada atención con un enfoque territorial, bajo una mirada de respeto y protección de los derechos humanos.

Durante el evento se dieron a conocer las rutas y las acciones que adelanta el instituto para restablecer los derechos vulnerados a la niñez y la adolescencia, a través de la intervención terapéutica y prevención en los diferentes entornos.


 
Luis Daniel García Camargo, miembro del Grupo Juvenil Consultivo, durante su intervención, hizo un llamado a los diferentes actores involucrados a comprometerse con esta problemática: “debemos trabajar incansablemente para brindar espacios seguros que erradiquen toda forma de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes. Nuestra labor conjunta es fundamental para entretejer un futuro libre de explotación y garantizar el bienestar integral de todos”.
 

Durante la sesión se habló del alcance de la realización de seis mesas públicas sobre la atención de niños y niñas de cero a cinco años, acatando los resultados de la consulta previa realizada a 1.239 beneficiarios.

Desde el programa de Primera Infancia se logró ampliar la cobertura de atención a otros 9.523 niñas y niños, y se construyeron tres nuevas Unidades Comunitarias de Atención (UCA) en Manaure, Uribia y Maicao.

El ICBF brindó la oportunidad a los ciudadanos de participar activamente, expresando sus inquietudes y sugerencias, tal como lo hizo la lideresa de la comuna 10 de Riohacha, Nidia Brito, quien manifestó las necesidades que persisten en su comunidad e hizo énfasis en que en la actualidad se sienten escuchados por la entidad y sus opiniones son tenidas en cuenta en el diseño del modelo de atención para el territorio.

En este ejercicio de control social el ICBF reafirmó el compromiso de continuar trabajando con el apoyo de las familias, instituciones y comunidad, para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el departamento de La Guajira.

“Entregamos instrucciones para la entrega de agua potable especialmente para las Unidades Comunitarias de Atención (UCA) en La Guajira. En poco tiempo la reinversión de los recursos no ejecutados se verá reflejada en la adquisición de agua potable y aumentará progresivamente la distribución en más unidades de servicio donde se atiende a la primera infancia”, sostuvo la directora general del ICBF.

La entrega provisional de agua potable está concebida como una estrategia y solución inmediata para conjurar la actual crisis de desnutrición en los cuatro municipios de La Guajira, priorizados  por la sentencia de  la Corte Constitucional  T-302 de 2017. Su distribución se ha entregado a más de 1.200 comunidades indígenas con un reporte parcial de 2´218.342 litros distribuidos en esta región.

La directora general del ICBF aclaró que la responsabilidad de proveer el servicio público de agua potable le corresponde en primer lugar al ámbito local, no obstante, ante la grave crisis en materia de disponibilidad, acceso, suficiencia y suministro de agua potable, es imperativo adoptar medidas urgentes para mitigar la gravísima situación que padece la población Wayuu.

Finalmente, Astrid Cáceres recalcó que la ausencia de agua potable incide de manera decisiva en los problemas de desnutrición de la niñez Wayuu. “Sin agua potable disponible, accesible y de calidad, ningún esfuerzo de alimentación o de atención en salud podrá solucionar la crisis de muertes de niñas y niños en La Guajira”.
El objetivo del ICBF es entregar agua potable a 59.931 niños y niñas en 2.666 Unidades Comunitarias de Atención.


Consulte aquí relación de comunidades beneficiadas con la entrega de agua en La Guajira

Para el ICBF esta acción delictiva vulnera los derechos de la primera infancia Wayuu al afectar de manera directa la atención integral que se le brinda mediante la cual se busca garantizar su bienestar.

La situación que indignó a la comunidad dejó graves daños en la infraestructura. Hubo destrucción de parte del piso de los baños y de las chapas de las puertas. Además de la pérdida de cinco sillas pequeñas, una mesa plástica, un tanque dispensador de agua, un termo de agua, 41 colchonetas, un rastrillo, dos sillas grandes y un inodoro que eran utilizados por las niñas y los niños.

Frente a este hecho y luego de dialogar con la autoridad indígena que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional, se concertó con el ICBF la continuidad en la prestación del servicio que además se logró por el apoyo de la comunidad al adecuar provisionalmente la UCA con mesas, sillas y otros elementos.