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Coordinación de Autoridades Administrativas

 
¿Qué es la Coordinación de Autoridades Administrativas?

La Coordinación de Autoridades Administrativas es el grupo de trabajo encargado de apoyar, fortalecer y brindar asistencia técnico-jurídica a las autoridades administrativas y equipos técnicos interdisciplinarios, quienes son competentes para el restablecimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. (Resolución 060 de 2013 modificada por la Resolución 2688 de 2017)

 
¿Qué es el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos?

El Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, es el conjunto de actuaciones administrativas y/o judiciales que deben desarrollarse para la restauración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados o amenazados. Actuaciones dentro de las que se encuentran acciones, competencias y procedimientos los cuales se realizarán de acuerdo con las características y necesidades particulares de cada caso.

 
¿Quiénes son las autoridades para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes?

El defensor de familia, el comisario de familia o el inspector de policía son las autoridades administrativas que de acuerdo con las competencias establecidas en los artículos 96 al 98 del Código de la Infancia y la Adolescencia y artículos 5, 12 y 13 de la Ley 2126 de 2021, son los encargados de adoptar las medidas de restablecimiento de derechos.

Adicionalmente, los jueces de familia y las autoridades tradicionales también son autoridades competentes para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con las particularidades y etapas de cada caso.

 
Medidas de Restablecimiento 

Las medidas de restablecimiento de derechos son decisiones de carácter transitorio que toman las autoridades administrativas en el marco del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, para garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La única medida de restablecimiento de derechos de carácter definitivo es la adopción.

El artículo 53 del Código de la Infancia y la Adolescencia, señala las medidas de restablecimiento de derechos que se pueden adoptar en el marco de un PARD, en favor de los niños, niñas y adolescentes, las cuales son:

1. Amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico

A través de la amonestación, la autoridad administrativa ordena a los padres o a las personas responsables del cuidado de los menores de edad a cumplir las obligaciones que les corresponden en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, y determina que deberán asistir a un curso pedagógico sobre los derechos de la niñez, a cargo de la Defensoría del Pueblo. En caso de no asistir, deberán pagar una multa convertible en arresto.

Consiste en la conminación a los padres o a las personas responsables del cuidado del menor de edad, sobre el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden o que la ley les impone. Comprende la orden urgente de que cesen las conductas que puedan vulnerar o amenazar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, con la obligación de asistir a un curso pedagógico sobre derechos de la niñez, a cargo de la Defensoría del Pueblo, so pena de multa convertible en arresto.

2. Retiro inmediato del menor de edad de la actividad que amenace o vulnere sus derechos

A través de la amonestación, la autoridad administrativa ordena a los padres o a las personas responsables del cuidado de los menores de edad a cumplir las obligaciones que les corresponden en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, y determina que deberán asistir a un curso pedagógico sobre los derechos de la niñez, a cargo de la Defensoría del Pueblo. En caso de no asistir, deberán pagar una multa convertible en arresto.

3. Ubicación inmediata en medio familiar

Es la ubicación de la niña, niño o adolescente con sus padres, familia extensa o redes de apoyo cuando estos ofrezcan las condiciones que garanticen el ejercicio de sus derechos y atendiendo su interés superior.

4. Ubicación en centros de emergencia para los casos en que no procede la ubicación en los hogares de paso

Corresponde a la ubicación del menor de edad, en lugares provisionales o transitorios, o de paso, mientras se adelantan las actividades necesarias para su protección integral.

5. La adopción

La adopción es la única medida de protección definitiva. A través de ella, se establece, de manera irrevocable, la relación paternofilial entre personas que no la tienen por naturaleza.

6. Medidas consagradas en otras disposiciones legales o cualquier otra que garantice la protección integral de las niñas, los niños y los adolescentes.

Son las medidas que además de las anteriores, estando consagradas en otras disposiciones, garanticen la protección integral de los menores de edad.

La autoridad administrativa deberá requerir, solicitar, gestionar o exigir a través del medio más diligente o por oficio, ante las autoridades nacionales, departamentales, distritales, municipales, indígenas, personas naturales o jurídicas, que formen parte o no del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), la adopción inmediata de las medidas pertinentes y eficaces para garantizar la protección integral de los niños, las niñas y adolescentes.

Así mismo, pueden adoptar medidas que impliquen compromisos familiares que conduzcan a garantizar de manera integral los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

7. Promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar

Corresponde al deber de la autoridad administrativa de promover, de forma inmediata al conocimiento del hecho, las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar. En tal sentido, iniciará sin perjuicio de la representación legal y judicial que corresponda, las acciones, demandas, denuncias, querellas o incidentes y toda diligencia que permita garantizar y restituir los derechos amenazados o vulnerados de las niñas, los niños y los adolescentes.

 

Preguntas Frecuentes

 

Coordinación de

Autoridades Administrativas.

1. ¿Ante qué autoridad debo acudir cuando en el lugar donde vivo no hay Defensor de Familia?

En los municipios en los que no haya Defensor de Familia, sus funciones serán cumplidas por el Comisario de Familia, y en ausencia de este último, las funciones asignadas al defensor corresponderán al Inspector de Policía (según el artículo 98 del Código de la Infancia y la Adolescencia y el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 2126 de 2021).

Si en el lugar donde vive el niño, niña o adolescente que requiere el servicio no hay un centro zonal del ICBF, es importante que se indague en la respectiva alcaldía, la ubicación de la Comisaría de Familia o, en su defecto, de la Inspección de Policía, con la finalidad de poder adelantar el trámite que se requiera.

2. Si en el lugar donde vivo existe presencia de Defensor de Familia y Comisario de Familia, ¿cómo sé ante cual debo acudir?

Depende de si la situación en la cual se produce la presunta amenaza o vulneración de derechos a los niños, niñas o adolescentes:

Si se origina en un contexto de violencia al interior del hogar, corresponderá al Comisario de Familia conocer del asunto.

Si no se origina en un contexto de violencia al interior del hogar, su conocimiento corresponderá al Defensor de Familia.

Sin perjuicio de lo anterior, en los lugares en donde exista Defensoría de Familia y Comisaría de Familia, o Comisaría de Familia e Inspección de Policía, cualquiera de las autoridades administrativas asumirá a prevención el conocimiento del caso de la presunta amenaza o vulneración de derechos, y deberá ordenar que se adelante la verificación de garantía de derechos al niño, niña o adolescente, para poder determinar si es necesaria la apertura de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y, en caso afirmativo, ordenará la toma de una o varias de las medidas de restablecimiento de derechos establecidas en el artículo 53 del Código de la Infancia y la Adolescencia, y remitirá las diligencias a la autoridad administrativa competente el día hábil siguiente.

Lo anterior significa que si se pone en conocimiento por primera vez, por cualquiera de los canales de atención del ICBF una presunta situación de vulneración o amenaza de derechos a un niño, niña o adolescente, el ICBF por ningún motivo podrá negar el servicio, ya que lo que procede es asignar a un Defensor de Familia, para que este último ordene al equipo técnico interdisciplinario de la Defensoría de Familia, adelantar la verificación de garantía de derechos y, si es el caso, realizar la apertura del PARD, iniciando con la toma de medida de restablecimiento de derechos si a ello hay lugar; será luego esta misma autoridad administrativa la que remitirá el proceso al Comisario de Familia del círculo de influencia del menor de edad.

3. ¿Cuándo es procedente la apertura del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD)?

No todas las peticiones que se reportan ante el ICBF y Comisarías de Familia requieren un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, ya que este procede únicamente si luego de realizar la verificación de garantía de derechos, se determina la existencia de una amenaza o vulneración de derechos.

En estos casos, la autoridad administrativa proferirá el auto de apertura de investigación, el cual deberá estar debidamente motivado y contra el cual no proceden recursos (artículo 99 del Código de la Infancia y la Adolescencia).

La apertura del PARD procede cuando, a partir de la verificación de derechos, se confirma que el menor de edad tiene sus derechos amenazados o vulnerados.

4. ¿Cuánto tiempo tiene la autoridad administrativa para resolver la actuación?

La actuación administrativa deberá resolverse dentro de los seis meses siguientes al conocimiento de la presunta amenaza o vulneración de derechos del menor de edad, término que será improrrogable y no podrá extenderse ni por actuación administrativa o judicial.

Cuando se haya declarado la situación de vulneración de derechos, la autoridad administrativa y el equipo interdisciplinario deberán hacer seguimiento a las medidas de restablecimiento por un término que no puede exceder seis meses contados a partir de la ejecutoria del fallo.

Excepcionalmente, la autoridad administrativa, a través de auto motivado que se notifica por estado, puede prorrogar el término de seguimiento para resolver la actuación administrativa hasta por seis meses adicionales contados a partir del vencimiento del término inicial de seguimiento. Vencido este término, la autoridad administrativa deberá definir la situación jurídica del menor de edad.

Así las cosas, el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos tiene una duración máxima de 18 meses.

Lo anterior encuentra una excepción en el artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 reglamentado a través de la Resolución 11199 de 2019, la cual indica que en los casos excepcionales en que un PARD, por sus condiciones particulares, no pueda ser definido de fondo en el término máximo establecido, deberá solicitar aval para la prórroga de seguimiento del PARD por primera vez ante la dirección regional, y ante la Dirección de Protección si se requiere prórroga nuevamente. Esta solicitud deberá cumplir con unos requisitos particulares para su estudio y aval.

5. ¿Qué se entiende por definición de la situación jurídica del niño, niña o adolescente?

Es la decisión que adopta la autoridad administrativa en el PARD, a través de un acto administrativo (resolución), o la autoridad judicial a través de sentencia, en los casos donde se configura pérdida la competencia; tiene por objeto resolver la situación jurídica en el proceso, para el restablecimiento de los derechos vulnerados de los niños, las niñas y adolescentes.

Dentro de la primera etapa del proceso, se puede definir en vulneración de derechos o declaratoria de adoptabilidad.

Posteriormente, para los casos en que se falla en vulneración de derechos, la definición de la situación jurídica de fondo puede darse en dos sentidos: (i) la declaratoria de adoptabilidad; o (ii) el cierre del proceso por haberse evidenciado, con los seguimientos, que la ubicación en medio familiar fue la medida idónea.

6. ¿Qué sucede cuando la autoridad administrativa no define la situación jurídica del menor de edad en el término legal establecido?

En este supuesto, la autoridad administrativa habrá perdido competencia para pronunciarse sobre el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, razón por la cual, como lo indica la normatividad vigente en materia de infancia y adolescencia, la autoridad administrativa deberá enviar el expediente al juez de familia con el fin de que este último defina la situación jurídica del menor de edad en un término máximo de dos meses.

En ese sentido, es importante recordar que la autoridad administrativa en el PARD cuenta con los primeros seis meses desde el conocimiento de la presunta situación, para la definición de la situación jurídica, (seis meses para el seguimiento de la medida adoptada y seis meses más en caso de ser necesaria la prórroga a este seguimiento y poder tomar la decisión jurídica de fondo, para un total de 18 meses del proceso.

7. ¿Una vez la autoridad administrativa adopta una medida de restablecimiento de derechos, la misma puede ser susceptible de modificación?

Las medidas de restablecimiento de derechos son transitorias en su integridad; así las cosas, cualquiera de ellas podrá ser modificada por la autoridad competente cuando advierta que las circunstancias de las situaciones específicas lo ameritan. Lo anterior, de conformidad con el artículo 103 del Código de la Infancia y la Adolescencia.

Sin embargo, se debe recordar que la única medida de restablecimiento de derechos de carácter definitivo es la adopción.

8. ¿Las decisiones adoptadas por las autoridades administrativas podrán ser revisadas en sede judicial?

Frente a las decisiones adoptadas por las autoridades administrativas dentro de los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), existe la homologación y la revisión.

Homologación:

Es un control de legalidad de las decisiones adoptadas por parte de las autoridades administrativas que se surte cuando existe oposición en el PARD por algunas de las partes o por el Ministerio Público, que no se constituye en un recurso y en virtud del cual, le corresponde al Juez de Familia efectuar un control tanto de forma como de fondo así: de forma respecto del procedimiento llevado a cabo en la actuación administrativa; y de fondo, en cuanto se extiende a establecer si la medida adoptada por la autoridad administrativa atendió el interés superior del niño, niña o adolescente.

Revisión:

Cuando la autoridad administrativa identifica yerros dentro del PARD, podrá subsanarlos antes del vencimiento del término para definir la situación jurídica del PARD, es decir, dentro de los seis meses iniciales del proceso.

Así las cosas, la autoridad administrativa debe hacer uso de la figura de la revisión cuando ha perdido competencia para subsanar los yerros dentro del PARD, es decir, después de vencido el término para definir la situación jurídica (primeros seis meses) en el proceso.

En esos eventos, deberá remitir el expediente a instancia judicial para la respectiva revisión de las actuaciones administrativas, con la finalidad de que allí se determine si hay lugar a decretar la nulidad de lo actuado y en estos casos, resolver de fondo la situación jurídica del niño, niña y adolescente.

Finalmente, es preciso aclarar que ni la homologación ni la revisión, se configuran como un recurso ni una instancia, sino que obedecen a un control de legalidad que ejerce el juez competente sobre las decisiones o las actuaciones adelantadas por la autoridad administrativa. Por tal efecto, las determinaciones que se emitan en sede judicial no son objeto de recurso y son definitivas.

 

 

 

Procedimientos y lineamientos para la Protección

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Biblioteca Protección

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Defensorías y Comisarías

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Padrinos de Corazón

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