Sede Dirección General

Esta iniciativa, desarrollada en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), permitió la focalización de padres y madres privados de la libertad que serán próximamente liberados, con el propósito de garantizar a sus hijos e hijas atención integral y especializada a través de los servicios del ICBF.

Es fundamental resaltar que las personas beneficiarias del evento se encuentran en la fase final de su proceso de privación de la libertad, con un tiempo estimado de menos de seis meses para su reinserción en la sociedad. Por ello, brindarles información clara y precisa sobre oportunidades laborales, programas de apoyo y mecanismos de acompañamiento es clave para facilitar su transición y fortalecer su proceso de inclusión social.

La jornada contó con la participación de diversas entidades, entre ellas el Ministerio de Justicia, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Veeduría Ciudadana, la Secretaría de Integración Social, el SISBÉN y la Fundación Acción Interna, quienes sumaron esfuerzos para ofrecer una ruta integral de acceso a derechos y oportunidades.

Bienestar Familiar mediante este tipo de alianzas, ratifica su compromiso con la protección de los derechos de la niñez y la familia, promoviendo acciones que contribuyan a la reconstrucción del tejido social y al bienestar de quienes inician una nueva etapa en sus vidas.
 
(Fin/arn/db)
 
 

En consecuencia, en lo corrido del año, el Equipo Móvil de Respuesta y Atención a Migrantes (ERAM) del ICBF, en articulación con la Policía de Infancia y Adolescencia ha adelantado 22 acciones de caracterización a 40 niños, niñas y adolescentes migrantes en riesgo de vulneración de derechos en el municipio de Arauca.

De acuerdo a cifras suministradas por Migración Colombia, en el departamento de Arauca para el año 2024, el número de niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos en este territorio llegó a 25.093, de los cuales, 14.648 se encuentran en la capital del departamento y el otro porcentaje se distribuye en los municipios de Arauquita, Tame, Fortul y Cravo Norte.

Durante estas jornadas se relacionaron seis casos, de los cuales se identificaron tres casos de niñez separada, uno de niñez no acompañada, uno con dificultad para acceso a salud y un caso con dificultad para acceso a educación, activando la ruta de atención para la protección de derechos de estos niños y niñas hallados con vulneración e inobservancia de derechos.

Para la directora encargada de la Regional Arauca, Massiel Lora Salas, “a través de un trabajo articulado con diferentes instituciones y organismos internacionales de cooperación, se han establecido rutas de trabajo para identificar en puntos neurálgicos del municipio a niños, niñas y adolescentes en movilidad humana con derechos amenazados o vulnerados y activar las rutas de atención en el menor tiempo posible, lo que ha permitido la reunificación familiar, el restablecimiento de derechos y el retorno seguro a su lugar de origen”.

De esta manera, Bienestar Familiar continúa su compromiso con la atención y protección de la niñez migrante, eliminación las barreras que impiden el acceso a la oferta institucional, garantizando acciones adaptadas a las necesidades específicas.

(Fin/lcv/)
 

Durante el encuentro, se evaluó el trabajo realizado en 2024, analizando los logros alcanzados y revisando el plan de acción proyectado para 2025. La directora encargada del Bienestar Familiar en Cundinamarca, Ingrid Cubides Puentes, enfatizó la importancia de establecer retos significativos para garantizar un sistema que responda efectivamente a las necesidades de esta población, no solo en términos legales sino también en la promoción de su bienestar y desarrollo personal.
 
La jornada incluyó un espacio de diálogo con los municipios cabecera de circuito judicial que cuentan con CETRAS, coordinando esfuerzos específicamente para optimizar la prestación de servicios en el municipio de Funza. Se presentaron los avances logrados en materia de educación, empleabilidad y seguridad para los jóvenes bajo el SRPA, y se dio seguimiento a los compromisos previamente establecidos, fortaleciendo así la colaboración entre el Bienestar Familiar y las entidades territoriales.
 
Como resultado del encuentro, se acordó establecer una mesa de trabajo presidida por el comité, que incluirá a los municipios del circuito judicial de Funza, la Procuraduría departamental y el Bienestar Familiar. El evento marcó el camino para futuras iniciativas en sectores clave como salud, educación y cultura, subrayando el compromiso continuo del Gobierno del Cambio, a través de la entidad, en la construcción de un futuro más promisorio para la adolescencia y juventud en el departamento.
 

El Gran Pacto Social, impulsado por el Gobierno nacional, es una apuesta por la transformación del campo colombiano y la vida de quienes lo habitan. Este acuerdo busca una distribución más equitativa de la tierra y propone soluciones para desafíos como la seguridad alimentaria, el cambio climático y la protección del agua.

De este modo, la transformación que propone el Gobierno está alineada con la misión de Bienestar Familiar, que busca fortalecer las capacidades de niñas, niños y adolescentes, promoviendo sus saberes, tradiciones e intereses para garantizar su bienestar en entornos seguros que favorezcan su desarrollo integral y la preservación de su identidad cultural. Al impulsar territorios más justos y sostenibles, se contribuye directamente a este propósito, beneficiando a la niñez y sus familias en las comunidades rurales.

Aunque la firma del documento tuvo lugar en Chicoral, corregimiento del municipio de El Espinal en el departamento del Tolima, el pacto está diseñado para transformar el campo colombiano y mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales en todo el país, promoviendo un futuro más justo y sostenible.
 
(Fin/dog/eeb)