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Es fundamental destacar que la Bienestarina es un alimento de alto valor nutricional que contribuye significativamente al desarrollo y crecimiento infantil, al tiempo que ayuda a prevenir los síntomas de la desnutrición. Por lo tanto, la distribución de estas ayudas tendrá un impacto considerable, especialmente en las zonas más vulnerables de la región.
 
En esta misión, también se enviaron tres equipos de profesionales de las Unidades Móviles del ICBF, quienes se desplazan por tierra para ofrecer acompañamiento integral a las familias, incluyendo la realización de seguimiento nutricional y brindando apoyo psicosocial. Este equipo llevará herramientas y orientación para mejorar la salud mediante acciones de prevención y el bienestar de los niños y sus familias.
 
Salvador Rincón, director de nutrición del ICBF, expresó: "Siguiendo las instrucciones de nuestra directora general, Astrid Cáceres, y con el apoyo de nuestras instituciones aliadas, estamos comprometidos con erradicar la desnutrición en La Guajira. Esta misión es sólo un paso más para asegurar que cada niño tenga acceso a una nutrición adecuada y un futuro mejor."
 
Las ayudas fueron transportadas por el buque ARC Golfo de Urabá, partiendo desde Riohacha hacia Bahía Honda y Puerto López en la Alta Guajira. Esta misión es posible gracias a la colaboración entre la Gobernación de La Guajira, el Programa Mundial de Alimentos, el Ejército Nacional, Cruz Roja Colombiana, la Unidad de Gestión del Riesgo, la Armada Nacional y la Defensa Civil Colombiana, quienes trabajan de la mano para llevar más de 130 toneladas de ayuda humanitaria a las familias de la región.
 
(Fin/scs/eeb)
 

Durante el recorrido la funcionaria señaló que, en este sector se atiende a más de 900 familias, “donde prevenimos la desnutrición y fortalecemos la cultura wayuu”.

En esa región el ICBF implementa un modelo propio integral dirigido a la población wayuu, brindando apoyo en áreas esenciales como la nutrición, la salud y la educación y el fortalecimiento comunitario.

En el encuentro con las autoridades del territorio, lideresas y líderes, la subdirectora también destacó la importancia de trabajar de la mano con las comunidades para preservar esta cultura y exaltó el rol de la mujer wayuu en el desarrollo y crecimiento no solo de las niñas y los niños, también del territorio.

En la visita también se adelantó un encuentro con 200 personas de talento humano, incluidas agentes educativas, para fortalecer la soberanía alimentaria en La Guajira. El ICBF está comprometido con la población wayuu y su continua labor para mejorar las condiciones de vida de las familias, fortalecer sus tradiciones y garantizar que los niños crezcan en un entorno saludable y llenos de oportunidades.

Esta alerta fue emitida debido a la presencia y expansión de grupos armados organizados en el departamento lo que ha generado amenazas, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores de edad y otras vulneraciones a los derechos humanos. Niñas, niños, adolescentes y campesinos se encuentran entre las poblaciones más afectadas, por lo que se hace necesaria la implementación de acciones de protección y atención integral.

A través de la modalidad Hogar Gestor, se realizaron jornadas de caracterización, asistencia técnica y búsqueda activa para identificar familias en situación de vulnerabilidad y remitirlas a la autoridad administrativa, facilitando su acceso a apoyo psicosocial y económico según cada caso.

Las Unidades Móviles desplegaron un equipo psicosocial para brindar acompañamiento integral a niños víctimas de desplazamiento forzado, mujeres gestantes, madres lactantes y comunidades en riesgo, garantizando sus derechos y promoviendo escenarios de paz. La modalidad Atrapasueños dispuso 21 cupos para fortalecer la participación de niñas, niños y adolescentes como agentes de cambio, fomentando su desarrollo y liderazgo. Por parte del equipo de Primera Infancia, se ofreció atención a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y el servicio de Educación Inicial Campesina, asegurando el acceso a educación y cuidado en entornos urbanos y rurales.

Desde su misionalidad y compromiso con la prevención y protección, Bienestar Familiar reafirma su interés en fortalecer entornos protectores y prevenir el reclutamiento, uso y explotación de niñas, niños y adolescentes. A través de sus modalidades y estrategias, la entidad continuará trabajando de manera articulada para prevenir estas vulneraciones y garantizar la protección de la niñez en el municipio.
 
(Fin/dog/eeb)

Las entidades encargadas de suscribir el acuerdo fueron Bienestar Familiar de Colombia y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de la República de Chile, y contaron con el apoyo del Banco Mundial; la Embajada de la República de Chile en Colombia; el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC Colombia. 

La directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, manifestó que, “la única manera de contrarrestar la narrativa antimigratoria que viene experimentando el mundo, es entender que los países latinoamericanos tienen que unirse”. También agregó que con estos acuerdos se logra comprender a fondo cómo se puede resolver la vida de las familias y sobre todo el proyecto de vida de las niñas y niños que por cualquier razón abandonan su país de origen.

Por su parte, la embajadora de Chile en Colombia, María Inés Ruz Zañartu, manifestó que este es un tema que no solo atañe a las familias de las niñas y niños involucrados, "este es un tema social, de los países y de los Derechos Humanos, que tenemos que ser capaces de solucionar a través de la coordinación armónica entre las autoridades”.

Adicionalmente a la firma del acuerdo, una delegación del Gobierno de Chile durante cinco días realizará jornadas de trabajo junto al Bienestar Familiar, para conocer el trabajo que adelanta la institución en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia; específicamente en temas como prevención de reclutamiento por grupos ilegales, prevención y atención a condiciones de uso de sustancias psicoactivas, desinstitucionalización, fortalecimiento de modalidades alternativas de cuidado en el sistema de protección y las condiciones de movilidad humana.

La cooperación entre Colombia y Chile se logra gracias a la participación de la Embajada de Chile en Colombia, la Agencia de Cooperación Internacional de Colombia y al Banco Mundial.

“Hemos rescatado 43 niños, niñas y adolescentes que se han desvinculado, todo el reclutamiento de niños es forzoso, en ese marco, varias  niñas son víctimas de relaciones afectivas y emocionales utilizadas de mala manera. Debemos condenar a nivel nacional a esos actores porque ninguno tiene por qué tocar a los niños y niñas, y mucho menos reclutarlos , en especial esa afectación tan grave que sufren nuestras niñas en su desarrollo y en su manera de abordar el mundo”, dijo la directora general de Bienestar Familiar.

Así mismo, reiteró que, “ hago un llamado muy fuerte a los actores armados que están en este territorio. Los niños son víctimas de esta situación y como víctimas deben ser tratados en el marco del Derecho Internacional Humanitario”. Cáceres indicó que desde el Bienestar Familiar se está trabajando con 64 organizaciones de base, que presentaron propuestas para el programa, ‘Mochila Atrapasueños’, también conocida como ‘Mochila Catatumbera’, para llevar a los niños acciones de arte y cultura, con este programa se espera beneficiar cerca de 8 mil niños y niñas de los sectores afectados por el desplazamiento. 

Durante su intervención ante la plenaria del Congreso, la funcionaria indicó que por instrucción del presidente de la República la entidad desplegó todas sus capacidades desde el primer día, atendiendo la situación que se presenta en el Catatumbo. El Bienestar Familiar ha acompañado a 9.145 niñas, niños y adolescentes a través de sus equipos de Unidades Móviles; un conjunto de profesionales, entre nutricionistas, sociólogos y antropólogos, que fueron la primera línea de atención para quienes resultaron afectados por el desplazamiento. 

Así mismo, la funcionaria indicó que desde el Bienestar Familiar se hizo acompañamiento psicosocial a 4.752 personas, facilitando espacios seguros, primeros auxilios psicosociales, y haciendo intervenciones efectivas a las personas en riesgo. La funcionaria también destacó que el ICBF entregó más de 22 toneladas de Bienestarina y 320 mil unidades de ese mismo producto en versión líquida. Así mismo, hasta el momento se han servido más de 29 mil raciones en tres tiempos de comida caliente para la niñez víctima. 

Por último, la funcionaria hizo hincapié en que para el Bienestar Familiar es importante que se haya decretado la Conmoción Interior por parte del Gobierno Nacional, “porque es gracias a ellos y a la inyección de recursos anunciada que podemos tomar acciones inmediatas para proteger a nuestros niños y niñas”.

Dentro de las medidas que se priorizaron están: la inauguración del Centro de Recuperación Nutricional que estará ubicado en el hospital de Bojayá, y dos más en la región. “Hemos revisado todas las cifras y todo el plan de reducción de mortalidad por la desnutrición”, señaló la directora Astrid Cáceres.  

También se acordaron acciones inmediatas en la entrega del Centro Zonal Baudó. “Es una atención conjunta que permite hacer presencia en el territorio”, señaló la Gobernadora.

La inauguración del Centro Zonal y la proyección de los centros de Recuperación Nutricional buscan continuar con la atención a la emergencia humanitaria en el departamento. 

También se acordó implementar la estrategia de Territorios de respuesta Integral para prevenir y atender de manera coordinada entre bienestar Familiar, sector salud y la entidad territorial, las condiciones asociadas a la desnutrición infantil en el departamento.

Finalmente, quedó establecida una inversión para mejorar la seguridad perimetral del Centro de Atención Especializada donde cumplen una sanción los adolescentes y jóvenes en conflicto con ley penal. Estas acciones están enmarcadas dentro del Plan Territorial Pacífico y el plan de emergencia establecido para garantizar los derechos de la niñez y las comunidades.