Sede Dirección General

El acto que estará en cabeza de la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, se da en cumplimiento del Auto 305 de 2023 de la Corte Constitucional y contará con la presencia de las autoridades, familias, voceros, accionantes y líderes indígenas de los cuatro municipios (Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha) donde se declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales por la vulneración de los derechos de la niñez señalados en la Sentencia T-302 de 2017.

"Este será un escenario de restauración entre el ICBF, como representante de la institucionalidad, y el pueblo wayúu. Estamos comprometidos en generar cambios estructurales que incluyen el reconocimiento del otro, el diálogo y la construcción de modelos integrales de atención que garanticen derechos", destacó la directora Astrid Cáceres.

El pronunciamiento del máximo tribunal señala que en dicho acto se deberá expresar la hoja de ruta o actividades que adelanta o espera adelantar el ICBF para vencer expresiones prejuiciosas, estereotipadas o irrespetuosaa entre sus empleados, operadores, agentes y directivos acerca del mundo social y cultural de esta etnia.

Una vez se conoció la situación, un equipo de defensoría se desplazó hasta la institución donde se activó el Comité de convivencia escolar y allí se constataron los detalles de la denuncia que estaba interpuesta ante la Fiscalía General en contra del presunto agresor que fue retirado de su cargo.

El ICBF reitera la importancia de proteger a los menores de edad en los entornos escolares donde permanecen la mayor parte del día e insta a los padres de familia a informar a través de la Línea 141 sobre cualquier situación que le vulnere los derechos a sus hijos

La nueva directora de Protección tiene estudios en Derecho y es magister en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica de Colombia y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado. 

Diana Carolina Baloy cuenta con una experiencia de más de 11 años en el sector público, siendo contratista del ICBF y asesora en temas para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres en la Procuraduría General de la Nación. 

Una de sus principales apuestas como directora de Protección es que la felicidad y el bienestar sean el principal indicador de gestión en la niñez y adolescencia que se encuentra bajo protección del ICBF, y junto a su equipo de trabajo tejerá la transformación de las diferentes modalidades de atención de la Dirección como las de acompañamiento familiar; el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y los procesos de adopción, esto con la convicción de restablecer oportunamente los derechos a los menores de edad en el país. 

La hija del ICBF y nueva directora de Protección es una caleña que llegó a sus cinco años de edad a Madrid, Cundinamarca, estuvo bajo protección del ICBF durante más de 11 años y desde su egreso se empeñó en consolidar su proyecto de vida, convirtiéndose en una referente de resiliencia y lucha para los demás, niños, niñas, adolescentes y jóvenes  que se encuentran declarados en adoptabilidad en el ICBF.

El 24 de abril el ICBF designó un equipo de Defensoría de Familia para realizar la verificación de derechos al bebé, luego de recibir una denuncia por un posible caso de negligencia en su ciudado.

Luego de realizar la verificación, la Defensoría de familia abrió el proceso para restablecer los derechos al niño y como medida de protección la autoridad administrativa decidió ubicarlo en un hogar sustituto. Infortunadamente, por las patologías complejas que presentaba desde su nacimiento, falleció y estos  hechos que son materia de investigación por parte de las autoridad competente .

Así mismo, como medida preventiva el ICBF trasladó a los otros niños que recibían atención en esa unidad de servicio y realiza el acompañamiento a los familiares del bebé fallecido.

Una vez el ICBF tuvo conocimiento del caso designó a una  Defensoría de Familia para realizar la verificación de derechos y  se activó la ruta de atención para sus valoraciones e intervención por parte del sector salud y atencion piscosocial especializada para la niña y acompañamiento a la familia. 
 
De otra parte, el ICBF realizará una visita a la unidad de servicio con el propósito de verificar los derechos de las niñas y niños que reciben atención en ese lugar, ademas de tomar las acciones administrativas y contractuales a que haya lugar 

Este lunes, la Defensoría de Familia del ICBF, conocedora del proceso, espera contar con los informes de Medicina Legal y de la Fiscalía encargada del caso, y pondrá a disposición de las autoridades toda la infomación que se requiera para establecer lo ocurrido.

“Estamos aquí para escucharlos para conocer sus necesidades, inquietudes y propuestas de mejora. A través de estos círculos de diálogo queremos que sepan que los adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal hacen parte del cambio y buscan romper barreras para que el sistema sea más humano”, sostuvo Adriana Velásquez, subdirectora general del ICBF. 

Durante la jornada de diálogo participaron 432 adolescentes y jóvenes masculinos de los dos Centros de Atención, y 26 mujeres del Valle del Lili, quienes le comentaron a la subdirectora general, la subdirectora de Responsabilidad Penal, Magally Macías y el equipo técnico de la sede nacional, 
las situaciones que se presentan al interior de las unidades.

“La atención que deben recibir debe responder a sus necesidades para reconstruir sus proyectos de vida y aportar a una justicia restaurativa”, precisó Velásquez. 

El equipo realizó verificación a los procesos de atención que tienen los adolescentes y jóvenes vinculados al sistema para plantear alternativas de seguridad y mejorar las condiciones de vida. Además de brindar acompañamiento y realizar las intervenciones a casos específicos que requieren intervención inmediata.

La actividad se realizó en respuesta a los compromisos que se generaron con la promulgación de la Ley 2089 de 2021, la cual prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes.

Durante la jornada se expuso el contexto general de la ley y se presentaron las normas sociales que validan el castigo físico en Colombia realizado por Unicef, Econometría e ICBF; también se compartieron mapas de violencia física en el país elaborados por el ICBF y se discutió sobre los aportes de la sociedad civil en la implementación de la estrategia y definición de mecanismos de articulación con el Gobierno Nacional.

Dentro de las organizaciones que intervinieron están las universidades Javeriana y La Sabana, el Colegio Colombiano de Psicólogos, Aldeas Infantiles, Save the Children, Plan Internacional, misterios del Interior, Salud, TIC, Justicia, Educación, entre otros.

Durante la jornada, los profesionales del ICBF aplicaron con los participantes, ejercicios que fortalecen los entornos familiares y comunitarios, promoviendo el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, teniendo como base el territorio ancestral de la comunidad.

Cabe resaltar que la comunidad indígena muisca que habita en la localidad de Suba, encuentra en la atención que brinda el ICBF, un espacio de reencuentro donde se facilita la comunicación propia de sus saberes ancestrales, para entregar a las nuevas generaciones un legado cultural completo y detallado.

Además, en Bogotá el ICBF atiende a 115 familias afrocolombianas en la localidad de Rafael Uribe, donde mediante un enfoque diferencial los beneficiarios garantizan el desarrollo autónomo que reafirma sus identidades culturales, usos y costumbres, que fortalecen sus entornos como territorios étnicos seguros y garantes de derechos de las niñas, niños y adolescentes.
 

El trabajo en equipo, la buena articulación con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y la comunidad del municipio, permitió a focalización, seguimiento y atención de 10 niñas, niños, adolescentes y sus familias, a quienes se les brindó acompañamiento y apoyo frente al tema de la prevención de trabajo y maltrato infantil, deserción escolar y otros temas relacionados con su protección integral.

Durante la jornada, se contó con el apoyo del equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia, Policía Nacional y Personería Municipal.

La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, hizo un recorrido para constatar las iniciativas sobre la producción de nuevos alimentos a base de almidón de yuca, harina de arroz, harina de quinua y sacha Inchi (semilla) como alternativas de producción nacional que contribuyan en la reducción de la desnutrición en Colombia.

“Lo que queremos es tener otras alternativas más focalizadas en la producción local con el componente de producción integrada con los campesinos para que se vinculen también a la producción industrializada de los alimentos de alto valor nutricional y que no sea solo la Binestarina, sino nuevos alimentos con los que el país tenga toda una dinámica alimentaria”, recalcó la directora general del ICBF.

Se conoció además que los prototipos de alimentos de alto valor nutricional son evaluados por los integrantes de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN).

De otra parte, la asesora del Grupo Gerencia Hambre Cero de la Presidencia de la República, Valerin Saurith, señaló que el propósito de su visita a la planta era conocer de primera mano cómo es la distribución de la Bienestarina y toda la cadena de producción. Además saber de dónde vienen las materias primas.

"Estamos en conjunto con varios actores en el país repensando la situación para buscar aportes a la soberanía alimentaria y el aporte del derecho humano a la alimentación”, dijo.

El ICBF reveló que este año, con corte al mes de abril, se han entregado en el departamento del Atlántico 270 toneladas de Bienestarina de un total de 5.293 toneladas distribuidas a nivel nacional y se tiene proyectado entregar en la vigencia 2023, 18.000 toneladas de este producto.

De acuerdo con las cifras del Instituto, mensualmente se entregan en el país 1.568 toneladas de Bienestarina. Las regiones que requieren mayor demanda son Antioquia, Bogotá, La Guajira, Valle del Cauca y Bolívar.

En la visita oficial, participaron equipos técnicos del ICBF, el Programa Mundial de Alimentos, Hambre Cero de la Presidencia de la República, la Universidad del Atlántico y la empresa Monómeros.