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Así se dio a conocer durante una rueda de prensa realizada en la Fiscalía General de la Nación, donde la Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, resaltó que en 2019 se abrieron 297 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) por Explotación Sexual Comercial contra Niños, Niñas y Adolescentes, un 23% más que en el 2018 donde se abrieron 242 Procesos.

Igualmente, la Directora General del ICBF resaltó que desde el mes de agosto el Gobierno Nacional lanzó la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes, que incluye una política pública y una gran transformación cultural que acabe con la normalización de todas las formas de violencia.

“Una de las acciones transformadoras en el marco de la Alianza es la conformación de un Grupo Intersectorial Especializado que permitirá la actuación coordinada entre policías, fiscales, jueces, defensores de familia y médicos legistas capacitados y dotados de los medios logísticos, técnicos, tecnológicos, y científicos para contrarrestar de manera oportuna los casos de violencia sexual”, sostuvo la Directora General del ICBF.

La Directora resaltó que en 2019 este trabajo conjunto ha permitido que, en 19 operativos, se desarticularan varias redes trasnacionales de Explotación Sexual Comercial, como el realizado en Medellín (Rompiendo Cadenas) y el actual Abeona VIII donde se rescataron a 13 adolescentes víctimas, de las cuales 6 pertenecían a comunidades indígenas.

Recalcó que la ESCNNA es uno de los delitos que vulnera más gravemente los derechos de nuestras niñas y adolescentes. Para el caso de la operación Abeona VIII, las víctimas eran captadas a través de redes sociales (Facebook) para inducirlas a ejercer actividades de tipo sexual en Putumayo y Ecuador. 

Finalmente, Juliana Pungiluppi informó que, sujeto a la aprobación de la reforma tributaria, el país podrá contar con un fondo especializado para la prevención y atención de la ESCNNA, el cual será financiado con el cobro de un dólar a los viajeros que salgan del país por vía aérea, con lo que se estima recaudar cerca de 18.000 millones de pesos anuales para atender este flagelo.

En el marco de un encuentro con el gobernador electo y 23 de los 26 alcaldes electos del departamento de Sucre, la Directora General destacó la reducción del 20% en el número de menores de edad lesionados con pólvora en lo corrido de diciembre, al pasar de 125 casos en 2018 a 100 casos este año.

Sin embargo, tristemente ya se registraron 5 casos de niños a quienes, por cuenta de las lesiones con pólvora, fue necesario la amputación de algunos dedos de sus manos, el más grave de ellos en Sincelejo. De la misma forma, además de resultar con contusiones o quemaduras, se registraron 15 casos de menores de edad con algún tipo de daño ocular, 2 con daño auditivo y 6 con fracturas.

Juliana Pungiluppi recordó que el ICBF ya impuso las primeras sanciones a los padres que por negligencia han dejado que los niños resulten lesionados con pólvora. En las primeras dos semana de diciembre el ICBF abrió 21 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) en los departamentos de: Cauca 8, Caldas 2, Atlántico 2, Cesar 2, Magdalena 1, Bogotá 1, Sucre 1, Córdoba 1, Valle del Cauca 1, Arauca 1, Meta 1.

De ese total, los Defensores de Familia han impuesto 17 amonestaciones que consisten en la asistencia obligatoria a un taller de buenas prácticas de crianza que imparte la Defensoría del Pueblo.

En relación con la venta de pólvora a través de Internet en varias ciudades del país, la Directora del ICBF informó que la Policía Nacional aumentó el número de efectivos en su CAI virtual con el fin de reforzar el patrullaje digital sobre las ventas ilegales de artículos pirotécnicos en las redes sociales.

“A los actuales alcaldes les solicitó que no duden en cerrar los establecimientos que incumplen la Ley 670 del 2001 que regula el uso y comercialización de la pólvora y prohíbe la venta a menores de edad y personas en estado de embriaguez”, puntualizó la Directora del ICBF.

El ICBF inició la verificación de derechos en favor de 92 niños, niñas y adolescentes que resultaron lesionados con pólvora durante las dos primeras semanas de diciembre según el reporte emitido por el Instituto Nacional de Salud (INS).

De estos casos, los Defensores de Familia han abierto 21 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) en favor de menores de edad lesionados: Cauca 8, Caldas 2, Atlántico 2, Cesar 2, Magdalena 1, Bogotá 1, Sucre 1, Córdoba 1, Valle del Cauca 1, Arauca 1 y Meta 1. De ese total, ya se han impuesto 17 amonestaciones a padres y cuidadores, que consiste en la asistencia obligatoria a un taller de buenas prácticas de crianza que imparte la Defensoría del Pueblo.

El ICBF destacó que a la fecha el número de niños, niñas y adolescentes lesionados por manipulación de pólvora es menor en un 18% frente al mismo periodo del 2018, cuando se registraron 112 lesionados. Sin embargo, la Directora General, insistió en que “como sociedad no podemos bajar la guardia para evitar que más niños resulten lesionados. Es responsabilidad de todos protegerlos y evitar cualquier situación que ponga en riesgo su integridad”.

Para el ICBF resulta muy preocupante el departamento de Cauca que, con 12 casos lidera las cifras de menores de edad lesionados con pólvora. Le siguen Valle 10, Magdalena 7, Caldas 7, Bogotá 6, Tolima 5, Bolívar 5, Córdoba 4, Atlántico 4, Antioquia 4, Sucre 4, Cesar 3, Nariño 3, Norte de Santander 3, Amazonas 2, Cundinamarca 2, Risaralda 2, Quindío 2, Boyacá 2, Caquetá 1, Arauca 1, La Guajira 1 y Meta 1.

Vale la pena recordar que, aparte de las amonestaciones impuestas por los Defensores de Familia, los padres también pueden ser sancionados por las autoridades territoriales con multas de hasta cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes ($4.140.580) y otras de carácter civil, cuando se encuentran induciendo a los menores de edad a comprar pólvora o manipularla. 

Finalmente, el ICBF reitera el llamado para que en caso de que una niña, niño o adolescente resulte lesionado por el uso de pólvora, los padres de familia acudan inmediatamente a los centros de salud. “Lo peor que podemos hacer es que se agrave el impacto por no acudir a tiempo a los servicios médicos. Recuerden que la integridad y la salud de los niños están por encima de cualquier consideración”, señaló la Directora General.