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Durante el taller, la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, dijo “nosotros queremos que estos espacios se institucionalicen en todo el país como parte de la apuesta de protección integral para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.

El ICBF busca conocer las necesidades y expectativas de la población a ser atendida, así como del territorio, y por eso la participación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes es fundamental para que los Centros de Desarrollo
cumplan con sus expectativas y aporten en la construcción de sus proyectos de vida.
 
A la jornada se vinculó de manera activa la comunidad del barrio Olaya Herrera, a través de actividades artísticas como las danzas tradicionales, el muralismo y el tejido. De igual forma, se realizó una conversación entre las familias, líderes organizaciones populares y la institucionalidad, para recoger las iniciativas frente a la puesta en marcha de este centro y se desarrolló una olla comunitaria, que será uno de los principales escenarios de la apropiación del territorio y la soberanía alimentaria en la que avanza el Gobierno del cambio.
 
A este primer taller se vincularon entidades del Gobierno nacional como la Consejería para la Juventud, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, entre otras, para construir una oferta transectorial que contribuya a consolidar  la generación de la Paz.

Mediante la intervención del ICBF, a través de las estrategias Unidades Móviles y Unidades de Búsqueda Activa, se contribuirá al cumplimiento de los compromisos suscritos por el instituto y la comunidad para garantizar y restablecer derechos a los niños, niñas y adolescentes del resguardo.
 
Durante las jornadas de atención con los equipos multidisciplinarios se realizará acompañamiento psicosocial que incluye la constatación de derechos y el tamizaje nutricional a los niños, niñas y madres gestantes y mujeres en periodo de lactancia, así como la identificación de casos de amenaza y vulneración de derechos para la activación de rutas de atención.
 
Cabe resaltar que los compromisos que se trabajarán son: 1. Socialización de la resolución sobre garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de mendicidad; 2. Construcción conjunta de ruta de la atención con temas de mendicidad; 3. Revisar las necesidades frente a la implementación del modelo actual para construir de manera concertada con las mujeres un modelo de atención a la primera infancia, pertinente culturalmente; 4. Realizar una concertación entre el ICBF, el Ministerio de Salud, autoridades indígenas y mujeres para poner en marcha un programa en materia de prevención de embarazos en jóvenes y orientación sexual.

El recorrido incluyó la visita a más de 15 comunidades de los municipios vinculados en la Sentencia: Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao. En estos territorios, el ICBF rindió cuentas sobre la atención que ha brindado a la primera infancia, a través de las Unidades Comunitarias de Atención (UCA), las Unidades Móviles, las Unidades de Búsqueda Activa y todos los servicios destinados a promover y garantizar los derechos de la niñez.

Este también fue un escenario donde el ICBF le presentó a la Corte Constitucional y a las comunidades, el nuevo modelo de atención integral y las zonas de recuperación nutricional, que empezarán a operar desde el mes de octubre, previo a unas jornadas de diálogo y concertación con la comunidad, y donde se plantean soluciones estructurales como la seguridad alimentaria, a través de la soberanía alimentaria, una mayor articulación con el sector salud y un trabajo interinstitucional con los ministerios de Educación, Deporte, Cultura, entre otras entidades del gobierno nacional y departamental.

La revisión incluyó, entre otros temas, el análisis de medidas para suministrar a las comunidades acceso al agua potable, alimentación y salud, por lo cual participaron entidades vinculadas como los ministerios del Interior, Salud, Agricultura, Justicia, así como las secretarías municipales, alcaldías locales; y en representación de la comunidad asistieron los entes de control: Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Veeduría Nacional, entre otros.