A través de 20 contratos firmados con las autoridades indígenas de Semillas de Vida, que antes se denominaban operadores, el ICBF dispuso de 10.766 cupos en los municipios de Morales, La Sierra, López de Micay, Jambaló, Páez, Caldono, Inzá, Puracé, Totoró, Santa Rosa, Almaguer, Bolívar, La Vega, San Sebastián, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Caloto, Corinto, Miranda, Toribío y Popayán.

La propuesta del CRIC se denomina “Política operativa propia para el acompañamiento del cuido y cuidado de las semillas de vida en los territorios CRIC”, y se basa inicialmente en comprender que la niñez se enmarca en el concepto de  semillas de vida, y esto surge de realizar una comparación de la semilla humana con la semilla vegetal, aquella que para su crecimiento requiere una serie de condiciones básicas, cuidados y atenciones especiales para que se madure y pueda dar buenos frutos. Para los pueblos originarios la vida es entendida como un camino que se recorre en relación con la naturaleza, la familia, la comunidad y el territorio.

Rescata las costumbres y cosmovisión de las semillas Nasas de los diferentes municipios del departamento del Cauca y se distingue por abordar la atención de las semillas desde las diferentes formas de familia tales como familia fogón, familia comunitaria, familia naturaleza y familia organización.

De igual manera, a través de un equipo interdisciplinario, el ICBF se articuló con el sector salud y la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas para identificar los casos reportados y realizar asistencia técnica a las Comisarías de Familia de los municipios que tienen a cargo los casos de mutilación genital femenina por competencia territorial. 

“Para nosotros la mutilación genital femenina es una vulneración a los derechos de las niñas indígenas y por lo tanto, nos vemos en la obligación de protegerlas y aperturar los procesos para garantizarles sus derechos. Estamos trabajando con la comisaría de familia y el sector salud para brindarles atención inmediata a las víctimas", recalcó la subdirectora general del ICBF, Adriana Velásquez. 

Añadió que "el ICBF promueve el diálogo genuino y el trabajo en conjunto con las comunidades indígenas para construir acciones que tengan arraigo cultural pero que vayan en línea del cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes y prevenga este tipo de violencia sexual”.

El ICBF hace un llamado a las autoridades indígenas y a la articulación del sistema de justicia propia con el de justicia ordinaria para garantizarle a las niñas indígenas sus derechos sexuales y reproductivos.

- Debido su estado de salud el niño se hallaba hospitalizado desde su nacimiento. Un equipo de Defensoría de Familia realizó la verificación de derechos, determinando que existía vulneración y en el marco del Proceso de Restablecimiento de Derechos fue ubicado en hogar sustituto desde el 31 de marzo cuando egresó del hospital.
 
- El día 21 de abril presentó algunas complicaciones respiratorias y fue trasladado al servicio de urgencias donde fallece por sus complicaciones de salud de base.
 
- El ICBF espera el dictamen de Medicina Legal que determinará las causas exactas de la muerte del niño y pone a disposición de las autoridades la información necesaria para esclarecer los hechos.

A través de dos Defensorías de Familia y tres Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI) se realizaron las valoraciones y verificación de derechos de 15 niños, 13 niñas y 1 adolescente, entre ellos 13 de origen extranjero y 6 de la comunidad indígena embera katío.
 
Luego de las verificaciones de la garantía de cumplimiento de sus derechos, a 15 de ellos se les abrió Proceso Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), tomando como medida de protección para 8 de ellos ser ubicados en medio institucional y el resto en medio familiar. Los 6 niños, niñas o adolescentes de la comunidad embera se tomó medida de ubicación en medio familiar.
 
Como trabajo complementario con las familias, el ICBF articuló con las demás entidades el acceso a los servicios de la oferta interinstitucional como educación y salud, entre otros, y se suscribieron actas de compromiso y citación para seguimiento por parte de centro zonal.
 
En la jornada también participaron Policía de Infancia y Adolescencia, Migración Colombia, secretarías distritales de Gobierno, Salud, Educación, Seguridad, Convivencia y Justicia e Integración Social, al igual que la Personería de Bogotá.

Así lo expresó la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, en Maicao, durante el acto de cierre de la Inspección realizada por la Corte Constitucional para verificar las medidas adoptadas encaminadas a suministrar a las comunidades acceso al agua potable, alimentación y salud, y superar así el Estado de Cosas Inconstitucionales.

"Este trabajo, que implicó recorrer el departamento, llegar a las comunidades y dialogar con ellas nos dejó un importante mensaje. No
podemos seguir trabajando de manera aislada, tenemos que llegar a ofrecer atención integral, eso implica articular acciones para garantizar salud, alimentación, educación, vías, todo lo que implica garantía de derechos para las familias", señaló la Directora general.

El recorrido permitió reiterar la importancia de promover entornos protectores con enfoque diferencial, de tal manera que el impacto en las comunidades incluya a la primera infancia, la infancia, los adolescentes, los jóvenes y en general a la familia. Los espacios de educación, por ejemplo, promueven también seguridad alimentaria y prevención de violencias.

Por último, la directora Astrid Cáceres resaltó la puesta en marcha de las zonas de recuperación nutricional, donde se contará con los Centros de Atención Primaria que estarán en cabeza del Ministerio de Salud; la promoción de iniciativas autosostenibles con apoyo del Ministerio de Agricultura para alcanzar la soberanía alimentaria; y la implementación de mecanismos de seguimiento con acompañamiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Una vez el ICBF fue informado del caso por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia, designó un equipo de Defensoría de Familia del Centro Zonal Soacha que se desplazó hasta la vivienda donde se encontraban los niños para realizar las valoraciones correspondientes en el marco de la verificación de sus derechos.

La autoridad administrativa decidió abriles procesos de restablecimiento de derechos y como medida de protección provisional fueron ubicados en un hogar sustituto.

El ICBF reitera el llamado a los padres de familia para hacer de sus hogares entornos de protección para las niñas, niños y adolescentes, brindarles cuidado y amor para convertirlos en la generación de la Paz.

Esta formación que se adelantó en el marco del Fondo ICBF-ICETEX, tuvo como propósito formar profesionales comprometidos con la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, a partir del reconocimiento, apropiación y abordaje del desarrollo y la atención integral de las niñas y los niños desde diversos enfoques interdisciplinarios. 
 
Así mismo, profundizaron conocimientos frente al marco normativo en temas de protección como herramientas necesarias para gestionar proyectos en favor de la inclusión social y comunitaria de las niñas y los niños desde un enfoque de derechos y de atención a la diversidad. 
 
La ceremonia de graduación se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, en donde algunos de los agentes educativos participaron de manera presencial de reconocimiento a su compromiso y logro profesional, lo cual incide en el fortalecimiento de las capacidades personales y laborales del talento humano que brinda atención integral con pertinencia y calidad a las niñas y los niños atendidos en los diferentes servicios de educación inicial del ICBF.
 
(Fin/jcj/pup)