Bogotá, D. C.

Abogada y Politóloga de la Universidad de los Andes, Lina María Arbeláez tiene una especialización en Derecho Público de la misma institución académica y un Master en Administración Pública del Programa Conjunto de Scinces Po, Columbia y LSE.
 
La nueva Directora General del ICBF tiene más de 15 años de experiencia en el desarrollo, construcción e implementación de políticas públicas, proyectos y programas que han contribuido al cierre de brechas y generación de equidad para las poblaciones más vulnerables.
 
A lo largo de su trayectoria profesional, Lina Arbeláez se ha destacado por ser sinónimo de resultados. Es una mujer que asume con pasión y responsabilidad cada reto, por eso, en su compromiso con el país ha trabajado para el desarrollo de varias políticas públicas con impacto social, entre las que se encuentran la lucha contra la trata de personas, la equidad laboral con enfoque de género y el empoderamiento económico para las víctimas de la Ley 1448 de 2011.
 
Desde la Gerencia Nacional de Reducción de Pobreza e Inequidad en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, su trabajo reciente, dejó un legado activo en la Estrategia Sacúdete, orientada a la construcción y consolidación de proyectos de vida legales y sostenibles de la juventud colombiana; realizó un gran trabajo con la población rural colombiana, logrando la promoción del desarrollo inclusivo agropecuario y, así mismo,  de manera directa, apoyó la estructuración e implementación del proyecto Obras en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) del Gobierno Nacional.

Al posesionar a la Directora General del ICBF, el Presidente de la República hizo alusión a la medalla de la Red de Tejido Social que le impuso la Primera Dama, María Juliana Ruiz, y le manifestó que esa medalla es un reconocimiento anticipado a la enorme labor que venía desarrollando desde el PNUD.

"Lina desde el primer día ha sido un apoyo fundamental en todos los programas para la niñez y la juventud que ha venido coordinando y liderando María Juliana y nuestra Consejera Carolina Salgado. Nos ha apoyado en la estrategia Sacúdete que busca que los jóvenes de este país se sacudan y puedan potenciar sus habilidades", aseguró el Presidente.

Destacó, igualmente, programas tan importantes como la lucha contra la desnutrición adelantado con el ICBF y que ha permitido ver reducciones es las tasas de mortalidad por desnutrición, reducción que todos los años debe ser más contundente. "Estoy seguro que en sus manos ese programa seguirá avanzando para producir beneficios a las familias colombianas", sostuvo Duque.

También mencionó las campañas que se han hecho para prevenir la violencia en la niñez, las campañas que invitan a los padres a ser más conscientes del cuidado y del cariño y que también han permitido hacer visibles a los agresores. "Esta tarea usted también la va a profundizar", dijo el mandatario.

Abogada de la Universidad Libre, Lorena Aranda cuenta con cinco especializaciones, dos de ellas en la Universidad Externado de Colombia (Derecho Administrativo Laboral y Derecho Procesal Civil); dos en la Universidad Libre (Derecho de Familia y Derecho Penal y Criminología) y una en la Universidad Santo Tomás (Derecho Administrativo) donde también obtuvo su Maestría en Derecho Contractual Público y Privado.

La nueva Directora Regional del ICBF en Meta se ha desempeñado como juez penal, juez de pequeñas causas, asesora de contratación en la Gobernación del Caquetá, asesora jurídica de la Empresa Social del Estado del Caquetá María Inmaculada, docente de Derecho Constitucional y Derecho Penal en la Universidad de la Amazonía y Defensora de Familia del ICBF.

“Logramos transformar y modernizar el programa de adopciones en Colombia y con ADA agilizamos el proceso. A la fecha se han agendado 359 solicitudes en línea para realizar las charlas legales y 10 solicitudes para iniciar el trámite”, sostuvo la Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi.

ADA le permitirá a la persona interesada en adoptar tener acceso inmediato a la información del proceso y verificar el avance. Una vez realice el curso virtual donde aprenderá todos los temas relacionados con la adopción y esté seguro de su propósito, podrá radicar la solicitud y adjuntar los documentos de forma digital.

En su segunda fase, una de las innovaciones de ADA es la inteligencia artificial utilizada en las entrevistas realizadas por los equipos psicosociales durante la evaluación a la persona o familia solicitante y determinar su idoneidad. 


Para el ICBF es indispensable agilizar los trámites y garantizar el derecho a tener familia a los 4.112 niños, niñas y adolescentes declarados en adoptabilidad. En este grupo algunos presentan características y condiciones especiales (mayores de 10 años de edad, con alguna condición médica, con discapacidad física o cognitiva o ser parte de un grupo de dos o más hermanos).

“Son justamente estos niños, niñas y adolescentes con características especiales por quienes el ICBF invita a todos los colombianos interesados a abrir sus corazones e iniciar o aumentar sus familias por medio de la adopción.  De esta manera queremos desmitificar que son más las familias extranjeras las que adoptan”, dijo la Directora del ICBF. 

Cabe resaltar que las familias extranjeras solo pueden adoptar niños, niñas y adolescentes colombianos mayores de 7 años o con características y condiciones especiales. De las 1.390 adopciones del año pasado, 718 fueron hechas por familias colombianas y 672 por extranjeras. 

Finalmente, dentro de los principales requisitos para adoptar se encuentran: tener mínimo 25 años cumplidos, demostrar la idoneidad física, mental, moral y social suficiente para ofrecerle una familia adecuada y estable a un menor de 18 años de edad y tener al menos 15 años más que el adoptable.

Para mayor información ingresa a la página https://www.icbf.gov.co/programa-adopciones

El trabajo articulado se desarrollará en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Antioquia, Arauca, Chocó, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Santander, Putumayo, Valle del Cauca, Vichada, Guainía y Bogotá. Se enfocará en la protección de los derechos de los menores de edad a través de la coordinación con otras instituciones del Gobierno, particularmente en fortalecer los defensores de familia y sus equipos para la protección de niños, niñas y adolescentes.

Igualmente, se trabajará en la construcción de estrategias de prevención de riesgos para la niñez y adolescencia, el acompañamiento a autoridades locales y el fortalecimiento de Equipos Móviles de Protección y de Unidades Móviles del ICBF en la identificación y verificación de derechos de niños y niñas en situación de calle y de niños no acompañados y separados.

De igual forma, en el marco de esta carta se harán adecuaciones físicas y de dotación para ampliar la cobertura de los servicios del Gobierno Nacional y local y mejorar los espacios protectores existentes.

Para el ICBF la materialización de este tipo de ejercicios, con los que se fortalece la atención a los niños, niñas y adolescentes sin importar su nacionalidad, debe ser una prioridad para el país.

Es así como, en concordancia con el principio de no discriminación e interés superior, el ICBF tiene toda su oferta de prevención disponible en las distintas modalidades de servicio (Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, Familias y Comunidades, Nutrición y Protección), para atender a la población refugiada y migrante.

En 2019, el ICBF atendió a 105.153 niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados venezolanos, de los cuales 90.767 fueron beneficiarios de los programas de Primera Infancia; 5.514 de Niñez y Adolescencia, 5.091 de Nutrición, 2.188 de Protección y 1.593 familias atendidas.

De acuerdo con cifras de Migración Colombia, con corte a diciembre de 2019, más de 1.771.000 venezolanos se encontraban en el país; de ese total cerca de 220 mil son niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela y 1.9 millones menores de edad colombianos en situación de desplazamiento expuestos a riesgos de violencias, negligencia, explotación sexual y comercial, trabajo infantil, reclutamiento y trata, entre otras.

“Desde ACNUR manifestamos nuestro apoyo al ICBF en su importante esfuerzo por brindar atención integral a los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes venezolanos y colombianos desplazados. Una de nuestras prioridades es asegurar que sus derechos sean protegidos y seguiremos trabajando mancomunadamente para hacerlo posible, en coordinación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, UNICEF y OIM”, aseguró Jozef Merkx, Representante de ACNUR en Colombia.

El ejercicio de articulación entre el Gobierno Nacional y organizaciones de la sociedad civil permitió la elaboración del “Lineamiento de orientaciones para la inclusión de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y las Familias en los Planes de Desarrollo Territorial 2020 – 2023”, que sirve como guía para los mandatarios municipales y departamentales.
 
El ICBF acompañó los talleres departamentales para la socialización del Kit de Planeación Territorial DNP que permitió a los mandatarios conocer el proceso para construir sus planes de desarrollo; allí se presentaron las prioridades de infancia y adolescencia y se brindaron las orientaciones de cómo incluirlas en los planes, de manera práctica y efectiva.
 
Este lineamiento facilita la divulgación de la información más relevante en la garantía de derechos de la niñez y la familia; además, enriquece el acompañamiento técnico que brinda el SNBF a los municipios y gobernaciones en la formulación de sus planes de desarrollo.
 
De la misma forma, se elaboró una metodología para fortalecer la participación de la infancia y la adolescencia en este proceso, poniendo a disposición de los mandatarios las propuestas que en los últimos años las niñas, niños y adolescentes han realizado, con el fin de que sean incluidas en los planes de desarrollo territorial.
 
 

Por decisión de la Directora General, la nueva directora regional encargada estará acompañada de un equipo interdisciplinario de supervisión y auditoría de las direcciones de Primera Infancia, de Contratación, Financiera y de la Oficina Asesora Jurídica, para adelantar el control posterior a los procesos contractuales de 2020 de esta dirección regional.

Actualmente, en la Oficina de Control Interno Disciplinario del ICBF cursa una indagación preliminar contra el señor Ortega.

“Este programa es una de las alianzas que se promueven en el marco de la Gran Alianza por la Nutrición que lidera la Primera Dama de la Nación, y esta en particular, busca prevenir las patologías que se originan por la ingesta de agua no tratada en los departamentos de Chocó, Bolívar y Sucre", destacó la Directora del ICBF.
 
Por su parte, Juan Carlos Trujillo, Gerente General de P&G para Pacífico: Colombia, Chile y Perú, aseguró que “a través de nuestro programa ‘Agua Limpia para los Niños’, queremos ayudar a los menores de edad entre 0 y 5 años y a sus familias. La base para una buena nutrición es el agua limpia que consumen nuestros niños y junto con el ICBF lo estamos logrando. Además, gracias a esta alianza se benefició el 100% de los niños acordados en el Plan Piloto en las regiones de Sucre y Bolívar y el 97,2% de niños en la región del Chocó”, 

Las familias beneficiadas también cuentan con un acompañamiento quincenal para verificar el uso correcto del polvo purificador de agua. En ese seguimiento, se ha evidenciado que los niños y sus familias comienzan a disfrutar de hábitos de vida más saludables.

1. La denuncia ha sido puesta a disposición de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Instituto para que adelante las investigaciones disciplinarias a que haya lugar. 2. En caso de que se llegara a determinar la participación de personal ajeno a la entidad en relación con temas contractuales la Entidad dará traslado a los organismos de control.

•    Luego de retomar el control, se estableció que tres adolescentes se evadieron, 18 fueron reaprendidos e ingresados, y uno fue trasladado a un centro asistencial para valoración médica. Así mismo, 2 educadores resultaron heridos. 

•    Durante los hechos los educadores y equipos psicosociales de ICBF realizaron un trabajo de intervención  para controlar la situación y valorar a los adolescentes. 

•    Durante los hechos los adolescentes quemaron algunas colchonetas y causaron daños al interior de las instalaciones.

•    El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es un sistema conformado por varias entidades, y su finalidad es pedagógica, restaurativa y diferencial.

1.    Reducción del 11,4% en las notificaciones de muertes asociadas a la desnutrición entre 2018 y 2019, gracias al Plan Ni1+.

2.    Transformación del modelo de contratación de servicios de Primera Infancia, que involucra una inversión pública de 4,5 billones de pesos, pasando de contratación directa y cerrada, a un proceso objetivo, técnico y competitivo. 

3.    Reducción en tiempos de respuesta de la Línea 141 del ICBF, de 51 días a 4 días, gracias al fortalecimiento de las Defensorías de Familia Especializadas.

4.    Aumento del 10% en las adopciones de niñas, niños y adolescentes (NNA), y del 18% en las de NNA con características y necesidades especiales. Ello, acompañado de una disminución en los tiempos del trámite de adopción de 24 a 9 meses, gracias a una nueva plataforma de adopciones en línea (ADA), disponible desde diciembre de 2019.  

5.    Puesta en marcha del programa de acompañamiento familiar ‘Mi Familia’ que aborda tres potenciales causas de violencia contra la niñez: prácticas deficientes de crianza, problemas de salud mental y desconocimiento de rutas de acceso a la oferta social del Estado.

6.    Descongestión del 86% de los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), que permitió definir la situación jurídica de 43.000 niñas, niños y adolescentes en tiempo récord.

7.    Liderar la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, que incluye formulación de política pública (que ya sentó la bases para un documento CONPES) y movilización social (con el lanzamiento de campaña Todo lo que Hacemos les Queda).

8.    Conformación del Grupo Intersectorial Especializado entre Fiscalía, Policía, Sector Justicia, Medicina Legal e ICBF para dar respuesta unificada y para la recolección de pruebas oportunas y de calidad con el fin de reducir la impunidad en los casos de violencia sexual contra menores de edad.

9. Formulación del Proyecto de Ley para la prohibición del castigo físico y humillante, junto con la sociedad civil organizada y la academia, que avanza en su trámite en el Congreso.

10.    Puesta en marcha del Registro de Inhabilidades para personas condenadas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, en conjunto con la Policía. 

La renuncia se hará efectiva a partir del 9 de marzo de 2020.