Bogotá, D. C.

“En el ICBF protegemos y garantizamos los derechos de los niños, niñas y adolescentes en territorio colombiano sin distinción de su lugar de nacimiento. Acompañamos al mandatario de los colombianos en la firma de esta medida histórica con la que Colombia no solo reafirma su carácter garante de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino su posición frente a la migración ordenada y segura”, dijo la Lina Arbeláez.
 
En el último año el ICBF atendió a 101.917 menores de edad venezolanos, 95.823 de ellos niñas y niños que se han beneficiado de los programas de Primera Infancia, con atención integral y educación inicial. Así mismo, se benefició a 2.921 niños y niñas en riesgo de desnutrición y mujeres gestantes con bajo peso que fueron atendidos a través de la estrategia nutricional 1000 días para cambiar el mundo y 3.516 entre 6 a 17 años a través del programa Generaciones 2.0. La entidad atendió también a 3.055 familias que se beneficiaron del acompañamiento psicosocial, a través del programa Mi Familia.
 
“Desde el ICBF continuaremos trabajando en sentar las bases para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes tengan la oportunidad de construir un proyecto de vida y logren contribuir plenamente al desarrollo del país”, puntualizó la Directora General del ICBF.
 
El Decreto 216 de 2021 busca llegar al 2022 con la regularización de 1,8 millones de venezolanos, para que estas personas cuenten con carné, biometría e identificación digital, con el fin de que puedan acceder a la atención en salud, educación y otros beneficios sociales. Con el Estatuto se flexibilizan los procesos migratorios y se permite la integración de la población en situación de movilidad humana a la vida productiva del país, a partir de su regularización.

Por tal motivo, durante el horario indicado no se podrá acceder al contenido de la página del ICBF.
 
Como recomendación especial se recomienda tomar las medidas necesarias para minimizar el impacto que esta actividad pueda causar en la operación.
 
 

En el marco de la presentación del Mecanismo, adoptado por el Decreto 1710 de 2020 para la prevención, atención, protección y acceso a la justicia de las víctimas de este tipo de agresiones, Arbeláez resaltó este trabajo intersectorial en la gestión del ejercicio pleno de los derechos de la niñez. 
 
En su intervención, la Directora también hizo énfasis en los efectos que tiene la violencia en los niños, niñas y adolescentes, en su integridad, dignidad, proyecto de vida, realización de sus sueños y por supuesto en su desarrollo e impacto en la sociedad.
 
“Debemos entender que la violencia vulnera la integridad, el proyecto de vida y los sueños de los niños, niñas y adolescentes. Todo tipo de violencia atenta contra la individualidad del ser humano, pero también contra la sociedad”, indicó la Directora en el evento, liderado hoy por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
 
Arbeláez también se refirió al impacto que tiene la violencia contra la niñez en el desarrollo del país. En este sentido mencionó que, según el Overseas Development Institute (2014), las pérdidas económicas anuales vinculadas a ello ascienden al 8 % del PIB mundial.
 
“Según instituciones como el Banco Mundial, se ha demostrado que existe una correlación entre la violencia y el bienestar y capital humano de una nación; por eso la violencia contra los niños, niñas y adolescentes implica una reducción efectiva en las políticas económicas de Colombia”, subrayó la Directora del ICBF.
 
Además, indicó que existen elementos directamente relacionados con la pérdida de capital humano debido a la violencia contra la niñez. Entre ellos se destacan el mal estado de salud físico, mental y reproductivo, abandono de la escuela, consumo y abuso de drogas, alcohol y cigarrillo, entre otros.
 
El Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes fue creado como estrategia de coordinación interinstitucional del orden nacional, departamental, distrital y municipal. El objetivo es dar una respuesta técnica y operativa dirigida a la promoción del derecho a una vida libre de violencia.

El balance fue presentado por la Directora General del ICBF, Lina Arbeláez, en el seminario Paz con Legalidad, organizado por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, donde destacó que el Instituto ha atendido a 578.890 niños, niñas y adolescentes en los municipios donde se ubican los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), desplegando su oferta en dos líneas de acción enfocadas en la prevención y protección.

 

“El ICBF cuenta con 772 Centros de Desarrollo Infantil construidos en territorios PDET a donde llegamos con canastas nutricionales y pedagogía en casa, a través de las madres comunitarias y los agentes educativos, a raíz de la flexibilización de los servicios. Bajo este esquema de atención entregamos más de cuatro millones de raciones para preparar, tanto en los municipios PDET como en las zonas rurales y rurales dispersas”, explicó la Directora.

 

De igual forma, el ICBF ha atendido en estas zonas más de 200.000 niños, niñas y adolescentes con sus programas enfocados en el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades, el buen uso del tiempo libre y la prevención de cualquier tipo de riesgo.

 

Desde el ICBF, dijo Lina Arbeláez, se atendió la instrucción del Presidente de hacer acompañamiento a lo largo del curso de vida y por eso se creó la Dirección de Adolescencia y Juventud, para atender, potenciar e impulsar la construcción del proyecto de vida de la población entre los 14 y 28 años de edad.

 

Los programas de prevención también llegan a las zonas rurales y rurales dispersas. Por eso, el ICBF espera beneficiar a 14.000 adolescentes y jóvenes en 157 municipios PDET, así como entregar 37 Centros Sacúdete, 14 de los cuales estarán ubicados en municipios categorizados como rurales o rurales dispersos y 11 en zonas rurales.

 

"Sabemos que un país que invierte y protege a la niñez está destinado a ser grande, que la posibilidad de intervenir y proteger a los niños y niñas frente a cualquier forma de violencia garantiza un desarrollo efectivo en materia económica, política y social”, puntualizó Lina Arbeláez.

“Traigo un mensaje de esperanza para las familias de Itagüí y quiero garantizarles que, una vez derribadas las ollas del microtráfico, llegaremos a la juventud con nuestra oferta de servicios, para que detonen sus talentos, para que tejan redes que les permitan construir proyectos de vida legales y sostenibles”, sostuvo Lina Arbeláez.

En este sentido, la Directora del ICBF se refirió a la estrategia Sacúdete que busca poner al alcance de los jóvenes herramientas de inspiración, cerrar las brechas de conocimiento, ayudarles a descubrir sus talentos y formar en ellos habilidades para que transformen sus realidades, entornos y comunidades.

Finalmente, Lina Arbeláez reiteró que “en materia de prevención debemos trabajar unidos como sociedad, familia y Estado para quitarle de las manos a los bandidos, a los niños, niñas y adolescentes que son el presente y futuro de nuestra Nación”.

Al inicio de la jornada, la Subdirectora del ICBF presentó la estrategia de movilidad humana que adelanta la entidad para la atención a la población migrante y resaltó el trabajo realizado por el Gobierno Nacional para que de manera articulada se logre implementar el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y garantizar su inclusión efectiva.  
 
“Fortalecer la protección integral y la estabilización de niños, niñas, adolescentes, jóvenes migrantes y sus familias, es el objetivo principal de nuestra estrategia la cual se centra en tres componentes: protección integral y estabilización, integración y planes a futuro”, dijo Liliana Pulido.
 
En el componente de protección integral y estabilización se busca canalizar los esfuerzos de prevención, atención humanitaria y protección orientados a niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes. Esto se logrará a través de acciones dirigidas a la niñez no acompañada, la implementación de rutas de atención en casos de vulneración y su respectivo proceso para restablecerlos y acciones de prevención relacionadas con embarazo adolescente y desnutrición.
 
En el segundo componente, el ICBF tiene el reto de generar soluciones de cuidado e integración a través del fortalecimiento de capacidades e iniciativas de integración socio cultural. Se suma al reto de prevención de la xenofobia y la adaptación de la oferta institucional.
 
A través del tercer componente se busca facilitar mecanismos de inclusión para que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias migrantes puedan continuar su proyecto de vida. Para ello, apuesta por el desarrollo de escenarios de participación y liderazgo de los jóvenes y fortalecer su desarrollo a través de su inclusión en programas como Sacúdete.
 
Finalmente, la Subdirectora del ICBF resaltó las acciones transversales (coordinación, información, financiación e incidencia) que se deben desarrollar con los miembros de la Mesa enfocadas en los procesos de atención e integración de la población migrante venezolana.
 

Así lo resaltó la Subdirectora General del ICBF, Liliana Pulido Villamil, durante su intervención en el conversatorio “Migración, integración y seguridad alimentaria en la región de América Latina y el Caribe”, quien además insistió en que esta población se enfrenta a situaciones de vulneración de sus derechos y se expone a diferentes tipos de violencias, explotación sexual y comercial, la trata de personas y el embarazo adolescente.

En este marco, dijo la Subdirectora, el ICBF ha enfocado sus acciones alrededor de cuatro retos para la protección, integración y estabilización de la primera infancia, niñez, adolescencia y juventud migrante, que contribuyen a superar las dificultades que afronta esta población.

El primer reto es acercar la oferta de bienes y servicios a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes migrantes y sus familias, especialmente a aquellos que se encuentran en situación migratoria irregular.

El segundo es fortalecer las redes de apoyo y propiciar entornos protectores que prevengan y mitiguen la vulneración de los derechos de los niños, para lo cual el ICBF trabaja en la promoción de la participación de las familias migrantes, a través de procesos de integración comunitaria y conformación de redes. 

Así mismo, se ha hecho un esfuerzo importante con el apoyo de organismos de cooperación para la búsqueda, reunificación y contacto familiar de la niñez no acompañada y separada bajo protección del ICBF.

El tercer reto es lograr la inserción social, participativa y económica de los jóvenes. A través del programa Generaciones Sacúdete se busca que adolescentes y jóvenes, especialmente quienes habitan en zonas de alta vulnerabilidad social, transformen sus territorios, realicen emprendimientos locales y se vinculen a la educación superior. 

Sacúdete es una forma de cerrar brechas para la construcción de proyectos de vida legales y sostenibles.

El cuarto reto es visibilizar la población migrante en el marco de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El ICBF tiene el compromiso de no permitir que ninguna niña o niño muera por causas asociadas a la desnutrición, para lograrlo se cuenta con el Plan Ni1+, en el marco de la Gran Alianza por la Nutrición, liderado por la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, para la atención y prevención de la desnutrición aguda.

“Gracias al despliegue de servicios como la entrega de raciones de alimentos para preparar, canastas nutricionales y el diagnóstico temprano de riesgo y desnutrición aguda, hemos atendido 3.110 niños y niñas venezolanos en riesgo de desnutrición y mujeres gestantes con bajo peso”, dijo Liliana Pulido. 

Finalmente, la Subdirectora del ICBF resaltó que el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes venezolanos, anunciado por el Gobierno Nacional, facilita el desarrollo de la Estrategia del ICBF, debido a que la mayoría de la población migrante venezolana que se encuentra en Colombia está conformada por niñas, niños, adolescentes y jóvenes quienes se verán beneficiados con el estatuto. 

La jornada se realizó en el marco de la iniciativa “Innovación para la Nutrición” (Innovation 4 Nutrition -I4N-) de la Primera Dama de Colombia, la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, y el Programa Mundial de Alimentos (WFP) de las Naciones Unidas en Colombia.

En compañía de la Consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia, Carolina Salgado, y la Consejera para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez, la Directora del ICBF aseguró que los testimonios de los menores de edad atendidos en el programa especializado para las víctimas de este delito confirman que sí hubo una política sistemática para reclutarlos.  
 
“El ICBF cuenta con 6.931 expedientes de niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento, uso y utilización por parte de grupos armados al margen de la ley, y 3.878 de ellos corresponden a las Farc”, dijo la Directora del ICBF. “Aquí probamos una práctica sistemática, recurrente, aceptada y oficializada, por quienes fueron miembros del secretariado de las Farc, con testimonios que son evidencia irrefutable de las atrocidades que cometieron contra los menores de edad reclutados en sus filas”, puntualizó. 
 
Por su parte, el Presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes Muñoz, agradeció la entrega del informe y señaló que el documento radicado por el ICBF ante la JEP se incluirá en el Caso 007 sobre el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, abierto el 1º de marzo de 2019 por Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP. 
 
“En este Caso 007, pudimos identificar inicialmente por los menos 8.000 hechos victimizantes, que corresponden a una cifra meramente provisional, de los cuales dan cuenta los informes de la Fiscalía, el Centro de Memoria Histórica y de otras organizaciones y hoy se agrega el informe de una de las Instituciones más valiosas para el país, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, dijo el Presidente de la JEP.  
 
Finalmente, el procurador III delegado ante la JEP, Leonardo Wolffhugel, reiteró el compromiso de la Procuraduría en la visibilización de estas conductas que calificó como crímenes internacionales y recordó que más de la mitad de la población mundial afectada por los conflictos armados son niños, niñas y adolescentes. “Las voces de los niños y sus historias de abusos indescriptibles durante el conflicto armado no deben pasar desapercibidas”, señaló el Procurador, recogiendo las palabras de la Corte Penal Internacional.  
 
En el informe presentado por la Directora del ICBF se establece que para reclutar a sus víctimas, las Farc utilizaban el engaño y la persuasión, aprovechando espacios de socialización en las instituciones educativas como en reuniones con otros miembros de la comunidad. Estos encuentros facilitaban lazos de confianza entre los guerrilleros y los niños, niñas y adolescentes, punto de partida para el adoctrinamiento. 
 
De los testimonios se concluye además que en medio del reclutamiento se cometieron muchos otros actos de violencia que van desde el maltrato físico y psicológico, hasta los tratos crueles e inhumanos, y la violencia sexual.
 
“La reparación integral de las víctimas del reclutamiento depende en gran medida de que se conozca la verdad, se sancione a los responsables y se garantice que estos hechos no vuelvan a repetirse. Por eso siempre que ayudemos a resolver estos casos, estamos aportándole a la paz con legalidad que necesitamos todos los colombianos”, puntualizó la Directora del ICBF. 
 
De los 6.931 niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento atendidas por el ICBF entre noviembre de 1999 y diciembre de 2020, el 56% relata haber sido reclutado por las Farc.

En la primera de las denuncias, contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOr), la Directora pide al ente acusador que se investigue a los responsables por este delito, en concurso con lesiones personales, tortura y violencia sexual, todos en persona protegida, entre otras conductas punibles.
 
Con el documento, radicado hoy por instrucciones del presidente Iván Duque, y en compañía de la Consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia, Carolina Salgado, y de la Consejera para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez, se busca restablecer el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición de 465 niños, niñas y adolescentes que se desvincularon de estos dos grupos entre el 25 de noviembre de 2016 y el 31 de enero de 2021, y que fueron atendidos en el programa especializado del ICBF para las víctimas de este delito. 
 
En la segunda denuncia, la Directora entrega información que le ayudará a la Fiscalía a esclarecer el proceso frente a los más de 1.288 casos denunciados que tiene por reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del ELN, de 1999 a la fecha. 
 
“Hoy le estamos entregando a la Fiscalía General de la Nación testimonios e información clave para que se investiguen estos hechos y se establezca la responsabilidad penal de los miembros de estas organizaciones que reclutaron de manera recurrente, sistemática y oficializada a cientos de niños, se los llevaron y los involucraron en un mundo que vulnera todos sus derechos”, dijo la Directora General del ICBF. 
 
La Consejera para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado, confió en que los documentos sirvan para agilizar las investigaciones. “Con la radicación de estos documentos buscamos que desde la Fiscalía se impulsen las investigaciones que permitan determinar la responsabilidad de los líderes y cabecillas de estas organizaciones; se sancione de forma ejemplarizante este delito; se garanticen los derechos que tienen las víctimas a la verdad, justicia y reparación, y se visibilicen este tipo de prácticas llevadas a cabo por parte de los grupos alzados en armas que operan en el país”, señaló.
 
Por su parte, la Consejera para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez, recordó que para que estos hechos no se repitan, se requiere aplicación oportuna de la justicia. “Es muy triste que miles de niñas y niños, desde hace más de 60 años, hayan estado sometidos a esta vulneración de derechos y por eso, como se determinó en el informe. Por eso el presidente Duque nos dio la instrucción para que, en cabeza del ICBF, se puedan hacer más aportes a las investigaciones que adelanta la Fiscalía”.
   
La tercera denuncia, contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) será radicada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), contiene material probatorio que servirá para nutrir los expedientes del llamado Caso 007 sobre el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, abierto el 1º de marzo de 2019 por Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP.

Dos de las denuncias serán interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación y una más ante la Jurisdicción Especial para la Paz. 

En los dos casos, la Directora estará acompañada de la Consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia, Carolina Salgado, así como de la Consejera para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez. 

Con las denuncias, la Directora del ICBF busca que se castigue a los responsables del reclutamiento como una práctica sistemática en los grupos armados ilegales, y que a las víctimas se les restablezca su derecho a la verdad, justicia y reparación que les corresponde.