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En consecuencia, en lo corrido del año, el Equipo Móvil de Respuesta y Atención a Migrantes (ERAM) del ICBF, en articulación con la Policía de Infancia y Adolescencia ha adelantado 22 acciones de caracterización a 40 niños, niñas y adolescentes migrantes en riesgo de vulneración de derechos en el municipio de Arauca.

De acuerdo a cifras suministradas por Migración Colombia, en el departamento de Arauca para el año 2024, el número de niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos en este territorio llegó a 25.093, de los cuales, 14.648 se encuentran en la capital del departamento y el otro porcentaje se distribuye en los municipios de Arauquita, Tame, Fortul y Cravo Norte.

Durante estas jornadas se relacionaron seis casos, de los cuales se identificaron tres casos de niñez separada, uno de niñez no acompañada, uno con dificultad para acceso a salud y un caso con dificultad para acceso a educación, activando la ruta de atención para la protección de derechos de estos niños y niñas hallados con vulneración e inobservancia de derechos.

Para la directora encargada de la Regional Arauca, Massiel Lora Salas, “a través de un trabajo articulado con diferentes instituciones y organismos internacionales de cooperación, se han establecido rutas de trabajo para identificar en puntos neurálgicos del municipio a niños, niñas y adolescentes en movilidad humana con derechos amenazados o vulnerados y activar las rutas de atención en el menor tiempo posible, lo que ha permitido la reunificación familiar, el restablecimiento de derechos y el retorno seguro a su lugar de origen”.

De esta manera, Bienestar Familiar continúa su compromiso con la atención y protección de la niñez migrante, eliminación las barreras que impiden el acceso a la oferta institucional, garantizando acciones adaptadas a las necesidades específicas.

(Fin/lcv/)
 

Durante el encuentro, se evaluó el trabajo realizado en 2024, analizando los logros alcanzados y revisando el plan de acción proyectado para 2025. La directora encargada del Bienestar Familiar en Cundinamarca, Ingrid Cubides Puentes, enfatizó la importancia de establecer retos significativos para garantizar un sistema que responda efectivamente a las necesidades de esta población, no solo en términos legales sino también en la promoción de su bienestar y desarrollo personal.
 
La jornada incluyó un espacio de diálogo con los municipios cabecera de circuito judicial que cuentan con CETRAS, coordinando esfuerzos específicamente para optimizar la prestación de servicios en el municipio de Funza. Se presentaron los avances logrados en materia de educación, empleabilidad y seguridad para los jóvenes bajo el SRPA, y se dio seguimiento a los compromisos previamente establecidos, fortaleciendo así la colaboración entre el Bienestar Familiar y las entidades territoriales.
 
Como resultado del encuentro, se acordó establecer una mesa de trabajo presidida por el comité, que incluirá a los municipios del circuito judicial de Funza, la Procuraduría departamental y el Bienestar Familiar. El evento marcó el camino para futuras iniciativas en sectores clave como salud, educación y cultura, subrayando el compromiso continuo del Gobierno del Cambio, a través de la entidad, en la construcción de un futuro más promisorio para la adolescencia y juventud en el departamento.
 

El Gran Pacto Social, impulsado por el Gobierno nacional, es una apuesta por la transformación del campo colombiano y la vida de quienes lo habitan. Este acuerdo busca una distribución más equitativa de la tierra y propone soluciones para desafíos como la seguridad alimentaria, el cambio climático y la protección del agua.

De este modo, la transformación que propone el Gobierno está alineada con la misión de Bienestar Familiar, que busca fortalecer las capacidades de niñas, niños y adolescentes, promoviendo sus saberes, tradiciones e intereses para garantizar su bienestar en entornos seguros que favorezcan su desarrollo integral y la preservación de su identidad cultural. Al impulsar territorios más justos y sostenibles, se contribuye directamente a este propósito, beneficiando a la niñez y sus familias en las comunidades rurales.

Aunque la firma del documento tuvo lugar en Chicoral, corregimiento del municipio de El Espinal en el departamento del Tolima, el pacto está diseñado para transformar el campo colombiano y mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales en todo el país, promoviendo un futuro más justo y sostenible.
 
(Fin/dog/eeb)

El anuncio fue hecho por la subdirectora de Bienestar Familiar, Adriana Velásquez, junto a autoridades nacionales y locales se encontraron para escuchar a líderes sociales, autoridades étnico - territoriales y la comunidad víctima por el conflicto armado.  

Bienestar familiar también desplegó 12 equipos de Unidades Móviles para realizar acompañamiento psicosocial y nutricional y evalúa la puesta en funcionamiento de un comedor infantil en el municipio de Nóvita, uno de los más afectados por el paro armado y en el cual se registró desplazamiento de familias. 

También está previsto adelantar acciones para prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, fortalecer la atención en Primera Infancia y la apertura de un nuevo centro zonal en Puerto Meluk del Medio Baudó. 

“Estamos aquí para escuchar de primera mano a la comunidad y sus representantes y, junto con las autoridades, concertar acciones adicionales cómo parte de la respuesta social ante este paro armado”, señaló la subdirectora desde Condoto, Chocó.

En la reunión urgente participaron, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Culturas, la Unidad para las Víctimas, la Gobernación del Chocó, alcaldes, personeros y representantes de la comunidad.

Entre los cambios más relevantes, la directora anunció que esta atención no está destinada a comunidades urbanas y que se tomarán medidas estrictas para evitar el traslado indebido de niños y niñas de zonas urbanas a la atención dirigida a las comunidades wayuu en áreas rurales. "Tomaremos sanciones para quienes ofrezcan servicios que no corresponden a la comunidad rural, con medidas que pueden incluir desde el descuento de recursos hasta la terminación de su personería jurídica", advirtió.
 
Es importante resaltar que el ICBF desarrollará un protocolo de desvinculación del servicio para evitar traslados de niñas y niños sin justificaciones que realmente lo ameritan, además de una campaña informativa en todo el territorio para garantizar que los padres no sean engañados sobre los servicios disponibles para sus hijos.
 
La directora también resaltó el valioso trabajo de las comunidades en la promoción de iniciativas productivas y recordó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, continúa trabajando por su bienestar. En este sentido, anunció un trabajo sistemático que complementa el piloto junto al Ministerio de Salud, para coordinar la atención por corregimientos y mejorar los puestos de salud. Además, se están articulando otras acciones, para la construcción de comunidades energéticas, con el fin de crear espacios que contribuyan al bienestar de la infancia y sus hogares.
 
Hay que precisar que, Chentico, junto a Loma Fresca y Tokoromana conforman el resguardo indígena Perratpu, en el cual, el ICBF atiende a más de 300 familias wayuu con niñas, niños, adolescentes y mujeres gestantes.
 
"Desde antes de su nacimiento, Rosita y muchas niñas y niños de Chentico están recibiendo atención integral, incluida la lactancia materna", afirmó la directora, subrayando la importancia de la atención temprana en el desarrollo de la infancia. Para garantizar los resultados óptimos, se anunció la adaptación cultural y territorial del Observatorio de la Niñez, una estrategia que busca fortalecer la atención a las familias en las comunidades beneficiadas con este servicio.
 
(Fin/scs/eeb)

Entre los anuncios que hizo la funcionaria, está la creación de la Subdirección de Autoridades por parte del Consejo Directivo, “una oportunidad para dar toda la línea técnica necesaria y un impulso de país en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar”, manifestó. 

Igualmente, Cáceres informó sobre el lanzamiento del Congreso de Defensorías, un espacio diseñado como estrategia para fomentar el intercambio de conocimientos para fortalecer la atención y protección integral de los niños, niñas y adolescentes, “se hará anualmente para que los defensores cuenten sus experiencias, sus aprendizajes y todo lo que implica poner al niño y la niña por encima de todos”, destacó la Directora General del Bienestar Familiar. 

Adicionalmente, el Bienestar Familiar anunció que como reconocimiento a la labor se les concederá a los defensores y defensoras del país un día libre no remunerado y la realización de jornadas exclusivas al autocuidado diseñadas para promover su bienestar integral. 

De forma simultánea, las 33 regionales del país participaron en jornadas académicas y artísticas para compartir, fomentar la integración, fortalecer lazos y exaltar la importancia de su labor.