“Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es indispensable qué para alcanzar el cierre de brechas en la garantía de los derechos de la niñez, la adolescencia y las familias, los actores del Gobierno nacional, local y representantes de la sociedad civil, estemos articulados con unas propuestas concretas como las planteadas en el comité, que entre otras tienen que ver con la atención diferencial a la infancia migrante, indígena y a las familias”, dijo la subdirectora general del ICBF, Adriana Velásquez.
 
En esta sesión del comité del Sistema que lidera el ICBF también se habló de la estrategia Juntos por el Territorio, liderada por Planeación Nacional a través de la cual el Gobierno nacional le apuesta a la incidencia y el acompañamiento en la formulación de los planes de desarrollo territorial donde se incorporen los asuntos de la infancia y la adolescencia relacionados con unas temáticas estratégicas definidas intersectorialmente, como el desarrollo integral de la primera infancia, de la infancia y la adolescencia, la prevención y la atención de vulneraciones, el apoyo y fortalecimiento a las familias y el derecho humano a la alimentación.
 
“Con estas apuestas estratégicas como ejes transformadores de las realidades en los territorios, buscamos generar condiciones de vida dignas para las niñas, los niños, los adolescentes y las familias”, señaló la subdirectora de articulación nacional del SNBF, Natalia Quiñonez.
 
A la fecha, el SNBF ha avanzado en la elaboración de orientaciones para la incorporación de estos temas en los nuevos planes de desarrollo territorial y en la definición de una estrategia intersectorial para la cooperación técnica con las regiones con el acompañamiento a las gobernaciones y alcaldías, tanto en los procesos de rendición pública de cuentas por el cierre de las administraciones locales como en el de formulación de sus próximos planes de desarrollo.
 
En esta sesión del comité ejecutivo participaron además el representante de la sociedad civil Aldeas Infantiles, el Departamento Nacional de Planeación, los ministerios de Educación, Ciencias, Cultura, Deporte, Justicia, Salud, TIC, Trabajo y la Unidad para las Víctimas.

Esta participación ciudadana está enmarcada en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, el cual propone una política de diálogo permanente con decisiones desde y para el territorio, a fin de involucrar a la ciudadanía en la gestión de lo público, mejorando los dispositivos existentes, ampliando canales de diálogo y adaptándolos a las nuevas expresiones ciudadanas, la diversidad de la población del país y a sus necesidades.

Crear estos espacios y oportunidades son fundamentales para recoger las voces y aportes de la comunidad, con la intención de fortalecer la garantía del derecho a la educación inicial evaluando las diversidades e inequidades de la población, para brindar una atención integral, protección y garantía de derechos, que cualifique la respuesta institucional y comunitaria.

El ICBF continuará fortaleciendo el tejido social a través de los diálogos generando una cultura de paz en los territorios.

Una vez se tuvo conocimiento de la situación, un equipo de Defensoría de Familia adscrito al Centro Zonal de El Carmen de Bolívar se desplazó hasta el municipio de San Juan para realizar acompañamiento a las personas afectadas y trabajar articuladamente con la Secretaría de Salud municipal con el fin de establecer las  causas que dieron origen a la situación.

La Fundación Creo en Colombia brinda atención a 100 niños, niñas, adolescentes y adultos con medidas de restablecimiento de derecho a través de un contrato con el  ICBF. Desde la supervisión del contrato se está a la espera del informe técnico del sector salud para  adelantar las acciones que amerite el caso.

La jornada denominada La Paz llegó para quedarse, incluyó un  conversatorio sobre el capítulo del informe referido a la niñez y la adolescencia, según el cual más de 4.000 niños y niñas han sido víctimas del conflicto armado antes de cumplir los 18 años, dejando heridas en su infancia.  

Diana Britto, directora de Conocimiento de la Comisión de Esclarecimiento sostuvo que  este es un documento para la ciudadanía de a pie. “Nuestro principal objetivo es generar sensibilidad en la comunidad. Es es un tema que está presente y del que debemos seguir hablando".

Para construir este capítulo se recogieron 2.744 testimonios, varios de los cuales fueron a personas que aún son menores de edad, se recibieron 140 informes y 75 casos; contiene 
mapas con la geolocalización de los hechos victimizantes, y también discrimina estas violencias en periodos que van desde 1958 hasta 2016.

En la investigación se constató que más del 50 % de las personas desplazadas en Colombia eran niños, niñas y adolescentes cuando ocurrió el hecho; específicamente se presentaron 3.049.527 casos entre 1985 y 2019. Por otro lado, 64.084 menores de edad murieron por causa del conflicto armado entre 1985 y 2018.

Las reflexiones en torno al documento fueron compartidas con los colaboradores del ICBF     por Arturo Charria, Angie Lorena Ruiz y Víctor Hugo Olaya, otros integrantes del equipo de trabajo que elaboró el capítulo No es un mal menor.

La construcción de la infraestructura tuvo una inversión de 2.562 millones de pesos y a ella se vincularon el Departamento Administrativo de la Presidencia, Findeter, Fondo de Abu Dabi, Ecopetrol y la administración municipal. 

La materialización de estos espacios son testimonio del compromiso de la Nación y de los aliados por lograr entornos de aprendizaje que garanticen la educación inicial para los niños y las niñas, y con ello sus derechos.

En primera infancia, el ICBF atendió a más de 59.000 niños y niñas de cero a cinco años de edad, garantizándoles educación inicial, nutrición, cuidado, y desarrollo integral, con una inversión de alrededor de156 mil millones de pesos. 

Para los niños y las niñas de 6 a 13 años de edad, el ICBF contó con programas que permitieron el desarrollo integral y la promoción de sus derechos, destinando más de 5.200 millones de pesos para 6 mil menores de edad. A su vez, el ICBF brindó atención a 2 mil adolescentes y jóvenes generando oportunidades de desarrollo y fortalecimiento de sus proyectos de vida. 

En el espacio de control social en el que participaron casi 700 asistentes, el ICBF explicó que fueron invertidos 210 mil millones de pesos para beneficiar a 99 mil niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias del departamento. 

De esta manera, el ICBF sigue trabajando por promover la garantía de los derechos y tejiendo acciones para la construcción de la generación para la vida y la Paz.

Para ello, se realizó una jornada con la participación de aproximadamente 200 niños, niñas y adolescentes de las diferentes instituciones educativas, con el fin de sensibilizarlos en temas de salud sexual y reproductiva y evitar que se conviertan en padres a temprana edad.

Expresiones artísticas como canto, obras de teatro, cuentos, foros al colegio y feria de la sexualidad, fueron los escenarios para desarrollar con los estudiantes los temas sobre la prevención de embarazos en la adolescencia, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, cuidado de su cuerpo y proyecto de vida, entre otros.

Durante la inauguración del evento, Emile Bonilla Lucumí, directora regional del ICBF en Vichada señaló que el objetivo es propiciar escenarios de reflexión para la acción, a partir del compromiso político, institucional y social sobre la prevención del embarazo en la infancia y la adolescencia y su relación con la prevención y atención de las violencias basadas en género. 

De igual manera, la funcionaria expresó que “con estas acciones buscamos impulsar un rol activo de las familias y cuidadores en la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niñas, niños y adolescentes en el departamento del Vichada.

Como integrante de la Mesa departamental de prevención del embarazo adolescente en Caldas y bajo el lema "En las familias hablamos claro de derechos, sexualidad y +", se trabajó con las madres, entre ellas adolescentes, y padres atendidos en la modalidad familiar, haciendo énfasis en temas comolos derechos sexuales y derechos reproductivos, el rol de la familia en la apropiación, garantía y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y métodos anticonceptivos.

Igualmente, se realizó un conversatorio sobre prevención del embarazo adolescente que contó con la participación de profesionales en antropología, trabajo social, médico sexólogo, pedagogía y representante de las plataformas juveniles de Caldas, quienes compartieron su conocimiento y experiencia sobre el tema.

El material pedagógico, los elementos antropométricos, el mobiliario así como los  utensilios de cocina, aseo, que alcanzan una cifra superior a los $12 mil millones, fueron entregados por las empresas Ayudas diagnósticas Sura, Novaventa, Comercial Nutresa y Servicios Generales de Suramericana.
 
Obras por Impuestos es un mecanismo creado por el Gobierno nacional para que el sector privado pueda invertir parte de su impuesto de renta en ejecución de proyectos con impacto social y económico en las zonas más afectadas por el conflicto.
 
En el marco de este mecanismo tributario a la fecha han sido ejecutados 137 proyectos, por valor aproximado de $621 mil millones del sector educación para el mejoramiento de la calidad educativa, mediante los cuales se ha entregado mobiliario, material educativo y elementos tecnológicos, deportivos y artísticos en municipios PDET y ZOMAC a lo largo de todo el país, y particularmente para el ICBF se vincularon 13 proyectos por un valor aproximado de $65 mil millones.
 
El Gobierno nacional priorizó doce sectores para que los contribuyentes pueden invertir: agua potable y saneamiento básico, energía, salud, educación pública, infraestructura de transporte, infraestructura productiva, infraestructura cultural, infraestructura deportiva, bienes públicos rurales, pago por servicios ambientales, tecnologías de la información y comunicaciones, y adaptación al cambio climático y gestión del riesgo.