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El ICBF, a través de una Defensoría de Familia, adelanta el proceso de verificación de derechos al ofensor que fue presentando ante las autoridades judiciales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Además, realiza acompañamiento con equipos psicosociales a los adolescentes que fueron testigos de los hechos.

El ICBF reitera la necesidad de  reforzar las acciones de prevención de violencias al interior de todos los entornos que rodean a los niños, niñas y adolescentes para garantizar su protección y cuidado, siendo corresponsables la familia, el Estado y la sociedad.

Se dialogó sobre la estructura de gobierno y organización del pueblo Wiwa, la atención y las rutas que deben articularse con las Direcciones de Protección, Familia y Comunidades y Primera Infancia del ICBF.
 
Además, se estableció como acuerdo, dar continuidad al ejercicio de diálogo genuino y de escucha comprensiva de las realidades del pueblo Wiwa y del ICBF para crear apuestas conjuntas que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes de este pueblo.

La propuesta que fue socializada y concertada garantizará el servicio de educación inicial a cerca de 290 niñas y niños, que responda a las características culturales y territoriales de estas comunidades, destacando las Unidades Comunitarias de Atención (UCA), que vinculan elementos de atención como los encuentros con el hogar, encuentros comunitarios, encuentros con el entorno, prácticas culturales y prácticas grupales para mujeres gestantes, niñas y niños menores de 18 meses.

“Hemos estado atentos en la protección y promoción de los derechos de nuestras niñas y niños indígenas del departamento, para que reciban una excelente atención, por eso hemos revisado las minutas que incluyen alimentos y preparaciones propias de su cultura, con un aporte cercano al 70 % de su requerimiento nutricional diario”, señaló la directora regional del ICBF, Nancy Patricia Tavera Gómez.

A la actividad asistieron seis gobernadores de los cabildos del departamento, la directora regional del ICBF encargada, los directores de Familias y Comunidades, Primera Infancia y Nutrición. Como resultado se establecieron compromisos para continuar garantizando los derechos de esta población a través de programas y estrategias institucionales acorde a sus necesidades y costumbres.
 
“Esto nos da mucha alegría porque no es la oferta que hace el ICBF, es el proceso de diálogo genuino que tuvimos, para poder desarrollar un trabajo conjunto”, señaló María Mónica Martínez, directora de Primera Infancia.
 
A su turno, Haidy Duque, directora de Familia y Comunidades, expresó que “buscamos diseñar y acompañar la implementación de un modelo de atención integral orientado a las familias, basado en requerimientos de las propias comunidades, pertinente y de acuerdo con su cultura”.

En este espacio se realizaron charlas con el fin de prevenir posibles riesgos relacionados con violencia escolar, mal uso de redes sociales, consumo de sustancias psicoactivas y demás situaciones que puedan vulnerar sus derechos.

Así mismo, los profesionales del ICBF les reiteraron a los estudiantes las líneas de atención del ICBF y los invitaron a contactarse con la línea 141 en caso de conocer una situación que vulnere sus derechos o ponga en riesgo su vida.

En la jornada llevada a cabo en el colegio Luis Camacho Rueda, participaron equipos interdisciplinarios del Centro Zonal San Gil, la Comisaría de Familia de este municipio, así como la Policía Nacional y su grupo de protección a la infancia y la adolescencia.

El anuncio fue hecho por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, quienes destacaron el rol que han cumplido las madres comunitarias con la primera infancia.
 
La titular de la cartera laboral explicó que esta propuesta reafirma la importancia que para el Gobierno tienen la niñez y los programas de madres comunitarias. 
 
“Además de ser un estímulo, es un reconocimiento a la lucha de estas organizaciones que han estado trabajando durante más de 50 años para que se reconozcan sus relaciones laborales”, indicó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
 
Por su parte, la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, afirmó que “se establecerá un régimen especial para que puedan trabajar como empleadas oficiales del Estado. Esto es por lo que vamos a luchar”.
 
Con esta vinculación se busca que las madres comunitarias tengan todas las garantías laborales como trabajadoras del Estado y se dignifique su labor.

Ante la situación presentada en el mes de enero, el ICBF en el marco de su misión, una vez tuvo conocimiento de lo sucedido, hizo presencia durante el proceso de judicialización seguido en contra de los agresores.

El restablecimiento de derechos de los niños se encuentra a cargo, por competencia territorial, de la comisaría de familia del municipio de Santa Rosa de Cabal, que adoptó como medida su ubicación en medio familiar extenso. 

El ICBF reitera que para prevenir la violencia en contra de la niñez y la adolescencia, la comunidad debe seguir generando alertas para que las autoridades actúen de manera eficaz y eficiente como ocurrió en este caso.

Los equipos interdisciplinarios del ICBF reconocieron, luego de realizar una jornada de sensibilización con la comunidad desplazada, entre 12 y 15 grupos familiares, logrando hacer acompañamiento constante a 5 familias que decidieron hacer parte de la atención que se brinda en el albergue dentro del casco urbano. En estos grupos familiares hay 12 niños y niñas, a quienes se les hizo la verificación de derechos y  nutricional y se les entregaron alimentos de alto valor nutricional, mientras se espera el censo oficial y se continúa en un trabajo articulado con la administración municipal.
 
El ICBF acompaña a niñas, niños y adolescentes, en la garantía de sus derechos, mediante el fortalecimiento de procesos de gobernanza por el cuidado, de la implementación de estrategias que les alejen de la guerra y a través del trabajo articulado con entes territoriales.

Por su parte,el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuyo ente rector es el ICBF, adelanta acciones para atender el riesgo de reclutamiento y uso de la niñez y la adolescencia por parte de los grupos armados en la zona.