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En este espacio, el ICBF reiteró la importancia de proteger la agricultura campesina y familiar como pilar para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, y explicó a los participantes cómo ser proveedores y vincularse al Instituto a través de las compras públicas locales.
 
“Creemos que son las asociaciones público-populares las que pueden hacer posible mejorar y garantizar derechos teniendo modelos más territoriales, donde los niños y las niñas recuperen su derecho a una atención digna y de calidad”, aseguró la directora regional (e) del ICBF en Santander, María Mónica Martínez Martínez.
 
Alterno a esta jornada que se desarrolló en la sede de la regional del ICBF en Bucaramanga, las organizaciones participaron en una feria de mercado campesino para exponer sus productos, a la cual se vincularon los colaboradores del ICBF.
 
(Fin/hke/pu)
 

Se trata de un modelo de articulación con el sector salud, en este caso el Hospital San José de Maicao con quien el ICBF firmó un convenio para incidir en los determinantes sociales de la situación nutricional y contribuir a la garantía del derecho humano a la alimentación.

En este momento, dijo la directora del ICBF,  el Centro de Recuperación Nutricional brinda atención a 12 niños y niñas, incluyendo 6 migrantes y desde su apertura hace tres meses, ya se han atendido a 54 niños y niñas que avanzan en su proceso gracias al trabajo en equipo con el sector salud y al compromiso de las familias.

Como muestra de reconocimiento y estímulo para las familias, se entregaron tres diplomas de graduación por recuperación nutricional, celebrando los logros alcanzados y reafirmando la importancia de la continuidad en el tratamiento domiciliario para asegurar el bienestar a largo plazo de los niños y niñas.

Previo a esta visita, se realizó un recorrido por la Casa Lúdica de Paraguachón donde Astrid Cáceres destacó el fortalecimiento del bienestar de la población infantil fronteriza, especialmente los niños y niñas wayuu, enfatizando en la importancia de la integración fronteriza para abordar las problemáticas que afectan a esta comunidad, destacándolos como una sola nación sin fronteras. 

En este lugar se realizaron demostraciones culturales como el baile de la Yonna y presentaciones de danzas, mostrando la riqueza cultural de la región y la participación del equipo de rugby local.

El ICBF reiteró el compromiso de seguir trabajando en pro del bienestar integral de todos los niños y niñas de La Guajira, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad en las zonas fronterizas.

La presentación la hizo el niño Miguel Alejandro Erira del pueblo los pastos, quien participó en la minga que hizo el ICBF donde se firmó el Manifiesto. 

Miguel Ángel es un caminante de la medicina ancestral, es decir que está recibiendo todos los conocimientos de su comunidad, para asumir ese puesto cuando se requiera.

Del Manifiesto se destacó que los hombres y mujeres de los pueblos originarios, afros, campesinos, negros, palenqueros y raizales de Colombia se comprometieron a ser guardianes de las infancias y adolescencias, a luchar por la erradicación y denunciar toda forma de maltrato, violencias y abuso (físico, sexual, espiritual).

La Cumbre se realiza en la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, durante los días 25, 26 y 27 de junio. En el evento se tratan temas como derechos de los pueblos indígenas, educación y comunicación propia, lengua, entre otros. En representación de ICBF está María de Jesús Erira de la Dirección de Familias y Comunidades.

En el caso del municipio de La Argentina, el ICBF adelanta acciones encaminadas al fortalecimiento de las familias como entornos protectores y el reconocimiento de sus derechos como población víctima del conflicto armado.

De otra parte, a través de herramientas pedagógicas como Avanza y Repara, Planteamiento familiar y actividades comunitarias, se promueve la participación y consolidación de acciones que en articulación con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) garanticen el goce efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que hacen parte de la población campesina e indígena.

El equipo interdisciplinario de la Unidad Móvil busca desde el acompañamiento psicosocial, la construcción de vínculos centrados en la confianza los cuales permiten conocer las realidades de las familias y la comunidad para establecer una orientación acorde a sus necesidades y potenciar su corresponsabilidad en los procesos que involucran la garantía de derechos de la niñez y la adolescencia del Huila.

(Fin/ykc/pu)

Durante la vigencia 2023 se invirtieron más de 73 mil millones de pesos para garantizar los derechos a 24.656 niñas, niños y adolescentes en los diferentes programas, destacándose la atención a 14.868 niñas, niños y mujeres gestantes a través de las modalidades Institucional, Familiar, Propia e Intercultural y Comunitaria.
 
Mediante la modalidad 1000 Días para Cambiar el Mundo se logró la atención de 2343 niñas, niños y mujeres gestantes con riesgo de desnutrición, desnutrición y bajo peso; la ampliación de 600 cupos para la ejecución de la modalidad y la adición de una unidad de servicio, la cual brinda atención en los centros poblados de Panamá de Arauca y Puerto Jordán, mientras que para los programas destinados a Familias y Comunidades se atendieron 4262 usuarios, entre ellos comunidades indígenas, negras y afrocolombianas.
 
Finalmente, a través de las Unidades Móviles se atendieron 2649 familias conformadas por 5178 niñas, niños y adolescentes y 1649 adultos; 1886 niñas, niños y adolescentes de comunidades indígenas; 1193 niñas, niños y adolescentes migrantes.
 
Al cierre de la actividad, la directora regional encargada del ICBF en Arauca, Massiel Lora, sostuvo que dentro de los desafíos y retos que se superaron en esta vigencia se encuentran el acceso a los territorios por alteración de orden público y las lluvias que afectaron a numerosas familias en el departamento.
 
 (Fin/lcv/pu)
 

El vehículo se entregará a la población wayuu que se encuentra en los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, priorizados por la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional y en el marco de la implementación del Modelo de Atención Integral. Además, por políticas de WBR la prioridad será para mujeres y niñas, por eso el 70% de las que se entreguen deben ser paras ellas.

Para el aliado estratégico del ICBF cada bicicleta impacta en promedio a cinco personas, por lo que estima que se beneficiarán a 1500 personas. Dentro de la experiencia como organización experta en movilidad asegura que en países de África ha servido para salvar vidas y esperan que en La Guajira suceda lo mismo, porque les permite a los beneficiados desplazarse a los centros de salud o para el bastecimiento del agua potable.

Además, es un medio de transporte sano, ecológico, sostenible y económico que sirve para que las niñas y niños se trasladen a los centros educativos, ir a recoger la leña, llevar el agua a los cultivos, ir a mercar, entre otras actividades que son complicadas de realizar por las condiciones geográficas de algunas zonas de La Guajira.

De acuerdo con Haidy Duque, directora de Familias y Comunidades, esta es una alianza fundamental, porque la bicicleta es un bien básico en esa zona en la que predominan los desiertos y con seguridad va a cambiar la vida de las familias.

De acuerdo con Andrew Wright, director de WBR para Colombia, la organización busca ayudar a las comunidades más vulnerables y rurales en los territorios en los que están operando. Además, resaltó que se busca el compromiso de la comunidad para que este esfuerzo de movilidad se mantenga durante el tiempo y se cuiden las bicicletas que entregan.

(Fin/dgp/pu)
 

Estas intervenciones se realizan en sectores identificados previamente como de alta incidencia de esta problemática. Allí se realizan charlas de sensibilización a la comunidad y las familias para concientizar sobre los riesgos e implicaciones del trabajo infantil y posteriormente se caracteriza a los niños, niñas y adolescentes que focalizados.
 
Por su parte, el equipo EMPI les realiza un seguimiento de manera personalizada junto con sus familias y articula con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar las acciones tendientes a la garantía de sus derechos, tales como educación, salud, identidad, entre otros.
 
De igual manera, junto con Migración Colombia, Ministerio de Trabajo, alcaldías, Policía Nacional, entre otras entidades, se realizan búsquedas activas. En lo corrido del año, se han abierto 35 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos por trabajo infantil en el departamento. 
 
(Fin/jac/pu)