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A través de sus unidades móviles, Bienestar Familiar brindó acompañamiento psicosocial a los niños, niñas y adolescentes; entregó raciones de emergencia y brindó orientaciones sobre la manera más adecuada para hacer uso de dichas raciones.

José Mario Bolívar, gobernador del pueblo wiwa, agradeció el compromiso y la responsabilidad en el acompañamiento durante el retorno y la cobertura de atención a las comunidades, recalcando que “el compromiso debe ser continuo tanto a nivel local como nacional, para garantizar que no se presenten más desplazamientos y proteger nuestros recursos naturales.”

Cabe recordar que mediante Comités de Justicia Transicional se implementó un protocolo para un retorno digno y seguro de los wiwa que contó con el acompañamiento de la Unidad de Víctimas, Prosperidad Social, gobernación de La Guajira, alcaldía de Riohacha y por supuesto del ICBF.

Bienestar Familiar continuará velando por la garantía de derechos de los  niños, niñas, adolescentes

El Proceso de Quito es una iniciativa regional que busca mejorar la respuesta y coordinación entre los países de América Latina frente a los flujos migratorios, especialmente en el contexto de la crisis migratoria venezolana, proceso que reúne a actores gubernamentales y organizaciones internacionales para compartir buenas prácticas, fortalecer la cooperación y diseñar estrategias conjuntas.

El Memorando de Entendimiento establece compromisos entre los países participantes para coordinar acciones que garanticen la protección de los derechos de la niñez migrante. La guía operativa, por su parte, detalla los procedimientos y protocolos específicos para asegurar una cooperación eficaz en la prevención, atención y seguimiento de casos de niñez en movilidad.

La participación de Bienestar Familiar destaca el compromiso de Colombia en asegurar que los niños migrantes sean protegidos y sus derechos respetados, independientemente de su situación migratoria, promoviendo un enfoque humanitario y garantista en su atención.

(Fin/nrg/pu)

Además de redireccionar desde Bienestar Familiar estos casos a las universidades, también se acordó realizar el próximo 1 de noviembre una jornada de conciliación en el Centro Zonal Montería y la sede de la regional, para atender a toda la comunidad que lo requiera.

De igual forma, se van a reagendar las solicitudes de conciliación que están pendientes de ser tramitadas para que sean atendidas en el menor tiempo posible.

En la mayoría de los casos, los asuntos conciliables están relacionados con la  fijación de cuota de alimentos y la reglamentación de visitas, entre otros.
 

“Tenemos garantizadas las rutas de atención para asegurar que los niños, niñas y adolescentes que retornan a sus territorios reciban una atención integral con enfoque diferencial y adecuada a su contexto”, afirmó Julián Moreno Parra, director del SNBF.
 
De igual forma, dijo el funcionario, se ha distribuido Bienestarina para garantizar el apoyo nutricional y la seguridad alimentaria de las niñas, niños y mujeres gestantes.
 
A esto se le suma que Bienestar Familiar ha establecido cuatro acciones de apoyo para las familias: atención integral a la primera infancia; acompañamiento psicosocial por parte de las Unidades Móviles; implementación de la modalidad Tejiendo Interculturalidad, que fomenta la preservación y promoción de las tradiciones culturales, y atención y prevención de la desnutrición mediante la entrega de Bienestarina como parte de la estrategia de seguridad alimentaria.
 
“Este retorno no solo busca garantizar el bienestar y la seguridad de las familias Emberá Katío y Chamí, sino también proteger sus derechos fundamentales, especialmente los de los niños, niñas y adolescentes, asegurando una reintegración digna y respetuosa en sus territorios”, sostuvo finalmente Julián Moreno.
 
Con la llegada de la comunidad emberá chamí y katío a Pueblo Rico, Risaralda, cerca de 60 familias serán acogidas en el resguardo Gitó Dokabú Katío, en Risaralda, mientras que aproximadamente 217 familias continuarán su viaje hacia el resguardo Alto Andágueda en Bagadó, Chocó.
 
Estas comunidades que habían estado asentadas en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera desde el 16 de marzo regresaron a sus territorios gracias a los acuerdos previos con los líderes indígenas, garantizando el respeto de los derechos de las familias, especialmente de los niños y niñas, así como la participación del Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, el ICBF y las alcaldías de Bogotá y Pueblo Rico.
 
(Fin/lpr/pu)