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Durante su intervención, la subdirectora enfatizó en que el reto actual va más allá de los espacios de discusión y requiere acciones concretas que generen cambios reales en los territorios. «Menos reuniones y más acciones», expresó, al hacer un llamado a que los acuerdos se traduzcan en planes de atención individual que reconozcan las realidades, necesidades y proyectos de vida de cada adolescente.

Asimismo, señaló que la respuesta frente a la comisión de un delito no debe convertirse en una barrera para el futuro de los jóvenes, sino en una oportunidad para la reflexión, la reparación y la inclusión social.

«La respuesta frente al delito no puede cerrar las puertas de un adolescente. Debe permitirle comprender el daño causado, fortalecer sus vínculos familiares y comunitarios, continuar estudiando y adquirir capacidades que le ayuden a encontrar un lugar en la sociedad», afirmó la subdirectora Uribe.

La subdirectora general resaltó que la justicia restaurativa requiere del compromiso articulado de las entidades del Estado, las familias, las comunidades y la sociedad en general, con el propósito de garantizar procesos integrales que favorezcan la construcción de proyectos de vida y la prevención de nuevas conductas que vulneren la ley.

(Fin/ykc/)