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Actualmente, 7.883 niñas, niños y adolescentes en Antioquia se encuentran bajo medida de protección en Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), principalmente por omisión o negligencia (2.062 casos), violencia sexual (1.589 casos) y falta de cuidadores (1.222 casos). Frente a esta situación, se realizaron encuentros en Rionegro y Medellín con el objetivo de prevenir vulneraciones y promover el cuidado como una responsabilidad compartida entre familias, Estado y sociedad.

«Estas conversaciones activan redes que ya existen, respetando las dinámicas del territorio. La idea es confluir en un gran encuentro nacional donde se institucionalicen los aprendizajes y se configuren formas de funcionamiento colaborativo a nivel local y nacional», señaló María Claudia Hernández, líder de Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Uno de los focos en Antioquia ha sido el fortalecimiento de los hogares sustitutos como modalidad protectora para evitar la institucionalización. «Queremos fortalecer la modalidad de hogares sustitutos como espacios familiares protectores que eviten la institucionalización. Buscamos que los niños y niñas puedan crecer en entornos lo más similares posible a su hogar de origen», afirmó Jorge Mario Cortés Marín, coordinador de Familias de acogida en Aldeas Infantiles SOS.

Desde Bienestar Familiar se insiste en que la política de cuidado debe centrarse en la prevención de la separación innecesaria, la corresponsabilidad social y la inversión en apoyos psicosociales y comunitarios. «Antioquia es el tercer departamento del país con más ingresos al sistema de protección. Por eso es urgente fortalecer a las instituciones, las familias y comunidades para crear una gran red de cuidado y protección de la niñez», concluyó Sandra Bracamonte, gerente del Programa Antioquia-Chocó de Aldeas Infantiles SOS.
 

Durante su intervención, la directora Cáceres enfatizó en que la legislación es un punto de partida, pero no es suficiente para transformar una cultura arraigada. En este sentido, el Bienestar Familiar ha impulsado un enfoque integral basado en datos del Observatorio de la Niñez, que han permitido caracterizar las dinámicas del matrimonio infantil en Colombia. Este análisis incluye variables como la edad, los tipos de uniones, las afectaciones específicas a niñas campesinas e indígenas, así como los índices de embarazo adolescente, insumos fundamentales para la construcción del plan nacional de intervención.

La ley pone en el centro de su propósito la garantía de los derechos de las niñas y adolescentes, promoviendo su autonomía, el derecho a una vida libre de violencias y presiones, a ser escuchadas y a decidir sobre su propio futuro.

El evento fue organizado por Girls Not Brides, con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, como parte del seguimiento a los compromisos surgidos de la Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, celebrada en Bogotá los días 7 y 8 de noviembre de 2024. El objetivo del diálogo digital fue reforzar las alianzas, los compromisos y la inversión internacional para erradicar el matrimonio infantil.
 
 

Entre enero de 2023 y mayo de 2025, el Bienestar Familiar atendió 69 casos de menores de edad víctimas de trata mediante Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD). El 90 % corresponde a explotación sexual, afectando principalmente a niñas y adolescentes mujeres (88 %). Norte de Santander (28 %), Bogotá (14 %) y Antioquia (13 %) concentran el mayor número de casos.



La entidad desarrolla acciones preventivas y de atención especializada en todo el país. Con los grupos interdisciplinarios BINAS en 15 territorios priorizados, se fortalece el trabajo de los equipos técnicos y autoridades con enfoque diferencial y de género. Además, en coordinación con Migración Colombia, Aeronáutica Civil y Policía Nacional, se instalaron Canales Únicos de Reporte en aeropuertos como El Dorado (Bogotá) y Matecaña (Pereira), capacitando a más de 69 funcionarios para identificar riesgos y activar rutas de protección.



En julio se realizaron jornadas de sensibilización en El Dorado con más de 150 niñas, niños, adolescentes y familias, alertando sobre riesgos de trata en contextos de movilidad humana.



Actualmente, el Bienestar Familiar impulsa #VocesQuePrevienen para hacer frente a las violencias que afectan a la niñez, incluidas aquellas en entornos digitales. Esta labor se articula con Atrapasueños que lleva acciones pedagógicas y comunitarias a los territorios con enfoque de derechos, diferencial, de género, interseccional y de curso de vida.


Bienestar Familiar invita a la ciudadanía a estar alerta frente a posibles casos de trata y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, y hace un llamado a denunciarlos en la Línea 141 o la línea gratuita nacional 01 8000 91 8080.
 

Este proyecto no solo implica una infraestructura moderna y adecuada, sino también un compromiso institucional por garantizar entornos protectores y de calidad desde los primeros años de vida. 


«Celebramos la puesta en marcha de este nuevo espacio, resultado de un trabajo conjunto entre la alcaldía local, autoridades regionales y el Bienestar Familiar. Nuestro rol fue supervisar y garantizar que las niñas y niños cuenten con un entorno seguro, inclusivo y propicio para su desarrollo integral. Nos llena de satisfacción acompañar este proceso que fortalece el cuidado y los derechos desde la primera infancia», afirmó la directora regional (e), Ingrid Cubides Puentes. 


Con esta entrega, el Bienestar Familiar reitera su compromiso de promover y garantizar espacios adecuados para la infancia, participando activamente en su construcción desde la atención, la protección y la supervisión.

Por lo anterior, es preciso señalar que fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en tanto el adolescente no contaba con redes familiares en la ciudad y por tanto la autoridad administrativa determinó remitirlo al Centro de Emergencia para establecer las acciones necesarias para el restablecimiento de sus derechos.

Es preciso aclarar que estos centros de emergencia, así como los centros de protección no son medidas de privación de libertad, por lo tanto, su permanencia en el centro no corresponde a una imposición obligatoria sino a un proceso de atención.  Aun así, existen protocolos regulares de salida y de acompañamiento institucional para garantizar que siempre cuenten con adultos responsables que puedan acompañarlos. El joven adolescente prescindió de estos protocolos y no contó con voluntad de permanencia en el centro de emergencia.

Una vez se reporta la situación, se activa la búsqueda del adolescente, en articulación con las autoridades competentes para dar continuidad al proceso de restablecimiento de derechos. Estos protocolos se mantienen activos de manera permanente en colaboración con diferentes autoridades en todo el país.

La entidad reitera que los procesos de restablecimiento de derechos son llevados por autoridades administrativas profesionales, autónomas y responsables,  cuyos equipos defensoriales determinan las actuaciones necesarias para el restablecimiento de derechos los niños, niñas y adolescentes en el marco de la implementación del Código de Infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006) y toda información relacionada con sus procesos tiene una reserva legal.

Bienestar familiar hace un llamado a los medios de comunicación y a los periodistas a ejercer su labor con responsabilidad, recordando que la protección integral de niñas, niños y adolescentes debe prevalecer sobre cualquier interés informativo. Esto implica abstenerse de difundir información que pueda vulnerar su intimidad, dignidad o derechos fundamentales.