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Durante la jornada se resaltaron la justicia restaurativa y terapéutica como enfoques fundamentales para promover procesos de reconciliación, reparación del daño y reintegración social. Estas acciones reafirman nuestro compromiso interinstitucional por ofrecer respuestas integrales que prioricen la protección y el desarrollo integral de las y los adolescentes. 


«Lo que pretendemos es combatir la idea de que un adolescente que entra en conflicto con la ley penal esté en las mismas condiciones que un adulto; ellos comenten un delito porque han fallado el Estado, la sociedad y la familia, y hay que ayudarles a que tengan nuevas oportunidades de vida», expresó Leonel Peña Solano, Magistrado Auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura.   


Más de 50 participantes, entre magistrados, jueces, fiscales, defensores de familia y otros operadores judiciales, se dieron cita en este espacio de formación, donde compartieron experiencias, reflexiones, herramientas teóricas y prácticas orientadas a avanzar hacia una justicia más humana, reparadora y transformadora.

Durante la atención, las Unidades Móviles de la Regional Chocó identificaron a 22 niñas y niños, dos de ellos en riesgo de desnutrición, así como una mujer gestante y dos madres lactantes. 


El equipo gestionó la afiliación al sistema de salud de un niño, garantizando su derecho a la atención médica. También se logró, en articulación con la Registraduría municipal, tramitar el registro civil de ocho niñas, niños y adolescentes que no contaban con identificación. 


Como parte de las acciones de apoyo nutricional, se realizó una olla comunitaria con Bienestarina, dirigida a las familias en condición de vulnerabilidad. 


Esta comunidad había sido previamente desplazada por hechos provocados por personas externas que generaron zozobra en el territorio y obligaron la salida masiva de las familias indígenas. En ese contexto, tres niños se extraviaron y posteriormente fueron rescatados. 


Desde el Bienestar Familiar reiteramos nuestro compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y con la promoción de entornos seguros y protectores, rechazando todo tipo de violencia que vulnere sus derechos.

Con la asistencia de cerca de 60 personas, entre niñas, niños, adolescentes, familias, líderes comunitarios, equipos de protección y aliados institucionales, la Regional Santander del Bienestar Familiar realizó la inauguración de la Casa Atrapasueños en Bucaramanga, un espacio que fortalece el compromiso con los derechos, la protección y la participación de la niñez y la adolescencia.
 
Ubicada en el norte de la ciudad, esta nueva Casa se convierte en una herramienta fundamental para atender a una población estimada de más de 11.000 habitantes de las comunas 1 y 2, especialmente en los barrios El Tejar y La Juventud, donde se concentran altos índices de vulnerabilidad social. La estrategia se enfoca en prevenir riesgos asociados a la violencia, el abandono y el trabajo infantil, al tiempo que promueve entornos protectores, escucha activa y construcción colectiva del proyecto de vida.
 
La Casa Atrapasueños brindará atención directa a 240 niñas, niños y adolescentes, quienes participarán de actividades permanentes de acompañamiento psicosocial, orientación familiar, talleres artísticos y deportivos, y espacios de reflexión y expresión creativa como la pintura, la poesía y la elaboración de atrapasueños, para fortalecer el ejercicio pleno de sus derechos y el protagonismo en sus comunidades.
 
 

Con la asistencia de cerca de 60 personas, entre líderes comunitarios, equipos de protección, familias, niños, niñas, adolescentes y aliados institucionales, la Regional Santander del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizó la inauguración de la Casa Atrapasueños en Bucaramanga, un espacio que fortalece el compromiso con los derechos, la protección y la participación de niñas, niños y adolescentes.
 
Ubicada en el norte de la ciudad, esta nueva Casa se convierte en una herramienta fundamental para atender a una población estimada de más de 11.000 habitantes de las comunas 1 y 2, especialmente en los barrios El Tejar y La Juventud, donde se concentran altos índices de vulnerabilidad social. La estrategia se enfoca en prevenir riesgos asociados a la violencia, el abandono y el trabajo infantil, al tiempo que promueve entornos protectores, escucha activa y construcción colectiva del proyecto de vida.
 
La Casa Atrapasueños brindará atención directa a 240 niñas, niños y adolescentes, quienes participarán de actividades permanentes de acompañamiento psicosocial, orientación familiar, talleres artísticos y deportivos, y espacios de reflexión y expresión creativa como la pintura, la poesía y la elaboración de atrapasueños, para fortalecer el ejercicio pleno de sus derechos y el protagonismo en sus comunidades.
 
 
 
 
(Fin zbg/om)
 

Adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal (SRPA), con sanción privativa de libertad en los Centros de Atención Especializada Femenino La Esmeralda y Masculino El Redentor en Bogotá, se postularon como candidatos y candidatas para participar en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se realizarán el próximo 19 de octubre de 2025.

«Esta participación representa una oportunidad para que sus voces sean escuchadas, puedan expresar sus ideas y aportar al desarrollo de sus comunidades desde espacios democráticos que fortalecen la inclusión y el liderazgo juvenil», afirmó Magally Macías, subdirectora del SRPA.

La inscripción de candidaturas fue posible gracias a la articulación entre el Bienestar Familiar, el Ministerio de la Igualdad y la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidades que unieron esfuerzos para garantizar que las y los jóvenes vinculados al Sistema cuenten con igualdad de condiciones en el proceso electoral.

Los Consejos de Juventud son mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública, además de ser espacios de interlocución entre la juventud y las instituciones en todos los niveles de gobierno. Estas plataformas permiten canalizar propuestas y necesidades de los jóvenes, potenciando su rol como actores de cambio social.

«La participación en estos consejos implica la representación de toda una generación ante las autoridades y la capacidad de proponer y liderar transformaciones», señalaron las entidades organizadoras, felicitando a las y los candidatos por este paso trascendental y deseándoles éxito en sus campañas.

Esta acción reafirma el compromiso del Estado por promover la inclusión, garantizar el derecho a la participación y construir un país más justo desde todos los escenarios, promoviendo su incidencia como actores fundamentales en la transformación social del país. Compromiso país. Llegar juntos, como entidades.
 

El evento es fruto de una alianza estratégica entre el Bienestar Familiar y el Icetex, mediante un convenio interadministrativo que nos permitió implementar el Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado (MAPS) comunitario. A través de este proceso, 90 madres comunitarias –incluyendo mujeres afrodescendientes, indígenas y de zonas rurales– participan en un programa de formación que reconoce la diversidad cultural como una oportunidad para enriquecer los aprendizajes. De ellas, 25 hicieron parte del Colectivo Pedagógico en Barrancas, que desarrollamos entre el 4 de abril y el 1 de agosto de 2025, y en el que identificamos prioridades y definimos ejes estratégicos para fortalecer la educación inicial en el municipio.
 
Contamos con el acompañamiento académico de la Universidad Simón Bolívar, a través de su Centro de Educación Continuada, la Maestría en Educación y el Grupo de Investigación en Desarrollo Humano, Educación y Procesos Sociales. A este esfuerzo también se sumaron agentes educativos, maestros, líderes comunitarios y representantes de entidades como la Secretaría de Educación, Casa de Justicia, Comisaría de Familia, Policía Comunitaria, así como asociaciones y autoridades indígenas wayuu.
 
«El Pacto Territorial firmado es una expresión concreta del compromiso compartido para garantizar una educación inicial con enfoque intercultural, territorial y basada en los derechos humanos, donde las niñas y los niños son reconocidos como sujetos históricos y protagonistas de su aprendizaje», afirmó May Belliny Badillo Brito, directora regional (e).
 
Este pacto se basa en principios fundamentales como el reconocimiento de saberes comunitarios, ancestrales, institucionales y pedagógicos, así como en la articulación entre actores clave para diseñar experiencias educativas significativas, pertinentes y equitativas en el contexto local.
 
La iniciativa hace parte del Plan Nacional de Desarrollo y cuenta con el impulso del Gobierno del Cambio, que prioriza la educación inicial como base para cerrar brechas y promover el desarrollo equitativo en los territorios. En La Guajira seguimos avanzando hacia la transformación social desde la primera infancia, fortaleciendo el tejido comunitario y haciendo de la diversidad cultural un pilar central para la paz y el desarrollo integral de niñas y niños.