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En el marco de los eventos, el ICBF le recordó a los alcaldes la importancia de realizar la rendición pública de cuentas en la que den a conocer los avances y la gestión en políticas de beneficio para la Primera Infancia, Infancia y Adolescentes correspondiente al cuatrienio 2016-2019.

En este sentido, cada ente territorial debe preparar la información y desarrollar actividades que permitan dar a conocer cada una de las acciones adelantadas desde sus administraciones para garantizar la protección de los derechos de los derechos de los menores de edad del Magdalena.

De otra parte, el ICBF realizó la presentación del portafolio de servicios, detallando los programas y estrategias que se adelantan en las áreas de Prevención y Protección, reiterando la importancia de trabajar articuladamente en campañas de promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En la Escuela de Tecnología en Entrenamiento y Gestión Militar, los jóvenes adelantarán por dos años estudios como técnicos en criminalística de campo, gestión pública, logística militar, promoción y aplicación del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos en el contexto militar. Además, recibirán clases de inglés como segunda lengua. 

A parte de las capacidades académicas que van a adquirir, los jóvenes serán valorados en su condición física y cualidades éticas y emocionales para poder ascender en la carrera militar. 

La Regional Bogotá del ICBF y el Ejército Nacional firmaron en 2017 un convenio de cooperación para fortalecer los programas de protección y posibilitar el ingreso de estos jóvenes a la vida militar. A la fecha 4 jóvenes han optado por la formación castrense como proyecto de vida.

La decisión fue tomada por un Defensor de Familia luego de realizar una visita a la vivienda del niño y verificar sus derechos. Como autoridad administrativa, el Defensor decidió dejarlo provisionalmente al cuidado de una madre sustituta hasta tanto se surta todo el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD).
 
De otro lado, el ICBF confía en que las autoridades adelanten con celeridad las investigaciones para determinar las causas de la muerte de la niña.
 
Finalmente, el Instituto reitera el llamado a la comunidad para que denuncie cualquier situación que ponga en riesgo la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes.

Estos usuarios serán atendidos en la nueva modalidad denominada Servicio Rural y, para ello, el Instituto dispondrá de una inversión de $3.100 millones. El director de Primera Infancia del ICBF señaló que la atención tendrá un plan piloto en tres municipios: Hacarí, San Calixto y Teorama, en el que serán atendidos 211 niños y niñas con una inversión del orden de los $550 millones.
 
Además, Aparicio Patiño indicó que esta nueva modalidad “se creó con un ajuste a las necesidades de la población y siendo consecuentes con el reto del PDET, que apunta a la zona rural dispersa en la que se atienden 3.750 niñas y niños de Primera Infancia”.
 
Cabe destacar, que el aumento total de cupos estará focalizado en ocho municipios del PDET ubicados en el departamento de Norte de Santander: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

De estos menores de edad, 15 fueron remitidos a centros zonales del ICBF para realizar la solicitud de verificación de derechos y 14 de ellos fueron retornados a sus familias. El Instituto informó que les continuará brindando asistencia y asesoría a sus familias. Además, a un niño de cinco años en condición de mendicidad se le abrió un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y quedó bajo protección del ICBF.

De otra parte, el Equipo Móvil de Protección Integral (EMPI) realizará acompañamiento psicosocial a dos adolescentes que fueron hallados en situación de trabajo infantil.

Este operativo hace parte de los compromisos trazados en la Mesa Interinstitucional de Atención a Población Migrante Venezolana, liderado por la Secretaría del Interior de la Gobernación de Santander, en la que participa el ICBF, Migración Colombia, Policía Militar, Secretaría de Desarrollo del departamento, Policía de Turismo, Policía de Infancia y Adolescencia y Personería de Bucaramanga.

Por último, el ICBF reitera el llamado a las familias para que sean los primeros entornos protectores de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.