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Inicialmente, un grupo de profesionales del ICBF le presentó a padres de familia y agentes educativos de las modalidades de atención a la Primera Infancia y funcionarios de la administración municipal del municipio: qué se considera abuso sexual hacia menores de edad, los peligros del embarazo en la adolescencia, derechos sexuales y reproductivos, rutas de atención y denuncia de casos no reportados.
 
Luego, en un trabajo en equipo, los asistentes a la Mesa Pública plantearon una estrategia de prevención y promoción por medio de talleres de educación sexual y reproductiva en las instituciones educativas de Chalán y se comprometieron a dar a conocer los casos que no son reportados ante las autoridades de salud, especialmente los de zona rural, con el fin de garantizar un adecuado seguimiento por parte de las entidades que componen el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF).
 
Finalmente, el ICBF reiteró su compromiso de brindar información permanente para saber cómo activar la ruta a través de los canales de atención que tiene a nivel nacional.
 

Presentó excusas públicas en un Acto de Justicia Restaurativa en cumplimiento de la sentencia 195 del 4 de diciembre de 2017 proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y confirmada mediante la sentencia del 12 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo del Chocó en favor del demandante Wilber Campaz Palacios y familiares del joven Juan Andrés Palacios Asprilla (Q.E.P.D.).
 
La ceremonia, que se realizó en las instalaciones de la Asamblea Departamental del Chocó, contó con la participación del director de la Regional Chocó del ICBF, Manuel Moreno; colaboradores de la Entidad, familiares del joven fallecido, el abogado apoderado, diputados, la Defensoría del Pueblo, medios de comunicación y otras autoridades del departamento.
 
El Instituto publicó un letrero a la entrada de las instalaciones del Centro de Atención Especializada (CAE) ‘Juan Andrés Palacios Asprilla’, que se encuentra ubicado en Yuto, cabecera municipal de Atrato, departamento del Chocó, y una placa con el nombre de Juan Andrés Palacios Asprilla (Q.E.P.D.) en su honor, como lo dispuso la orden judicial.
 
Por último, el Instituto reitera su compromiso con la no repetición de actos violentos contra las niñas, niños, adolescentes y familias colombianas.
 
 

Para la realización de esta labor, los profesionales del Centro Zonal Istmina del ICBF se desplazaron hasta el lugar con el propósito de garantizar la prestación de los servicios que brinda el Instituto a las comunidades indígenas Pichimá que salieron de sus poblados.
 
Finalmente, el ICBF señaló que ante esta contingencia se están atendiendo a los menores de edad en dos hogares comunitarios de la modalidad de Desarrollo Infantil en Medio Familiar en el Chocó.
 

La jornada formativa estuvo dirigida a los profesionales que trabajan directamente con las familias y los beneficiarios vinculados a la oferta institucional del ICBF, así como a quienes ejercen la supervisión de los contratos que operan las diferentes modalidades de atención y a los equipos de Defensorías de Familia que tienen a su cargo los procesos para  restablecerle los derechos a favor de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
 
En la capacitación también se socializaron aspectos como la inclusión social de personas con discapacidad, categorías de discapacidad, principios de la convención de los derechos de las personas con discapacidad y prácticas en el trato y atención con personas con discapacidad.
 
Actualmente, en Córdoba 339 niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen procesos abiertos en el ICBF, los cuales reciben atención a través de las modalidades de protección Hogar Gestor, Hogar Sustituto y Externado Jornada Completa donde se busca lograr el fortalecimiento de vínculos familiares y la superación de situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos.
 

Este ejercicio de control social le permitió al Instituto compartirle a la comunidad, usuarios, beneficiarios, líderes y ciudadanos en general de los municipios de Quimbaya, Montenegro y de las comunas 2, 3, 5, 6 y 8 de Armenia, el funcionamiento del servicio público de Bienestar Familiar y la atención realizada durante la vigencia anterior, la cual ascendió a 11.918 usuarios  y beneficiarios en esta región del país.
 
El ICBF confirmó que se beneficiaron 6.354 niñas y niños de Primera Infancia en el departamento a través de hogares infantiles, jardines sociales, hogares comunitarios y Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Además, para Niñez y Adolescencia se atendieron 1.497 menores de edad con el programa Generaciones con Bienestar y acciones de prevención de consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y embarazo en adolescentes, mientras que para los programas destinados para Familias y Comunidades se atendieron 2.621 usuarios.
 
En el cierre, la Entidad informó que para las acciones y programas relacionados con Protección se atendieron 2.390 usuarios de los Centros de Atención Especializada (CAE), internados y externados para la atención de farmacodependencia, instituciones especializadas en atención de discapacidad y hogares sustitutos en el departamento del Quindío.
 
 

"Debemos acabar con la normalización del castigo físico porque no modula la conducta de niños y, por el contrario, genera miedo y rompe vínculo de confianza. Sin embargo, las leyes deben ser de carácter pedagógico y venir acompañadas de una transformación cultural", señaló la Directora del ICBF.

Juliana Pungiluppi señaló que la erradicación de la violencia contra la niñez y adolescencia es una prioridad del Gobierno del Presidente, Iván Duque. “En el Plan Nacional de Desarrollo nos propusimos reducir en 43,6 puntos la tasa de violencias contra niñas, niños y adolescentes antes que finalice esta administración en 2022. Lo anterior significa que nuestros esfuerzos deben conducir a reducir de 303,8 a 260,2 los casos de violencia intrafamiliar, interpersonal y sexual por cada 100.000 habitantes entre los 0 y 18 años”, explicó la Directora del ICBF.
 
“Estudios evidencian que los niños criados con violencia son más propensos a tener problemas de consumo de sustancias psicoactivas, baja autoestima, a ser más violentos e incurrir en comportamientos antisociales”, advirtió la Directora del ICBF.
 
"Los padres que usan la violencia como método correctivo también usan la violencia psicológica. Los niños no distinguen la violencia que es usada para corregirlos de otro tipo de violencias", sostuvo la Directora del ICBF.
 
“Uno de los objetivos de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes es que la sociedad rompa el vínculo en el que se ha naturalizado el castigo físico y humillante como forma de corrección de conductas de los menores de edad. En otras palabras, se genera miedo, pero no corrección”, puntualizó Juliana Pungiluppi.