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CONSOLIDADO_RESPUESTA OBSERVACIONES Y ACLARACIONES INTERESADOS-
Resolución 9520 por la cual se actualiza información financiera
Auto del 18 de septiembre de 2019 "POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN"
ICBF cualifica a madres comunitarias en promoción de lectura para la Primera Infancia en Sucre
El componente formativo de cualificación hace parte de los pilares que forja el ICBF para fortalecer la calidad en la atención a niñas y niños en sus programas y modalidades, los cuales continuarán con el desarrollo de un Diplomado en Gestión de Riesgo designado para 40 madres comunitarias y agentes educativas del municipio de Sucre.
En el municipio de Ovejas, las madres comunitarias y agentes educativas se formarán con un Diplomado sobre Familia y Desarrollo Integral, y en los municipios de Santiago de Tolú, San Benito Abad, Sampués, Sincelejo, San Onofre y Sucre 40 madres comunitarias se beneficiarán con una capacitación sobre el Modelo de Acompañamiento Situado para la Primera Infancia.
Estas capacitaciones se realizan en una alianza del ICBF con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) en el marco de una metodología pedagógica de acompañamiento en el territorio para las aprendices.
Plan de Adquisiciones del 17 de Octubre 2019
Selección Abreviada - Subasta Inversa SASI0112019SEN
Identificación del Proceso Selección Abreviada - Subasta Inversa SASI0112019SEN
Objeto: Adquisición, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo y traslados de equipos especiales de suplencia energética (ups) del ICBF a nivel nacional.
Cuantía $ 600.000.000
Subasta
Subasta
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INFORME DE VERIFCACIÓN DEFINITIVA-IP-002-2019
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El componente formativo de cualificación hace parte de los pilares que forja el ICBF para fortalecer la calidad en la atención a niñas y niños en sus programas y modalidades, los cuales continuarán con el desarrollo de un Diplomado en Gestión de Riesgo designado para 40 madres comunitarias y agentes educativas del municipio de Sucre.
En el municipio de Ovejas, las madres comunitarias y agentes educativas se formarán con un Diplomado sobre Familia y Desarrollo Integral, y en los municipios de Santiago de Tolú, San Benito Abad, Sampués, Sincelejo, San Onofre y Sucre 40 madres comunitarias se beneficiarán con una capacitación sobre el Modelo de Acompañamiento Situado para la Primera Infancia.
Estas capacitaciones se realizan en una alianza del ICBF con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) en el marco de una metodología pedagógica de acompañamiento en el territorio para las aprendices.
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Selección Abreviada - Subasta Inversa SASI0112019SEN
Identificación del Proceso Selección Abreviada - Subasta Inversa SASI0112019SEN
Objeto: Adquisición, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo y traslados de equipos especiales de suplencia energética (ups) del ICBF a nivel nacional.
Cuantía $ 600.000.000
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El componente formativo de cualificación hace parte de los pilares que forja el ICBF para fortalecer la calidad en la atención a niñas y niños en sus programas y modalidades, los cuales continuarán con el desarrollo de un Diplomado en Gestión de Riesgo designado para 40 madres comunitarias y agentes educativas del municipio de Sucre.
En el municipio de Ovejas, las madres comunitarias y agentes educativas se formarán con un Diplomado sobre Familia y Desarrollo Integral, y en los municipios de Santiago de Tolú, San Benito Abad, Sampués, Sincelejo, San Onofre y Sucre 40 madres comunitarias se beneficiarán con una capacitación sobre el Modelo de Acompañamiento Situado para la Primera Infancia.
Estas capacitaciones se realizan en una alianza del ICBF con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) en el marco de una metodología pedagógica de acompañamiento en el territorio para las aprendices.
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Objeto: Adquisición, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo y traslados de equipos especiales de suplencia energética (ups) del ICBF a nivel nacional.
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En el municipio de Ovejas, las madres comunitarias y agentes educativas se formarán con un Diplomado sobre Familia y Desarrollo Integral, y en los municipios de Santiago de Tolú, San Benito Abad, Sampués, Sincelejo, San Onofre y Sucre 40 madres comunitarias se beneficiarán con una capacitación sobre el Modelo de Acompañamiento Situado para la Primera Infancia.
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Objeto: Adquisición, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo y traslados de equipos especiales de suplencia energética (ups) del ICBF a nivel nacional.
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En el municipio de Ovejas, las madres comunitarias y agentes educativas se formarán con un Diplomado sobre Familia y Desarrollo Integral, y en los municipios de Santiago de Tolú, San Benito Abad, Sampués, Sincelejo, San Onofre y Sucre 40 madres comunitarias se beneficiarán con una capacitación sobre el Modelo de Acompañamiento Situado para la Primera Infancia.
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En el municipio de Ovejas, las madres comunitarias y agentes educativas se formarán con un Diplomado sobre Familia y Desarrollo Integral, y en los municipios de Santiago de Tolú, San Benito Abad, Sampués, Sincelejo, San Onofre y Sucre 40 madres comunitarias se beneficiarán con una capacitación sobre el Modelo de Acompañamiento Situado para la Primera Infancia.
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En el municipio de Ovejas, las madres comunitarias y agentes educativas se formarán con un Diplomado sobre Familia y Desarrollo Integral, y en los municipios de Santiago de Tolú, San Benito Abad, Sampués, Sincelejo, San Onofre y Sucre 40 madres comunitarias se beneficiarán con una capacitación sobre el Modelo de Acompañamiento Situado para la Primera Infancia.
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En el municipio de Ovejas, las madres comunitarias y agentes educativas se formarán con un Diplomado sobre Familia y Desarrollo Integral, y en los municipios de Santiago de Tolú, San Benito Abad, Sampués, Sincelejo, San Onofre y Sucre 40 madres comunitarias se beneficiarán con una capacitación sobre el Modelo de Acompañamiento Situado para la Primera Infancia.
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En el municipio de Ovejas, las madres comunitarias y agentes educativas se formarán con un Diplomado sobre Familia y Desarrollo Integral, y en los municipios de Santiago de Tolú, San Benito Abad, Sampués, Sincelejo, San Onofre y Sucre 40 madres comunitarias se beneficiarán con una capacitación sobre el Modelo de Acompañamiento Situado para la Primera Infancia.
Estas capacitaciones se realizan en una alianza del ICBF con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) en el marco de una metodología pedagógica de acompañamiento en el territorio para las aprendices.
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En el municipio de Ovejas, las madres comunitarias y agentes educativas se formarán con un Diplomado sobre Familia y Desarrollo Integral, y en los municipios de Santiago de Tolú, San Benito Abad, Sampués, Sincelejo, San Onofre y Sucre 40 madres comunitarias se beneficiarán con una capacitación sobre el Modelo de Acompañamiento Situado para la Primera Infancia.
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En el municipio de Ovejas, las madres comunitarias y agentes educativas se formarán con un Diplomado sobre Familia y Desarrollo Integral, y en los municipios de Santiago de Tolú, San Benito Abad, Sampués, Sincelejo, San Onofre y Sucre 40 madres comunitarias se beneficiarán con una capacitación sobre el Modelo de Acompañamiento Situado para la Primera Infancia.
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En el municipio de Ovejas, las madres comunitarias y agentes educativas se formarán con un Diplomado sobre Familia y Desarrollo Integral, y en los municipios de Santiago de Tolú, San Benito Abad, Sampués, Sincelejo, San Onofre y Sucre 40 madres comunitarias se beneficiarán con una capacitación sobre el Modelo de Acompañamiento Situado para la Primera Infancia.
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En el municipio de Ovejas, las madres comunitarias y agentes educativas se formarán con un Diplomado sobre Familia y Desarrollo Integral, y en los municipios de Santiago de Tolú, San Benito Abad, Sampués, Sincelejo, San Onofre y Sucre 40 madres comunitarias se beneficiarán con una capacitación sobre el Modelo de Acompañamiento Situado para la Primera Infancia.
Estas capacitaciones se realizan en una alianza del ICBF con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) en el marco de una metodología pedagógica de acompañamiento en el territorio para las aprendices.
Plan de Adquisiciones del 17 de Octubre 2019
Selección Abreviada - Subasta Inversa SASI0112019SEN
Identificación del Proceso Selección Abreviada - Subasta Inversa SASI0112019SEN
Objeto: Adquisición, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo y traslados de equipos especiales de suplencia energética (ups) del ICBF a nivel nacional.
Cuantía $ 600.000.000
Subasta
Subasta
Sede Dirección General
Sede Dirección General
INFORME DE VERIFCACIÓN DEFINITIVA-IP-002-2019
CONSOLIDADO_RESPUESTA OBSERVACIONES Y ACLARACIONES INTERESADOS-
Resolución 9520 por la cual se actualiza información financiera
Auto del 18 de septiembre de 2019 "POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN"
ICBF cualifica a madres comunitarias en promoción de lectura para la Primera Infancia en Sucre
El componente formativo de cualificación hace parte de los pilares que forja el ICBF para fortalecer la calidad en la atención a niñas y niños en sus programas y modalidades, los cuales continuarán con el desarrollo de un Diplomado en Gestión de Riesgo designado para 40 madres comunitarias y agentes educativas del municipio de Sucre.
En el municipio de Ovejas, las madres comunitarias y agentes educativas se formarán con un Diplomado sobre Familia y Desarrollo Integral, y en los municipios de Santiago de Tolú, San Benito Abad, Sampués, Sincelejo, San Onofre y Sucre 40 madres comunitarias se beneficiarán con una capacitación sobre el Modelo de Acompañamiento Situado para la Primera Infancia.
Estas capacitaciones se realizan en una alianza del ICBF con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) en el marco de una metodología pedagógica de acompañamiento en el territorio para las aprendices.
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Objeto: Adquisición, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo y traslados de equipos especiales de suplencia energética (ups) del ICBF a nivel nacional.
Cuantía $ 600.000.000
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ICBF cualifica a madres comunitarias en promoción de lectura para la Primera Infancia en Sucre
El componente formativo de cualificación hace parte de los pilares que forja el ICBF para fortalecer la calidad en la atención a niñas y niños en sus programas y modalidades, los cuales continuarán con el desarrollo de un Diplomado en Gestión de Riesgo designado para 40 madres comunitarias y agentes educativas del municipio de Sucre.
En el municipio de Ovejas, las madres comunitarias y agentes educativas se formarán con un Diplomado sobre Familia y Desarrollo Integral, y en los municipios de Santiago de Tolú, San Benito Abad, Sampués, Sincelejo, San Onofre y Sucre 40 madres comunitarias se beneficiarán con una capacitación sobre el Modelo de Acompañamiento Situado para la Primera Infancia.
Estas capacitaciones se realizan en una alianza del ICBF con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) en el marco de una metodología pedagógica de acompañamiento en el territorio para las aprendices.
Plan de Adquisiciones del 17 de Octubre 2019
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Objeto: Adquisición, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo y traslados de equipos especiales de suplencia energética (ups) del ICBF a nivel nacional.
Cuantía $ 600.000.000
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Auto del 18 de septiembre de 2019 "POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN"
ICBF cualifica a madres comunitarias en promoción de lectura para la Primera Infancia en Sucre
El componente formativo de cualificación hace parte de los pilares que forja el ICBF para fortalecer la calidad en la atención a niñas y niños en sus programas y modalidades, los cuales continuarán con el desarrollo de un Diplomado en Gestión de Riesgo designado para 40 madres comunitarias y agentes educativas del municipio de Sucre.
En el municipio de Ovejas, las madres comunitarias y agentes educativas se formarán con un Diplomado sobre Familia y Desarrollo Integral, y en los municipios de Santiago de Tolú, San Benito Abad, Sampués, Sincelejo, San Onofre y Sucre 40 madres comunitarias se beneficiarán con una capacitación sobre el Modelo de Acompañamiento Situado para la Primera Infancia.
Estas capacitaciones se realizan en una alianza del ICBF con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) en el marco de una metodología pedagógica de acompañamiento en el territorio para las aprendices.
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Selección Abreviada - Subasta Inversa SASI0112019SEN
Identificación del Proceso Selección Abreviada - Subasta Inversa SASI0112019SEN
Objeto: Adquisición, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo y traslados de equipos especiales de suplencia energética (ups) del ICBF a nivel nacional.
Cuantía $ 600.000.000
Adenda N 3
"Colombia será un país menos violento sin castigo físico en los hogares": Directora del ICBF
La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, explicó que existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza y que es necesario eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil y con ello “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.
Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
SIM 1761638414
Aviso de convocatoria
Aviso de convocatoria
Adenda N 3
"Colombia será un país menos violento sin castigo físico en los hogares": Directora del ICBF
La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, explicó que existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza y que es necesario eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil y con ello “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.
Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
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"Colombia será un país menos violento sin castigo físico en los hogares": Directora del ICBF
La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, explicó que existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza y que es necesario eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil y con ello “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.
Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
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La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, explicó que existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza y que es necesario eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil y con ello “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.
Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
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"Colombia será un país menos violento sin castigo físico en los hogares": Directora del ICBF
La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, explicó que existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza y que es necesario eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil y con ello “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.
Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
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"Colombia será un país menos violento sin castigo físico en los hogares": Directora del ICBF
La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, explicó que existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza y que es necesario eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil y con ello “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.
Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
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La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, explicó que existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza y que es necesario eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil y con ello “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.
Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
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La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, explicó que existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza y que es necesario eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil y con ello “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.
Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
SIM 1761638414
Aviso de convocatoria
Aviso de convocatoria
Adenda N 3
"Colombia será un país menos violento sin castigo físico en los hogares": Directora del ICBF
La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, explicó que existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza y que es necesario eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil y con ello “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.
Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
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La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, explicó que existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza y que es necesario eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil y con ello “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.
Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
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Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
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Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
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La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, explicó que existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza y que es necesario eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil y con ello “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.
Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
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La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, explicó que existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza y que es necesario eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil y con ello “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.
Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
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La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, explicó que existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza y que es necesario eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil y con ello “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.
Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
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Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
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Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
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Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
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La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, explicó que existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza y que es necesario eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil y con ello “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.
Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
SIM 1761638414
Aviso de convocatoria
Aviso de convocatoria
Adenda N 3
"Colombia será un país menos violento sin castigo físico en los hogares": Directora del ICBF
La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, explicó que existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza y que es necesario eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil y con ello “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.
Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
SIM 1761638414
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Adenda N 3
"Colombia será un país menos violento sin castigo físico en los hogares": Directora del ICBF
La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, explicó que existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza y que es necesario eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil y con ello “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.
Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
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"Colombia será un país menos violento sin castigo físico en los hogares": Directora del ICBF
La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, explicó que existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza y que es necesario eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil y con ello “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.
Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).





















