Sede Dirección General

1. Actualmente en La Guajira contamos con atención a la población infantil a través de diferentes servicios que quedaron contratados a finales del año pasado o que se firmaron a comienzos de este mes; en concreto están operando 604 hogares comunitarios, 3 centros de recuperación nutricional, 52 profesionales de unidades móviles y se dio inicio al pilotaje de la Guía para la atención integral al pueblo Wayuu en 570 comunidades de las zonas rurales de los cuatro municipios de la Sentencia T-302 (Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure) para la atención de 20.000 familias. 
 
También se desarrolla la atención de unos 1.500 niños y niñas a través de iniciativas comunitarias desarrolladas por organizaciones de base que presentaron sus propuestas en diciembre y que en la actualidad se encuentran en ejecución. Igualmente, se cuenta con un convenio con la agencia de logística de la Armada Nacional con la que se dispone de atención temporal para las comunidades.
 
2. Se están evaluando 51 nuevas asociaciones de autoridades tradicionales ancestrales que manifestaron interés en sumarse al pilotaje con más de 1.300 comunidades; el día 26 de enero se tendrán resultados sobre la valoración para que subsanen, si fuera necesario, y en caso de cumplir la totalidad de requisitos, pasarán a la verificación de las autoridades tradicionales de las comunidades para dar inicio a la operación.

Cabe resaltar que estas invitaciones publicas tienen reglas como la no acumulación de contratos, ni comunidades y que existe un orden de elegibilidad que prioriza la participación comunitaria y regional

3. El próximo 30 de enero, a petición de varias autoridades, saldrán a invitación abierta nuevas comunidades que han pedido participar en el pilotaje de la Nueva forma de atención integral al pueblo Wayuu para las zonas rurales de los cuatro municipios sentenciados, con las nuevas zonificaciones que han llegado. Esta invitación abierta no tendrá etapa de borradores y permitirá la participación de las asociaciones de autoridades tradicionales, pero también de otro tipo de organizaciones locales que manifiesten interés y reúnan los requisitos para la ejecución. Esta invitación, como todas las anteriores, tendrá un tope de comunidades posibles, un tope del monto posible a ejecutar y contará con la voz de las autoridades de cada comunidad. Igualmente, esta invitación será solamente para las comunidades rurales Wayuu de los cuatro municipios de la Sentencia T-302. 

4. La zona norte extrema a través de la «Mesa de Diálogo Genuino» creada por la Resolución 1261 de 4 de agosto del 2022, manifestó que en los nueve corregimientos se presentará una zonificación para participar en el pilotaje y se está organizando para materializar las iniciativas de participación en el mismo, ante lo cual se espera concretar en las próximas semanas su propuestapara avanzar en las comunidades que se han organizado a partir de este mecanismo, siempre con la totalidad de los requisitos necesarios para la contratación estatal. 

5. En adelante se proyectarán ampliaciones de cobertura para estos cuatro municipios en las zonas rurales Wayuu con el pilotaje de la nueva forma de atención integral de manera paulatina y bajo petición de las autoridades para lograr cubrir la mayor cantidad posible de comunidades. Igualmente, se contará con el monitoreo de ejecución y se valorará la eficiencia de las asociaciones para dar continuidad a la operación durante el resto del año. 
El diseño de esta forma de atención se origina en el trabajo colectivo, luego de 72 diálogos en los que han participado más de 862 comunidades y que se consolida en la Guía para la atención integral al pueblo Wayuu que puede ser consultada haciendo clic aquí. La operación se irá ajustando y concertando durante la implementación del proceso para avanzar en la consolidación de un modelo operativo, técnico, y financiero que asegure la calidad en la prestación de los servicios en el marco de la pervivencia cultural de estas comunidades.

6. Sobre la modalidad Propia e Intercultural de primera infancia que operaba en las zonas rurales Wayuu de los cuatro municipios, se inicia una transición hacia el pilotaje de la guía en virtud de los llamados de las comunidades por adaptar el modelo de atención a las realidades locales. Por tanto, en esta modalidad no habrá ampliación de cobertura en 2024, solamente se ampliarán coberturas en la nueva forma de atención. 

7. Aquellas comunidades de las zonas rurales Wayuu de los cuatro municipios de la Sentencia T302, que no quieran iniciar en el pilotaje, y prefieran mantener la atención de modalidad propia e intercultural solo para la primera infancia, es necesario enviar la solicitud al correo: direccionprimerainfancia@icbf.gov.co entre el 27 de enero y el 1 de febrero presentando opciones de organizaciones para la operación. Es necesario que tengan en cuenta que la organización que presenten no podrá operar con más de 350 cupos para que puedan responder con calidad a las autoridades que les hayan confiado la atención. Estas organizaciones además de cumplir los requisitos de ley, no podrán operar si tienen incumplimientos en contratos anteriores, sanciones o hayan dejado de dar seguimiento a algún niño o niña en desnutrición, tampoco podrán trasladar niños y niñas entre comunidades y han de aplicar la contrapartida efectiva en el mejoramiento de las unidades comunitarias de atención, la disponibilidad de agua y la dotación para la operación. 

8. Para la operación de los otros servicios de atención a primera infancia en las zonas urbanas de los cuatro municipios sentenciados y la de los demás municipios que no están en la Sentencia T-302, se han determinado las siguientes orientaciones: 

- Modalidad Propia e Intercultural en zonas urbanas tanto de los municipios sentenciados, como los no sentenciados. Esta modalidad en lo urbano, hará un tránsito a un modelo de jardines interculturales. Esta modalidad fue concebida para trabajar en territorios étnicos con áreas dispersas, por tanto, la fase de transición iniciará para dar un salto en julio de 2024, y mientras tanto se contratará con invitación cerrada dirigida directamente a las organizaciones de las comunas y barrios donde venían funcionando, a juntas de acción comunal y organizaciones de base étnica que tengan asiento y trabajo en ese barrio o comuna. Mientras dura la transición, la misma comunidad y las familias ejercerán el control social a partir de los mecanismos establecidos por el ICBF para tal fin, complementando los mecanismos regulares para la supervisión.
 
- Modalidad Propia e Intercultural en los territorios afrocolombianos, Wiwa y Kogui: Se extiende invitación cerrada a los resguardos y sus cabildos respectivos y a los consejos comunitarios para que ellos puedan operar directamente en sus territorios, inicialmente con la cobertura prevista, pero se evaluarán progresivamente los cambios en el modelo y las ampliaciones de cobertura a medida que avanzan los diálogos con las autoridades de dichos territorios.

En caso de que ellos presenten para la operación alguna entidad externa a su territorio, se les pedirá soporte de la asamblea o el mecanismo democrático de su territorio donde la comunidad avala que sea un tercero quien asuma la operación de los programas de ICBF.
 
- Modalidad Propia e Intercultural en los territorios de Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR): se extiende invitación cerrada a la cooperativa de firmantes de paz de dicho espacio territorial y podrán presentar si están interesadas, en operar directamente o en alianza con alguna organización, siempre bajo la responsabilidad y trabajo articulado con las comunidades y con el soporte de que la decisión ha sido tomada bajo los parámetros democráticos que tenga dicho espacio territorial.
 
Por último, les recordamos a todos los interesados que todas las invitaciones se harán por los mecanismos con que cuenta el Estado para la transparencia y seguimiento y, por tanto, los interesados deben estar inscritos en SECOP II. Pueden encontrar el tutorial haciendo clic aquí.
 
Recuerden que todos los trámites en ICBF son gratuitos y no requieren de la intermediación de terceros.
 

Así las cosas, finalizada la etapa de presentación de ofertas, el ICBF publicó la lista de consolidación para iniciar la evaluación de las ofertas, las cuales están contenidas en el anexo 2 de la publicación realizada el 25 de enero de 2024 en la plataforma Secop II.

A partir de las ofertas, que en los distintos órdenes clasificatorios conforman la lista de consolidación, el ICBF con un comité evaluador independiente, inicia a partir de hoy la revisión de los criterios habilitantes de experiencia específica, capacidades financiera, operacional, residual y jurídica, establecidos en las reglas de la invitación CV-PC-008-2023SEN. 

Por lo anterior, una vez revisados y validados los criterios habilitantes se aplicarán los criterios de asignación de puntaje sobre la experiencia específica adicional, talento humano de la zona de la oferta y se validará la ausencia de sanciones impuestas por el ICBF, en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia. 

La verificación de las ofertas se fortalece con tres etapas distintas dentro del procedimiento competitivo, en las cuales la ciudadanía podrá conocer y controvertir los informes publicados (lista de consolidación, requisitos habilitantes y requisitos ponderables). Lo anterior, en aplicación de los principios de la contratación y en especial el de transparencia, la consolidación del Modelo de Gestión Territorial, la generación de capacidades locales y el fortalecimiento del talento humano de cada comunidad. Adicionalmente, para este procedimiento competitivo, el ICBF a solicitado acompañamiento preventivo de los entes de control.

Lo mencionado, debe redundar en la garantía de los derechos de las niñas y niños del país, pues no se trata de la contratación de servicios sino de contar con aliados estratégicos con arraigo y reconocimiento comunitario que generen sistemas de cuidado colectivo para garantizar los derechos de ellas y ellos. 

El ICBF agradece a los participantes y de manera particular a las más de 700 asociaciones de madres ypadres y comunitarias, grupos étnicos, consejos comunitarios, juntas de acción comunal, asociaciones campesinas, su interés en participar y continuar generando capacidades en el territorio para colaborar con el Estado en la prestación de servicios a favor de la niñez del país. 

Este proceso de evaluación de las ofertas inicia hoy 26de enero de 2024, por lo que exhortamos a la ciudadanía, a acompañar la revisión de la evaluación y realizar observaciones que fortalezcan el proceso de selección de los contratistas, a través de los mecanismos dispuestos por el Estado para el desarrollo de estas invitaciones.(SECOP II). 
 

“Atendiendo a las necesidades del territorio, pero sobre todo permitir que adolescentes y jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal accedan a procesos y prácticas restaurativas, damos inicio a las nuevas modalidades no privativas de la libertad en el departamento. Esto es para ellos, para potencializar sus proyectos de vida y que sean en un entorno seguro y de legalidad”, manifestó la directora de Protección, Diana Baloy.  
 
Las nuevas modalidades no privativas de la libertad tienen un alto potencial social comunitario, enfocándose en la inclusión social y aplicación de prácticas y justicia restaurativa, que posibilita que la población que hace parte del sistema cumpla su sanción en escenarios que aporten a su desarrollo cognitivo, emocional y social.  
 
En el departamento del Chocó se tendrá a disposición 20 cupos de libertad vigilada asistida, 20 cupos de prestación de servicios a la comunidad y 10 cupos en internado en medio semicerrado. 
 

Estas capacitaciones se realizan en todas las localidades de Bogotá y están enfocadas en fortalecer los componentes esenciales de salud y nutrición, familia, comunidad y redes, así como los ambientes educativos y de gestión. 
 
El compromiso conjunto que adquieren estos actores en la educación inicial de los niños y las niñas, genera un impacto positivo en su desarrollo integral, asegurando entornos más seguros y enriquecedores desde la protección y el amor. 
 
Las jornadas están enmarcadas en el plan de actividades que desarrollará el ICBF en Bogotá, como ente regulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), articulandosus programas, proyectos y estrategias con diferentes entidades de orden local y nacional para fortalecer y poner en práctica las políticas públicas de infancia y adolescencia.
 
Es así como el Gobierno del Cambio, a través del ICBF reafirma su compromiso con el bienestar de la primera infancia, construyendo entornos seguros que propicien su desarrollo integral y protección.
 

En un esfuerzo conjuntoentre el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Alcaldía de Quibdó y la Caja de Compensación de Chocó, Comfachocó, se pondrá en funcionamiento el Centro de Educación Inicial (CEI) donde serán atendidos 160 niños y niñas, habitantes de la urbanización Ciudadela MIA en Quibdó.
 
El anuncio fue hecho por el director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), Julián Moreno Parra, en el marco de la jornada del Gobierno con el Pacífico, donde además señaló que el CEI Ciudadela MIA brindará educación inicial desde el nivel de sala cuna hasta el grado obligatorio transición, proporcionando una base sólida para el desarrollo integral de la primera infancia, con una inversión del ICBF de $797.729.680.
 
El proyecto, pionero en Quibdó, contempla además la apertura de una nueva infraestructura diseñada y dotada por Comfachocó, que atenderá a otros 180 niños y niñas, integrando acciones de ambos sectores bajo la supervisión de maestras nombradas por la Secretaría de Educación Municipal y agentes educativas del ICBF.
 
Además, se entregarán dotaciones para fortalecer los ambientes pedagógicos y se llevarán a cabo procesos de cualificación de talento humano. Para enriquecer la experiencia educativa inicial se implementarán colectivos pedagógicos liderados por agentes educativas y maestras que promoverán el juego, la literatura, las artes y la exploración del medio.
 
Estas acciones conjuntas demuestran el compromiso del Gobierno del Cambio en fortalecer alianzas para la promoción del bienestar y desarrollo de la primera infancia en Quibdó.

La niña estuvo bajo protección en un hogar sustituto en 2023 y luego de seis meses de entrevistas, visitas familiares y adelantar los procesos establecidos en las normas y manuales de la entidad, la Defensoría de Familia dio concepto favorable para la reunificación familiar, la cual se realizó a finales del mes de noviembre del mismo año.

Los padres de la niña tenían el compromiso de presentarse durante el mes de diciembre ante el ICBF para el seguimiento del proceso, sin embargo informaron a la Defensoría correspondiente que se encontraban fuera del país.

El ICBF ha dispuesto de toda la información y del proceso de restablecimiento de derechos adelantado en favor de la niña para que las autoridades competentes puedan establecer a los responsables de este hecho.

El esfuerzo de las entidades competentes para la identificación temprana y en territorios alejados y con ausencia histórica de servicios públicos de salud, ha generado un aumento en la notificación por desnutrición aguda, moderada y severa, en niños y niñas menores de cinco años, y lograr que esta detección genere la disminución de las muertes es uno de los objetivos de esa articulación.



El análisis de la tendencia de la morbilidad entre los años 2017 y 2023 observa una tendencia al aumento en la identificación de casos nuevos de desnutrición aguda, pasando de 10.641 casos en 2017 (prevalencia de 0,24 %) a 24.226 en 2023 (prevalencia de 0,65 %), obteniendo el mayor impacto en el período posterior a la pandemia por COVID-19. En 2022 se identificaron 21.195 casos (prevalencia de 0,56 %), gracias a diferentes los diferentes territorios, para mejorar la captación de los casos.

✓ La primera es que ha aumentado el número de instituciones de salud que notifican al menos un caso de desnutrición al año: de 2.085, tras la pandemia en 2021, a 2.508 en 2023 (incremento de 20,3 %), con un aumento en la mayoría de las entidades territoriales departamentales y distritales.

✓ La segunda es la mayor participación en la red de notificación de las diferentes modalidades de atención del ICBF que hoy aportan el 4,25 % del total de casos notificados al país, incluso con un mayor aporte en departamentos prioritarios como Chocó (25 %) y Vichada (23 %).
✓ La tercera es la intensificación de la vigilancia hospitalaria, mediante la exigencia de la medición de peso,

talla y perímetro braquial de todos los niños y niñas atendidos, independientemente de su causa. Un ejemplo es el caso en La Guajira que ha significado un aporte de 27,8 % al total de casos (798 de 2.871 casos en 2023).

✓ El despliegue de equipos básicos de atención desde el Ministerio de Salud, las secretarías de Salud y otras instancias, ha permitido una mayor captación de los casos de procedencia rural: de 6.826 en 2022 (prevalencia 0,60 %) a 8.445 en 2023 (prevalencia 0,77 %). A este impacto en la detección se sumará el aumento de casos detectados por agentes comunitarios; estos serán verificados por la red de atención en salud y su aumento se verá reflejado en los datos de 2024.

Al revisar la situación por entidad territorial, las mayores prevalencias en 2023 se observan en los departamentos de Vichada, La Guajira y Chocó, donde se ha concentrado una parte de las actividades de las diferentes instituciones de los órdenes nacional, departamental y de cooperación internacional. Los incrementos han sido superiores al umbral histórico en esos departamentos, y también en Bolívar, Atlántico, Valle del Cauca y Meta.

Por su parte, la mortalidad por desnutrición aguda ha disminuido del pico de 325 casos en 2022 a 246 en 2023 (23 % de disminución). La disminución ha sido mayor en menores de un año, en niños procedentes de zonas rurales e indígenas, lo cual evidencia el impacto de la mayor detección y la intervención oportuna, en especial en los sitios con mayores dificultades. Los departamentos de Chocó y La Guajira muestran una disminución importante de la mortalidad, mientras Vichada registra un aumento, al igual que otros siete departamentos en donde se concentra una tasa de detección mayor. Asimismo, hay dos departamentos que, si bien cuentan con menor detección, presentan un aumento de mortalidad, y es en donde se concentrarán acciones estratégicas para 2024.

Ante el comportamiento de la morbimortalidad que venía presentando el país en 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Instituto Nacional de Salud (INS), la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) y Prosperidad Social, establecieron el Plan de desaceleración de la mortalidad por desnutrición aguda, cuyo objetivo es establecer acciones que contribuyan a la reducción de muertes por esta causa en los niños y niñas memores de cinco años de edad. En dicho plan se priorizaron doce departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Chocó, Cesar, La Guajira, Guainía, Magdalena, Meta, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada, a través del fortalecimiento de acciones como:

• Identificación de casos de manera oportuna.

• Seguimiento a la atención en salud por parte de los prestadores y aseguradores.

• Establecimiento del proceso de recuperación de los niños.

En el marco del seguimiento mencionado, en 2023 se conformaron comités de seguimiento a casos de desnutrición aguda. Estos consisten en espacios de reunión con la participación de las secretarías de Salud en el ámbito departamental y municipal, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), el Instituto Nacional de Salud (INS), la Superintendencia Nacional de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tanto a nivel nacional
como regional. En estos comités se realiza un seguimiento al manejo proporcionado por las IPS en relación con los niños y niñas notificados con desnutrición aguda, y se coordina con otras entidades como el ICBF, para su inclusión en servicios de atención complementaria. En Maicao, ya la operación de servicios de recuperación nutricional poshospitalaria y la búsqueda activa se realiza directamente por el hospital público y el ICBF, sumando recursos de operación y haciendo más cortos los tiempos de respuesta en la atención.

Adicionalmente, desde enero de 2023 se incluyó en la Unidad de pago por capitación (UPC) del sistema de salud, el soporte nutricional para el tratamiento de la desnutrición, con el objetivo de garantizar su entrega oportuna a los niños y niñas en desnutrición aguda. Igualmente, durante 2023, el ICBF logró la recuperación nutricional de 57.957 niñas y niños que ingresaron a sus servicios en estado de desnutrición y de riesgo de desnutrición. En la estrategia de prevención, en el marco de la atención integral a la primera infancia, se logró la alimentación de un total de 1.626.583 niños y niñas en todo el país. La entidad innovó en la preparación de nuevas minutas con aportes diferenciales a las regiones y validó con Invima la producción de alimentos de alto valor nutricional con productos regionales, tales como el sacha inchi y la yuca.

Asimismo, con el objetivo de fortalecer las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) en 31 departamentos y tres distritos, y aumentar la identificación de niños y niñas con desnutrición aguda para su manejo oportuno, entre otras acciones, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 2788 del 2022, asignó recursos a 163 Empresas Sociales del Estado, con el fin de avanzar en la conformación y operación de 483 equipos en 206 municipios. El monto total asignado para este fin fue de $49.979.874.000 de pesos. Adicionalmente, el 27 de febrero de 2023 se emitió la Resolución 295, la cual modificó varios artículos de la Resolución 518 de 2015, algunos de ellos relacionados con la orientación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas para que sean ejecutadas por los Equipos Básicos de Salud. En ese sentido, los recursos asignados a los departamentos, distritos y municipios, a través del Sistema General de Participaciones - Salud Pública para la vigencia 2023, ascendieron a $1.287.159.995.254 ($551.479.292.034 para municipios y $735.680.703.220 departamentos y distritos). Estos recursos contribuyeron a la financiación de los Equipos Básicos de Salud en los territorios priorizados por las entidades territoriales, logrando así la conformación total de 2.452 equipos básicos de salud en 31 departamentos, tres distritos y 1.013 municipios.

Para el Gobierno nacional, desde su Política Nacional de Hambre Cero, el establecimiento de 64 zonas de recuperación nutricional en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, durante 2024, le permite contar con un monitoreo territorializado específico de los determinantes sociales e indicadores, así como seguir articulando una respuesta integrada de la atención en salud. Esta incluye la estabilidad de condiciones de seguridad alimentaria; la incorporación de prácticas de soberanía alimentaria y de recuperación nutricional; la atención prioritaria a mujeres en gestación; el establecimiento de dispensarios o tiendas solidarias para la comercialización a bajo costo, y la distribución gratuita de alimentos de alto valor nutricional, que facilitarán la continuidad en la reducción de la mortalidad por desnutrición en el país.




 

Durante la jornada, además de intercambiar platos típicos y de disfrutar de presentaciones folclóricas, se fomentó la conexión con la tierra al involucrar a los niños y niñas en una significativa siembra de plantas originarias del territorio. 
 
De acuerdo con la directora de Familias y Comunidades del ICBF, Haidy Duque, con estas acciones se busca preservar la diversidad cultural, proteger los derechos humanos y promover el desarrollo sostenible que incluya a todos los sectores de la sociedad.
 
Para el Gobierno del Cambio el reconocimiento y la atención adecuada de las comunidades contribuyen a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Además, se fortalece el vínculo con la cultura local, también promueve la conciencia ambiental y la preservación de la biodiversidad.

El anuncio fue hecho en el marco de la jornada del Gobierno con el Pacífico, trabajo que se desarrollará a partir del reconocimiento de las prácticas culturales, que contribuyan a la pervivencia y salvaguarda de los pueblos. Además, esta metodología requiere la corresponsabilidad de los miembros de las comunidades en las acciones que se adelanten y serán ellos, quienes presentarán las propuestas de los proyectos que desean construir para que el ICBFlos apoye con la financiación.

De acuerdo con la directora de Familias y Comunidades, Haidy Duque, «El ICBF está fortaleciendo su presencia en los territorios y está llegando a las comunidades a las que no se les atendía». Agregó que, con esta metodología, denominada Modelo de Atención Integral Comunitario se abren otros espacios de participación con las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.

En el Chocó las comunidades con las que se inicia esta labor sonConsejo comunitario Casimiro, Consejo comunitario Acadesan, resguardos Wounaan, Organización Woundeko y Resguardo Indígena Alto Andágueda. En Nariño son los Consejos comunitarios Pro defensa del río Tapaje, Bajo Tapaje, Alto río Sequihonda, La Esperanza, Progreso del Campo, Progreso del río Nerete, Playas Unidas, Punta Mulatos, Odemap Mosquera Norte y Odemap Mosquera Sur.

Para el Gobierno del Cambio aplicar un modelo de atención diferenciado dirigido a las poblaciones indígenas y campesinas no solo contribuirá a la equidad y la inclusión social, sino que fomentará un desarrollo sostenible que respete la diversidad cultural y promueva la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Los hechos se iniciaron aprovechando la visita programada que periódicamente tienen con las familias, generando una situación de desorden con la intención de evadirse. 

Con presencia de tres Defensorías de Familia, el personal educativo del operador y el acompañamiento del Ministerio Público, el ICBF realizó las acciones de contención para garantizar los derechos de los adolescentes y jóvenes que adelantan su proceso pedagógico y restaurativo e igualmente se mantiene contacto permanente con las familias.

Es oportuno aclarar que durante el proceso pedagógico y restaurativo que se adelanta en el Sistema de Responsabilidad Penal, los equipos sicosociales del ICBF y los profesionales del operador trabajan permanentemente con los adolescentes y jóvenes en el manejo de emociones, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y un esquema positivo de valores.

Así mismo, a través de diferentes talleres de preparación para la vida productiva enfocando sus habilidades, se desarrollan sus capacidades y generen emprendimientos para el momento de su egreso.