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“Si articulamos y nos unimos todos, el ICBF de la mano con los alcaldes y alcaldesas y las gestoras y gestores sociales para buscar la garantía de esos derechos fundamentales, lograremos realmente trabajar por la Paz de Colombia y del departamento”, señaló la directora encargada de la regional Bolívar, María Mercedes López.

De igual forma, convocó a trabajar de manera prioritaria en temas como el mantenimiento de infraestructuras para la atención de la primera infancia, garantizar el derecho a la nutrición, a prevenir el reclutamiento fortaleciendo los proyectos de vida de la niñez y la adolescencia.

Así mismo, hizo un llamado para generar políticas públicas ajustadas a las necesidades de los territorios e invitó a articularse con los ocho centros zonales que hay en el departamento.

Durante el año 2023, el ICBF garantizó derechos a 125 mil niños, niñas y adolescentes a través de sus programas institucionales dirigidos a esta población y a las familias en el departamento de Bolívar. 

En esta cumbre participaron las gestoras y gestores de los municipios, la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, y representantes de diferentes entidades departamentales y nacionales.

Para el ICBF es importante consolidar vínculos con aliados públicos y privados que permitan fortalecer las herramientas orientadas a la promoción de derechos y prevención devulneraciones dirigidas a la niñez y la adolescencia.
 
Por ello, apoya las jornadas de voluntariado que promuevan acciones en favor de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran ubicados en las modalidades de protección de la Subdirección de Restablecimiento de Derechos del ICBF.
 
Como parte del compromiso social, la Compañía Nacional de Chocolates promueve el voluntariado para contribuir al desarrollo integral de sus trabajadores, las comunidades donde hacen presencia y aportar, como en este caso, al desarrollo de la educación de los niños, niñas y adolescentes de la Fundación La Esperanza de Amaly,
 
Los kits estaban compuestos por morrales con cuadernos, regla, colores, cuento, cartuchera (lápices, esferos, colbón, borrador, tajalápiz), botilito, plato con tapa para lonchera y frisbee.
 
 

Para que los nuevos mandatarios integren políticas que garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la coalición Niñez Ya y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), realizarán el curso virtual gratuito ‘La Niñez en los Planes de Desarrollo Territorial', cuyo plazo de inscripción vence este 30 de enero.
 
El curso, enmarcado en la estrategia Juntos por la Niñez, busca acompañar y orientar la formulación de los planes de desarrollo de los alcaldes y gobernadores, quienes se encuentran formulando los documentos que serán la ruta de acciones durante los próximos cuatro años de gobierno, para presentarlos ante los concejos municipales y asambleas departamentales en el primer semestre del año.
 
El curso se llevará a cabo en dos etapas, la primera del 1 al 29 de febrero y la segunda del 1 al 31 de marzo de 2024. Las inscripciones que estarán abiertas hasta el 30 de enero se pueden realizar en el siguiente enlace
[https://bit.ly/4852rs2].
 
El contenido del curso se dividirá en tres unidades fundamentales:

1. Comienzo fundamental para la Vida, Salud y Nutrición | Educación inicial | Educación preescolar, básica y media.

2. Cuidado y amor para el bienestar de la niñez | Fortalecimiento de la familia, el cuidado y la crianza | Protección frente a cualquier tipo de violencia | Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

3. Expresiones del ejercicio ciudadano y la construcción de país: Juego | Participación | Cultura de paz, reconciliación y convivencia.
 
"El curso virtual proporcionará herramientas a los nuevos gobiernos municipales y departamentales para que cumplan con el mandato del artículo 204 de la Ley de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), que insta al diseño del Plan de Desarrollo Territorial con enfoque diferencial y prioritario en infancia y adolescencia. Además, brindará información a la ciudadanía sobre los asuntos impostergables para la niñez con el fin de que pueda aportar en el proceso que se dará en todo Colombia", enfatiza NiñezYa.

El proyecto promovió reflexiones colectivas sobre las prácticas y dinámicas familiares y comunitarias que afianzan el cuidado, la crianza, la convivencia armónica, el bienestar de las familias y la pervivencia de los grupos étnicos como pueblo eperara siapidara, generó espacios de diálogo reflexivo entre los miembros de las familias, para la promoción del desarrollo integral desde su diversidad e identidad cultural.

Se trabajó igualmente el componente de educación alimentaria y nutricional, mejorando el acceso a los alimentos mediante la entrega y la cría de especies menores. 
 
El pueblo eperara se encuentra ubicado en el departamento del Cauca, en la ribera del río  Saija, región de López de Micay, y en el río Naya municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca; también hay asentamientos en El Charco y Olaya Herrera en el departamento de Nariño. Su lengua nativa es la epérã pedée, o pede, perteneciente a la familia lingüística de los Chocó.

A través de encuentros guiados por profesionales del ICBF y mediante expresiones artísticas, culturales y metodologías participativas, se les brindaron herramientas para su desarrollo personal y la prevención de situaciones que ponen en riesgo sus derechos. 

Durante el 2023, el ICBF llegó a los municipios de Bucaramanga, El Playón, Floridablanca, Piedecuesta, Puerto Wilches, Puerto Parra, Sabana de Torres, Simacota y Barrancabermeja, con estas iniciativas, tejiendo acciones para la construcción de la Generación para la Vida y la Paz.

A través de la denuncia anticorrupción, radicada con el número 3395 y SIM 1763307712, la Oficina Asesora Jurídica del ICBF tuvo conocimiento de posibles hechos contrarios a la ley relacionados con el contrato 363 de 2021. 
 
Conforme al lineamiento anticorrupción institucional, y en estricto acatamiento al debido proceso y tolerancia cero a los actos de corrupción, se inició la recopilación de la información necesaria y los elementos materiales probatorios, que permitieran promover las denuncias correspondientes. Este proceso culminó el día 2 de febrero del año 2023, fecha en la cual el ICBF instauró denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, con el radicado número CUI 520016099032202316550.
 
Ahora bien, en relación con los procesos administrativos sancionatorios es importante precisar que estos se encuentran en cabeza de las Direcciones Regionales, como ordenadoras de este gasto, a ellos corresponde la gestión y decisiones de fondo en cada caso. No obstante, y a pesar de que por competencia estos procesos no son adelantados desde el despacho de la Dirección General, esta administración identificó demoras excesivas en su trámite por lo que dispuso mecanismos de acompañamiento logrando así duplicar las sanciones impuestas a los operadores que no cumplieron a cabalidad el objeto para el cual fueron contratados, pasando de 30 sanciones impuestas en 2021 a 70 en 2023.
 
La sanción del contrato 363 de 2021 es una de las identificadas especialmente demorada, sobre la cual el equipo nacional revisó y acompañó a la dirección regional logrando ejecutoriarla el pasado 24 de noviembre de 2023, con una imposición de multa por $1.412.415.137.
 
Frente a la presunta relación de un exconcejal con la unión temporal sancionada, el despacho de la Dirección General solicitó revisión de las bases de contratación para verificar los asociados de la unión temporal que celebró contrato en 2021, identificando que ese nombre figura como revisor fiscal de una de las dos organizaciones que conforman la unión temporal. De igual forma, es preciso informar que esta Administración no ha celebrado contratos con dicha unión temporal ni con sus asociados.
 
Desde la llegada del Gobierno del Cambio al ICBF se han tomado medidas contundentes para contrarrestar posibles escenarios de corrupción, y manejos que puedan presentarse en la selección, operación y ejecución contractual de los servicios. Uno de ellos es la realización de una auditoría de control interno sobre los mecanismos de selección de operadores de Primera Infancia y su eficiencia en la selección. Se concluyó que mecanismos como BETTO, así como la herramienta de seguimiento a la ejecución (IDEAS), no reúnen los requisitos de transparencia necesarios para ser utilizados en la contratación del 2024. Dichas denuncias fueron remitidas en octubre de 2023 a las entidades de control.
 
Esta administración, con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, conformó un equipo anticorrupción con el propósito de realizar verificaciones especializadas de posibles interrelaciones entre operadores para acumular contratación, y otros factores que al final se traducen en mala atención para los niños y niñas.
 
De igual forma, las nuevas invitaciones públicas fomentan la pluralidad de oferentes, incentivan la participación de nuevos actores con una base comunitaria más sólida, cuyo trabajo territorial permite también un control ciudadano más cercano. Adicionalmente, se han puesto límites a la cantidad de contratos para adjudicar, al número de cupos que puede tener un operador, así como criterios que priorizan la territorialidad de los actores de manera que, además de las mejoras en procesos de supervisión institucional, los controles sociales ayuden a cualificar la atención para los niños y niñas.
 
La revista Cambio señala elementos nuevos no conocidos por el despacho de la Dirección General relacionados con un funcionario del Instituto, ante los cuales, en el marco del respeto por la institucionalidad, se adelantarán las acciones a que haya lugar.
 
La Dirección General considera que la tarea periodística por develar nexos entre actores políticos e irregularidades en la contratación es una labor que le permite al país conocer más a fondo realidades regionales que afectan al interés público, y en este caso particular la revista aporta valiosos elementos a situaciones que previamente el ICBF puso en conocimiento de las autoridades competentes.
 
El ICBF en su compromiso por la tolerancia cero frente a hechos de corrupción invita a denunciar cualquier hecho irregular en los canales de denuncia dispuestos como: línea gratuita nacional ICBF: 01 8000 91 80 80, disponible lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm.; la línea Anticorrupción: 01 8000 91 80 80, opción 4, la línea 141, correo Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@icbf.gov.co

Por espacio de dos días y como parte de los compromisos del Gobierno del Cambio, los profesionales del ICBF adelantaron la caracterización de las familias, distribuyeron 169 unidades de Bienestarina en polvo y 50 cajas cada una con 36 unidades de Bienestarina liquida; 
2 niños en riesgo de desnutrición fueron  remitidos al sector Salud;  26 niños y niñas fueron encontrados sin documento de identificación y 60 sin atención de primera infancia; 8 más sin control de crecimiento, desarrollo y vacunas, así como  8 mujeres  gestantes sin atención.

Una vez identificadas las necesidades de las familias, el ICBF estableció compromisos  para responder a las solicitudes de la comunidad entre ellos, adelantar las remisiones a la Registraduría y a Salud e incluir a las niñas y niños en las modalidades de Primera Infancia y Nutrición para su atención integral.

Así mismo, se realizará nueva jornada de atención por parte de Unidades Móviles a
la comunidad Guamaca en febrero para caracterizar a otras 105 familias, buscando garantizar los derechos de niñas, niños y mujeres gestantes.

A estas acciones se le suma el trabajo permanente y articulado con las autoridades y Cabildo gobernador para la activación de rutas de violencia sexual y restablecimiento de derechos en los casos presentados en la comunidad.

Las autoridades tradicionales de la comunidad le solicitaron al ICBF que sean consideradas hojas de vida de miembros de la comunidad  para los diferentes programas que deben llegar a la misma, así como la ampliación de cupos para primera infancia; la creación de una Unidad Comunitaria de Atención en La Múcura y la presencia de programas de nutrición y  la articulación y activación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para que se garanticen todos los derechos de la ñiñez, adolescencia y comunidad.