Sede Dirección General

En el marco del convenio realizado entre el ICBF y laRegistraduría, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar se ha articulado al diálogo con las comunidades y en el acompañamiento de todo el proceso con los agentes de Gobierno y las entidades territoriales involucradas para asegurar que todos los niños y las niñas sean inscritos al nacer y cuenten con la documentación que les permita acceder a los servicios del Estado.

El trabajo en conjunto entre autoridades departamentales, locales, cabildos y gobernadores indígenas ha sido fundamental para alcanzar este logro que beneficia a las comunidades de Nabusimake y sus alrededores.

El proceso de apertura de la registraduría se ha estructurado en dos fases esenciales: adecuación de la sede en abril para proveer un espacio que cumpla con los estándares de servicio requeridos para la comunidad, y la organización de próximas reuniones con autoridades departamentales, locales e indígenas para planificar de forma detallada el cronograma y logística de las jornadas de registro, con el fin de asegurar la coordinación y participación de todos los involucrados.

El derecho a la identidad es más que un nombre en un documento; representa el acceso a los derechos fundamentales y la participación activa en la sociedad. Con la reapertura de la Registraduría de Nabusimake, el ICBF reafirma su compromiso con cada niño, niña y sus familias para garantizar el desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

(Fin/lpr/pup)
 

 

Gracias a las acciones lideradas por el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia se logró ubicar a una de las niñas, y continuar su proceso de restablecimiento de derechos. Al mismo tiempo continúa la búsqueda de la otra menor de 13 años de edad.

Además se están indagando las circunstancias en que se produjo la evasión para adoptar las acciones de mejora y así  evitar que se repitan situaciones como esta.
 
El ICBF no cesará en la búsqueda de la niña y hace un llamado a la ciudadanía para que comparta cualquier información a la línea 141, la línea 123 de la Policía de Infancia y Adolescencia, así como en los centros zonales, que permita establecer la ubicación de la niña.

En ese sentido, la subdirectora general del ICBF, Adriana Velázquez, instó a 
consolidar acciones que respondan a la problemática de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) con la misma contundencia con la que se han rechazado los casos que se han conocido en la última semana y que han conmocionado al país.

Durante un encuentro realizado en Medellín con entidades del orden nacional y territorial, la funcionaria insistió en la necesidad de generar acciones de prevención conjunta muy determinantes para que se denuncie a la línea 141 cualquier gesto, hecho o situación que genere sospecha de una posible vulneración de derechos a la niñez y la adolescencia. 

Frente a la situación de violencia sexual que enfrentan niños, niñas y adolescentes en el país, expuesta por la procuradura Margarita Cabello, la subdirectora del ICBF reiteró que es crucial dar la misma importancia a cada uno de los 331 casos de ESCNNA, acumulados entre el 2023 y lo que va del 2024 para poder responder como sociedad frente a esta forma de violencia tan grave y extrema contra niños, niñas y adolescentes.
 
El llamado que hizo el ICBF es a consolidar como sociedad, estrategias y acciones intersectoriales e interinstitucionales que permitan no solamente avanzar en favor de la prevención de estas violencias, sino en lograr la erradicación de la explotación sexual comercial no solamente en Medellín sino en todo el territorio colombiano.

Además de la procuradora asistieron el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón, y representantes de diferentes sectores tanto público como privado.

La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, sostuvo una reunión con la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para establecer una ruta de trabajo articulada entre las entidades, que permita avanzar efectivamente por la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y en el cuidado de los recursos públicos.