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Por su parte, la ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, hizo un llamado a todos los grupos armados para que dejen a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes fuera del conflicto, así como a las instituciones educativas, públicas y privadas. “Garantizar la educación es el mejor camino para la consolidación de la paz”, afirmó la funcionaria. 
El ICBF solicitó la convocatoria inmediata al Comité Departamental de Prevención del Reclutamiento Forzado de Niños, Niñas y Adolescentes por grupos ilegales, para coordinar la oferta institucional específica para la zona, aprobar el plan de acción 2023 y realizar seguimiento.

De igual manera, anunció que, desde la Dirección Regional Norte de Santander, se designó un equipo de Defensoría de Familia que, junto con la Comisaría de Familia y la Personería del municipio de Tibú, articule las acciones necesarias para verificar los derechos de niñas y niños.

Es importante hacer un llamado a las entidades gubernamentales, a la sociedad civil y a las familias para rodear a las niñas, niños y adolescentes y los protejamos de la guerra. No se debe normalizar este tipo de situaciones que ponen en riesgo sus derechos y su desarrollo integral. 

 Finalmente, la Directora General del ICBF reiteró que junto a MinEducación y otras entidades del Gobierno se elabora una radiografía sobre la educación y la primera infancia en el Catatumbo y se dialoga con las comunidades para concretar una ruta de atención a los problemas del territorio, producto del abandono histórico estatal.

Los dos niños fueron puestos a disposición del ICBF por la Policía de Infancia y Adolescencia que, en actividades de vigilancia y control en los alrededores del centro comercial Andino, los ubicaron en una esquina donde presuntamente vendían bolsas para el aseo y pedían limosna.

Por otro lado, la niña de 6 años se encontraba acompañada de su presunta progenitora, en situación de habitabilidad en calle y fue reportada por los Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI) del ICBF y Policía de Infancia y Adolescencia, durante jornada de sensibilización en contra del trabajo infantil, mendicidad y habitabilidad en calle, en el parque Sausalito de la localidad de Fontibón. 

Los tres menores de edad fueron remitidos al Centro Zonal Revivir del ICBF donde se adelantaron con sus progenitores los respectivos procesos de verificación de derechos, razón por la cual les fueron asignados a las Defensoría de Familia de reparto, quienes garantizan la atención y el restablecimiento pleno de sus derechos tomando las medidas necesarias ajustadas a las normas vigentes, en la Ley 1098 de 2006.

De igual forma, el ICBF brinda apoyo técnico y el acompañamiento requerido a la Comisaría de Familia del municipio, que adelanta el Proceso Administrativo de Restablecimiento Derechos (PARD) en favor del niño y se está a la espera de su evolución médica para adoptar la medida de protección más idónea que garantice su bienestar.

El ICBF rechaza de manera categórica estos hechos violentos contra los niños, niñas y adolescentes, reitera el llamado a los padres de familia y su responsabilidad como garantes de derechos.

Lo primero que se hizo fue reparar el tejido social con las comunidades para lograr una prestación de servicios efectiva y pertinente, que por años no se ha brindado a las niñas, niños y adolescentes de esta región.

Se inició con diálogos genuinos que terminaron en la firma de un decálogo con el compromiso de evitar la muerte por desnutrición o abandono de los menores de edad. 

Posteriormente, se creó un Comité de emergencia del cual hacen parte entre otros, el ICBF, el Ministerio de Salud, la Alta Consejería para las Regiones quienes reportan a diario el avance y recuperación de la niñez diagnosticada con síntomas de desnutrición. 

El ICBF determinó como primera medida establecer áreas de recuperación nutricional y atención integral de las comunidades por corregimientos. Así como el monitoreo constante de indicadores territorializados que han permitido salvar a más de 40 niñas y niños en La Guajira, a través de los Centros de Recuperación Nutricional en Manaure y Riohacha.

Además, para reducir la desnutrición aguda de la niñez  en el departamento se han atendido 3.523 usuarios, entre 2022 y 2023, 2.775 de ellos son niñas y niños. También 748 mujeres gestantes.

En los municipios de Manaure, Maicao, Uribia y Riohacha el instituto valoró 2.193 niñas y niños y  se activó la ruta de atención con el sector salud para 22 menores de 5 años que presentaban desnutrición aguda y 270 que se encontraban en riesgo fueron priorizados en servicios de prevención del ICBF.

Desde septiembre de 2022 también se han adelantado otras acciones como la activación de las Unidades de Búsqueda Activa en zonas rurales y rurales dispersas, principalmente en los municipios de Maicao y Uribia para encontrar a las niñas y niños que requieran atención.

En los municipios de Riohacha y Manaure el ICBF amplió para este año la cobertura en un 10,5% del programa de prevención de la desnutrición con 300 nuevos cupos, pasando de 2.850 en 2022 a 3.150 en el 2023.

- El ICBF ha adelantado acciones de sensibilización a un padre de familia que tomó la decisión de encadenarse a una reja, precisando la corresponsabilidad que tiene la familia en la protección de la niñez. Además se le ha brindado información sobre la oferta institucional.

- A través de una Defensoría de Familia, el ICBF realizó verificación de derechos de los niños y constató que cuentan con sus debidos documentos de identidad y afiliación a salud.

- Igualmente, se realizó orientación a la familia sobre el proceso de reparación integral a las víctimas, informándole sobre los centros de encuentro ubicados en las localidades de Rafael Uribe Uribe y Chapinero, para que reciba la atención integral por parte de las entidades encargadas frente a su solicitud de restitución de tierras, vivienda y educación.

- A pesar de la sensibilización y orientación brindada por el ICBF, el padre de familia persiste en mantenerse encadenado en su cuello como símbolo de protesta hasta que se dé pronta solución a sus peticiones.

- En el marco del derecho a la protesta, el ICBF respeta la participación en este tipo de actividades, no obstante reitera el llamado para que los niños, niñas y adolescentes, no sean expuestos ante situaciones que puedan generar afectaciones en su integridad física y vulnerar sus derechos.

"Durante la jornada se reflexionó sobre la experiencia de funcionamiento del programa en estos 23 años, con el fin de identificar las buenas prácticas, retos y oportunidades para mejorar y cualificar la atención dirigida a la infancia y a la adolescencia víctimas del conflicto armado”, expresó Adriana Tierradentro, subdirectora de restablecimiento de derechos del ICBF. 

La revisión del programa también se da en el marco de las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y para trazar una ruta de acción en la protección integral de los derechos de los menores de edad víctimas del reclutamiento ilícito por parte de grupos armados organizados al margen de la ley. 

Al encuentro asistieron 40 profesionales de las defensorías de familia especializadas y los operadores de las regionales del ICBF en Bogotá, Meta, Valle, Antioquia, Caldas y Quindío encargados de restablecer derechos y contribuir a la reparación integral de las niñas, niños y adolescentes víctimas, así como los profesionales de la Subdirección General y la Subdirección de Restablecimiento de Derechos de la Sede Nacional.

El encuentro es el primero de una serie de ejercicios participativos para el ajuste del modelo de atención, que involucrará también a entidades gubernamentales, organizaciones internacionales, organizaciones sociales y niñas, niños, adolescentes y sus familias beneficiarias.