Una niña o un niño que enfrenta una vulneración de sus derechos no solo necesita una respuesta institucional. Necesita conservar sus vínculos, sentirse protegido y tener la oportunidad de reconstruir su historia sin perder sus raíces.
Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, Bienestar Familiar avanzó en la transformación de la protección especial para responder de manera más humana, familiar y comunitaria. Entre 2022 y 2026 se fortalecieron servicios orientados a prevenir nuevas vulneraciones, acompañar a las familias, recuperar redes de apoyo y abrir oportunidades educativas y de autonomía para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
El cambio parte de una premisa: proteger no debe significar separar automáticamente. Siempre que sea posible y responda al interés superior de la niñez, la actuación institucional debe contribuir a que las familias recuperen sus capacidades de cuidado y a que las niñas, los niños y los adolescentes puedan permanecer en entornos seguros y afectivos.
Llegar antes para proteger mejor
Los servicios de restablecimiento de derechos avanzaron hacia un enfoque que prioriza sostener, recuperar y fortalecer el cuidado familiar y las redes de apoyo antes de acudir a medidas de separación.
La modalidad de Fortalecimiento Familiar y Redes de Apoyo se consolidó como una primera línea de acompañamiento para niñas, niños y adolescentes con riesgos identificados, incluso en situaciones en las que todavía no se ha abierto un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos.
El propósito es que una dificultad familiar no termine necesariamente en una separación, sino que se convierta en una oportunidad para reconstruir vínculos, fortalecer capacidades de cuidado y recuperar condiciones de protección.
Entre 2022 y 2026, Bienestar Familiar atendió a cerca de 560.000 niñas, niños y adolescentesmediante las modalidades de restablecimiento de derechos. Solo en 2026, con corte al 31 de mayo, 37.911 niñas, niños, adolescentes y personas adultas recibieron atención en estos servicios.
Esta transformación estuvo acompañada por el fortalecimiento financiero de la oferta. Entre 2023 y 2026, los valores de los cupos de los servicios de protección y responsabilidad penal registraron incrementos diferenciales de entre 32 % y 77 %, según las modalidades, con el propósito de mejorar las condiciones de atención y superar el rezago acumulado de estos servicios.
Una protección que también construye proyectos de vida
Para las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes bajo medidas de protección, cuidar también significa abrir oportunidades para estudiar, desarrollar capacidades y construir un proyecto de vida.
Proyecto Sueños se transformó en un programa de inclusión social que articula educación, formación para el trabajo, empleabilidad, emprendimiento, cultura, deporte, participación y preparación para la vida autónoma.
Las matrículas promovidas mediante este programa pasaron de 913 en 2022 a 2.007 en junio de 2026, un incremento del 120 %. Las trayectorias incluyen formación técnico-profesional, tecnológica, universitaria y de posgrado, de acuerdo con los intereses, capacidades y proyectos ocupacionales de adolescentes y jóvenes.
Detrás de cada matrícula hay una historia de protección que no termina con una medida administrativa: continúa con herramientas para estudiar, trabajar, tomar decisiones y construir un futuro con mayor autonomía.
El derecho a crecer en una familia
La adopción continúa siendo una medida de protección para garantizar el derecho a crecer en familia cuando no es posible permanecer con la familia de origen, siempre bajo el principio del interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes.
Entre 2022 y mayo de 2026, 4.080 niñas, niños y adolescentes encontraron una familia mediante el Programa de Adopciones. De ellos, 2.574 tenían características y necesidades especiales, lo que representa cerca del 63 % del total atendido durante el periodo.
La adopción nacional también ganó participación: pasó de representar el 57,4 % en 2022 al 66,4 % en 2026, fortaleciendo la búsqueda de familias colombianas para niñas, niños y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad.
Bienestar Familiar avanzó además en la modernización del trámite, la actualización de los documentos técnicos del programa, la búsqueda de orígenes y la cooperación internacional para el restablecimiento de derechos.
Menos institucionalización y más vida en comunidad
La transformación de la protección también avanzó hacia modelos que promueven la inclusión, la autonomía y la participación de las personas con discapacidad.
El servicio Vida en Comunidad busca superar progresivamente los modelos de institucionalización prolongada y promover entornos residenciales más cercanos a la vida cotidiana, con apoyos personalizados, acompañamiento territorial y fortalecimiento de habilidades para la autonomía.
Esta apuesta reconoce que proteger no significa aislar, sino generar condiciones para que las personas participen, decidan, desarrollen vínculos y hagan parte activa de sus comunidades.
Protección para la niñez afectada por el conflicto armado
El Gobierno del Cambio también fortaleció la atención especializada de niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento, uso y utilización en el conflicto armado y la criminalidad.
Entre 2022 y junio de 2026, 1.360 niñas, niños y adolescentes desvinculados recibieron protección y acompañamiento para el restablecimiento de sus derechos y la reparación integral. El 43,1 % tenía pertenencia étnica y el 98 % ingresó al programa entre los 13 y los 17 años.
Las Unidades Regionales de Apoyo aumentaron 47,6 %, al pasar de 21 a 31 equipos, mientras que la estrategia Cuidado Mutuo amplió su operación de 10 a 19 unidades en territorios priorizados.
Una justicia que educa y restaura
Los ingresos al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes disminuyeron 36 % entre 2022 y 2025. Al mismo tiempo, las modalidades no privativas de la libertad aumentaron 65 %, fortaleciendo respuestas como la libertad vigilada, la prestación de servicios a la comunidad y la internación en medio semicerrado.
En 2026, el 63,5 % de los adolescentes fue atendido mediante modalidades no privativas de la libertad, frente a una meta de 64 % para el cuatrienio. Este avance consolida una justicia juvenil restaurativa y pedagógica, orientada a la responsabilización, la reparación del daño, la inclusión social y la construcción de nuevos proyectos de vida.
Un reconocimiento que llegó desde el mundo
La transformación de la protección integral también fue reconocida internacionalmente.
En el índice Out of the Shadows 2026, elaborado por Economist Impact y Together for Girls, Colombia avanzó del puesto 19 que ocupaba en 2022 al octavo lugar entre 60 países. Además, alcanzó el primer lugar mundial en el pilar de prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, el octavo lugar en justicia y el tercer mejor puntaje en sanación.
Este resultado no corresponde únicamente a una entidad. Es producto del trabajo articulado del Gobierno nacional, las entidades territoriales, las autoridades administrativas, las familias, las comunidades, las organizaciones sociales y los equipos que diariamente protegen a la niñez.
Un legado que debe continuar
Proteger sin romper vínculos es uno de los legados que el Gobierno del presidente Gustavo Petro entrega al país: una protección menos centrada en la separación y la institucionalización, y más comprometida con las familias, las redes de cuidado, la justicia restaurativa y los proyectos de vida.
Este cambio debe permanecer en la historia de Colombia y continuar fortaleciéndose. Las niñas, los niños y los adolescentes que necesitan protección no pueden volver a ser atendidos únicamente desde la emergencia o después de que el daño haya ocurrido.
El camino que queda trazado exige proteger antes, acompañar mejor y garantizar que cada medida institucional abra una oportunidad para sanar, crecer en familia, ejercer derechos y construir un futuro. Ese es el hito alcanzado y el legado que las próximas administraciones tienen la responsabilidad de preservar y profundizar.
