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Los siete menores de edad fueron puestos a disposición del ICBF para la verificación de sus derechos. Un equipo interdisciplinario de Defensoría de Familia realizó valoraciones en psicología, nutrición y trabajo social para establecer las condiciones particulares de cada caso y definir las medidas correspondientes.

El ICBF continuará realizando seguimiento a los casos y reitera el llamado a la ciudadanía a reportar oportunamente a la Línea 141 y los canales oficiales de atención, cualquier situación que amenace o vulnere los derechos de la niñez y la adolescencia.

Una vez conocido el caso, el equipo de la Defensoría de Familia realizó las valoraciones requeridas y adoptó medidas para garantizar su protección.

Actualmente, la niña se encuentra bajo cuidado institucional especializado, mientras avanza el proceso administrativo de restablecimiento de derechos y la Defensoría de Familia define la medida que garantice su protección integral, bienestar y desarrollo.

En cumplimiento del interés superior de la niñez y para salvaguardar su intimidad, el ICBF se abstiene de divulgar información que permita identificar o individualizar a la niña o a su familia.

Durante la jornada, el equipo profesional del ICBF entregó herramientas para identificar factores de riesgo, actuar oportunamente ante posibles vulneraciones de derechos y activar las rutas institucionales de atención. Además, socializó la Ruta para la atención especializada a menores de edad víctimas de violencia sexual.

La capacitación incluyó también pautas para que la niñez y la adolescencia afronten conflictos o diferencias mediante el reconocimiento de sus emociones, el diálogo, la empatía y la búsqueda de soluciones y acuerdos.

Como parte de este proceso, docentes y directivos establecieron compromisos para promover la comunicación asertiva y contribuir a la construcción de entornos escolares protectores y a la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Para responder a la emergencia, el ICBF desplegó 25 unidades móviles en 29 municipios afectados del departamento,. Buenaventura y Cali concentraron el mayor número de atenciones, con 6.316 y 4.130 personas, respectivamente. 

La respuesta del ICBF ha permitido acompañar a 8.629 menores de edad y a 4.636 familias. Además, se realizaron 188 remisiones a servicios de salud y se entregaron 258.912 unidades de Bienestarina líquida de 200 ml, equivalentes a 51,7 toneladas.  

Durante las jornadas, los equipos del ICBF brindaron primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis, verificaron el estado de los derechos de la niñez y la adolescencia, identificaron posibles situaciones de amenaza o vulneración para activar las rutas de atención y apoyaron la gestión de ayuda humanitaria en los territorios afectados. 

Actualmente, nueve unidades móviles del ICBF permanecen desplegadas en las zonas afectadas para continuar acompañando a las comunidades y garantizar la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia durante la etapa de respuesta y recuperación tras la emergencia. 

A través de su unidad móvil, el ICBF llegó al asentamiento Primero de Septiembre y al sector de Briceño, donde profesionales acompañaron a la población víctima, identificaron situaciones que puedan poner en riesgo los derechos de la niñez y la adolescencia y entregaron Bienestarina como complemento nutricional.

La atención se desarrolló en articulación con la Secretaría de Gobierno, la Comisaría de Familia, el enlace municipal de víctimas, la Mesa de Víctimas y la Personería, con el fin de coordinar la respuesta institucional y fortalecer las acciones de protección en el territorio.

El ICBF continuará desplegando sus equipos y articulando acciones con las entidades locales para acompañar a la población afectada por el conflicto armado y contribuir a la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia en Santa María.

Al respecto, la directora de Primera Infancia del ICBF, Nasly Hoyos, explicó que «esta iniciativa responde al compromiso institucional de fortalecer la participación de la niñez en la sociedad, promover sus derechos y su protección, en cumplimiento de nuestra misionalidad y de los compromisos internacionales, como los establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas».

En los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), en los Hogares Infantiles y en todas las unidades de servicio del país, las agentes educativas implementaron estas experiencias pedagógicas, llenas de música, arte, juego, sonrisas y diálogo: espacios que invitaron a las niñas a reconocerse, a autocuidarse, a prevenir violencias y a proteger sus derechos.

Sarita fue una de las niñas que disfrutaron la conmemoración de su día en un Hogar Infantil. Con espontaneidad y alegría compartió algunos de los aprendizajes que le dejó la jornada: «aprendí a no dejarnos tocar nuestras partes íntimas y a entender cuando estamos enojadas o felices», en referencia a las actividades desarrolladas en torno al autocuidado y a las emociones.

Con estas acciones, el ICBF reafirma su compromiso con la garantía de los derechos de la primera infancia en el país. Escuchar sus voces y fortalecer sus capacidades no es solo una apuesta por sus derechos; es una inversión en el talento, el liderazgo y el futuro de Colombia.

La jornada, desarrollada en articulación con la Universidad de Antioquia y la Mesa de la Explotación Sexual Comercial de Niñez y Adolescencia del Valle de Aburrá, cobra especial relevancia ante las nuevas dinámicas sociales del municipio y la próxima apertura del DAVIarena, escenario multipropósito con el que se prevé una mayor afluencia de visitantes.

Durante el encuentro, especialistas de la Universidad de Antioquia y representantes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) brindaron herramientas para identificar factores de riesgo, activar las rutas de denuncia y atención, y fortalecer la respuesta articulada entre los diferentes sectores. El ICBF reiteró el llamado a actuar de manera corresponsable ante situaciones que puedan vulnerar los derechos de la niñez y la adolescencia y a consolidar entornos protectores en el municipio.

Con estas acciones, el ICBF fortalece la capacidad institucional y comunitaria de Sabaneta para prevenir y atender situaciones de explotación sexual comercial, al tiempo que impulsa la articulación intersectorial para mejorar la respuesta frente a este delito en el Valle de Aburrá.

La estrategia, que a la fecha ha vinculado a cerca de 200 familias en Bogotá, se desarrolla en localidades donde se han identificado alertas frente a esta problemática y busca brindar herramientas para reconocer señales de riesgo, fortalecer factores protectores y actuar oportunamente.

Una de las jornadas se realizó en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, donde cerca de 30 familias recibieron orientación sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas por parte de profesionales del ICBF. Los participantes adquirieron herramientas para compartir estos conocimientos con otros hogares de sus comunidades y contribuir al fortalecimiento de las redes de apoyo.

Con estas acciones, el ICBF promueve la corresponsabilidad de madres, padres, personas cuidadoras y la comunidad en general, enfocada en la prevención temprana del consumo de sustancias psicoactivas. A su vez, fortalece entornos protectores para la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia.

El encuentro que contó con la participación de autoridades tradicionales de Umariwa, Izrwa, Seyumuke e Ikarwa, permitió avanzar en una atención que reconoce las formas propias del pueblo arhuaco en el desarrollo de la niñez. Además, se destacó que en este proceso expresiones como los bailes tradicionales, la música, las plantas medicinales y los saberes ancestrales contribuyen a transmitir conocimientos entre generaciones y fortalecer la identidad cultural.

El diálogo intercultural buscó garantizar que los derechos de la niñez indígena sean protegidos de acuerdo con su contexto cultural y espiritual, y promover entornos seguros, protectores y libres de violencias, así como su derecho a participar y crecer en armonía con sus comunidades.

A través de estos espacios de diálogo, el ICBF fortalece una atención con enfoque diferencial y pertinencia cultural, que reconoce el papel de las autoridades indígenas y la corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades para proteger a la niñez arhuaca y contribuir a la preservación de sus saberes, tradiciones e identidad cultural en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Durante su intervención, Uribe García propuso conectar los registros existentes mediante una línea base wayuu única e interoperable para identificar necesidades, vacíos de atención y duplicidades. También planteó consolidar una matriz de seguimiento del Plan Estructural de Acción con responsables, recursos, plazos e indicadores exigibles, y contar con una presencia institucional directa en el territorio que permita asignar los servicios sin intermediarios y con respeto por la organización propia del pueblo wayuu.

Frente a la desnutrición y la mortalidad infantil, la subdirectora planteó una ruta integral con detección temprana, seguimiento continuo de cada caso y respuesta coordinada con las autoridades sanitarias y territoriales. Además, propuso una metodología de seguimiento judicial que permita establecer si mejora el acceso al agua, las condiciones nutricionales y la atención oportuna, bajo la premisa de que el cumplimiento debe demostrarse con cambios reales en las condiciones de vida de la población, como la disminución progresiva de la tasa de desnutrición y la eliminación de la mortalidad infantil.

Al responder las preguntas de la Corte sobre la focalización sin una línea base consolidada, la representación comunitaria y el acceso de comunidades sin vocero, la funcionaria sostuvo que deben aplicarse criterios públicos y verificables, priorizar a quienes enfrentan mayores riesgos y mantener registradas las comunidades pendientes de atención, al tiempo que recalcó: «Tener un vocero no es un requisito para acceder a los servicios del Estado».

Sobre las duplicidades y la concentración de recursos, Uribe García explicó que los controles del ICBF permiten detectarlas dentro de su propia atención, pero que identificar desequilibrios en el conjunto de la acción estatal exige cruzar información entre entidades.

Este planteamiento lo presentó en la sesión técnica que la Corte Constitucional convocó mediante el Auto 1300 de 2026 para abordar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficiarios y en la selección de contratistas, así como la elaboración del Plan Estructural de Acción.