Regional

En el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Pondores, zona rural del municipio de Fonseca, el Bienestar Familiar continúa promoviendo la estrategia «Lugares para Soñar, Lugares para la Paz» (LuPaz), una propuesta pedagógica diseñada para garantizar la atención integral y la educación inicial de hijas e hijos de familias en proceso de reincorporación y de comunidades afectadas por el conflicto armado.

Este territorio, que alberga cerca de 200 familias firmantes de paz, se ha consolidado como un escenario de reconciliación, convivencia y construcción de futuro, donde la primera infancia ocupa un lugar central en la transformación social de la comunidad.

A través de la Unidad Comunitaria de Atención (UCA) Nueva Colombia, 40 niñas y niños, así como mujeres gestantes, reciben atención integral mediante procesos pedagógicos que promueven el desarrollo infantil, la participación familiar y el fortalecimiento de prácticas de cuidado y crianza.

Para Malvis Sierra Ramírez, sabedora cultural, el trabajo desarrollado durante estos años ha permitido fortalecer las capacidades de las familias firmantes y generar nuevas oportunidades para la comunidad.

«Hemos tenido una atención de calidad por medio del Bienestar Familiar. Las firmantes nos hemos preparado como docentes, sabedoras culturales y manipuladoras de alimentos», afirmó exponiendo que estos años han trabajado de la mano con el Instituto, fortaleciendo sus conocimientos para brindar una atención integral a las niñas y niños del territorio.

La estrategia también incorpora el enfoque de las Unidades Pedagógicas de Apoyo Solidario (UPAS), mediante actividades que acercan a las niñas y niños a procesos de siembra, germinación y producción de alimentos, fortaleciendo su relación con el entorno, la soberanía alimentaria y el aprendizaje desde experiencias significativas.

LuPaz promueve espacios de encuentro con las familias para fortalecer las prácticas de crianza, la participación comunitaria y la construcción colectiva de proyectos pedagógicos acordes con las necesidades y características del territorio para consolidar vínculos de confianza entre la comunidad y las familias firmantes de paz. 

(fin/scs/aas)

La protección de la niñez y la adolescencia recibió un respaldo unánime del Congreso de la República. La plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que autoriza una adición presupuestal de $500 mil millones para el Bienestar Familiar, recursos que garantizarán la continuidad de la atención integral de más de 1,6 millones de niñas y niños de primera infancia y de 71.644 niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección.

La aprobación de esta iniciativa permitirá asegurar la prestación de servicios fundamentales para la garantía de derechos de la niñez y la adolescencia entre septiembre y diciembre de 2026, fortaleciendo acciones relacionadas con la alimentación, la educación inicial, el cuidado y la protección integral en todo el territorio nacional.

Mientras en 2025 el presupuesto de inversión del Bienestar Familiar ascendía a 9,619 billones de pesos, para 2026 se presentó una disminución de $213 mil millones, equivalente al 2,21 %. A esta situación se sumaron los efectos del incremento del 5,1 % del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el aumento del salario mínimo, factores que impactaron los costos de operación de los servicios dirigidos a la niñez y la adolescencia. Los análisis realizados por la entidad evidenciaron la necesidad de contar con recursos adicionales para garantizar la continuidad de la atención.

Durante los debates adelantados en las comisiones terceras y cuartas económicas conjuntas de Senado y Cámara, así como en las plenarias de ambas corporaciones, Bienestar Familiar presentó los análisis técnicos y financieros que sustentaron la necesidad de esta adición presupuestal y atendió las inquietudes planteadas por los legisladores.

La directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, agradeció el respaldo recibido por parte de los congresistas y destacó el consenso alcanzado alrededor de la protección de la niñez: «Hay una unidad de criterio frente al Bienestar Familiar y todos apoyan y respaldan los avances que hemos hecho en el sistema de protección; los niños y niñas siempre serán lo primero».

La directora también explicó que la totalidad de los $500 mil millones corresponde a recursos propios del Bienestar Familiar, por lo que la medida no compromete recursos adicionales de la Nación y permite fortalecer la sostenibilidad financiera de los programas dirigidos a la niñez y la adolescencia.

Con esta decisión, el Congreso de la República contribuye a garantizar la continuidad de la atención para las niñas, niños y adolescentes del país, especialmente para quienes participan en los servicios de primera infancia y aquellos que se encuentran bajo protección del Bienestar Familiar.

La niñez, una prioridad nacional

La aprobación de esta adición presupuestal refleja un consenso institucional en torno a la protección integral de la niñez y la adolescencia. Más allá de una decisión financiera, representa el compromiso del Estado colombiano con la garantía de derechos de millones de niñas, niños y adolescentes.

Asegurar la continuidad de los servicios de atención, protección, alimentación y educación inicial significa reafirmar que la niñez sigue siendo una prioridad nacional y que la inversión en las nuevas generaciones es una apuesta por el presente y el futuro de Colombia.

Para el Bienestar Familiar, las niñas, niños y adolescentes son la prioridad.

Durante un acto público de reconocimiento denominado “Paratebueno y Medina: Resurgiendo”, las autoridades destacaron la labor desarrollada por los equipos interdisciplinarios del Bienestar Familiar, quienes llegaron a los territorios desde los primeros momentos de la contingencia para brindar acompañamiento psicosocial, orientación y acciones de protección dirigidas a niñas, niños, adolescentes y sus familias.

La intervención de las Unidades Móviles permitió fortalecer las capacidades comunitarias y generar espacios de atención y escucha para las personas afectadas, contribuyendo al restablecimiento del bienestar emocional y social en medio de las labores de recuperación de los municipios.

“Este reconocimiento pertenece a cada uno de los profesionales que estuvieron en territorio acompañando a las familias en momentos de gran dificultad. Su compromiso, sensibilidad y vocación de servicio reflejan la esencia del Bienestar Familiar y nuestra misión de proteger a la niñez y fortalecer a las comunidades cuando más lo necesitan”, destacó la directora regional encargada del Bienestar Familiar en Cundinamarca, Deysi Katerinne Murillo.

El reconocimiento también resaltó el trabajo articulado entre las entidades nacionales, departamentales y municipales para atender las necesidades de la población afectada y avanzar en la reconstrucción social de los territorios.

El Bienestar Familiar reafirma su compromiso de continuar acompañando a las comunidades de Medina y Paratebueno mediante acciones que promuevan la protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como el fortalecimiento de las familias y redes comunitarias.

Durante el encuentro se socializaron los memorandos de entendimiento suscritos entre Colombia y Venezuela, orientados al desarrollo del proyecto de «Familias reunificadas», una estrategia que busca fortalecer los procesos de reunificación y garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran separados de sus redes familiares por situaciones asociadas a la migración.

De igual manera, se presentaron los acuerdos bilaterales establecidos entre Colombia y Panamá, y entre Colombia y Chile, los cuales facilitan la cooperación entre estados para la búsqueda de documentos, la localización de familiares y la articulación de acciones para la restitución de derechos.

La jornada permitió fortalecer los conocimientos técnicos y jurídicos de las entidades participantes sobre las rutas de atención y los mecanismos de coordinación internacional disponibles para la protección de la niñez, además de promover la articulación interinstitucional necesaria para responder de manera oportuna y efectiva a los casos que requieren acompañamiento transfronterizo, garantizando que los procesos de restablecimiento de derechos se desarrollen bajo los principios del interés superior del niño o la niña, la unidad familiar y la corresponsabilidad institucional.

Este espacio constituye un avance significativo para consolidar redes de cooperación que permitan brindar respuestas coordinadas, fortalecer los procesos de reunificación familiar y contribuir a la construcción de entornos protectores que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y la adolescencia, más allá de las fronteras.

(Fin/lcv/aas)

La adopción constituye una medida definitiva de restablecimiento de derechos que busca garantizar a las niñas, los niños y adolescentes la posibilidad de crecer en un entorno familiar protector, estable y afectivo, en el que puedan desarrollarse plenamente y construir sus proyectos de vida.

Es importante precisar que la declaratoria de adoptabilidad es una definición jurídica que solo puede decretarse una vez se han agotado las actuaciones de protección y búsqueda de familia garante previstas por la ley en el marco del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos. Estas decisiones cuentan con las garantías procesales correspondientes y, cuando existe oposición de las partes involucradas, son sometidas a control judicial por parte de los jueces de familia competentes.

En el caso particular de un grupo de hermanos con identidad protegida, cuya situación ha sido objeto de exposición en redes sociales y medios de comunicación, durante los último días, es preciso indicar que ingresaron al sistema de protección ( año 2022) tras la identificación de situaciones que comprometían el ejercicio pleno de sus derechos. Posteriormente, la autoridad administrativa competente declaró la situación de adoptabilidad y dicha decisión fue sometida a control judicial, siendo homologada por el juzgado competente, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

En los procesos de adopción internacional participan organismos especializados autorizados para acompañar y facilitar la identificación y valoración de familias adoptantes en otros países, cuando no ha sido posible la adopción por parte de una familia colombiana. Estas entidades, reconocidas por las autoridades competentes, tienen la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y psicosociales exigidos para la adopción en el marco del Convenio de La Haya ratificado por Colombia y el Código de Infancia y Adolescencia.

En desarrollo de esta ruta, el grupo de hermanos fue presentado a un organismo internacional autorizado para su valoración.

Durante las diferentes etapas del proceso, los niños han contado con el acompañamiento permanente del organismo internacional autorizado para la adopción, de la institución autorizada para desarrollar programas de adopción y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el marco de las competencias y responsabilidades que la ley asigna a cada una de estas entidades.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reitera que todos los procesos de adopción se encuentran amparados por reserva legal, con el fin de proteger la intimidad, la dignidad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados. Asimismo, recuerda que estas actuaciones cuentan con mecanismos de seguimiento institucional y con el acompañamiento de los organismos de control.

Finalmente, hace un llamado a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los actores públicos y sociales y a los usuarios de redes sociales para que toda referencia a casos que involucren a niñas, niños y adolescentes se realice con responsabilidad, respeto por la reserva legal y plena observancia del principio del interés superior de la niñez.

La protección integral de los niños, niñas y adolescentes debe prevalecer sobre cualquier interés distinto a la garantía de sus derechos.

De forma articulada con la Policía de Infancia y Adolescencia se adelantaron las acciones urgentes de protección y se dispuso un equipo de Defensoría de Familia para iniciar las actuaciones correspondientes, verificar la garantía de derechos y brindar el acompañamiento institucional requerido.

Actualmente, los niños se encuentran bajo seguimiento y acompañamiento de las autoridades competentes, mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

El Bienestar Familiar informa igualmente que, por tratarse de un proceso relacionado con niños, niñas y adolescentes, toda la información específica del caso se encuentra amparada por la reserva legal establecida en el Código de Infancia y Adolescencia. Esta medida busca proteger la intimidad, dignidad e integridad de los menores de edad involucrados.

Es importante precisar que, por competencia, la Policía de Infancia y Adolescencia, es la autoridad llamada a realizar la intervención inmediata en estos casos y a adoptar las medidas urgentes de protección que se requieran para salvaguardar la integridad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Posteriormente, las demás autoridades competentes, entre ellas el ICBF, adelantan las actuaciones correspondientes dentro de sus funciones.

La entidad invita a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales a actuar con responsabilidad frente a la información relacionada con este caso, permitiendo que las autoridades competentes adelanten las investigaciones correspondientes y determinen con rigor las circunstancias de los hechos. La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes requiere un manejo cuidadoso y respetuoso de la información mientras avanzan las actuaciones oficiales.

Finalmente, el Bienestar Familiar reitera su llamado a no compartir imágenes, videos, datos personales o cualquier contenido que permita la identificación de los niños. La protección de sus derechos debe prevalecer sobre cualquier interés informativo y es responsabilidad de toda la sociedad evitar su revictimización.

(Fin/  /aas)

De forma articulada con la Policía de Infancia y Adolescencia se adelantaron las acciones urgentes de protección y se dispuso un equipo de Defensoría de Familia para iniciar las actuaciones correspondientes, verificar la garantía de derechos y brindar el acompañamiento institucional requerido.

Actualmente, los niños se encuentran bajo seguimiento y acompañamiento de las autoridades competentes, mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

El Bienestar Familiar informa igualmente que, por tratarse de un proceso relacionado con niños, niñas y adolescentes, toda la información específica del caso se encuentra amparada por la reserva legal establecida en el Código de Infancia y Adolescencia. Esta medida busca proteger la intimidad, dignidad e integridad de los menores de edad involucrados.

Es importante precisar que, por competencia, la Policía de Infancia y Adolescencia, es la autoridad llamada a realizar la intervención inmediata en estos casos y a adoptar las medidas urgentes de protección que se requieran para salvaguardar la integridad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Posteriormente, las demás autoridades competentes, entre ellas el ICBF, adelantan las actuaciones correspondientes dentro de sus funciones.
 

 

La entidad invita a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales a actuar con responsabilidad frente a la información relacionada con este caso, permitiendo que las autoridades competentes adelanten las investigaciones correspondientes y determinen con rigor las circunstancias de los hechos. La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes requiere un manejo cuidadoso y respetuoso de la información mientras avanzan las actuaciones oficiales.

Finalmente, el Bienestar Familiar reitera su llamado a no compartir imágenes, videos, datos personales o cualquier contenido que permita la identificación de los niños. La protección de sus derechos debe prevalecer sobre cualquier interés informativo y es responsabilidad de toda la sociedad evitar su revictimización.

(Fin/  /aas)
 

«La Juntanza: Manos que cultivan esperanza» inició con un mercado campesino de puertas abiertas, en el que más de 20 asociaciones provenientes de distintos municipios del departamento tuvieron la oportunidad de comercializar sus productos, fortalecer redes de colaboración, establecer contactos y visibilizar el trabajo que realizan en sus territorios.

El encuentro contó con la participación de niñas, niños y adolescentes, quienes disfrutaron de juegos tradicionales y compartieron con los asistentes una muestra artística llena de talento e identidad cultural.  Además, los asistentes al evento se unieron alrededor de una olla comunitaria, un espacio de integración que fortaleció los lazos de trabajo colectivo. 

Al respecto, Amanda Ortega de la asociación Porvenir Campesino agradeció la invitación del Bienestar Familiar al evento y dijo  que durante estos últimos cuatro años se ha sentido valorada, reconocida e incluida en procesos como este y también en grandes alianzas que impulsan el mercado local y disminuyen los intermediarios. 

Igualmente, Óscar Díaz, representante legal de ASOJUNTAS, del municipio El Rosario, indicó que «este es el resultado de una voluntad política que beneficia a campesinos que están involucrados directamente en el territorio. Al apoyarme a mí y a mi organización permiten que los niños cuenten con una alimentación buena y saludable, pese a las dificultades del territorio». 

Por su parte, Ángela Cabrera, subdirectora de Prevención Integral de Vulneraciones a Niñas, Niños y Adolescentes explicó que «el sujeto campesino existe, es nuestro deber como institucionalidad reconocer que nosotros pertenecemos a la tierra, no que la tierra nos pertenece y, por ende, todo lo que brota de allí es alimento para el cuerpo y el pensamiento de las niñas, los niños y sus familias». 

La jornada también incluyó espacios de fortalecimiento de capacidades y socialización de experiencias, orientados a dar a conocer el trabajo articulado que desarrolla el Bienestar Familiar con las asociaciones rurales. Durante estos encuentros, las organizaciones que aún no cuentan con alianzas con la entidad recibieron información sobre los procesos de vinculación y requisitos de postulación. 

 

Esta iniciativa es una materialización de las políticas públicas orientadas al desarrollo integral de las niñas y niños, así como a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, «Colombia, potencia mundial de la vida».

Al respecto, Luisa Fernanda Suárez, madre comunitaria y graduada del diplomado en Bogotá, dijo que «fue un espacio en el que lloré mucho, me conmoví por muchas situaciones que desconocemos hasta de nuestra infancia. Quedé muy encantada y agradecida con el Bienestar Familiar por darnos la oportunidad de enriquecer nuestro conocimiento».

Por su parte, Karen Mainory Martínez Roa, coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Prevención de la Regional Bogotá, indicó que «lo aprendido aquí no se queda en una carpeta. Se va a los espacios donde prestamos nuestros servicios. Cada abrazo que damos en Atención Integral a la Primera Infancia. Cada estrategia pedagógica que aplicaremos será una herramienta para detectar a tiempo, para prevenir el daño y para fortalecer a las familias que atendemos», puntualizó.

Desde Antioquia, en Medellín, la directora regional encargada, Luz Mariela Portocarrero, celebró el logro y explicó que «ustedes son transformadoras de vida, ustedes siembran valores, protección, seguridad y el trabajo».

El Bienestar Familiar sigue fortaleciendo las capacidades de quienes acompañan el desarrollo integral de la primera infancia, con la convicción de que la prevención de las violencias, la promoción del buen trato y el fortalecimiento de las familias son fundamentales para garantizar entornos protectores.

(Fin/atb/aas)

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Bienestar Familiar destacó los avances alcanzados por Colombia en la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Entre 2022 y 2025, 67.863 niñas, niños y adolescentes dejaron de estar en condición de trabajo infantil, un resultado que refleja el fortalecimiento de las acciones de prevención, protección y garantía de derechos en los territorios.

En un contexto mundial donde, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, al menos 137 millones de niñas, niños y adolescentes se ven forzados a trabajar, Colombia avanza en la construcción de entornos protectores que amplían las oportunidades de educación, participación, cuidado y desarrollo para las infancias y adolescencias.

«Hoy conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y lo hacemos con mucho para celebrar. La reducción del trabajo infantil en el país significa que miles de niñas, niños y adolescentes han dejado atrás esta realidad. Esto representa más educación, más juego, más amor familiar y más oportunidades para crecer en entornos protectores», afirmó la directora general, Astrid Cáceres.

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – Módulo de Trabajo Infantil, entre 2022 y 2025 se registró una disminución de 67.863 niñas, niños y adolescentes entre los 5 y 17 años en condición de trabajo infantil, de los cuales 49.881 corresponden a áreas rurales. Asimismo, la tasa de trabajo infantil nacional pasó de 3,4 % en 2022 a 2,8 % en 2025, mientras que en las zonas rurales se redujo de 7,1 % a 5,2 %. En las áreas urbanas, la tasa disminuyó de 2,1 % a 1,8 %, reflejando avances en todo el territorio nacional.

Estos resultados acercan al país al cumplimiento de la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, orientada a erradicar el trabajo infantil en todas sus formas.

Para avanzar en este propósito, la entidad desarrolla acciones permanentes orientadas a prevenir el trabajo infantil, promover la participación de niñas, niños y adolescentes, transformar imaginarios sociales que vulneran derechos y fortalecer entornos protectores mediante estrategias como Atrapasueños y los Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI).

Como parte de este trabajo, los EMPI han brindado atención a 2.055 niñas, niños y adolescentes entre 2022 y 2026, contribuyendo a la activación de rutas de protección y al restablecimiento de derechos en contextos de vulnerabilidad.

La reducción del trabajo infantil hace parte de una transformación más amplia en la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. A través de la estrategia intersectorial Atrapasueños, más de 515.000 niñas, niños y adolescentes participaron en procesos para el desarrollo de habilidades, vocaciones y talentos, fortaleciendo factores de protección para su desarrollo integral. Asimismo, las unidades móviles de protección atendieron a más de 220.000 niñas, niños y adolescentes en los territorios, ampliando la capacidad institucional para prevenir riesgos y responder oportunamente ante situaciones de vulneración de derechos.

La entidad también resaltó los avances frente a las formas invisibilizadas del trabajo infantil. 

La tasa de trabajo infantil ampliada por trabajo doméstico no remunerado (TTIAD) pasó de 11,0 % en 2022 a 9,4 % en 2025, lo que representa 87.066 niñas, niños y adolescentes menos en esta condición. Asimismo, la tasa de trabajo infantil ampliada por trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (TTIADC) pasó de 12,6 % a 10,8 %, una reducción del 14,2 %, equivalente a 107.055 niñas, niños y adolescentes menos realizando labores domésticas y de cuidado por 15 horas o más a la semana. Esta realidad afecta principalmente a las niñas, quienes representan siete de cada diez casos identificados.

«Todos los que trabajamos por la niñez estamos comprometidos con que las niñas y los niños no trabajen. Mis manos trabajan para que los niños no trabajen; tus manos también pueden trabajar para que el trabajo infantil se reduzca a cero en todo el territorio nacional. Celebramos esta reducción y agradecemos a todos los equipos en territorio que han hecho posible este avance», señaló Astrid Cáceres.

Conocer la realidad es el primer paso para transformarla. Colombia se la juega por la niñez.

En el marco de la campaña nacional «Hablemos de trabajo infantil», el Bienestar Familiar hace un llamado a reconocer señales de alerta como la inasistencia escolar frecuente, las jornadas extensas de trabajo o cuidado, la permanencia prolongada en calle y la exposición a actividades peligrosas. Identificarlas oportunamente permite activar rutas de protección y garantizar la atención integral de niñas, niños y adolescentes.

Las cifras muestran que la protección de la niñez está generando resultados concretos. Hoy son más las niñas, niños y adolescentes que permanecen en la escuela, participan en espacios de formación, desarrollan sus talentos y construyen proyectos de vida alejados del trabajo infantil. Aunque persisten desafíos, especialmente en las zonas rurales y frente a las formas más invisibilizadas de esta problemática, Colombia avanza en la construcción de entornos protectores donde las infancias y adolescencias pueden desarrollarse plenamente.

La ciudadanía puede reportar cualquier situación de amenaza o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes a través de la Línea 141, disponible las 24 horas del día en todo el territorio nacional.