Regional

1. Las direcciones regionales contratan por delegación de la Dirección General y deben seguir sus orientaciones. El 7 de octubre de 2026, las direcciones de Primera Infancia y de Contratación enviaron a todas las regionales un memorando con las reglas para contratar la atención a la primera infancia en noviembre y diciembre. Las decisiones del acta se apartan de esas reglas. Lo hacen a pesar de que la misma acta registra la posición pública del ICBF: los nuevos contratos debían ceñirse estrictamente a la ley, sin privilegios ni excepciones.

2. Ningún funcionario puede declarar cumplido un contrato mediante este tipo de actas. En el documento, la Regional “reconoce explícitamente que no se han presentado incumplimientos por parte de los operadores del CRIC en el territorio”. Lo hizo de manera general, sin señalar contratos, períodos ni informes de supervisión, frente a los propios operadores y con contratos vigentes hasta el 31 de octubre.

3. La continuidad del servicio no es un derecho del operador. El objetivo declarado de la reunión fue “concertar temas prioritarios CRIC e ICBF para la continuidad en la suscripción de los contratos de aporte del Modelo Propio CRIC”. En el acta quedaron consignadas dos exigencias: mantener “las condiciones que venían rigiendo en el año 2026”, “garantizando la viabilidad jurídica y política”, y ejecutar los contratos de noviembre y diciembre “sin exigencia de contrapartidas”. Las orientaciones del ICBF son claras: la continuidad “no constituye un derecho” del operador ni obliga a contratar de nuevo con quien hoy presta el servicio, y solo procede cuando una evaluación integral demuestra su idoneidad. Las condiciones de los contratos públicos las fija el ICBF conforme a la ley. No se pactan con los operadores ni dependen de consideraciones políticas.

4. El acta debilitó la contrapartida del 2 % que exigen las orientaciones del ICBF. Según las orientaciones del 7 de octubre, cada operador debe aportar una contrapartida equivalente al 2 %. Debe cuantificarla en su oferta, y ese aporte en ningún caso puede disminuirse. A las organizaciones étnicas se les permite definir en qué consiste ese aporte según sus usos y costumbres, en dinero o en especie, pero siempre por el 2 % completo. El acta se apartó de esas reglas en tres aspectos. Dijo que el 2 % sería “referencial”, es decir, una cifra que no obliga. Dispuso que para avanzar en la contratación bastaría con anexar un “compromiso de aporte”. Y dejó para una reunión posterior, el 9 de noviembre, la definición de cómo se demostraría el aporte. Así, la contrapartida podría quedarse en el papel, sin que nadie pudiera exigirla ni verificarla.

5. Nadie puede certificar su propio cumplimiento. Según el acta, el certificado que da por cumplido el aporte lo expedirían las mismas autoridades que van a ejecutar los contratos, y en su contenido “se demuestra el cumplimiento”. Las pruebas del aporte, a su vez, se concertarían con esas mismas autoridades. La Ley 1474 de 2011 y las orientaciones del ICBF asignan esa verificación al supervisor, que responde por el buen uso de los recursos públicos.

6. Las pólizas no se pactan con el futuro contratista. Para un proceso de contratación que ya estaba en curso, el acta fijó con los futuros operadores el porcentaje de las pólizas de cumplimiento, calidad del servicio y pago de salarios. Las garantías las define la entidad en los estudios previos, a partir del análisis de riesgos. Para estos procesos, el ICBF envió a las regionales el modelo de estudio previo y la matriz de riesgos.

7. Las normas invocadas no autorizan lo acordado. En la reunión, los asesores del CRIC sostuvieron que las normas del Sistema Educativo Indígena Propio están “por encima de cualquier memorando interno del ICBF”, y las decisiones se apartaron precisamente del memorando nacional. El Decreto Ley 481 de 2025, que reconoce ese sistema, no regula los contratos de aporte del ICBF ni sus contrapartidas, y exige que la administración propia se haga “en armonía con el marco legal vigente”.

8. La propia acta reconoce sus límites. El texto dice que lo acordado se aplicará en concordancia con el Manual de Contratación del ICBF y sin menoscabo de las normas superiores. En la misma reunión, la Regional admitió que no tiene competencia para garantizar recursos. Además, el delegado de la Procuraduría dejó constancia de que las decisiones sobre el Manual de Contratación y el presupuesto corresponden al nivel central del ICBF. Como las decisiones del acta no se ajustan a esas normas, no pueden aplicarse.

La contrapartida se exige a todos los operadores de primera infancia del país. Las únicas excepciones que fijan las orientaciones dependen del tipo de servicio, no del tipo de organización.

El ICBF reconoce y respeta el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas y su valor en el cuidado de la primera infancia. Ese reconocimiento no exime a ningún contrato financiado con recursos públicos de las reglas que permiten medir y verificar las obligaciones de quien lo ejecuta.

La selección de los operadores que prestarán la atención se hará conforme a la ley, al Manual de Contratación y a las orientaciones vigentes. Mientras tanto, el ICBF adoptará las medidas necesarias, dentro del marco legal, para que la atención de los niños y niñas del Cauca no se interrumpa.

El caso más reciente se registró el 19 de octubre, cuando se hurtaron alimentos, sillas, abanicos y otros elementos necesarios para la prestación del servicio. Estos hechos afectan recursos dirigidos directamente a garantizar condiciones adecuadas de alimentación, cuidado y desarrollo integral de la primera infancia.

Tras conocer la situación, profesionales del ICBF realizaron una visita de verificación y constataron que el operador repuso los elementos, lo que permitió mantener la continuidad de la atención. Asimismo, los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes para las actuaciones correspondientes.

El ICBF rechaza estas acciones y hace un llamado a las autoridades para que fortalezcan las medidas que permitan prevenir nuevos hurtos, así como a la comunidad para que contribuya al cuidado y la vigilancia de estos espacios. Proteger los recursos destinados a la primera infancia es una responsabilidad compartida y fundamental para garantizar la continuidad y la calidad de su atención.

Actualmente, el departamento cuenta con dos hogares sustitutos que brindan atención a 15 beneficiarios. Con el propósito de ampliar esta red de protección, equipos del ICBF adelantan jornadas de información y acercamiento con las comunidades para dar a conocer la modalidad y motivar a nuevas familias a vincularse.

Las personas interesadas deben tener entre 23 y 55 años, ser bachilleres, contar con experiencia en crianza o trabajo con niñez y adolescencia y disponer del tiempo necesario para asumir esta labor; también deberán contar con condiciones adecuadas en su vivienda, ofrecer un entorno afectivo y protector y tener disposición para recibir el acompañamiento, capacitación, seguimiento y supervisión del ICBF.

Las familias que quieran conocer más sobre el proceso y los requisitos para postularse pueden acercarse a la Regional Vaupés del ICBF o comunicarse a través del correo electrónico Paola.suarez@icbf.gov.co.

Es abogada de la Universidad Militar Nueva Granada; especialista en Derecho de Familia de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, y magíster en Asesoría Familiar y Gestión de Proyectos para la Familia de la Universidad de La Sabana. Cuenta con experiencia en las áreas de Protección y Adopciones del ICBF.

Durante su trayectoria en el ICBF, ha acompañado procesos orientados a garantizar el derecho de la niñez y la adolescencia a crecer en entornos familiares protectores. Uno de los frentes en los que ha concentrado sus esfuerzos es la promoción de la adopción de quienes, por sus características y condiciones especiales, enfrentan mayores dificultades para encontrar una familia idónea para toda la vida, como quienes tienen más de diez años, quienes presentan una condición de salud grave o quienes hacen parte de grupos de más de tres hermanos.

Su trabajo la ha llevado a recorrer departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico, entre otros, donde ha acompañado el seguimiento a los procesos administrativos de restablecimiento de derechos y ha promovido la gestión oportuna de las defensorías de Familia para definir la situación jurídica de cada menor de edad, de acuerdo con su interés superior.

Desde la Dirección de Protección Especial, pondrá su experiencia y conocimiento al servicio del fortalecimiento de las estrategias institucionales para garantizar la protección integral y el restablecimiento de derechos de la niñez y la adolescencia bajo protección del ICBF y, en conexidad de sus familias.

Los ejercicios de interlocución y aprendizaje se logran gracias a un convenio de cooperación internacional financiado por el Gobierno de Italia, con el cual se benefician jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, a quienes se les está formando a nivel digital y proyectando para beneficiarlos en emprendimiento y empleabilidad.

Durante las jornadas, las delegaciones también visitarán el Hogar Femenino la Esmeralda del ICBF para que conozcan directamente el proceso de formación y a la vez certifiquen a 31 adolescentes y jóvenes que terminaron con éxito la formación en alfabetización digital y que continuarán con la ruta de Semillero STEM. Asimismo, conocerán el Club Amigó Santo Ángel, donde diferentes operadores pedagógicos de Bogotá y Cundinamarca compartirán los procesos y prácticas restaurativas implementadas.

La misión de cooperación triangular también servirá para la recolección de insumos para la construcción de un manual de atención dirigido a personas que trabajan en Colombia y Kenia con adolescentes y jóvenes vinculados a procesos de responsabilidad penal. 

De acuerdo con María Clara Escobar, jefe de la Oficina de Cooperación del ICBF, las actividades que se van a realizar permiten avanzar hacia soluciones más integrales para la inclusión, la empleabilidad y el desarrollo de adolescentes y jóvenes, contribuyendo así a sociedades más justas, seguras e inclusivas. 

Por su parte, Valeria Buoninfante, directora de la Oficina de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo en Bogotá, manifestó que los adolescentes y jóvenes que han tenido conflicto con la ley son marginalizados; sin embargo, son un motor de cambio. Por esta razón, la cooperación italiana quiere brindarles oportunidades para cambiar el rumbo a sus vidas.

Toda esta labor se enmarca en la iniciativa LOAD (acrónimo en italiano que traduce Trabajo, Ocupación y Alfabetización Digital) implementada a través de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) rechaza categóricamente las amenazas, presiones e intimidaciones que presuntamente estaría haciendo el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), dirigidas a obtener la continuidad de contratos de aporte por fuera del marco jurídico que rige la contratación estatal.

La organización ha amenazado con dejar sin atención a más de 9.600 niños y adolescentes, pues exige al ICBF que los nuevos contratos mantengan las condiciones vigentes hasta el 31 de octubre para seguir con la prestación de servicios; sin embargo, la actual administración ha requerido que la celebración de estos nuevos contratos se haga bajo el estricto cumplimiento de la ley.

El Instituto reitera que las decisiones de una entidad pública no se imponen mediante amenazas ni se negocian al margen de la ley. Esta administración tiene un compromiso irrenunciable: trabajar por, para y con los niños y adolescentes de Colombia, garantizando sus derechos con transparencia, equidad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Por ello, las decisiones contractuales se adoptarán con estricto apego al ordenamiento jurídico, sin privilegios ni excepciones. Ningún acuerdo o condición particular puede justificar el desconocimiento de las normas vigentes.

La protección de la niñez no puede utilizarse como instrumento de presión, ni como argumento para exigir condiciones contrarias a la ley. Por el contrario, garantizar sus derechos implica actuar con responsabilidad y asegurar que los recursos públicos cumplan su finalidad.

El ICBF mantendrá abiertos los canales de diálogo y concertación, pero sus decisiones estarán determinadas por la ley y el interés superior de los niños y adolescentes, nunca por amenazas o presiones de ningún actor.

En Colombia, la ley es para todos y todos estamos obligados a cumplirla. Sin distinciones, sin privilegios y sin excepciones. La niñez merece instituciones que actúen con integridad, firmeza y coherencia. Ese es nuestro compromiso y esa será nuestra línea de actuación.

Tras conocer la emergencia, el ICBF activó de manera inmediata sus protocolos de atención, verificó las condiciones de los menores de edad y coordinó su traslado temporal a otro lugar para garantizar la continuidad de su atención y cuidado; lo anterior, mientras se determina el estado de la vivienda afectada.

De manera paralela se adelantan las evaluaciones correspondientes para establecer las condiciones de habitabilidad del inmueble y definir las acciones necesarias para garantizar que el servicio pueda prestarse en un entorno adecuado y seguro.

El ICBF mantiene acompañamiento permanente a la madre sustituta y seguimiento a los beneficiarios reubicados, priorizando su protección integral y la garantía de sus derechos ante cualquier situación que pueda representar un riesgo para su bienestar.

Esta institución educativa cuenta con cerca de 810 estudiantes y se encuentra en un municipio que alberga 1.442 menores de edad, según las proyecciones de población de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Arauca y el DANE. Estos datos muestran la importancia de promover espacios familiares y educativos que contribuyan al reconocimiento y respeto de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Durante la jornada, las familias compartieron mensajes alusivos a los derechos y reflexionaron sobre la igualdad de oportunidades y los estereotipos de género presentes en la vida cotidiana, además de destacar las capacidades de las niñas, el respeto por su autonomía y la importancia de que tengan las mismas oportunidades para aprender, participar y desarrollar sus proyectos de vida.

Con este encuentro, el ICBF invitó a padres y cuidadores a poner en práctica estas reflexiones en sus hogares, promoviendo el respeto, el buen trato y la igualdad, como una oportunidad para enseñar desde el ejemplo. El respeto por los derechos comienza en la familia.

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La participación en este escenario permitió que los adolescentes llevaran sus aprendizajes a un espacio de intercambio con el público, dieran a conocer sus productos, pusieran en práctica conocimientos relacionados con la producción, presentación y comercialización, y fortalecienran así capacidades útiles para sus proyectos de vida.

El Congreso también se convirtió en una oportunidad para reconocer su talento y acercarlos a experiencias reales de emprendimiento, en las que la creatividad, la responsabilidad y la dedicación son fundamentales para transformar los conocimientos adquiridos durante su formación en alternativas de generación de ingresos e inclusión social y productiva.

Estos espacios complementan el acompañamiento que adelanta el ICBF, pues permiten que los adolescentes reconozcan sus capacidades, fortalezcan su autonomía y encuentren nuevas posibilidades para proyectarse en los ámbitos educativo, laboral y productivo.

Esta situación, que se presenta de manera constante desde hace varios meses, genera preocupación por las condiciones sanitarias del entorno donde reciben atención cerca de 189 menores de edad de primera infancia.

La preocupación aumenta debido a que las basuras se depositan junto a las instalaciones del CDI, cerca de la cocina y el comedor, donde se preparan y consumen los alimentos. La presencia de residuos en este punto produce malos olores y condiciones que pueden afectar la higiene de estos espacios, por lo que es necesario adoptar medidas oportunas para proteger la salud y el bienestar de la niñez.

Ante esta situación, las familias han acudido a la Secretaría de Salud de Popayán para solicitar las acciones de inspección y vigilancia sanitaria correspondientes, así como a la empresa prestadora del servicio de aseo para que evalúe y refuerce la recolección de residuos en el sector. También han solicitado a la Policía Nacional fortalecer los patrullajes para evitar que se sigan arrojando basuras en este lugar.

Como parte de las acciones para enfrentar esta problemática, las familias han adelantado campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad de los barrios El Mirador y Nuevo Milenio, con el propósito de generar conciencia sobre las afectaciones que ocasiona dejar residuos en los alrededores del CDI. Además, elaboraron e instalaron un pendón para promover la disposición adecuada de las basuras y el cuidado de este espacio.

El ICBF reitera el llamado a las autoridades competentes para que adelanten las acciones necesarias que permitan atender esta problemática y evitar que se repita. Asimismo, invita a la comunidad a disponer adecuadamente los residuos y a contribuir al cuidado de los espacios cercanos al centro infantil.