Con el fin de fortalecer la protección laboral de la población cuidadora vinculada a los servicios públicos de primera infancia, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) avanza en el proceso de formalización laboral de la primera cohorte de madres comunitarias como trabajadoras oficiales. Esa medida constituye uno de los mecanismos para impulsar el trabajo decente de quienes ejercen labores de cuidado en el país y facilitar la gestión directa por parte del Bienestar Familiar a nivel general y regional del talento humano. Este proceso responde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y en el artículo 68 de la Ley 2466 de 2025, y materializa una transformación estructural del modelo público de atención a la primera infancia. En línea con el cambio en la contratación de la operación de los servicios del Bienestar Familiar —que ha pasado de un esquema concentrado, en el que un operador gestiona los procesos necesarios para la prestación del servicio, a uno en el que el ICBF asume mayor control sobre la implementación y contrata directamente cada componente—, la vinculación laboral de madres comunitarias y trabajadores(as) de hogares infantiles como trabajadores(as) oficiales se inscribe en este nuevo modelo. En Colombia, la protección laboral de madres comunitarias inició con la Ley 1607 de 2012 en la cual se ordena la formalización laboral de ellas mediante su vinculación a las Entidades Administradoras del Servicio (EAS), en el marco de los contratos de aporte suscritos con el ICBF y con una asignación mensual de un salario mínimo mensual legal vigente. Este primer paso señaló que dicha formalización se alcanzaría mediante la vinculación laboral de las madres comunitarias a las Entidades Administradoras del Programa, sin que ello implicase reconocerles con la calidad de servidoras públicas de la planta del ICBF. En este contexto, esta nota analiza la vinculación laboral de las madres comunitarias con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como trabajadoras oficiales, examinando la transición de un esquema de tercerización hacia la vinculación directa bajo lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y en la Ley 2466 de 2025. El documento expone una caracterización de la primera cohorte de madres comunitarias formalizadas. Además, detalla el sustento normativo y los criterios de priorización para la vinculación como trabajadoras oficiales. Asimismo, la nota integra un análisis jurídico de la nueva modalidad contractual, una comparativa de condiciones frente al modelo anterior y una revisión de experiencias similares en el Sur Global. Finalmente, se desglosan las potenciales implicaciones institucionales y económicas del cambio, destacando beneficios estratégicos en la calidad del servicio y la construcción de vínculos seguros para la primera infancia, a la vez que identifica desafíos operativos en materia de seguridad y salud en el trabajo

La apuesta del Equipo de Paz de la Subdirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) parte de la consolidación de una política integrada de construcción de paz que transversaliza la misión institucional y orienta el accionar de las cinco direcciones misionales y las direcciones regionales, centros zonales y unidades de atención local del país. El Plan Nacional de Desarrollo, en su capítulo Crece la Generación para la Paz, sitúa a las niñas, niños y adolescentes en el centro de la apuesta de país, reconociendo que no es posible una paz sostenible si persiste la
violencia que los afecta de manera desproporcionada, especialmente en los territorios con mayor impacto del conflicto armado. Desde ese mandato, el ICBF asume la construcción de paz no como un componente adicional sino como criterio orientador de toda su misión. La política que se documenta aquí integra la atención a víctimas del conflicto armado, la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, la garantía de los derechos humanos y la gestión de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, la incidencia en los procesos de paz total, y las pedagogías de paz y memoria como dimensiones indisociables de una sola apuesta de transformación. Esta apuesta se transversalizó en toda la entidad y llegó a comunidades y territorios donde la presencia institucional del ICBF era escasa o inexistente, reconociendo a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y como actores políticos con capacidad progresiva de incidir en las transformaciones que el país requiere. Desde el rol de la Subdirección General, en su apuesta por orientar, articular y liderar estratégica y técnicamente este proceso, se avanzó en la consolidación de una generación para la paz.

 

La Oficina de Gestión Regional (OGR) del ICBF fortaleció su papel como enlace entre el nivel
nacional y las 33 direcciones regionales, durante el periodo 2022–2026, impulsando una gestión
territorial más articulada, basada en información confiable y orientada a la toma de decisiones.
Este fortalecimiento se reflejó en tres avances estratégicos: la consolidación de un sistema
institucional para el seguimiento de alertas tempranas, el desarrollo de herramientas gerenciales
que integran información clave para la gestión territorial y la articulación de la estrategia de utilidad
pública, que amplía la coordinación interinstitucional y contribuye a procesos de inclusión social y
resocialización. 1. Matriz institucional de alertas tempranas: se consolidó una matriz institucional que reorganiza
y pone a disposición de las Direcciones Regionales la información histórica sobre alertas
tempranas desde 2019, facilitando el seguimiento a los compromisos institucionales, la
trazabilidad de las acciones y la consulta de información para apoyar la gestión territorial. 2. Herramientas de gestión territorial: se desarrollaron cuatro tableros de control que integran más de 100 campos de información estratégica en la presente vigencia. Estrategia de utilidad pública: en articulación con el Ministerio de Justicia y la Oficina Talento
Humano, la OGR apoyó la implementación de la estrategia de utilidad pública (Ley 2292 de
2023), vinculando a mujeres madres cabeza de familia privadas de la libertad en actividades
institucionales. Con 92 beneficiarias reportadas en 2026 y un potencial de 1.500 plazas, esta
acción promueve inclusión social, resocialización y fortalecimiento de capacidades, al tiempo
que refuerza la coordinación interinstitucional.