JURISPRUDENCIA

El ICBF expidió la Resolución nro. 0424 de 27 de febrero de 2012, que determinó y ordenó a DISTRIYA LIMITADA pagar la suma de $11.034.963, por concepto de ajustes a los aportes parafiscales del 3% de los periodos diciembre de 2007, julio y diciembre de 2008, marzo, abril y diciembre de 2009, abril, junio, noviembre y diciembre de 2010, abril, junio, agosto y diciembre de 2011, conforme la Liquidación de Aportes nro. 199101, del 17 de enero de 2012, con intereses “de usura”.

SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEMAANDAN LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE TRABAJO

RECONOCIMIENTO DE NIVELACIÓN SALARIAL- DEFENSORES DE FAMILIA. Ausencia de vulneración del principio constitucional “a igual trabajo salario igual”- Carga de la prueba. CONFIRMA SENTENCIA

Nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la sociedad DISTRIYA LIMITADA, en contra del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, por concepto de ajustes a los aportes parafiscales del 3% de los periodos diciembre de 2007, julio y diciembre de 2008, marzo, abril y diciembre de 2009, abril, junio, noviembre y diciembre de 2010, abril, junio, agosto y diciembre de 2011, conforme la Liquidación de Aportes nro. 199101, del 17 de enero de 2012, con intereses “de usura.

La decisión será revocada, porque se configuró la causal de nulidad absoluta del contrato en los términos del numeral 1 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. No obstante, no hay lugar a restituciones mutuas porque no se acreditó que existieran obligaciones contractuales pendientes entre las partes.

Presunción de legalidad del acto administrativo acusado

2018 - 00229 - NIVELACION SALARIAL Y RESTACIONAL DE DEFENSOR DE FAMILIA

Se confirma la sentencia de primera instancia en la cual se deniegan las pretensiones de la demanda, porque las falencias formales de la propuesta no constituyen causal de rechazo si la entidad contratante pudo verificar la información sustancial que habilitaba al proponente y así llevar a cabo la comparación objetiva de las propuestas.

Se confirma la sentencia de primera instancia en la cual se deniegan las pretensiones de la demanda, porque las falencias formales de la propuesta no constituyen causal de rechazo si la entidad contratante pudo verificar la información sustancial que habilitaba al proponente y así llevar a cabo la comparación objetiva de las propuestas.