Entre 2022 y 2026, la Subdirección General del Bienestar Familiar lideró una transformación de fondo: pasar de una oferta institucional pensada de manera general, a una construida con las comunidades y ajustada a sus particularidades étnicas, territoriales, de género y de discapacidad. El resultado es una institucionalidad con más herramientas técnicas, más presencia territorial y más capacidad de escuchar antes de responder.
El conocimiento que nace en los territorios y del diálogo con niños, niñas, adolescentes, las familias, líderes tradicionales, comunitarios y sociales.
Reconocimos que los territorios no son solo receptores de servicios, sino productores de conocimiento. Por eso se consolidó el Modelo de Comunidades de Aprendizaje y Fortalecimiento Técnico, construido de manera conjunta con los territorios, con mesas técnicas nacionales y regionales y una Red de Saberes y Conexión Territorial que articula los ámbitos nacional, regional y zonal. El modelo quedó institucionalizado mediante la Resolución 4956 de 2025, trascendiendo el esquema de asistencia técnica y consolidando una forma participativa y flexible de gestionar el conocimiento.
Ese mismo ejercicio permitió rediseñar la oferta misional: se desarrollaron el Lineamiento técnico de atención para el desarrollo integral, el Manual técnico de modalidad integrada, el Manual técnico de modalidad territorios priorizados, y guías operativas específicas para los Centros de Apoyo a la Inclusión, Tejiendo Caminos Sin Fronteras, la atención integral al pueblo wayuu y el Modelo de Atención Integral para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Gonawindúa, entre otras herramientas hoy en desarrollo para emergencias, primera infancia en contextos hospitalarios y espacios de cuidado nocturno.
Un enfoque que reconoce la diversidad del país
Construimos el Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos (MEDD) como eje transversal para que cada respuesta institucional se ajuste a las características de cada población. El modelo agrupa 6 categorías diferenciales, se acompañó técnicamente a las 33 direcciones regionales, y se desarrollaron más de 10 documentos e instrumentos técnicos, 3 memorandos institucionales, una caja de herramientas y un plan institucional para implementar la Ley 2447 de 2025. Como parte de este enfoque, se construyeron 30 herramientas para prevenir violencias basadas en género.
Pueblos étnicos: una atención construida desde la interculturalidad
El Bienestar Familiar fortaleció una atención intercultural construida junto con pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que hoy representa a 115 pueblos indígenas y 2,4 millones de personas. En 2024, 162.187 niñas y niños indígenas recibieron atención, 5.632 a través del programa Semillas de Vida, y entre 8.000 y 12.000 mediante el Modelo de Atención Integral de la Sierra Nevada.
Este trabajo se construyó con más de 312 organizaciones comunitarias vinculadas y 9 juntanzas con más de 900 participantes, e incluyó la protocolización de la Política Pública de Infancia y Adolescencia Indígena, el Centro de Atención Integral Indígena del Guaviare, la construcción de un modelo propio para comunidades afrodescendientes, el fortalecimiento de la atención al pueblo emberá, y la incorporación de saberes ancestrales y partería tradicional.
El campo y las fronteras también son territorio de derechos
La Subdirección General consolidó una arquitectura institucional para reconocer al campesinado dentro de las políticas y servicios de la entidad, con 489.543 atenciones acumuladas —412.227 de ellas a través del nuevo modelo—, un 97,8 % de autorreconocimiento campesino, 135 organizaciones campesinas y rurales reconocidas con personería jurídica, 970 familias acompañadas y 1.268 organizaciones participantes (113 de ellas vinculadas específicamente como organizaciones campesinas), a través de modalidades como Educación Inicial Campesina, Risas, Raíces y Reconocimiento Campesino, Mochila Atrapasueños, Tejiendo Interculturalidad, compras públicas locales y 91 mercados campesinos, con 32 ruedas de negocio, 336 acuerdos de compra y $2.115 millones proyectados.
En materia migratoria, el Bienestar Familiar acompañó a 355.589 ciudadanos venezolanos a través de 9 ERAM que atendieron a 9.713 niñas, niños y adolescentes, 2.049 usuarios de Tejiendo Caminos y 2.953 personas de Tejiendo Caminos sin Fronteras, logrando 106 reuniones familiares con la articulación de 20 entidades. La entidad implementó protocolos en 12 aeropuertos, atendió 43 vuelos, y fortaleció a 323 funcionarios, de los cuales 123 quedaron certificados.
El pueblo wayuu, protagonista de su propia atención
Fortalecimos una atención intercultural con el pueblo wayuu basada en la participación comunitaria, a través del Mandato Comunitario y el Observatorio Ayaawataa, con componentes de pervivencia cultural, seguridad alimentaria y cuidado del territorio. Esta apuesta se tradujo en 40 fortalecimientos técnicos con 1.418 participantes, 138 comités técnicos operativos y 29 comités internos de emergencia nutricional.
En paralelo, el Bienestar Familiar desarrolló la primera Encuesta Nacional sobre Alimentación y Nutrición de los Pueblos Indígenas (ENSIN Indígena), construida con la Mesa Permanente de Concertación y en articulación con el DANE, el INS y organizaciones indígenas: desde el inicio de la recolección, el 18 de abril de 2026, con recursos del Convenio FSB 432 por $15.501.140.372, se han visitado 3.070 viviendas, encuestado a 11.323 personas y realizado 4.927 mediciones antropométricas.
Discapacidad y diversidad: derechos sin excepción
Se fortaleció la atención integral para niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad a través de los Centros de Apoyo a la Inclusión, la Estrategia Vida en Comunidad, el Hogar Gestor y la Ruta de Educación Inclusiva, en el marco de la implementación del CONPES Nacional de Discapacidad. El Bienestar Familiar también incorporó al Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos la categoría de orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD), con la incorporación de 5 acciones al CONPES 4147, más de 300 personas fortalecidas y al menos 8 estudios de caso desarrollados junto con organizaciones sociales.
Prevención, salud mental y una atención que integra lo social y lo sanitario
Se fortalecieron las capacidades institucionales para prevenir y atender violencias, a través del Sistema Nacional de Justicia Familiar, las Unidades Locales de Apoyo y el fortalecimiento de las defensorías de Familia. Las Casas Atrapasueños llegaron a 33 en funcionamiento, con 3 nuevas proyectadas, 29 equipos territoriales y 281 profesionales. En salud mental, la entidad desplegó las estrategias Salud Mental y Buen Vivir, Parar para Crear, el Mes del Cuidado de la Salud Mental y #ResuenaLaVida, junto con formación territorial, acompañamiento psicosocial y la construcción de la Política Nacional de Salud Mental. El Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud avanzaron, además, en un modelo sociosanitario que integra la atención social y en salud a través de planes individuales de atención, con pilotos en la Fundación Niña María (Albán), el Proyecto Unión (Tocancipá) y Los Álamos (Itagüí).
Memoria, paz y reconciliación desde los territorios
La Subdirección General fortaleció la respuesta territorial en municipios afectados por el conflicto, con cobertura en 170 municipios PDET, 1.249.042 personas atendidas, 356.446 niñas, niños y adolescentes acompañados y 2.916 ingresos a procesos de restablecimiento de derechos, incluyendo la prevención del reclutamiento, la atención mediante unidades móviles, la atención a hijas e hijos de firmantes de paz y la respuesta en el Catatumbo y El Plateado. La estrategia Aquí Crece la Generación para la Paz dejó 165 murales en 96 instituciones educativas y 34 infraestructuras del Bienestar Familiar, con 35 espacios comunitarios, y llegó a 4.125 niñas, niños y adolescentes y 495 docentes.
A 40 años de la tragedia, el Bienestar Familiar desarrolló también un proceso de memoria y reparación simbólica con el informe técnico Memorias vivas de la tragedia socionatural de Armero, círculos de diálogo y entrevistas con sobrevivientes, en articulación con la Fundación Armando Armero, la Registraduría Nacional y el Archivo General de la Nación.
Una gestión que se blinda con transparencia
Se consolidó una estrategia nacional de supervisión a través de la Mesa Nacional de Supervisión, 7 mesas técnicas y la integración de cinco sistemas de información, junto con el curso «Misión Supervisión: ver para proteger». Esta apuesta fortaleció a las 33 regionales, actualizó más de 20 instrumentos técnicos y formó a 3.410 profesionales de apoyo a la supervisión.
En materia de seguimiento y transparencia, el Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación Institucional (SIMEI) hizo seguimiento a 5 indicadores estratégicos, con una participación superior al 70 % en espacios institucionales, la revisión de 1.348 requerimientos, la elaboración de 3 informes de ley y la revisión de 11 informes institucionales. También se apoyó en la ruta de las auditorías forenses, los tamizajes a personas jurídica y naturales previo a la contratación misional con el equipo Anticorrupción y de Transparencia del Bienestar Familiar.
Un legado con las comunidades en el centro
El principal legado de estos cuatro años es una institucionalidad con mayores capacidades para responder a las realidades de niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades en todo el país: una gestión del conocimiento que reconoce a los territorios como productores de saber, un enfoque diferencial convertido en herramientas concretas, y una atención a víctimas y construcción de paz que no se quedó en el papel. El Gobierno del Cambio fortaleció las condiciones y los recursos para que esta transformación llegara a los territorios históricamente más alejados del Estado, junto con las comunidades que la hicieron posible. Gratitud plena con todas y todos. Con dignidad, cumplimos.
Fuente: V6 - Empalme con el Pueblo – Subdirección General del ICBF, julio de 2026.
