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Al respecto, la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, explicó que “el conflicto armado no puedo arrebatar los sueños y el futuro de la generación de la paz. Continuamos en el territorio acercándonos y ayudándolos a que retomen sus vidas alejados de la guerra, protegidos, sin miedo y en paz”, dijo.

Además, Cáceres reiteró su compromiso para brindarles las herramientas necesarias para que “salgan adelante y puedan contribuir a la construcción de una sociedad más justa y reconciliada. Como lo dije anteriormente este es un momento crítico, pero es la oportunidad para que la historia de los niños del Catatumbo sea diferente”, aseveró. 

El programa de atención especializada para el restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento, está dirigido a niños, niñas y adolescentes que se han desvinculado de grupos armados al margen de la ley siendo menores de edad, cuyo objetivo es contribuir con la protección a través de medidas de restablecimiento de derechos y contribución a la reparación integral.

Tras el proceso de registro en Migración Colombia, las funcionarias del Bienestar Familiar, en cabeza de tres autoridades administrativas, adelantaron el acompañamiento psicosocial así como el apoyo en la gestión y trámite de acciones para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes. 

Así mismo, Bienestar Familiar en articulación con la Cruz Roja dispuso de equipos especializados que brindaron alimentación, atendieron sus necesidades inmediatas y ofrecieron orientación sobre los programas de apoyo disponibles para su regreso al país. 

Las acciones adelantadas por el ICBF están orientadas a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.

Desde el inicio de esta grave crisis humanitaria, el equipo regional y nacional de Bienestar Familiar, en cabeza de su directora general, Astrid Cáceres, se ha desplegado en distintos municipios de la región para atender a las niñas, niños y adolescentes desplazados. Ellos y ellas se han visto obligados a enfrentar las dolorosas consecuencias de la guerra, como la suspensión del inicio de clases, la desintegración familiar, la exposición a nuevos riesgos, el miedo y la ruptura de la cotidianidad. 

En esta coyuntura, Bienestar Familiar continúa haciendo ingentes esfuerzos para que las niñas, niños y adolescentes reciban alimentos suficientes y adecuados. El equipo de nutricionistas de la institución trabaja de manera permanente para gestionar y orientar la preparación de alimentos. Por tierra y aire se han transportado 69.156 unidades líquidas y 10.200 bolsas en polvo de Bienestarina,  buscando llegar no solo a los albergues de los centros urbanos, sino también a las zonas rurales dispersas donde se encuentran confinadas las comunidades. 

La permanente articulación con la institucionalidad regional y nacional, así como con la sociedad civil del departamento de Norte de Santander y la cooperación internacional, ha permitido la puesta en disposición de elementos necesarios para las familias en medio de la crisis. Entre ellos, pañales, biberones, kits para mujeres gestantes y utensilios de cocina.  

Cerca de 120 profesionales, la mayoría de los cuales integran 18 Unidades Móviles, se encargan diariamente de visitar los albergues de Ocaña, Cúcuta, Tibú, Hacarí y Ábrego, con el objetivo de realizar acciones inmediatas de primeros auxilios psicosociales, prevención de violencia sexual, promoción de derechos, apoyo en la organización de los albergues ytamizaje nutricional, además de actividades lúdico-pedagógicas.

Estos equipos interdisciplinares han atendido, desde el inicio de la emergencia, 2.789 personas, de las cuales 1.641 son niñas, niños y adolescentes; 38 son mujeres gestantes; 86 son madres lactantes; 20 son niños en riesgo de desnutrición; y 5 son niños con desnutrición aguda. Con el objetivo de garantizar derechos, han realizado 132 remisiones a otras instituciones para la atención en salud y educación.

En medio de la suspensión de las clases presenciales, los profesionales de Bienestar Familiar también han promovidoen los albergues el buen uso del tiempo libre. En Ocaña, realizaron una charla sobre el cuidado de la madre tierra y una siembra; en el albergue de Firmantes de Paz, actividades artísticas; en Tibú, un campeonato de fútbol y varios talleres de tejido de chinchorros y atarrayas.  
Las Defensorías de Familia y los profesionales de la Dirección de Protección también trabajan incansablemente para restablecer los derechos de las y los adolescentes que, durante la emergencia, se han desvinculado de los grupos armados ilegales que se enfrentan por el control de la región. Bienestar Familiar reitera que el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes es un grave crimen, que debe ser rechazado por toda la sociedad. 

Las niñas, niños y adolescentes del Catatumbo cuentan y seguirán contando con Bienestar Familiar, durante y después de esta emergencia. La paz es un derecho de las comunidades campesinas e indígenas que habitan, construyen y sueñan este territorio.

En ese sentido, la resolución delega la responsabilidad de otorgar y reconocer las personerías jurídicas únicamente a la Oficina de Aseguramiento a la Calidad de Bienestar Familiar; y delega en la misma la renovación de las licencias de funcionamiento para los servicios que lo requieran de conformidad con los documentos técnicos que defina el ICBF.
 
Así mismo, le otorga facultades especiales al ICBF para ejecutar medidas urgentes y especiales, en caso de ser requeridas, para intervenir o interrumpir la prestación de los servicios de manera provisional e inmediata ante la presunta vulneración, amenaza o inobservancia de los derechos de las niñas, niños adolescentes y jóvenes, en el marco de la prestación del servicio. 
 
Igualmente, se precisa el proceso administrativo sancionatorio y se rediseñan las faltas de conformidad con la normatividad vigente, como por ejemplo el incumplimiento de los lineamientos técnicos sobre aquellos que vulneren, amenacen o inobserven los derechos de la niñez; y aquellos que omitan el deber de verificar el Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales y contraten con personas inhabilitadas (Ley 2375 de 2024). Por otro lado, se hace vinculante el Registro Único de Oferentes.
 
Cabe anotar que el cumplimiento a cabalidad de la nueva resolución contribuye a la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el territorio, tal como lo indica la misionalidad de la institución. Si desea conocer más sobre esta Resolución la encontrará en el link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.icbf.gov.co/system/files/6300_-_establece_regimen_para_el_ejercicio_de_las_funciones_de_inspeccion_vigilancia_y_control_a_cargo_del_icbf.pdf