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1. En los últimos meses se han adelantado reuniones de seguimiento y concertación con las 10 agremiaciones sindicales de las madres y padres comunitarios, las cuales contaron con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo para plena garantía de sus derechos.

2. En relación con la formalización laboral de las madres comunitarias con el Estado, propuesta del presidente Gustavo Petro, la directora Concepción Baracaldo sostuvo reuniones con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda para encontrar los mecanismos y las rutas legales que permitan avanzar en ella.

3. Desde el 2013 existe un subsidio pensional para más de 5.298 ex madres y ex padres comunitarios que no reúnen los requisitos para acceder a una pensión de vejez. Respecto a la solicitud de un ajuste a dicho recurso para mayores de 57, 70 y 80 años, la Directora General, Concepción Baracaldo, se comprometió a buscar los mecanismos para lograrlo, en articulación con el Ministerio de Trabajo.

4. Para la vigencia 2023 se aumentó en un 14% el presupuesto para las raciones alimentarias diarias de las niñas y los niños, más de 448 mil millones hasta el 31 de octubre del presente año.

5. El ICBF solicitó a las madres comunitarias informar cuáles son las necesidades primordiales de dotación que se requiere en los hogares comunitarios para que el Instituto inicie este proceso.

6. Desde el ICBF se adelanta un proceso de formación para mejorar las prácticas pedagógicas y de cuidado. Durante los últimos 4 años se formaron a 16.505 madres y padres comunitarios, con una inversión superior a los $51 mil millones de pesos, en tres líneas: 1) Formación inicial; 2) Formación avanzada y 3) Formación de servicio.

7. En 2022 las madres y padres comunitarios en el país atendieron a 554.617 niñas y niños de la primera infancia.

La Directora del ICBF reafirma su compromiso de diálogo y concertación con las organizaciones sindicales y mantendrá abiertas las puertas de la entidad para lograr los consensos que permitan que la atención a la primera infancia no se vea afectada por este cese de actividades.

“Estoy aquí para reafirmar los acuerdos que tenemos desde el Gobierno Nacional con las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. El ICBF está a disposición de la comunidad para generar cambios e incluir las propuestas que resulten de estas mesas en el PND, documento que será la carta de navegación para alcanzar la justicia social en Colombia”, sostuvo la Subdirectora General del ICBF.   

Durante las Mesas de trabajo entre los representantes del Gobierno Nacional y las comunidades, se concertarán temas relacionados con la atención a necesidades en diferentes aspectos que deberán quedar en el Plan Nacional de Desarrollo.

(Fin/wbf/apu)

A través del graffitti, la música, la barbería, el hip hop y el cine, el proyecto Fénix previene la reincidencia del delito promocionando actitudes personales, habilidades para el trabajo y oportunidades institucionales encaminadas a fortalecer procesos de participación social juvenil. 

Durante la actividad, la subdirectora de responsabilidad penal del Instituto, Natalia Bolívar, destacó: “para el ICBF son motivo de alegría estas jornadas que convocan a adolescentes y jóvenes del SRPA y a las entidades del Estado que creen en las nuevas oportunidades, que rompen barreras para la inclusión social y que con convicción trabajan en sus proyectos de vida legales y sostenibles”. 

Finalmente, con esta jornada cultural y artística, el ICBF resaltó que los adolescentes y jóvenes que están vinculados al SRPA tienen una motivación más para continuar creando proyectos productivos y de emprendimiento que les generen inclusión social y afectiva.

Proyecto Fénix ha beneficiado a 30 adolescentes y jóvenes del SRPA y tiene como objetivo prevenir la reincidencia de adolescentes y jóvenes infractores favoreciendo su reinserción y la generación de factores protectores.

Una vez se conoció la situación, el equipo de profesionales se dirigió a la Clínica San Ignacio donde adelantó la verificación de garantía de derechos de la menor de edad, dialogando con el personal médico y los familiares de la niña.

La defensora de familia aperturó Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) a favor de la niña y se adoptaron medidas provisionales de protección que le garantizarán todos sus derechos mientras es dada de alta. Además, se continuará con las valoraciones, verificación de derechos y acompañamiento con la red familiar.

El ICBF en Córdoba dispone de 1.314 cupos para brindar los servicios a la primera infancia de esa comunidad, 915 de los cuales serán atendidos por operador perteneciente a la etnia y los 399 restantes estarán a cargo de operador externo concertado entre comunidad e instituto.

Además, se acordó iniciar los estudios para determinar con la comunidad Embera si se requiere la ampliación de los cupos de atención para las niñas y niños.

Durante los diálogos participaron representantes regionales de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, el enlace para temas indígenas de la gobernación de Córdoba y el director regional del ICBF en Córdoba.

El ICBF atiende esta comunidad con el programa Modalidad Propia e Intercultural, el cual garantiza el servicio de educación inicial a niñas y niños en primera infancia y mujeres gestantes teniendo en cuenta su cultura y las características del territorio.
 
(Fin/dgp/pup)