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La decisión fue tomada luego de realizado el Consejo extraordinario departamental de gestión del riesgo de desastres en el Chocó, 
que contó con la participación del ICBF en cabeza de la directora regional encargada, Carlina Sáenz, ante la emergencia generada por el desbordamiento de los ríos que afectaron a los dos municipios.

Una vez se obtenga el censo oficial por parte de las autoridades locales, los equipos interdisciplinarios realizarán el 
acompañamiento psicosocial con enfoque diferencial a los niños, niñas, adolescentes identificando posibles vulneraciones o amenazas a fin de garantizar sus derechos.

De igual manera, se distribuirá Bienestarina a los niños y niñas menores de 5 años, así como a las mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia.

Los dos municipios ya declararon la emergencia, mediante los Decretos 054 en el Alto Baudó y el 080 en el Medio Baudó, para facilitar la destinación de recursos del presupuesto municipal, como para recibir ayudas del Gobierno nacional.

Una de las inquietudes reiteradas de las madres comunitarias transitadas de los municipios de San Benito, La Unión, San Marcos, Morroa, Sincé, Sincelejo y de la región de La Mojana estuvo relacionada con las dificultades de salud que presentan algunas de ellas y les impide desarrollar a plenitud sus actividades y otras que, aun teniendo edad para retirarse, no lo hacen porque no cuentan con pensión.

Como respuesta a las diferentes situaciones expuestas, la directora general del ICBF le reiteró a las madres comunitarias que el Gobierno del Cambio viene trabajando en dos acciones para amparar a las madres. La primera es un estudio con la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para la creación del cargo de madre comunitaria, como también se sigue insistiendo en un régimen especial para ellas dentro de la reforma laboral; y como segunda acción se abrirá un link permanente para que las madres se inscriban para acceder al bono pensional, se empezarán a evacuar los cupos con las madres comunitarias que tienen discapacidad o que tienen la edad de retiro y que han pedido voluntariamente ser tenidas en cuenta.

En la conversación con las madres comunitarias, Astrid Cáceres Cárdenas, insistió en la necesidad de despolitizar la atención a la primera infancia.

(Fin/jca/pup)
 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), líder del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y en cumplimiento de la Sentencia T-302, ha efectuado un proceso de socialización con el pueblo wayuu y las autoridades afrodescendientes en relación con la instauración de la Comisión Asesora Científica de La Guajira. El objetivo primordial de dicha comisión es investigar y dilucidar las causas que condujeron a la mortalidad infantil por desnutrición en la región y proporcionar herramientas que favorezcan la toma de decisiones orientadas a asegurar los derechos de los niños y niñas wayuu.
 
“Lo ocurrido en el contexto de la instalación de la Comisión Científica es un ejemplo de unidad que nos ha brindado el pueblo wayuu. Es la prueba de que es posible hallar un propósito compartido para que, unidos, salvemos a la niñez y reconozcamos nuestra historia, para así evitar repetir errores y tomar decisiones más acertadas de ahora en adelante”, resaltó Julián Moreno Parra, director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
 
Con la instauración de esta Comisión, el ICBF da cumplimiento al plan de acción estipulado en el Auto 1290 de 2023, en el contexto de la Sentencia T-302 de 2017. Dicha instancia trabajará en cuatro ejes temáticos: clínico y de salud; socioeconómico; cultural y étnico; ambiental y territorial. Contará además con el soporte técnico de la comunidad internacional, entidades nacionales y territoriales y, por supuesto, con la comunidad wayuu.
 
La creación de la Comisión Científica surge con el fin de potenciar las dinámicas para superar las vulnerabilidades de las familias wayuu y concretar los cambios propuestos por el Gobierno Nacional, de modo que se fomente el crecimiento generacional en un entorno de justicia social.
 
 

Desde este municipio del Urabá, la subdirectora general del ICBF anunció el diseño de una estrategia para atender de manera itinerante a las familias, a los niños, niñas y adolescentes que están en condición de tránsito migratorio, pero también atender diferencialmente a la población migratoria.

Además, dijo que se firmará un convenio con la Agencia de Cooperación Española que favorecerá a niñas, niños y adolescentes venezolanos con procesos administrativos de restablecimiento de derechos abiertos en los 11 municipios de esta región antioqueña. Los recursos donados para la protección migrante permitirán la búsqueda familiar con fines de reubicación en cada caso.

La funcionaria sostuvo que “el Gobierno nacional llevó ante los países del Parlamento Andino la petición de una ruta segura enfocada en la prevención de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta el impacto humanitario de este fenómeno, sobre todo en la región del Darién donde se presenta el paso migratorio más grande y complejo de la actualidad”.
 
De otra parte, la subdirectora general informó sobre la apertura, a partir del mes de abril, de una nueva Unidad Local en Necoclí donde operará un equipo de Defensoría de Familia con un enfoque en temas migratorios. La unidad funcionará en un espacio entregado por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, y se espera que diferentes cooperantes aporten con donaciones para su fortalecimiento.

La subdirectora general Adriana Velásquez realizó el recorrido acompañada del Ministerio Público, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), Migración Colombia, Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Gobierno y profesionales de los Equipos Móviles de Protección del ICBF.
 
“Como Gobierno Nacional estamos comprometidos con la garantía de derechos y nos unimos para atender con dignidad las necesidades de la población migrante”, puntualizó la subdirectora general del ICBF.

Durante la jornada y en los diversos diálogos realizados con los adolescentes, las autoridades administrativas constataron que cada uno de los procesos están alineados con el enfoque de la justicia restaurativa, que se ajusta al modelo de atención proporcionado a los adolescentes y jóvenes privados de libertad y que están bajo el sistema de responsabilidad penal.
 
De igual forma, se realizó un recorrido por la infraestructura y se destacaron los progresos realizados en las obras de mejora del Centro de Atención Especializada.

La visita culminó con una muestra artística protagonizada por los propios adolescentes y jóvenes, evidenciando su talento y creatividad, así como su compromiso con su proceso de resocialización.

Durante esta jornada especial, más de 36 jóvenes del IDIPRON visitaron la institución de protección en el municipio de Sasaima, presentando actos culturales y artísticos que deleitaron a todos los presentes. A lo largo del día, las niñas, niños y adolescentes se unieron a estas actividades, sumergiéndose en un mundo de diversión y creatividad. Además, fueron sorprendidos con regalos, gracias a la alianza entre el ICBF, la Embajada de Estados Unidos y Fuerza Colombia.
 
Estas estrategias no solo proporcionan momentos de alegría, sino que permiten a niños, niñas y adolescentes encontrar espacios de integración con otras comunidades, reforzar sus relaciones interpersonales que contribuyen al desarrollo de sus proyectos de vida, al estar en contacto directo con el arte y experiencias de superación.
 
Este evento de alegría y arte no solo ha dejado sonrisas en los rostros de los participantes, sino que ha sembrado semillas de esperanza y crecimiento en el corazón de cada niña, niño y adolescente bajo protección del ICBF.
 
(Fin/bsb/pup)