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En lo corrido que va del mes de diciembre, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha reportado 32 casos de menores de 18 años, un caso más que el registrado el año pasado en la misma fecha. Al respecto, Bienestar Familiar ha iniciado 16 procedimientos de verificación de derechos, se han fijado dos amonestaciones con curso pedagógico a papás, mamás y cuidadores responsables de los niños, niñas y adolescentes lesionados.    

Igualmente, las autoridades administrativas y sus equipos abrieron dos procesos administrativos de restablecimiento de derechos (PARD) y se han remitido nueve casos a las comisarías de familia por competencia territorial, es decir, porque en los municipios donde se registraron no hay centros zonales del ICBF.  

Al respecto, la directora encargada de Protección, Adriana Tierradentro,  reiteró el llamado “a la corresponsabilidad que compartimos como familia, sociedad y Estado para crear entornos protectores y de cuidado, con una postura de cero tolerancia hacia el uso de pólvora por parte de niños, niñas y adolescentes.” 

Antioquia, Norte de Santander, Córdoba y Valle del Cauca son los departamentos que presentan aumentos significativos de casos de lesionados durante actividades relacionadas con la manipulación, transporte, almacenamiento, fabricación, comercialización y uso de pólvora durante el inicio de las festividades decembrinas. 

En ese sentido, se insta a evitar el contacto con estos artefactos, disfrutar las festividades y recordar que, si un niño resulta lesionado con pólvora, se debe acudir de manera inmediata a los centros de salud para que no se agrave su estado. Mientras recibe atención médica evite el uso de remedios caseros.

La jornada fue encabezada por la directora general del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, y el director de comunicaciones y responsabilidad social corporativa de Jerónimo Martins Colombia – Tiendas Ara, Juan Camilo Dueñas. Ambos destacaron la importancia de la alianza para asegurar la seguridad alimentaria en las poblaciones más vulnerables del país.

“Hemos entregado más de 8.000 bonos a madres comunitarias en el país y seguiremos haciéndolo. Los bonos son de gran ayuda, pero los kits también son fundamentales ya que contienen elementos que, junto con la pedagogía proporcionada, permiten detectar a tiempo los signos de la desnutrición”, afirmó la directora de Bienestar Familiar.

Por su parte, Dueñas manifestó que “para nosotros es un honor trabajar junto al ICBF en pro de la niñez y el futuro de Colombia. Agradecemos profundamente a las madres comunitarias, quienes realizan una labor invaluable al cuidar lo más valioso que tiene el país”.

Es importante destacar que a través de la alianza entre el ICBF y Tiendas Ara se entregarán 11.872 bonos redimibles por alimentos a 2968 madres y padres comunitarios, así como 1500 kits lúdicos, fortaleciendo el componente nutricional de las familias más necesitadas de las comunidades atendidas en los territorios del país.

En el marco de este convenio, también se resalta la participación de UNICEF que ha aportado las citas métricas incluidas en los kits lúdicos, desempeñando un papel clave en la prevención de la desnutrición en los niños y niñas de la región.

En el marco del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar abanderó la instalación de la Comisión Asesora Científica (CAC) en La Guajira, una iniciativa fundamental para abordar el estudio de las causas de desnutrición infantil que afecta a las comunidades indígenas Wayuu. Este esfuerzo responde al requerimiento de la Corte Constitucional, en el marco de superar el estado de cosas inconstitucionales que vulnera los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes de este territorio.
 
Astrid Eliana Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) expresó: “agradecemos profundamente el respaldo técnico brindado por UNICEF en la Comisión Asesora Científica de La Guajira. Su colaboración ha sido fundamental para avanzar en nuestras metas de bienestar y desarrollo integral de la niñez en esta región."
 
La CAC se constituye como un órgano técnico y científico que integra los saberes de los pueblos wayuu y afrodescendientes de La Guajira y la investigación académica, con el propósito de desarrollar y generar recomendaciones que aporten al estudio de las causas estructurales de desnutrición en el departamento. Este espacio fue creado mediante la Resolución 7391 de 2023 de Bienestar Familiar, como parte de los acuerdos establecidos en el plan provisional delAuto 1290 (Sentencia T302/2017) y con la Comisión Consultiva Departamental de Comunidades Negras y Afrocolombianas.
 
Durante el evento, Carmen Laura Paz Reverol, PhD en Antropología y reconocida investigadora del Pueblo Wayuu, destacó la importancia de articular la ciencia con los conocimientos ancestrales para generar soluciones efectivas y sostenibles. “Es fundamental que nuestras comunidades no solo sean objeto de estudio, sino participantes activos en la construcción de políticas que aseguren el bienestar de las niñas y niños,” afirmó. Además, enfatizó que la CAC es un ejemplo de cómo la participación de las comunidades étnicas y la academia pueden trabajar en conjunto para transformar realidades complejas.
 
La CAC tiene como misión estudiar los determinantes sociales, culturales y ambientales de la desnutrición en La Guajira, para proponer acciones de corto, mediano y largo plazo. El enfoque diferencial, la inclusión de subcomisiones étnicas y la integración de diversos saberes permitirán avanzar hacia soluciones más integrales y efectivas.
 
Con un cronograma de trabajo definido, los próximos pasos de la Comisión será generar informes técnicos que sirvan de insumos para la formulación de políticas públicas y acciones inmediatas que mitiguen la crisis. Además, se realizarán foros para fortalecer la capacidad local de respuesta y la apropiación comunitaria de los resultados.

Durante la actividad también hubo espacio para que los padres y madres de familia, madres sustitutas, cuidadores, niños, niñas y adolescentes con discapacidad del programa Hogar Gestor del ICBF, conversaran sobre susderechos: a la vida, a la familia, a la educación, a la salud, a la igualdad, a la no discriminación, a la libertad y a la participación. 

El espacio permitió conocer las opiniones de la sociedad sobre los derechos y las dificultades que las familias enfrentan a diario para garantizar los derechos de las personas con discapacidad que viven en su entorno.
“Todas las personas podemos desarrollarnuestros talentos en algún arte u oficio o adquirir habilidades”, fue una de las conclusiones de la conmemoración, de ahí la invitación a que los cuidadores permanezcancomo observadores de los niños y niñas a su cargo, para descubrir sus capacidades y estimularlos para que las desarrollen. 

“Estos espacios ayudan a fortalecer la red de apoyo a las familias que tienen bajo su cuidado a los niños, niñas o adolescentes con alguna discapacidad y ser garantes de sus derechos”, destacó Carlina Sáez Cuesta, directora regional encargada del ICBF en Chocó.

Para el año 2025, se proyecta una asignación de más de 7 mil millones de pesos para atender a niños, niñas y adolescentes en el Cauca a través de la modalidad ‘Atrapasueños’, recursos destinados a fortalecer la estrategia de prevención de riesgos Atrapasueños, el Centro de Apoyo a la Inclusión y los Espacios Comunitarios, garantizando entornos protectores y oportunidades para el desarrollo integral de esta población. 
 
Así mismo, la directora regional encargada del ICBF en Cauca, Amparo Mosquera, anunció que se tiene previsto invertir más de 5.000 millones de pesos para reforzar los servicios de Fortalecimiento de Vínculos Familiares y Comunitarios, ‘Somos Familia’, ‘Somos Comunidad’ y ‘Tejiendo Interculturalidad’ en el departamento del Cauca.
 
A través de la modalidad Tejiendo Interculturalidad se priorizará la atención a comunidades, territorios y pueblos identificados como de alto riesgo por el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por actores armados. Esta iniciativa permitirá que las estrategias de intervención consideren las necesidades específicas y las cifras de riesgo en estas comunidades, con el fin de generar entornos protectores, fortalecer los vínculos familiares y promover la cohesión comunitaria en contextos vulnerables.
 
Durante la sesión de la CIPRAT, la entidad enfatizó en la necesidad de que haya una respuesta oportuna a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, las cuales advierten sobre graves riesgos a los derechos fundamentales, como la vida, la integridad y la seguridad personal.

“No hemos entregado 15 mil millones de pesos al hospital de Maicao, ni le hemos hecho transferencia alguna, Bienestar Familiar paga por niño atendido, por mercado entregado, los recursos están a salvo”, reiteró de manera enfática la funcionaria al señalar que sí se han firmado convenios tanto con el hospital como con la Caja de Compensación Familiar de La Guajira (Comfaguajira) para la ejecución de una Estrategia Integrada de Atención y Prevención de la Desnutrición.
 
A renglón seguido, Astrid Cáceres destacó que a la fecha se han logrado focalizar más de 8.200 niños y niñas que han sido tamizados y pesados, así como distribuidos alimentos y más de 2.500 niños y niñas recuperados a través de los programas y convenios estratégicos realizados en La Guajira.
 
“Ninguno de los convenios está liquidado, ni se han hecho transferencias que no estén acordes con lo que han entregado en términos de cumplimiento de lo establecido”, dijo Astrid Cáceres.
 
Desde Riohacha, la directora general del ICBF insistió en dar un parte de tranquilidad a las comunidades y señaló que: “seguimos en La Guajira trabajando no solo con ellos, sino con muchos aliados y con la operación de tres Centros de Recuperación Nutricional, las Unidades de Búsqueda Activa y la entrega de mercados y complementos nutricionales, acciones que han sido tan efectivas para lograr una reducción de la desnutrición en el departamento”.

El colaborador era psicólogo de profesión y vivía en el territorio, dedicado al acompañamiento y la salud mental de las niñas, niños y las familias de la comunidad de San José del Guaviare.

Cabe anotar que el pasado miércoles la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, tomó la decisión de retirar los equipos de la institución del departamento mientras no existan las condiciones de seguridad para adelantar las labores.

“Lamentamos muchísimo estos hechos, mantendremos los vínculos con la comunidad, pero mientras los actores armados estén dominando los sitios los equipos no vuelven a las veredas, ese es un costo que tienen los hechos para el departamento”, dijo la funcionaria.
 
Agregó que “está decisión es dolorosa porque todas esas familias quedan sin atención en el marco de un conflicto armado en el que no deben estar involucrados. Nuestros profesionales hacen una tarea bellísima tienen una capacidad enorme para llegar a las veredas y trabajar con las comunidades por eso tampoco pueden estar expuestos a este tipo de cosas”.
 
El ICBF se solidariza con las familias de las víctimas quienes infortunadamente resultaron afectadas. Además, exige de forma vehemente a los actores armados el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, y la Convención de los Derechos del Niño, así como el respeto a la población civil.