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Las jornadas se realizaron en los municipios de Tuluá, Cali y Cartago, donde se agruparon según la ubicación geográfica en del departamento, con el fin de cubrir los 42 municipios, de la siguiente forma: zona norte: Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Cartago, El Águila, El Cairo, El Dovio, La Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo, Toro, Ulloa, Versalles, Zarza. Zona Centro: Andalucía, Buga, Bugalagrande, Calima - El Darién, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Restrepo, Riofrío, San Pedro, Trujillo, Tuluá, Yotoco. Por último, la zona sur: Candelaria, Cali, Dagua, Florida, Jamundí, La Cumbre, Palmira, Pradera, Vijes, Yumbo, Buenaventura, Caicedonia, Sevilla. 

Para la asistencia técnica se tuvieron en cuenta tres líneas de política: 1. Prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador. 2. Prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados organizados y los grupos delincuenciales organizados, y 3. Prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.

Con respecto al tema, la directora encargada de la regional Valle del Cauca, Janet Quiñones Preciado, dijo: “es muy importante que todos los municipios del departamento estén en la misma línea con respecto a los temas de política pública, restablecimiento de derechos, prevención y erradicación de delitos contra niñas, niños y adolescentes y la activación de rutas para la atención inmediata”.

Con esta asistencia técnica se espera que los entes territoriales tengan claridad a la hora de activar las rutas de atención y, además que conozcan la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia, del departamento del Valle del Cauca, para que el trabajo articulado entre las entidades tenga mayor fluidez. 

(Fin/Jgg/) 

“Todos los agentes que velamos por la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes debemos tener pertenencia en este plan del 2025”, aseguró la referente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), Gladys Caraballo, al presentar el plan, en la primera sesión del Plan Departamental de Prevención de las Violencias contra niños, niñas y adolescentes para 2025.

El Bienestar Familiar participará en los eventos de socialización de las rutas de atención integral de víctimas de trata de personas que se harán en los 30 municipios, en las jornadas de asistencia técnica sobre la prevención de la violencia como forma de relación y crianza de niños y niñas, en las jornadas de prevención de violencia sexual y de género, como también hará asistencia técnica para la prevención y manejo de situaciones de riesgo con los niños, niñas y adolescentes con derechos amenazados y vulnerados y víctimas de violencia sexual.

De igual manera, brindará asistencia técnica a los Comités Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Cieti) municipales y departamentales. Y, en las 31 Mesas de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, socializará los lineamientos técnicos y de operación de la modalidad Atrapasueños.
 
(Fin/jca/)

El convenio impacta a 415 personas que hacen parte de los equipos: operadores y autoridades étnicos territoriales, sabedores y parteras, quienes deben promover los derechos sexuales y derechos reproductivos de niñas, niños y adolescentes en Norte de Santander, Chocó, Arauca, Bogotá, Caquetá y Risaralda. 

También se adelantan acciones con mujeres indígenas líderesas para la erradicación de prácticas nocivas como la Mutilación Genital Femenina (MGF) y las Uniones Tempranas y Forzadas (MIUTF). Así mismo, se promueven escenarios de fortalecimiento del entorno familiar y de la articulación intersectorial para la prevención del embarazo en la adolescencia y embarazos subsiguientes.

El convenio fue firmado en octubre del 2024 y con este se espera que las niñas, niños y adolescentes tengan herramientas pedagógicas y puedan promover los conocimientos en sus entornos y prevenir que sus derechos sean vulnerados.

El diálogo estuvo enfocado en escuchar y recopilar insumos relevantes de las voces de aproximadamente 250 participantes, entre niñas, niños, jóvenes, adolescentes, consultivos departamentales, consejos comunitarios, formas y expresiones organizativas, autoridades tradicionales y otros integrantes de la población afro, provenientes de los diferentes municipios Maicao, Hatonuevo, Dibulla, Barrancas, Fonseca, San Juan y Riohacha.
 
En estos encuentros, la subdirectora resaltó como un gran logro el consenso y ejemplo de unión que brindó el pueblo afrodescendiente al emprender este reto de llevar a cabo la construcción del modelo, haciendo visible la diversidad de la cultura afro y el aporte de estos al bienestar integral de la infancia y el buen vivir. "Aquí no solamente hay voluntad, hay compromiso que nos lleva a promover el cierre de brechas, la justicia social y racial" afirmó Velásquez anunciando que se continuará desarrollando jornadas de diálogos para incluir otros territorios en este proceso. 
 
Entre los aportes de los participantes, se dieron a conocer los usos y costumbres, así como las prácticas ancestrales de la cultura afrodescendiente, destacando la música, los bailes, los rituales, la medicina tradicional y la cocina, en la que el salpicón, la malanga, el plátano, la yuca y otros alimentos son fundamentales en la nutrición de las niñas y niños negros. Cada propuesta fomentó el respeto por la identidad y cultura de estas comunidades.
 
Cabe destacar que, el Bienestar Familiar junto con las comunidades afrodescendiente han desarrollado nueve Juntanzas entre noviembre y diciembre de 2023, con la participación de más de 900 personas, en las que se realizaron aportes desde sus saberes enmarcados en los cinco componentes de gobernanza y participación, seguridad y soberanía alimentaria, cuidado de la vida y "vivir sabroso", salud y medicina ancestral, y fortalecimiento cultural, cuyos insumos y resultados también hacen parte de la construcción del modelo propio de atención integral para estas comunidades.
 
(Fin/scs/eeb)

En el corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, se encuentra ubicado un Centro de Recuperación Nutricional Comunitario, que atiende a niños y niñas con desnutrición aguda moderada y severa, principalmente del pueblo Embera; aquí también reciben atención los menores de edad del municipio de Bagadó, Chocó, por la cercanía de los territorios.

Durante el 2024 el Bienestar Familiar salvó la vida a149 niños y niñas menores de 5 años, 29 de ellos provenientes del Chocó. Las niñas y los niños que recibieron atención recuperaron su estado nutricional en un 98%. En este mismo territorio se desarrolló la modalidad orientada a la prevención de la desnutrición“1.000 para cambiar el mundo” atendiendo en el municipio de Bagadó, Chocó a 219 usuarios, de los cuales, el 47% pertenecía al pueblo Embera.

En lo corrido del 2025 en el Centro de Recuperación Nutricional Comunitario se han atendido a 21 niños y niñas con desnutrición, pertenecientes a este pueblo indígena. En el mes de abril iniciará la ejecución del nuevo servicio de Recuperación Nutricional en el Hogar, donde los profesionales en nutrición, junto con profesionales sociales y gestores comunitarios irán hasta los territorios, casa a casa, a brindar atención a los menores de edad buscando la recuperación de esta enfermedad llamada desnutrición.
De acuerdo con los reportes oficiales del Instituto Nacional de Salud, en el 2025 no se han notificadomuertes asociadas a la desnutrición en el departamento de Risaralda.

(Fin/mjm/pu)

El año pasado se realizó la compra de 2.4 millones de litros de Leche líquida, 68 toneladas de harina de soya, 118 toneladas de harina de arroz, 1.021 Toneladas de harina de yuca, 2.000 Toneladas de leche en polvo nacional, 15 Toneladas de harina de sacha inchi y 150 kilos de harina de chontaduro. Esto en cumplimiento de la Directiva Presidencial 09 de 2024 que fijó los lineamientos para promover la participación de pequeños productores locales en los mercados de compras públicas de alimentos. 

Estos productos fueron utilizados en la producción de 15.416 toneladas de Bienestarina(R) en polvo y 3.000 toneladas de ese producto en presentación líquida, distribuidas a, en promedio, 4 millones de niñas, niños, adolescentes y madres gestantes beneficiarios en todo el territorio nacional, como complemento de su alimentación. 

Cabe anotar que la inclusión de productos naturales, cultivados en fincas colombianas en este Alimento de Alto Valor Nutricional, hace que el Bienestar Familiar fortalezca el camino de Colombia como una potencia agroalimentaria.

Este esfuerzo que se realizó bajo todos los criterios de transparencia y legalidad, responde a la necesidad de garantizar un proceso de compra y entrega de alimentos proporcionados directamente por quienes los cultivan. Con esta decisión se combate la corrupción, se eliminan intermediarios y los recursos llegan de manera directa a los productores fortaleciendo el campo colombiano.

De igual manera se suscribió una alianza público popular entre el ICBF y la Agencia de Desarrollo Rural, que permitió garantizar que las organizaciones campesinas cumplieran con los requisitos de reconocimiento y legales para participar del proceso de seleccion.

La estrategia se implementará en un total de 26 departamentos y 189 municipios, teniendo como prelación las zonas de recuperación nutricional donde las organizaciones contratadas principalmente son asociaciones campesinas, priorizando el abastecimiento con productos cultivados en los mismos territorios donde operan las unidades de atención.

Con esta iniciativa no solo se busca proteger el derecho a una alimentación digna para las niñas y niños, sino también fortalecer el campo colombiano, beneficiando a los productores locales y promoviendo sistemas productivos sostenibles dentro de la Agricultura Campesina, Étnica, Familiar y Comunitaria.

De las 162 organizaciones que postularon su candidatura, 140 cumplieron con los requisitos, asegurando la transparencia y solidez del proceso de selección. Así el Bienestar Familiar garantiza procesos legales y justos en pro de la niñez colombiana.

El encuentro, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Gobernación de La Guajira, reunió a autoridades locales para revisar las estrategias implementadas en la región. En este contexto, el Bienestar Familiar informó que, hasta el 16 de marzo de 2025, se han registrado siete nuevos ingresos de adolescentes en los centros transitorios de Riohacha, San Juan y Maicao. Además, se destacó que el proyecto para la construcción de un centro integral sigue avanzando.
 
La directora regional (e), May Bellini Badillo, atendió las inquietudes de los alcaldes y otras entidades, a quienes subrayó la importancia de trabajar en conjunto a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) para asegurar que todos los derechos de la infancia guajira sean garantizados. En su intervención, resaltó el funcionamiento del centro transitorio ubicado en San Juan del Cesar, que, junto a los demás en el departamento, fortalece la atención y protección de los menores de edad.
 
Además, explicó detalladamente la operatividad de los hogares de paso, destacando que cada uno tiene una capacidad de acogida de hasta 12 niños, niñas y adolescentes. Estos espacios ofrecen un entorno seguro mientras se trabaja en el restablecimiento de los derechos de los menores, brindándoles el acompañamiento necesario para su desarrollo integral.
 
Este encuentro, que marcó un avance en el fortalecimiento de la política social en La Guajira, demostró el compromiso del ICBF para seguir impulsando la protección y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo la colaboración entre las autoridades locales para construir un futuro más justo para la niñez del departamento.
 
(Fin/scs/eeb)

Este encuentro se enmarca en el objetivo de la Mesa Departamental de generar información que permita atender, prevenir el reclutamientoe identificarlo como un delito distinto al desplazamiento.

Durante la socialización, se aclararon las rutas de cada entidad involucrada, lo que facilitará la construcción de un diagnóstico sobre la situación en el departamento y permitirá establecer un plan de atención para los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento.

Con el fin de que las diferentes entidades, desde su ámbito de acción, colaboren en la prevención del reclutamiento, la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas compartirá con el Bienestar Familiar, las Comisarías de Familia y el Ministerio Público definición de hechos victimizantes producidos en el territorio.
 
 
(Fin/jca/)

Tras la reunión, la funcionaria de Bienestar Familiar destacó que los avances logrados gracias a esta alianza: “creemos que este programa va a beneficiar a más de 3 mil niños, niñas y adolescentes que se están graduando de su bachillerato y continúan su curso educativo a nombre del Estado. Además, vamos a tener otros procesos de formación nuevos para más de 300 madres comunitarias que no han podido terminar sus estudios secundarios”. 

Mientras que su contraparte, Álvaro Urquijo, indicó que  “venimos trabajando conjuntamente de la mano, pero después de la reunión de hoy hemos encontrado una ruta en la que vamos a fortalecer el acceso a la educación superior de las madres comunitarias y de esos grupos que pueden ser beneficiarios de la formación y la educación para que se puedan cualificar y tengan mejores oportunidades. Nuestra intención es seguir trabajando para que más personas accedan a la educación superior”. 

Gracias a esta colaboración, 3.000 jóvenes que hacen parte del ICBF y que ya no están en condición de adoptabilidad pueden acceder a estudios superiores, permitiéndoles construir un futuro con mayores posibilidades laborales y personales.

Asimismo, ambas entidades destacaron el impacto de la educación en el fortalecimiento del talento humano dentro de la entidad. De igual manera, se han impulsado programas de formación dirigidos a maestras, agentes educativos y defensores de familia, con el objetivo de mejorar la calidad de las acciones en favor de la niñez y las familias del país.