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Una vez la Policía puso en conocimiento el caso, el pasado 13 de febrero, un equipo de Comisaría de Familia realizó las valoraciones iniciales y se abrieron los Procesos Administrativos de Restablecimientos de Derechos en favor de los niños y la niña de nacionalidad venezolana, quienes fueron ubicados de manera provisional en hogar sustituto. 

“Los niños, niñas y adolescentes deben crecer en entornos seguros y libres de trabajo infantil o mendicidad que conlleva graves secuelas en sus vidas. Trabajando de la mano con las autoridades y comunidad lograremos erradicar este flagelo que tanto daño le hace a la niñez y adolescencia del país”, manifestó Viviana Rojas, directora regional del ICBF en Cartagena.

El ICFB hace un llamado a los padres de familia y cuidadores para que en sus hogares se consoliden como los primeros entornos de protección de los niños, niñas y adolescentes.

Luego de conocer los hechos, el ICBF designó un equipo de Defensoría de Familia que realizó verificación de derechos a los tres menores de edad a quienes se les abrió Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), tomando como medida preventiva ubicación en Hogar Sustituto.

“Los padres de familia deben ser los principales garantes de derechos de la niñez y la adolescencia. Fortalezcamos los lazos afectivos promoviendo entornos protectores libres de cualquier tipo de violencia", manifestó Luz Elena Gutiérrez, directora regional del ICBF en Huila.

El ICBF hace un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier hecho que atente contra la integridad de niños, niñas y adolescentes.

"En primer lugar quiero agradecer a las comunidades por este espacio tan fructífero, es un espacio de diálogo al que no debimos haber llegado por vías de hecho. Este gobierno y el mandato tanto del señor Presidente Gustavo Petro, como de la vicepresidenta, Francia Márquez, es comunicarnos con todas las comunidades", señaló la subdirectora general, Astrid Cáceres.

Dentro de las acciones pactadas entre el ICBF y la comunidad se destaca la inspección de los documentos de la contratación directa realizada por la regional del ICBF en el departamento, así como la ampliación progresiva de los cupos entre el Instituto y el Ministerio de Educación Nacional para garantizar la educación integral en la niñez. 

Adicionalmente, se pactó que el ICBF, como ente rector del Sistema Nacional Bienestar Familiar, citará a mesas del Consejo de Política Social extraordinarioas para hacer seguimiento de los compromisos y metas acordadas, y se promoverá en la comunidad la veeduría como mecanismo de control sobre los recursos públicos de la niñez.

"Estas concertaciones con las comunidades son reales y no simbólicas. No podemos seguir pensando como un país fracturado, tenemos que trabajar unidos y construir por medio del diálogo un solo territorio,  este es el único mecanismo para restablecer el tejido social del departamento, poniendo a la niñez en el centro y como eje del  desarrollo del país", finalizó la Subdirectora General del ICBF.

En el marco de la visita a La Guajira la Subdirectora General, Astrid Cáceres, junto al Gerente Presidencial para La Guajira, Luis Eduardo Gómez, dialogó con otros miembros de la comunidad wayúu, sobre la atención que presta la entidad en sus territorios. Así mismo,  sostuvo una reunión con el sindicato de trabajadores del ICBF de La Guajira donde se trataron temas como el mejoramiento de las condiciones laborables.

“Con esta campaña invitamos a vivir el Carnaval protegiendo a la niñez porque queremos unas festividades libres de vulneración de derechos, como el trabajo infantil y la violencia sexual”, manifestó Benjamín Collante Fernández, director del ICBF Regional.

Está movilización inició hace cuatro días sensibilizando a la ciudadanía en la prevención de situaciones que ponen en riesgo los derechos de la niñez y la adolescencia. De esta manera, se ha logrado llegar a más de 10 mil personas que se sumaron en torno a la prevención de la violencia en el Atlántico.

El ICBF hace un llamado para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la vida de niños, niñas y adolescentes. Si conocen algún caso de vulneración se pueden comunicar a la línea 141 del ICBF.

Actualmente, el 98 % de niños y niñas menores de cinco años beneficiarios del ICBF están siendo atendidos en las Unidades de Servicio. El porcentaje que falta por contratar tiene que ver con factores externos al ICBF relacionados con los oferentes.

«Por el momento ya se encuentran seleccionados en su totalidad los operadores que atenderán integralmente a los niños y niñas beneficiarios en los Centros de Desarrollo Infantil, Hogares Infantiles y Unidades Comunitarias de Atención en los 32 departamentos del territorio nacional y en la capital del país», indicó la subdirectora general del ICBF, Astrid Cáceres.

Por otro lado, Cáceres afirmó que en el Gobierno del cambio se ha cumplido la contratación y el inicio de la prestación de los servicios desde febrero; de esta manera se da cumplimiento al marco normativo e institucional que reglamenta la prestación de nuestros servicios a la primera infancia.

Los departamentos con mayor número de cupos para la atención integral de la primera infancia en el país en el 2023 son: Antioquia con 162.177, Bogotá con 105.736, Atlántico con 96.192, La Guajira con 88.549 y Valle del Cauca con 72.794.

Esto garantizará la atención en las modalidades Institucional, Familiar, Hogares Infantiles y Propia e Intercultural en las que se brinda educación inicial, alimentación nutritiva, acompañamiento a las familias, entornos protectores y espacios adecuados para la primera infancia beneficiaria del ICBF.

Una vez el ICBF conoció sobre la situación de las niñas, designó un equipo de Defensoría de Familia que se trasladó al centro hospitalario donde adelantó verificación de derechos, abriendo Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) a favor de las niñas con medida de ubicación en medio familiar.

Igualmente, el ICBF acompañó a la madre de las niñas a interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. El ICBF reitera el llamado a la comunidad para que denuncie a través de la línea 141 toda situación que ponga en peligro la vida o la integridad de cualquier niño, niña o adolescente, o amenace sus derechos.