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En coordinación con la administración municipal, el ICBF adelantó acciones de atención psicosocial y nutricional de las familias, consistentes en la escucha activa para el desahogo emocional, valoración nutricional de niños, niñas y adolescentes, reconocimiento de emociones y redes de apoyo en el marco de la estrategia pedagógica “Retorno a la Alegría”, orientaciones para el lavado de manos y alimentos, actividades de integración comunitaria y entrega de alimentos de alto valor nutricional como la BienestarinaMás.  
 
Así mismo, se hicieron gestiones para articular las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar con el fin de garantizar la atención en salud, educación, procurando el acceso a servicios y la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
 
(Fin/lfu/pup)
 

El adecuado inicio de la atención integral a la primera infancia estuvo supervisado por el director encargado de la regional del ICBF en este departamento, Rodrigo Daza, quien visitó algunos centros de desarrollo infantil y hogares infantiles, comprobando que la infraestructura estuviera en óptimas condiciones, proporcionando un ambiente cómodo y seguro para todos los niños y niñas. 
 
De igual forma, se verificó que los niños y las niñas disfruten de una alimentación balanceada y proporcional a sus requerimientos nutricionales, así como espacios para desarrollar las actividades propias de la primera infancia como arte, literatura, juego y exploración del medio.
 
Con esta iniciativa, el ICBF promueve el bienestar y el desarrollo integral de la primera infancia en La Guajira, garantizando la atención a niños, niñas y mujeres gestantes a través de los servicios de educación inicial.
 
(Fin/scs/pup)
 

Para ello, y teniendo en cuenta que en el nuevo modelo de contratación se priorizaron las organizaciones de base, para esta vigencia el 90% de la atención será brindada por asociaciones de padres de familia, asociaciones afro y de madres comunitarias. 

La directora regional del Valle del Cauca, Liliana Sarria, afirmó: “nosotros desde el Instituto nos hemos propuesto cumplir con el plan de desarrollo que nos indica, que efectivamente tenemos que democratizar las atenciones a los niños y niñas, y entregar esas atenciones a las organizaciones de base”.

Para María del Carmen Flaker, madre comunitaria hace 32 años, el nuevo modelo de contratación es un motivo de felicidad, ya que la asociación a la que pertenece está constituida por las madres comunitarias y padres de familia.

El compromiso del ICBF en el Valle del Cauca, es el de garantizar los derechos a los niños, niñas y mujeres gestantes.

La decisión fue tomada luego de realizado el Consejo extraordinario departamental de gestión del riesgo de desastres en el Chocó, 
que contó con la participación del ICBF en cabeza de la directora regional encargada, Carlina Sáenz, ante la emergencia generada por el desbordamiento de los ríos que afectaron a los dos municipios.

Una vez se obtenga el censo oficial por parte de las autoridades locales, los equipos interdisciplinarios realizarán el 
acompañamiento psicosocial con enfoque diferencial a los niños, niñas, adolescentes identificando posibles vulneraciones o amenazas a fin de garantizar sus derechos.

De igual manera, se distribuirá Bienestarina a los niños y niñas menores de 5 años, así como a las mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia.

Los dos municipios ya declararon la emergencia, mediante los Decretos 054 en el Alto Baudó y el 080 en el Medio Baudó, para facilitar la destinación de recursos del presupuesto municipal, como para recibir ayudas del Gobierno nacional.

Una de las inquietudes reiteradas de las madres comunitarias transitadas de los municipios de San Benito, La Unión, San Marcos, Morroa, Sincé, Sincelejo y de la región de La Mojana estuvo relacionada con las dificultades de salud que presentan algunas de ellas y les impide desarrollar a plenitud sus actividades y otras que, aun teniendo edad para retirarse, no lo hacen porque no cuentan con pensión.

Como respuesta a las diferentes situaciones expuestas, la directora general del ICBF le reiteró a las madres comunitarias que el Gobierno del Cambio viene trabajando en dos acciones para amparar a las madres. La primera es un estudio con la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para la creación del cargo de madre comunitaria, como también se sigue insistiendo en un régimen especial para ellas dentro de la reforma laboral; y como segunda acción se abrirá un link permanente para que las madres se inscriban para acceder al bono pensional, se empezarán a evacuar los cupos con las madres comunitarias que tienen discapacidad o que tienen la edad de retiro y que han pedido voluntariamente ser tenidas en cuenta.

En la conversación con las madres comunitarias, Astrid Cáceres Cárdenas, insistió en la necesidad de despolitizar la atención a la primera infancia.

(Fin/jca/pup)
 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), líder del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y en cumplimiento de la Sentencia T-302, ha efectuado un proceso de socialización con el pueblo wayuu y las autoridades afrodescendientes en relación con la instauración de la Comisión Asesora Científica de La Guajira. El objetivo primordial de dicha comisión es investigar y dilucidar las causas que condujeron a la mortalidad infantil por desnutrición en la región y proporcionar herramientas que favorezcan la toma de decisiones orientadas a asegurar los derechos de los niños y niñas wayuu.
 
“Lo ocurrido en el contexto de la instalación de la Comisión Científica es un ejemplo de unidad que nos ha brindado el pueblo wayuu. Es la prueba de que es posible hallar un propósito compartido para que, unidos, salvemos a la niñez y reconozcamos nuestra historia, para así evitar repetir errores y tomar decisiones más acertadas de ahora en adelante”, resaltó Julián Moreno Parra, director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
 
Con la instauración de esta Comisión, el ICBF da cumplimiento al plan de acción estipulado en el Auto 1290 de 2023, en el contexto de la Sentencia T-302 de 2017. Dicha instancia trabajará en cuatro ejes temáticos: clínico y de salud; socioeconómico; cultural y étnico; ambiental y territorial. Contará además con el soporte técnico de la comunidad internacional, entidades nacionales y territoriales y, por supuesto, con la comunidad wayuu.
 
La creación de la Comisión Científica surge con el fin de potenciar las dinámicas para superar las vulnerabilidades de las familias wayuu y concretar los cambios propuestos por el Gobierno Nacional, de modo que se fomente el crecimiento generacional en un entorno de justicia social.
 
 

Desde este municipio del Urabá, la subdirectora general del ICBF anunció el diseño de una estrategia para atender de manera itinerante a las familias, a los niños, niñas y adolescentes que están en condición de tránsito migratorio, pero también atender diferencialmente a la población migratoria.

Además, dijo que se firmará un convenio con la Agencia de Cooperación Española que favorecerá a niñas, niños y adolescentes venezolanos con procesos administrativos de restablecimiento de derechos abiertos en los 11 municipios de esta región antioqueña. Los recursos donados para la protección migrante permitirán la búsqueda familiar con fines de reubicación en cada caso.

La funcionaria sostuvo que “el Gobierno nacional llevó ante los países del Parlamento Andino la petición de una ruta segura enfocada en la prevención de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta el impacto humanitario de este fenómeno, sobre todo en la región del Darién donde se presenta el paso migratorio más grande y complejo de la actualidad”.
 
De otra parte, la subdirectora general informó sobre la apertura, a partir del mes de abril, de una nueva Unidad Local en Necoclí donde operará un equipo de Defensoría de Familia con un enfoque en temas migratorios. La unidad funcionará en un espacio entregado por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, y se espera que diferentes cooperantes aporten con donaciones para su fortalecimiento.

La subdirectora general Adriana Velásquez realizó el recorrido acompañada del Ministerio Público, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), Migración Colombia, Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Gobierno y profesionales de los Equipos Móviles de Protección del ICBF.
 
“Como Gobierno Nacional estamos comprometidos con la garantía de derechos y nos unimos para atender con dignidad las necesidades de la población migrante”, puntualizó la subdirectora general del ICBF.