Sede Dirección General

La jornada se realizará el próximo 4 de abril, y la Regional Bolívar será la única representación de la Costa Atlántica en este importante espacio, donde se expondrán experiencias exitosas en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante el evento, se presentarán las estrategias lideradas por el equipo misional de Infancia y Adolescencia, en articulación con las BINAS (Brigadas de Atención), quienes han trabajado de manera conjunta para fortalecer acciones de prevención y protección integral.

La participación se desarrollará conforme a las orientaciones que compartirá la sede nacional, permitiendo proyectar de forma clara los resultados alcanzados por la Regional Bolívar en su compromiso constante con la niñez y adolescencia del departamento.

Con este reconocimiento, el ICBF reafirma su liderazgo territorial y su compromiso institucional con la garantía y restablecimiento de derechos, promoviendo entornos seguros y protectores en todo el país.

Durante el Consejo Directivo, que fue el primero en realizarse en las instalaciones del Bienestar Familiar durante la actual administración, se presentaron temas administrativos y de funcionamiento de la institución.
El ministro de Igualdad, Carlos Rosero, indicó que esta fue una reunión muy productiva en la que se evaluaron las cifras de temas como adopción y atención para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes desvinculados.

Por otro lado, la directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres sostuvo que “durante la reunión se abordaron temas principales como las sanciones a los operadores y procesos anticorrupción; además de la cancelación de licencias de aseguramiento de calidad y discutimos a fondo el tema de adopciones”, dijo.

Así mismo sostuvo que se hizo un análisis en profundidad del esquema de adopciones, “hemos acordado unas mesas técnicas de trabajo con las instituciones prestadoras de los servicios de adopciones como con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Igualdad y Equidad para que los lineamientos de adopciones conserven términos de igualdad, equidad y la política pública que maneja DNP”.

La directora anotó que durante la reunión se habló sobre el aval financiero por parte del Ministerio de Hacienda para los 113 equipos defensoriales de planta permanente y la nivelación salarial para profesionales de grados 11. Además, del levantamiento previo concepto para poner a funcionar las áreas que queríamos activar. 

Además, se acordó una mesa técnica con organizaciones de base para el tema de prevención de reclutamiento en algunas zonas del país, así como se hizo un repaso del boletín del de cifras del sistema de protección integral.

Durante la sesión del Consejo Directivo del ICBF también participaron Jaime Hernán Urrego Rodríguez, delegado del Ministerio de Salud; Isabel Del Carmen Agatón, delegada por el Ministerio del Trabajo; Norma Liliana Martín García, delegada del Ministerio de Educación; Alberto Bejarano Schiess, delegado del Departamento Nacional de Planeación; teniente coronel Claudia Patricia Suárez Carrillo, delegada de la Policía Nacional. 

Así como, Luz Karime Fernández Castillo, delegada del Presidente de la república al Consejero Presidencial para la Reconciliación Nacional del Departamento administrativo de la Presidencia de la República; y Luis Hernando Solarte, delegado de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

Esta iniciativa, que fue construida con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), promueve la creación, implementación y articulación de procesos y procedimientos especializados y diferenciados para los adolescentes en conflictocon la ley penal.

La ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, aseguró que la necesidad de esta reforma surge a partir de las limitaciones identificadas por el SRPA, limitaciones que no solamente impedían generar una estructura coherente con la aplicación de esta ley, sino
que, sobre todo, entregaban una respuesta inadecuada a los jóvenes que estaban dentro del mismo.

“Hoy venimos a refrendar, como parte del Gobierno nacional, que la jurisprudencia nacional e internacional y los principios de justicia restaurativa y terapéutica impulsan el proyecto que hoy se presenta a la comunidad colombiana”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, destacó la importancia del proceso. “Este proyecto responde a la necesidad de consolidar un sistema más humano y eficaz, en el que los adolescentes en conflicto con la ley penal reciban sanciones proporcionales y con enfoque restaurativo, sin perder de vista la protección de las víctimas y el fortalecimiento de la justicia juvenil en el país”, indicó.

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, también se manifestó al respecto. “Como Bienestar Familiar es importante iniciar el Mes del Niño con una noticia que plantea las reformas que
el Código de Infancia y Adolescencia necesita para reconocer el enfoque diferencial, centrado en una justicia restaurativa para reparar el daño. Todo esto a partir de la
concepción de las oportunidades como condiciones no estigmatizantes. Esta iniciativa es una transformación que necesita el Sistema y que les da a los jóvenes y adolescentes una segunda oportunidad”, señaló.

Cabe anotar que, desde la implementación del Código de Infancia y Adolescencia en 2006, el SRPA ha representado un avance significativo en la justicia juvenil. Sin embargo, con el tiempo se identificaron vacíos normativos y retos operativos, por lo que el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SNCRPA) evidenció la necesidad de crear reglas claras para investigar, judicializar, sancionar, mejorar las condiciones para la atención de los adolescentes y fortalecer la justicia restaurativa y terapéutica, como herramientas fundamentales para la inclusión social.

En este sentido, el proyecto armoniza las normas nacionales con los instrumentos internacionales sobre los derechos para menores de 18 años en conflicto con la ley.
Además, establece el uso de las sanciones privativas de la libertad de manera excepcional y por el menor tiempo posible; y promueve las medidas alternativas centradas en la finalidad del SRPA, así como el carácter pedagógico, específico y diferenciado de las sanciones.
Para mayor información, consulte el ABC de este proyecto ley.

“Estamos saldando una deuda con los adolescentes que conforman el Sistema de Responsabilidad Penal. Comenzamos esta acción haciendo las reformas que el Código de Infancia y Adolescencia necesita. De esta manera, se reparan los daños, se reconoce el enfoque diferencial centrado en la justicia restaurativa y es posible lograr una participación activa de esos jóvenes”, resaltó la directora General del Bienestar Familiar.

La iniciativa legislativa fue radicada por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Abello y durante el encuentro, Cáceres explicó que, “nosotros como Bienestar Familiar venimos implementando unas medidas que les permiten a los jóvenes infractores pagar su sanción desde la restauración y la garantía de derecho. Pero es necesario trabajar en una justicia restaurativa para los niños, niñas y adolescentes que infringen el código penal”, manifestó.

“Hacemos un llamado a los legisladores para cambiar esas condiciones, hemos comenzado con una ruta, pero este proyecto permite transformar el sistema y dar un salto que beneficia a los adolescentes, a nuestros niños, niñas y niñas”.

Igualmente, la directora de la entidad insistió en que es importante que se castigue a quienes inducen a los jóvenes a cometer delitos, “en este país muchos de los victimarios no han tenido la sanción que tienen nuestros adolescentes, por eso en este proyecto hablamos de oportunidad y cambio”.

Por otro lado, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Abello, sostuvo que este proyecto lleva dignidad a aquellos jóvenes que han cometido una infracción “es necesario decirle a los habitantes de esta patria que somos portadores de dignidad, aún quienes han infringido la ley penal, porque cuando son conscientes de eso ellos inician un proceso para restaurar a la sociedad”.

A su turno, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reiteró que utilizar menores es un delito, “tanto en las normas de Derecho Internacional Humanitario, como en las normas ordinarias, tenemos más de 6 tipos penales en donde estos comportamientos son sancionados, desde ese punto de vista el tema es la conciencia que quien use un menor está cometiendo un delito, esta no es una modalidad nueva”.

“El programa se basa en herramientas de caracterización y en el índice de probabilidad de reclutamiento, priorizando las zonas de mayor riesgo”, explicó la directora general del Bienestar Familiar.

Atrapasueños opera en tres modalidades: puntos fijos en zonas críticas como Tumaco y Puerto Carreño, espacios comunitarios en 94 municipios con 16.400 niños y la ‘Mochila Atrapasueños’, que ha beneficiado a 55.000 menores a través de proyectos en bibliotecas y centros culturales.

Además, la funcionaria destacó que solo en 2024 el ICBF rescató a 318 niños y niñas de grupos armados, sumando 2.285 desvinculados desde 2015. En lo corrido del año, se han rescatado 125 menores de edad que tienen riesgo de reclutamiento. “No existe reclutamiento voluntario de menores de edad; todo reclutamiento es forzado”, enfatizó.

“Solo este año hemos rescatado 125 niños que tienen un riesgo de ser reclutados muy grande, nos llaman de la zona, como primera medida reacciona la alcaldía y la Defensoría, ellos logran ese vínculo y nosotros sacamos a la víctima junto con su familia; Otra cosa es la desvinculación, en este momento la cifra de desvinculados en el Catatumbo es de 43 niños y niñas; a 2024 cerramos con 318 niños y niñas en este programa y desde el 2015 a hoy han pasado 2.285 niños y niñas por esta estrategia”, dijo la funcionaria.

La directora general también señaló que varios actores armados han reconocido esta realidad y firmados compromisos en espacios de diálogo como la mesa socio - jurídica de Medellín y encuentros en la Sierra Nevada y Buenaventura.

Así mismo, hizo un llamado para que en el país no se hable de reclutamiento forzado, “en el conflicto no existe un reclutamiento voluntario con los niños, niñas y adolescentes; todo reclutamiento de un menor de 18 años es forzado, por eso hemos hecho los llamados pertinentes, muchos grupos armados no nos reconocían eso y ahora participando en la mesa de diálogo sociojurídico de Medellín, en la mesa con comuneros del sur, Sierra Nevada, y en Buenaventura, ellos han firmado unos compromisos al respecto”.

Los profesionales que conforman los Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI) y de Unidades Móviles, propician espacios de atención y acompañamiento amás de 200 niños, niñas y adolescentes indígenas, enprocura de prevenir cualquier tipo de vulneración de sus derechos. Así mismo, prestan acompañamiento permanente, y hacen seguimiento y sensibilización a las familias, revisando las condiciones en las que están los niños y entregando alimentos de alto valor nutricional.
 
De la misma forma, realizan permanentemente actividades lúdicas y recreativas enfocadas en crear entornos que promuevan la expresión de emociones y la creación de recuerdos positivos en los niños, las niñas y adolescentes, así como a prevenir situaciones de vulneración.

Es así como Bienestar Familiar a través de acciones puntuales y dentro de sus competencias, continúa promoviendo y garantizando el desarrollo y la protección de los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo las capacidades de las familias como entornos protectores bajo el modelo de un Enfoque Diferencial de Derechos y respetando las costumbres y creencias de estas comunidades.

El objetivo es apoyar el desarrollo integral de los adolescentes y jóvenes, fomentando su autoeficacia y autoestima a través de la promoción de habilidades para la paz. Además, busca fortalecer sus capacidades en el ámbito del periodismo, lo que les permitirá avanzar en sus proyectos de vida y contribuir de manera positiva a sus comunidades.
 
Uno de los jóvenes graduados, compartió su perspectiva sobre esta experiencia y proceso formativo: “Este diplomado me ha dado las herramientas para soñar en grande. Me siento más seguro y preparado para enfrentar el futuro. Estoy emocionado por lo que viene y por poder hacer una diferencia en mi vida a través del periodismo”, dijo.
 
Por su parte, Luz Helena Gutiérrez Uribe, directora de la regional Huila del ICBF, expresó su satisfacción por este logro académico y dijo que este será un nuevo comienzo para los jóvenes. “Creemos firmemente en su potencial y en la capacidad que tienen para transformar sus vidas y sus comunidades. Este diplomado es un paso hacia un futuro lleno de esperanza y oportunidades”, recalcó.
 
Este logro no solo representa un avance personal para ellos, sino también un paso significativo hacia la construcción de un futuro más esperanzador y lleno de oportunidades.

(Fin/ykc/)