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Colombia expuso ante la Alianza Global de Países Pioneros para Erradicar la Violencia contra los Niños los avances de la estrategia «Llegar a tiempo, llegar juntos», un Compromiso País orientado a actuar de manera oportuna para prevenir las violencias contra niñas, niños y adolescentes, y garantizar una respuesta unificada como Estado y sociedad cuando estas suceden. La presentación fue realizada por la directora del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, quien destacó el impacto de esta estrategia construida a partir de la articulación entre Gobierno, sociedad civil y comunidades. 


Uno de los logros más destacados fue la reducción del 52 % en la mortalidad infantil por desnutrición en zonas priorizadas como La Guajira, gracias a un modelo conjunto entre el Bienestar Familiar y el sector Salud. Dicho modelo permite intervenir desde diferentes niveles: hospitalización, recuperación nutricional comunitaria y vigilancia alimentaria directa en territorio. 


Cáceres anunció además que Colombia ya firmó la ley que prohíbe el matrimonio infantil, la cual entrará en implementación activa en 2025. Este avance legislativo se suma a otras acciones desarrolladas bajo un enfoque transectorial, es decir, con la actuación coordinada y simultánea de las entidades del Estado como un solo cuerpo operativo en los territorios. 


Se destacó también el modelo Tejiendo Interculturalidad que involucra a 600 comunidades indígenas declaradas en vía de extinción por la Corte Constitucional, en el fortalecimiento de sus propios sistemas de cuidado infantil. En estas comunidades se integran prácticas culturales como el tejido simbólico para el seguimiento de derechos, junto con la presencia de instituciones estatales. 


Como parte de la acción en terreno, se han implementado 26 casas integradas de atención a víctimas, en las que operan bajo un mismo techo entidades como Fiscalía, Bienestar Familiar, sector Salud y protección. A esto se suman las 27 casas Atrapasueños, espacios preventivos con oferta educativa, psicosocial y artística apoyados por ministerios como Ciencia y Deporte. Además, Colombia avanza en la creación de un sistema nacional de alertas tempranas con apoyo tecnológico para prevenir violencias en el ámbito local. 
 

En zonas fronterizas como Leticia, donde convergen Colombia, Perú y Brasil, se consolidó una mesa de coordinación trinacional para responder a la trata de niños y niñas indígenas. Esta articulación entre Policía y autoridades locales busca cerrar vacíos institucionales en una región donde las fronteras legales no coinciden con la realidad social y cultural del territorio. 


«El Gobierno del Cambio tiene claro que a la niñez se le cuida de manera decidida, articulada y con presencia real en el territorio. Este compromiso país nos exige que lleguemos unidos.  A la víctima le importa que llegue el Estado. Y que llegue como uno solo», expresó la directora Astrid Cáceres durante su intervención.

Esta iniciativa que involucra a maestras, maestros, agentes educativos, madres comunitarias, líderes, lideresas y otros actores clave de la educación inicial, ha permitido el desarrollo de experiencias pedagógicas y comunitarias que potencian el aprendizaje y desarrollo de niñas y niños en territorios como Sucre, Magdalena, Cesar, Santander, Valle del Cauca, Córdoba, Huila, Nariño, Cauca, La Guajira, Bolívar, Chocó, Putumayo, Atlántico y Caquetá. 


Los colectivos pedagógicos son un componente clave en la construcción de una educación inicial transformadora y reflejan el compromiso del Gobierno del Cambio que reconoce a maestras y maestros como portadores de saberes fundamentales para promover el bienestar integral de la primera infancia, con enfoque en la equidad, la participación y la garantía de derechos desde los primeros años de vida. 


Con esta apuesta, el Bienestar Familiar reafirma su compromiso con una educación inicial de calidad, centrada en el bienestar de la niñez y en el reconocimiento del talento humano como eje fundamental para garantizar una atención integral y pertinente en todo el país.

Durante la jornada, más de 200 personas, entre ellas 60 niñas, niños y adolescentes, accedieron a una oferta institucional diversa y adaptada a las realidades del territorio. Los equipos profesionales del Bienestar Familiar socializaron las experiencias relacionadas con Jardín Comunitario y la Educación Inicial Campesina, destacando el trabajo que se realiza con enfoque rural.

En dos estands se compartieron las experiencias pedagógicas en Educación Inicial Campesina y se presentaron iniciativas como la olla comunitaria, el autoabastecimiento y el uso del kit pedagógico. Así mismo, se contó con un espacio para la promoción de las redes comunitarias, incentivando la participación activa de niñas y niños en sus contextos.
 
La jornada se desarrolló en el marco del canal itinerante territorial, lo que permitió planificar y ejecutar acciones con enfoque diferencial que responden a las características socioculturales de la región y a las necesidades de las familias.
 
Con estas acciones, Bienestar Familiar reafirma su compromiso con la garantía de derechos en zonas rurales, fortaleciendo la articulación interinstitucional y la presencia activa en los territorios.
 

El Bienestar Familiar calificó el reconocimiento de los exjefes de las FARC como un paso decisivo hacia la verdad y la paz, tras admitir su responsabilidad en el reclutamiento de más de 18.000 niñas, niños y adolescentes durante el conflicto armado. La declaración fue realizada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 07 que investiga crímenes cometidos por esa organización contra menores de edad. 


Se trata de la primera vez que los antiguos integrantes del Secretariado de las FARC reconocen formal y judicialmente su participación en uno de los crímenes más graves del conflicto armado. Esto es un avance fundamental en el esclarecimiento de la verdad y la reparación a las víctimas porque permite romper décadas de silencio frente a esta grave vulneración. 


Desde 1999, el Bienestar Familiar ha trabajado en la protección de las niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupos armados organizados. Hasta el 31 de mayo de 2025, más de 8.082 menores de edad han sido atendidos a través de un programa de atención especializada para el restablecimiento de sus derechos, reparación integral, reintegración, y formación para la reconstrucción de sus proyectos de vida. 


Esto se suma a los avances que se han dado para la protección de niñas, niños y adolescentes en la mesa de diálogos de Nariño y los espacios de conversación sociojurídicos de Buenaventura, el Valle de Aburrá y la Sierra Nevada, en los que el Instituto ha participado activamente en la construcción de mecanismos para la garantía y restablecimiento de sus derechos.  


Sin embargo, nos preocupa la niñez que sigue en riesgo en los territorios en los que no se ha avanzado en acuerdos como Arauca, Guaviare, Chocó, el Bajo Cauca y el Catatumbo. Solo en los primeros cinco meses de este año, 220 niñas, niños y adolescentes, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas, negras y afrocolombianas, ingresaron a este Programa de Atención Especializada del Bienestar Familiar para víctimas de reclutamiento que se han desvinculado de grupos armados organizados al margen de la ley. 

La entidad hace un llamado urgente a los grupos armados organizados y estructuras criminales para exigir que cesen la vinculación de menores de edad, y para que las mesas de diálogo y espacios de conversación lleguen a compromisos que prioricen su protección integral.  


También convocamos a las familias, comunidades, ciudadanía, medios de comunicación e instituciones a reforzar el compromiso colectivo con la protección de la infancia y adolescencia y a no permitir más silencios y negaciones ante estas vulneraciones. 


El Bienestar Familiar reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y reconoce la valentía de las víctimas y sus familias, quienes han sostenido la memoria y la exigencia de verdad en el país. 


Este momento histórico debe convertirse en un punto de partida para profundizar las garantías de no repetición y para consolidar una cultura de paz en los territorios. 


Colombia necesita una generación que crezca en paz, libre del miedo y de la guerra.

A los 16 años, Amparo Peña Medina llegó al programa de protección del Bienestar Familiar en el municipio de Socorro, Santander. Había dado a luz a gemelos prematuros y vivía en un albergue, sin familia cercana, sin pareja, y enfrentando múltiples retos como madre adolescente. Fue allí donde la entidad identificó su situación y activó un proceso de atención integral que cambió el rumbo de su vida. 


Durante ocho años, Amparo recibió apoyo del Instituto a través de Proyecto Sueños, Mi Familia y Sacúdete. Con este acompañamiento logró culminar el bachillerato, iniciar estudios universitarios en Derecho y construir una red de apoyo sólida gracias a su experiencia con madres sustitutas. En 2024, un día después de egresar del programa de protección, fue vinculada en el área de Protección del Centro Zonal San Gil. 


«Ahora entiendo a las familias porque yo estuve ahí. Sé lo que es vivir el proceso, y por eso quiero seguir trabajando para transformar otras vidas», afirma Amparo con convicción. Su testimonio representa el verdadero impacto del trabajo articulado entre equipos psicosociales, operadores, programas y comunidad, y refleja cómo el Bienestar Familiar transforma realidades y siembra oportunidades. 


Hoy, esta joven abogada continúa su formación con una especialización en Derecho Administrativo y se proyecta como una funcionaria comprometida con la niñez y la adolescencia. Su historia es muestra del poder que tienen las acciones del Instituto cuando se articulan con la perseverancia, la resiliencia y el amor. 


Desde el Bienestar Familiar Regional Santander celebramos y compartimos historias como la de Amparo que nos inspiran a seguir construyendo caminos de protección, bienestar y desarrollo para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país. 




(Fin zbg/om)  

A través de esta estrategia, se brindará atención de 600 niñas, niños, mujeres y personas en gestación en 17 municipios priorizados, con el objetivo de mejorar su estado nutricional. Las acciones se articulan con el sector Salud para abordar casos de desnutrición aguda, riesgo de desnutrición aguda en niñas y niños menores de 5 años, así como bajo peso gestacional, sobrepeso y obesidad en mujeres y personas en gestación.

Los aportes institucionales de las E. S. E, se destinan a la línea de inversión en talento humano, fortaleciendo los equipos interdisciplinarios encargados de la atención, el seguimiento y el acompañamiento, así como la articulación con los actores locales en los territorios priorizados.

Las intervenciones se centran en zonas con barreras geográficas y dificultades de acceso a servicios de salud, tanto urbanas como rurales, donde se busca fortalecer los procesos locales de prevención de la desnutrición infantil en contextos de vulnerabilidad.

La E. S. E. Centro Dos atenderá 300 participantes potenciales distribuidos en nueve municipios: La Sierra (26), Morales (27), El Tambo (26), Cajibío (31), Sucre (21), Argelia (75), Balboa (36), Patía (32) y Mercaderes (26).

Por su parte, la E. S. E. Hospital Susana López de Valencia atenderá 300 personas de ocho municipios: Popayán (160), Suárez (20), Corinto (15), Santander de Quilichao (30), Caloto (15), Miranda (15), Buenos Aires (15) y Toribío (30).

Con la firma de estos convenios, se fortalece la articulación interinstitucional con las entidades del sector Salud como una estrategia clave para mejorar el estado nutricional de niñas, niños y mujeres y personas en gestación en el departamento.

Esta coordinación permite avanzar en la implementación de acciones integradas para la detección temprana, atención oportuna y seguimiento continuo a personas con diagnóstico o riesgo de desnutrición, priorizando territorios con mayores niveles de vulnerabilidad y contribuyendo a reducir las brechas en el acceso a la atención nutricional.

(Fin/cmm/om)
 

Estos acuerdos facilitan la compra directa de productos locales como maracuyá, plátano, berenjena, ñame, yuca, bebida de yuca, huevos, pollos, carne de res, carne de cerdo, queso, leche en polvo, leche entera, leche saborizada, y yogur.

Los alimentos serán destinados a la alimentación de niñas y niños en Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Hogares Comunitarios de Bienestar, así como de niñas, niños y adolescentes bajo protección, y mujeres gestantes y lactantes vinculadas a Fami-Bienvenir.

Al cierre del evento, se consolidaron 35 acuerdos protocolarios por un valor de 1.242 millones de pesos, con la participación de 33 compradores y 49 organizaciones campesinas y de agroindustria local. Los contratos tienen una duración de entre seis y once meses para proveer los alimentos.

Eunice Acosta, representante de la Asociación de Campesinas Víctimas, expresó su agradecimiento por esta oportunidad de comercialización directa, que permite a las 30 familias campesinas de su organización ser reconocidas por las entidades del Estado.

De manera similar, Carolina Ricardo, de la Asociación de Productores Agropecuarios y Ambientalistas de Cereté y veredas aledañas (Asopamce), destacó que la compra de berenjena por parte de uno de los operadores del Bienestar Familiar,  representa una alternativa importante, ya que muchas veces su producción no encuentra mercado.

Con estas acciones seguimos fortaleciendo la articulación entre productores locales y entidades compradoras, promoviendo circuitos cortos de comercialización que benefician a toda la comunidad.

(Fin/jca/)