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El encuentro que contó con la participación de autoridades tradicionales de Umariwa, Izrwa, Seyumuke e Ikarwa, permitió avanzar en una atención que reconoce las formas propias del pueblo arhuaco en el desarrollo de la niñez. Además, se destacó que en este proceso expresiones como los bailes tradicionales, la música, las plantas medicinales y los saberes ancestrales contribuyen a transmitir conocimientos entre generaciones y fortalecer la identidad cultural.

El diálogo intercultural buscó garantizar que los derechos de la niñez indígena sean protegidos de acuerdo con su contexto cultural y espiritual, y promover entornos seguros, protectores y libres de violencias, así como su derecho a participar y crecer en armonía con sus comunidades.

A través de estos espacios de diálogo, el ICBF fortalece una atención con enfoque diferencial y pertinencia cultural, que reconoce el papel de las autoridades indígenas y la corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades para proteger a la niñez arhuaca y contribuir a la preservación de sus saberes, tradiciones e identidad cultural en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Durante su intervención, Uribe García propuso conectar los registros existentes mediante una línea base wayuu única e interoperable para identificar necesidades, vacíos de atención y duplicidades. También planteó consolidar una matriz de seguimiento del Plan Estructural de Acción con responsables, recursos, plazos e indicadores exigibles, y contar con una presencia institucional directa en el territorio que permita asignar los servicios sin intermediarios y con respeto por la organización propia del pueblo wayuu.

Frente a la desnutrición y la mortalidad infantil, la subdirectora planteó una ruta integral con detección temprana, seguimiento continuo de cada caso y respuesta coordinada con las autoridades sanitarias y territoriales. Además, propuso una metodología de seguimiento judicial que permita establecer si mejora el acceso al agua, las condiciones nutricionales y la atención oportuna, bajo la premisa de que el cumplimiento debe demostrarse con cambios reales en las condiciones de vida de la población, como la disminución progresiva de la tasa de desnutrición y la eliminación de la mortalidad infantil.

Al responder las preguntas de la Corte sobre la focalización sin una línea base consolidada, la representación comunitaria y el acceso de comunidades sin vocero, la funcionaria sostuvo que deben aplicarse criterios públicos y verificables, priorizar a quienes enfrentan mayores riesgos y mantener registradas las comunidades pendientes de atención, al tiempo que recalcó: «Tener un vocero no es un requisito para acceder a los servicios del Estado».

Sobre las duplicidades y la concentración de recursos, Uribe García explicó que los controles del ICBF permiten detectarlas dentro de su propia atención, pero que identificar desequilibrios en el conjunto de la acción estatal exige cruzar información entre entidades.

Este planteamiento lo presentó en la sesión técnica que la Corte Constitucional convocó mediante el Auto 1300 de 2026 para abordar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficiarios y en la selección de contratistas, así como la elaboración del Plan Estructural de Acción.

Los equipos del ICBF recorrieron zonas priorizadas de estos municipios y dialogaron con las comunidades para identificar factores de riesgo relacionados con la alta permanencia en calle y la situación de vida en calle. Estas acciones permitieron detectar posibles amenazas o vulneraciones de derechos y articular respuestas institucionales de acuerdo con las necesidades identificadas.

Durante las jornadas, los equipos también brindaron atención que incluyó orientación psicosocial, verificación de derechos, seguimiento a los entornos de los menores de edad focalizados, gestión para facilitar el acceso a la oferta institucional y, cuando fue necesario, activación de rutas de protección.

El ICBF continuará desarrollando acciones en Arauca para prevenir el trabajo infantil y fortalecer entornos protectores para la niñez y adolescencia, e invita a la ciudadanía a reportar cualquier situación que amenace o vulnere sus derechos a través de la Línea 141 o de la línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80