Sede Dirección General

En total participaron 46 defensores y defensoras de familia de los centros zonales de Barbacoas, Tumaco, Túquerres, Ipiales, Pasto 1, Pasto 2, La Unión y Remolino; 24 comisarios y comisarias de familia, además de equipos psicosociales,  referentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y profesionales del Grupo de Asistencia Técnica.

Desarrollamos esta actividad en articulación con la Subdirección de Restablecimiento de Derechos la Sede de la Dirección  General, con el Programa de Atención Especializada para el restablecimiento de derechos y contribución al proceso de reparación integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito.  

Durante la jornada, fortalecimos técnicamente a las autoridades administrativas responsables, actualizando sus conocimientos sobre la ruta de atención ante amenazas de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, así como sobre la atención integral a menores de edad desvinculados de grupos armados al margen de la ley.

Contamos con la participación del profesional Marco Antonio Collazos, del equipo de víctimas del conflicto armado de la Subdirección de Restablecimiento de Derechos, quien reafirmó nuestro compromiso de brindar a las autoridades locales herramientas concretas para prevenir y atender de forma oportuna y efectiva las amenazas que afectan los derechos de la niñez y de la adolescencia.

De acuerdo con nuestros registros, en 2024 atendimos 318 casos de niñas, niños y adolescentes desvinculados en todo el país, y en lo corrido de 2025 la cifra asciende a 251 casos al 30 de junio. En Nariño, se han presentado 18 casos este año, frente a los 35 reportados a diciembre de 2024, lo que sigue siendo una cifra preocupante ante el recrudecimiento del conflicto. Los municipios con reportes en 2025 son: Contadero (2), El Charco (1), La Tola (1), Leiva (1), Olaya Herrera (3), Pasto (3), Policarpa (5) y Ricaurte (2).

Para los comisarios y las comisarias de familia, esta jornada fue clave: «Teníamos muchos vacíos sobre cómo activar la ruta de atención. Nos explicaron el paso a paso, a quién acudir, cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y hasta dónde puede intervenir la fuerza pública. Ojalá podamos recibir más capacitaciones y  mantenernos actualizados», precisó uno de ellos.

También destacaron que el encuentro  fuera  presencial: «Podemos estar concentrados al cien por ciento, aclaramos dudas y compartimos experiencias. Es una gran oportunidad para actualizar nuestros conocimientos».
Con esta actividad, fortalecemos nuestra presencia en el territorio e impulsando el trabajo articulado con Comisarías de Familia, defensores y defensoras, y equipos interdisciplinarios. Así, consolidamos redes locales de protección que responden de manera efectiva y cercana a las realidades que viven  niñas, niños y adolescentes en Nariño.
 

A través de iniciativas productivas sostenibles en el tiempo, concertadas directamente con las autoridades tradicionales y miembros de las comunidades, las familias wayuu participan en proyectos alineados con su cultura como el pastoreo, la pesca, la elaboración de artesanías y la agricultura tradicional. Estos procesos les permiten generar ingresos, fortalecer su autonomía y reinvertir en su propio desarrollo.
 
Un ejemplo destacado es el resguardo indígena Wayuu Perratpu, conformado por las comunidades de Tocoromana, Chentico y Loma Fresca, que desde 2024 han apostado por las artesanías como fuente principal de ingresos. Con el diseño y confección de mochilas, llaveros, chinchorros y otros artículos, hoy avanzan en su segunda fase de comercialización, reinvirtiendo las ganancias en nuevos insumos y ampliando su portafolio gracias al acompañamiento técnico y financiero de Bienestar Familiar.
 
Daniel Cortez, Coordinador Técnico del Resguardo Perratpu, explicó que este proceso ha sido posible gracias a la corresponsabilidad asumida por las comunidades y al trabajo conjunto con el instituto. «Valoramos esta alianza porque es un gran impulso a la labor que estamos realizando, pero también un reconocimiento en el marco de la atención que brindamos».
 
Estas acciones hacen parte del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Cambio que promueve el desarrollo económico, social y comunitario de los pueblos indígenas. En total, más de 3.000 comunidades wayuu se benefician de este enfoque territorial, participativo y culturalmente pertinente, consolidando caminos hacia la autosostenibilidad y el bienestar colectivo.
 
(Fin/scs/oam)
 

Bienestar Familiar garantiza los derechos de estas comunidades mediante una oferta diferenciada que brinda acceso a programas para primera infancia, infancia y adolescencia, así como para madres gestantes y lactantes.

De igual manera, se ha dispuesto la presencia permanente en el Parque Nacional las 24 horas del día, de los profesionales de los Equipos Móviles de Protección Integral y Unidades Móviles, quienes realizan entregas periódicas de Bienestarina líquida, acompañan y orientan a las familias. 

Además, a través de las Defensorías de Familia se adelantan intervenciones psicosociales con los padres y madres, con el fin de brindarles herramientas para el cuidado y protección de sus hijos.

Desde Bienestar Familiar se promueve y protege el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades étnicas bajo el modelo de Enfoque Diferencial de Derechos, fortaleciendo las capacidades familiares para que se conviertan en entornos protectores, siempre respetando las costumbres, creencias y formas de gobierno propias de las comunidades.

Esta modificación permitirá que más defensores y profesionales de equipos técnicos interdisciplinarios estén presentes donde más se necesitan, para prevenir vulneraciones, proteger a quienes estén en riesgo y restablecer derechos con mayor oportunidad, eficacia y calidez humana.

Los principales logros de este decreto incluyen:

1. Se crean 113 nuevas Defensorias de de Familia, garantizando que más niñas, niños y adolescentes  puedan ser atendidos con prontitud y rigor técnico.

2. Dignificación del trabajo de nuestros servidores: mejoramiento salarial y profesional para 208 servidores que ejercían como Profesionales Universitarios grado 11, quienes ahora contarán con cargos equivalentes de mejores condiciones.


3. Cumplimento de la Ley 2126 de 2021 y 2294 de 2023, siendo un paso clave en la estructuración del Sistema Nacional de Justicia Familiar.

El ICBF reafirma que esta es una apuesta por un país que pone en el centro a su niñez y adolescencia, y que entiende que la verdadera transformación social empieza protegiendo la vida, la dignidad y los sueños de quienes representan el presente y el futuro de Colombia.

Ver decreto aquí