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Durante las jornadas, los profesionales del ICBF realizaron una actividad práctica para capacitar al talento humano en temas relacionados con la manipulación de alimentos, además de medir y pesar con básculas la cantidad de suministros, víveres y despensas desechados para mitigar este impacto.
 
Con estas acciones de gestión y operación, el ICBF contribuye en la ejecución de actividades  sostenibles que puedan garantizar una óptima operatividad en los procesos relacionados con la alimentación complementaria de los beneficiarios, velando por una adquisición y conservación adecuada de los productos que son entregados a cada usuario en la región.
 
La FAO sostuvo que para disminuir estos riesgos se deben tener en cuenta algunos aspectos relevantes relacionados con el tiempo que tarda en llegar el suministro nutricional al territorio y cuántos se pierden o dañan en el transporte desde el interior del país hasta los puntos de atención.
 
Con el fin de dar continuidad a la estrategia de prevención, el ICBF continuará con el proceso y realizará visitas de seguimiento en los próximos meses a las unidades de servicio.

En este sentido, la Directora General señaló que un equipo psicosocial del ICBF en Antioquia fue designado para realizar la verificación de derechos a la madre de la bebé por ser menor de edad y encontrarse en embarazo, para tomar la medida de protección más idónea que garantice su bienestar.

“En concordancia con el programa de Gobierno del Presidente Petro, desde el ICBF se desarrollará una lucha frontal contra el hambre para hacer de Colombia potencia mundial de la vida, para lo cual se revisarán los programas desarrollados por el instituto en materia de prevención de la desnutrición”, sostuvo la funcionaria.
 

Mediante una estrategia intersectorial, el ICBF busca brindar acompañamiento a menores de edad en salud mental, identificando posibles situaciones de riesgo, que permitan mejorar la capacidad de respuesta de las entidades locales y regionales.
 
De esta manera, profesionales del ICBF se articularán para adelantar una movilización social de la promoción de la salud mental, la prevención de conductas suicidas y trastornos mentales en adolescentes y jóvenes.  
 
En este espacio participaron delegados del Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, la Secretaría de Salud de Boyacá, Medicina Legal, Fiscalía, la Universidad Pedagógica y Tecnológica, la Universidad Antonio Nariño, Secretaría de Protección de Tunja, y el Hospital Regional San Rafael.
 
 

Con esta estrategia se generan procesos de formación que aportan a la construcción de entornos protectores, mejorando la calidad de vida de los 80 niños, niñas y adolescentes que hacen parte de las 40 familias víctimas beneficiarias. Además, en el marco de la iniciativa desde el ICBF se adelantan procesos de acompañamiento psicosocial, charlas de trabajo colaborativo y en equipo. 
 
Luego de la implementación de la iniciativa se estánmejorando los índices de nutrición de la población víctima de Chimichagua, que presenta dificultad para acceder a fuentes de trabajo estable y esto se convierte en causa de conflictos intrafamiliares y deficiencia nutricional de los niños, niñas y adolescentes.   
 
Las familias beneficiarias recogieron frutos de ají, tomates, yuca, ahuyama y maíz, con lo que se mejora de manera significativa la calidad nutricional de las familias y su capacidad de autoabastecimiento.  
 

La estrategia busca orientar a 47 agentes educativos, auxiliares pedagógicos y profesionales de apoyo en temas relacionados con el reconocimiento de las categorías de discapacidad, términos o conceptos, barreras que obstaculizan los procesos de inclusión y la ejecución de ejercicios planteados desde unaperspectiva diferencial para una educación efectiva
 
Con estos espacios de fortalecimiento el ICBF le apunta a la creación de iniciativas de atención especializada que permitan contribuir con la mejora continua desde los diferentes servicios en las modalidades de primera infancia

El objetivo es el de propiciar escenarios de reflexión para la acción, a partir del compromiso político, institucional y social sobre la prevención del embarazo en la infancia y la adolescencia y su relación con la prevención y atención de las violencias basadas en género.
 
Así mismo, se busca promover el reconocimiento, apropiación y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, desde los diferentes entornos: familiar, educativo, comunitario, virtual, laboral e institucional, a través de estrategias de incidencia, movilización social, información, educación y comunicación, con la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.