En el marco del diálogo con la delegación colombiana, los integrantes del Comité destacaron la inclusión de la niñez y la adolescencia en las políticas públicas relacionadas con cambio climático, así como la participación del país en escenarios internacionales, como las Conferencias de las Partes, con una mirada centrada en la protección de los derechos de esta población.
Durante la sesión, el Comité reconoció los esfuerzos del Estado colombiano por integrar los derechos de niñas, niños y adolescentes en agendas globales y valoró el enfoque adoptado para abordar los impactos del cambio climático sobre esta población, en articulación con organismos internacionales.
De manera complementaria, los expertos del Comité formularon preguntas sobre desafíos persistentes relacionados con el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos armados y organizaciones criminales, la atención integral a adolescentes desvinculados del conflicto armado y la implementación de la estrategia de desinstitucionalización, así como las medidas para garantizar alternativas familiares y comunitarias de cuidado.
Frente a estos temas, el Estado colombiano expuso las acciones que viene adelantando para prevenir el reclutamiento, fortalecer los mecanismos de protección y avanzar en la reducción progresiva de la institucionalización, con especial énfasis en la atención territorial y diferencial.
En el desarrollo de la sustentación, Bienestar Familiar resaltó la implementación del Sistema de Justicia Familiar, reglamentado mediante el Decreto 1574 de 2024, como una herramienta clave para fortalecer la articulación interinstitucional, mejorar las rutas de atención frente a la violencia intrafamiliar y promover la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos que los involucran.
El Estado colombiano destacó el reconocimiento del Comité como un respaldo a los esfuerzos adelantados de manera articulada por entidades como el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y DIH, la Cancillería y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y reiteró ante la comunidad internacional su compromiso con la protección integral de las niñas, niños y adolescentes y con el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, como eje de la acción estatal.