En los últimos años, esta ha sido una situación constante de la población venezolana que, por las condiciones políticas, económicas y sociales de su país, se han visto forzados a emigrar hacia otros países, especialmente de América Latina y el Caribe, siendo Colombia el principal país receptor. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 5 millones de venezolanos han cruzado las fronteras para huir de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como de la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Esto evidencia que el motivo de su migración alude a una crisis humanitaria.
Su desplazamiento tampoco es fácil. Debido a la hiperinflación la cual provoca la pérdida acelerada del valor del dinero, muchas de estas personas, especialmente jóvenes y familias con niños y niñas menores de edad, emprenden su proceso migratorio con escasos recursos, situación que los pone en un alto grado de vulnerabilidad. Al no contar con el dinero suficiente, muchos de ellos se lanzan a la travesía de caminar durante largas jornadas, dormir en la calle y exponerse a cualquier tipo de peligro que se encuentre en el camino.
De acuerdo con Migración Colombia, a corte del 31 de diciembre de 2020, el país cuenta con 1.729.537 migrantes venezolanos, cerca de un millón se encuentran en condición irregular, es decir sin documentos que acrediten y faciliten su permanencia en el país. El 37 % de los migrantes están entre los 18 y 29 años. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), estos migrantes suelen vivir en asentamientos informales y trabajar clandestinamente, tienen miedo a quejarse y se ven privados de derechos y libertades, lo que los hace más vulnerables que el resto de la población a la discriminación, la explotación y la marginación.
Además de las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran, por ser extranjeros con necesidades en tierra ajena, se deben enfrentar a acciones de rechazo por parte de la población colombiana que ve en los adolescentes y jóvenes migrantes no solo una amenaza para la economía de los hogares colombianos, sino la causa del incremento de la inseguridad especialmente en las grandes ciudades.
Sin embargo, es importante desvirtuar este mito. De acuerdo con el estudio «Inmigrantes venezolanos, crimen y percepciones falsas» del Instituto de Política Migratoria (MPI), de 168.000 casos estudiados de detenciones registradas por la Policía Nacional, desde hurtos menores hasta homicidios y secuestros, 9.000 eran venezolanos, lo que indica que es el 5.3 % del 100 % de los casos analizados, siendo más recurrente su accionar en delitos menores. Al respecto, el MPI destaca que en estudios realizados con población migrante en Estados Unidos, los inmigrantes tienen tasas de criminalidad mucho más bajas que la población nativa y las comunidades generalmente se vuelven más seguras a medidas que los inmigrantes se integran a estas.
De acuerdo con lo anterior, los adolescentes y jóvenes migrantes no cuentan con muchas oportunidades en el país. Un estudio realizado por Posada Calle evidencia que esta población ha sido poco visibilizada dentro de los estudios de movilidad humana, así como dentro de las políticas incluyentes en las que el Estado les reconozca su papel como actores sociales y políticos de los movimientos migratorios. Esto se configura en una deuda estatal, teniendo en cuenta que los adolescentes y jóvenes hacen parte de los primeros eslabones del proceso migratorio que podría generar procesos de desarrollo en el país.
Las políticas puestas en marcha en Colombia para atender a la crisis migratoria muestran importantes avances en atención humanitaria de emergencia, especialmente de mujeres y niños, así como con lo relacionado al tema de salud de los migrantes regulares, atención en urgencias médicas, educación básica y regularización. No obstante, permanece el reto de visibilizar a los adolescentes y jóvenes en las políticas que apuntan más a sus necesidades de educación y generación de ingresos.
Dentro de los últimos avances está la expedición del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, medida aplaudida por la comunidad internacional, con la cual el Estado hace manifiesto el interés de adoptar reglas apropiadas para la regularización de los migrantes y el desarrollo del país. Esta apuesta del Estado colombiano es vista como una medida favorable para la población joven pues, en gran medida, sobre ella recae la responsabilidad de sacar adelante sus proyectos de vida, así como de proporcionar condiciones dignas para sus familias, aquí o en Venezuela; adicionalmente, porque es la población que más puede aportar al desarrollo del país en términos de aportes tributarios.
Ahora, el desafío está en la reglamentación e implementación del mismo. Como ya lo han mencionado los estudiosos en la materia, Colombia en sí, es un país que enfrenta muchas situaciones de dificultad económica, social e institucional que se han exacerbado a raíz de la pandemia. Por estas razones, la reglamentación del estatuto debe contemplar un importante enfoque territorial, acorde a las dificultades y posibilidades de desarrollo que no se han explorado por múltiples razones así como que los migrantes pueden ser unos grandes aliados para fortalecer estos escenarios.
Es así que apostarle a la integración de los jóvenes migrantes a las comunidades y a los proyectos en territorios, plataformas juveniles y representación en escenarios en donde se toman las decisiones que afectan a sus vidas, puede ser un gran comienzo para promover no solo su participación, sino la inclusión en los escenarios de legalidad. La regularización, entonces, se traducirá en trabajo legal y digno, en prevención de la explotación laboral y el abuso de empleadores que incrementan la competencia laboral con relación a la población colombiana y en la tributación con la que se apoya al crecimiento económico del país.
Una estrategia bien organizada y manejada, podría representar no solo la garantía de derechos de los jóvenes migrantes, sino un avance para la nación.
https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html
Posada Calle, (2017). Jóvenes migrantes venezolanos en Colombia. Una mirada a sus actuales trayectorias migratorias bajo el enfoque transnacional.
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/09/migration-crime-latam-esp-final.pdf
Su desplazamiento tampoco es fácil. Debido a la hiperinflación la cual provoca la pérdida acelerada del valor del dinero, muchas de estas personas, especialmente jóvenes y familias con niños y niñas menores de edad, emprenden su proceso migratorio con escasos recursos, situación que los pone en un alto grado de vulnerabilidad. Al no contar con el dinero suficiente, muchos de ellos se lanzan a la travesía de caminar durante largas jornadas, dormir en la calle y exponerse a cualquier tipo de peligro que se encuentre en el camino.
De acuerdo con Migración Colombia, a corte del 31 de diciembre de 2020, el país cuenta con 1.729.537 migrantes venezolanos, cerca de un millón se encuentran en condición irregular, es decir sin documentos que acrediten y faciliten su permanencia en el país. El 37 % de los migrantes están entre los 18 y 29 años. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), estos migrantes suelen vivir en asentamientos informales y trabajar clandestinamente, tienen miedo a quejarse y se ven privados de derechos y libertades, lo que los hace más vulnerables que el resto de la población a la discriminación, la explotación y la marginación.
Además de las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran, por ser extranjeros con necesidades en tierra ajena, se deben enfrentar a acciones de rechazo por parte de la población colombiana que ve en los adolescentes y jóvenes migrantes no solo una amenaza para la economía de los hogares colombianos, sino la causa del incremento de la inseguridad especialmente en las grandes ciudades.
Sin embargo, es importante desvirtuar este mito. De acuerdo con el estudio «Inmigrantes venezolanos, crimen y percepciones falsas» del Instituto de Política Migratoria (MPI), de 168.000 casos estudiados de detenciones registradas por la Policía Nacional, desde hurtos menores hasta homicidios y secuestros, 9.000 eran venezolanos, lo que indica que es el 5.3 % del 100 % de los casos analizados, siendo más recurrente su accionar en delitos menores. Al respecto, el MPI destaca que en estudios realizados con población migrante en Estados Unidos, los inmigrantes tienen tasas de criminalidad mucho más bajas que la población nativa y las comunidades generalmente se vuelven más seguras a medidas que los inmigrantes se integran a estas.
De acuerdo con lo anterior, los adolescentes y jóvenes migrantes no cuentan con muchas oportunidades en el país. Un estudio realizado por Posada Calle evidencia que esta población ha sido poco visibilizada dentro de los estudios de movilidad humana, así como dentro de las políticas incluyentes en las que el Estado les reconozca su papel como actores sociales y políticos de los movimientos migratorios. Esto se configura en una deuda estatal, teniendo en cuenta que los adolescentes y jóvenes hacen parte de los primeros eslabones del proceso migratorio que podría generar procesos de desarrollo en el país.
Las políticas puestas en marcha en Colombia para atender a la crisis migratoria muestran importantes avances en atención humanitaria de emergencia, especialmente de mujeres y niños, así como con lo relacionado al tema de salud de los migrantes regulares, atención en urgencias médicas, educación básica y regularización. No obstante, permanece el reto de visibilizar a los adolescentes y jóvenes en las políticas que apuntan más a sus necesidades de educación y generación de ingresos.
Dentro de los últimos avances está la expedición del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, medida aplaudida por la comunidad internacional, con la cual el Estado hace manifiesto el interés de adoptar reglas apropiadas para la regularización de los migrantes y el desarrollo del país. Esta apuesta del Estado colombiano es vista como una medida favorable para la población joven pues, en gran medida, sobre ella recae la responsabilidad de sacar adelante sus proyectos de vida, así como de proporcionar condiciones dignas para sus familias, aquí o en Venezuela; adicionalmente, porque es la población que más puede aportar al desarrollo del país en términos de aportes tributarios.
Ahora, el desafío está en la reglamentación e implementación del mismo. Como ya lo han mencionado los estudiosos en la materia, Colombia en sí, es un país que enfrenta muchas situaciones de dificultad económica, social e institucional que se han exacerbado a raíz de la pandemia. Por estas razones, la reglamentación del estatuto debe contemplar un importante enfoque territorial, acorde a las dificultades y posibilidades de desarrollo que no se han explorado por múltiples razones así como que los migrantes pueden ser unos grandes aliados para fortalecer estos escenarios.
Es así que apostarle a la integración de los jóvenes migrantes a las comunidades y a los proyectos en territorios, plataformas juveniles y representación en escenarios en donde se toman las decisiones que afectan a sus vidas, puede ser un gran comienzo para promover no solo su participación, sino la inclusión en los escenarios de legalidad. La regularización, entonces, se traducirá en trabajo legal y digno, en prevención de la explotación laboral y el abuso de empleadores que incrementan la competencia laboral con relación a la población colombiana y en la tributación con la que se apoya al crecimiento económico del país.
Una estrategia bien organizada y manejada, podría representar no solo la garantía de derechos de los jóvenes migrantes, sino un avance para la nación.
https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html
Posada Calle, (2017). Jóvenes migrantes venezolanos en Colombia. Una mirada a sus actuales trayectorias migratorias bajo el enfoque transnacional.
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/09/migration-crime-latam-esp-final.pdf