La vinculación de los menores de edad a Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) se lleva a cabo por la fuerza o engaño y es propiciada, en algunos casos, por las precarias condiciones de vida de sus familias y redes vinculares de apoyo, así como por la falta de reconocimiento como sujetos de derechos.
En este escenario, los principales factores de riesgo son la violencia intrafamiliar, violencia sexual, otras violaciones basadas en el género, falta de oportunidades, dificultades en el acceso a la oferta estatal (salud, educación, deporte), pobreza extrema, influencia de prácticas culturales que pueden idealizar la guerra o la cultura del dinero fácil, presencia de los actores armados en barrios y veredas, y cercanía a eventos asociados con el conflicto armado en sus territorios (masacres, asesinatos, desplazamiento forzado), entre otras dificultades relacionadas con la garantía de los derechos de esta población.
Además de las anteriores situaciones, la vinculación de niños, niñas y adolescentes a los grupos armados al margen de la ley trae consigo una grave vulneración a todos sus derechos fundamentales y genera un gran impacto psicosocial, cuya magnitud depende de factores individuales como edad, sexo, personalidad, experiencia vivida, características familiares y comunitarias.
Como respuesta a esta serie de acontecimientos del contexto colombiano, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) emprendió en 1999 el diseño e implementación del Programa de Atención Especializada para restablecer los derechos, construir ciudadanía e integrar socialmente a los niños, niñas y adolescentes que se desvinculan de los grupos armados organizados al margen de la ley.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1098 de 2006, son las autoridades administrativas competentes, sean estos defensores de familia o comisarios de familia, quienes inician las acciones para restablecer los derechos de los menores de edad víctimas del delito de reclutamiento ilícito a través de las modalidades del ICBF: Casa de Protección, Hogar Sustituto Tutor y Hogar Gestor.
En este marco se adelanta el proceso de atención para el restablecimiento de derechos con todas las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) y con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), dando cumplimiento a lo establecido en Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), en lo relacionado con el acompañamiento a la reparación integral.
De igual manera, se llevan a cabo acciones de coordinación con la Agencia para la Reintegración y Normalización (ARN), para que cuando egresen del Programa de Atención Especializado del ICBF, continúen con su proceso de reintegración social y económica, una vez sean mayores de edad.
Finalmente, el programa se enmarca en un enfoque de protección integral que incluye, a su vez, las acciones orientadas a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna, propender por su incorporación a la vida social, económica y política, así como proporcionar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial con miras a facilitar el acceso al derecho a la verdad, justicia y reparación.
En este escenario, los principales factores de riesgo son la violencia intrafamiliar, violencia sexual, otras violaciones basadas en el género, falta de oportunidades, dificultades en el acceso a la oferta estatal (salud, educación, deporte), pobreza extrema, influencia de prácticas culturales que pueden idealizar la guerra o la cultura del dinero fácil, presencia de los actores armados en barrios y veredas, y cercanía a eventos asociados con el conflicto armado en sus territorios (masacres, asesinatos, desplazamiento forzado), entre otras dificultades relacionadas con la garantía de los derechos de esta población.
Además de las anteriores situaciones, la vinculación de niños, niñas y adolescentes a los grupos armados al margen de la ley trae consigo una grave vulneración a todos sus derechos fundamentales y genera un gran impacto psicosocial, cuya magnitud depende de factores individuales como edad, sexo, personalidad, experiencia vivida, características familiares y comunitarias.
Como respuesta a esta serie de acontecimientos del contexto colombiano, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) emprendió en 1999 el diseño e implementación del Programa de Atención Especializada para restablecer los derechos, construir ciudadanía e integrar socialmente a los niños, niñas y adolescentes que se desvinculan de los grupos armados organizados al margen de la ley.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1098 de 2006, son las autoridades administrativas competentes, sean estos defensores de familia o comisarios de familia, quienes inician las acciones para restablecer los derechos de los menores de edad víctimas del delito de reclutamiento ilícito a través de las modalidades del ICBF: Casa de Protección, Hogar Sustituto Tutor y Hogar Gestor.
En este marco se adelanta el proceso de atención para el restablecimiento de derechos con todas las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) y con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), dando cumplimiento a lo establecido en Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), en lo relacionado con el acompañamiento a la reparación integral.
De igual manera, se llevan a cabo acciones de coordinación con la Agencia para la Reintegración y Normalización (ARN), para que cuando egresen del Programa de Atención Especializado del ICBF, continúen con su proceso de reintegración social y económica, una vez sean mayores de edad.
Finalmente, el programa se enmarca en un enfoque de protección integral que incluye, a su vez, las acciones orientadas a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna, propender por su incorporación a la vida social, económica y política, así como proporcionar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial con miras a facilitar el acceso al derecho a la verdad, justicia y reparación.