Villeta

Durante el encuentro se hizo énfasis en el cumplimiento de los requisitos para acceder al subsidio, los cuales incluyen: ser colombiano, tener como mínimo 57 años de edad si es mujer o 62 años si es hombre, y no reunir los requisitos para acceder a una pensión. Además, es necesario acreditar la condición de retiro tras haber ejercido el rol de madre o padre comunitaria a partir del 16 de junio de 2011, conforme a la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011, que creó dicho subsidio. Este reconocimiento económico se enmarca en la reglamentación del artículo 139 del Plan Nacional de Desarrollo.

Adicionalmente, las madres comunitarias participantes recibieron un taller en el marco del ejercicio del control social, liderado por profesionales de Bienestar Familiar donde se socializó la importancia de la veeduría en la prestación de los servicios, promoviendo la participación activa en la vigilancia y mejora continua de los programas y servicios destinados a la comunidad.
 
Bienestar Familiar invitó a las ex madres y ex padres comunitarios a acercarse al centro zonal o regional más cercano a su lugar de residencia para conocer más sobre el proceso de pago del subsidio, a través del cual se busca mejorar la calidad de vida de las personas que prestaron sus servicios a la primera infancia.
 
(Fin/bsb/pu)
 

A través de un equipo interdiciplinario de Defensoría de Familia, el ICBF realizó las valoraciones necesarias a la niña, adelantó la atención requerida para menores de edad víctimas de abuso sexual y determinó como medida de protección su ubicación en el núcleo familiar materno.

Mientras el ICBF brinda acompañamiento psicosocial a la niña y a su familia, las autoridades competentes adelantan las investigaciones del caso para tomar las acciones judiciales en contra del presunto abusador, las cuales se esperan sean ejemplarizantes.

El ICBF reitera su llamado a las familias y a la ciudadanía para fortalecer los entornos protectores en los que crecen y se desarrollan los niños, niñas y adolescentes, como parte de la corresponsabilidad que les asiste en la garantía de sus derechos.